Alejandro Martínez Olvera y Otros.
Expediente 306/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 306/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alejandro Martínez Olvera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de once de enero de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, por haberse negado la protección de la Justicia Federal, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el Acuerdo General en comento. Luego, atento a la certificación de cuenta, el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia. Luego, según lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración dentro del término de seis meses. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; once de enero de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 306/2020-II, promovido por ******* y *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el once de agosto de dos mil veinte, turnado a este juzgado el día hábil siguiente, ******* y *******, promovieron demanda de amparo en contra del Juez Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, por el siguiente acto: IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- De la autoridad señalada como Ordenadora, se reclama la ilegal emisión de la interlocutoria derivada del incidente de liquidación de gastos, costas judiciales e intereses moratorios, promovida por el hoy tercero interesado y que fuera dictada dentro del juicio radicado con el número ******* del índice del Juzgado Sexo Civil por Audiencias, para este Distrito Judicial Bravos, el día 12 de marzo de 2020, y que nos fuera notificado por medio de lista de estrados en fecha 13 de marzo de 2020 (.). Segundo. Derechos fundamentales que los quejosos estimaron vulnerados. Los quejosos señalaron como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración y admisión de la demanda de amparo. Mediante auto de trece de agosto de dos mil veinte, se mandó aclarar la demanda; posteriormente, una vez desahogada la aclaración, a través de proveído de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se precisa que los quejosos reclamaron lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: Del Juez Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La resolución interlocutoria emitida el doce de marzo de dos mil veinte, en el incidente de liquidación, costas e intereses, planteado por la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil *******, aquí parte tercero interesada. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto combatido por los quejosos, pues así lo aceptó el Juez Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. La certeza del acto combatido se corrobora de las constancias que remitió en alcance a su informe justificado, consistentes en copia certificada de todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil *******, de las que se desprende: La existencia del juicio de referencia; Que mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veintitrés de enero de dos mil veinte, la aquí parte tercero interesada propuso la tramitación del incidente de gastos, costas e intereses, deducidos de la sentencia dictada el cuatro de julio de dos mil diecinueve, en el referido asunto. Mismo que fue resuelto el doce de marzo de dos mil veinte; determinación que constituye el acto aquí combatido. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por una servidora pública, dotada de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria Judicial adscrita al Juzgado Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Cuarto. Procedencia. Toda vez que en el presente juicio de amparo no se alegan causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por los quejosos, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Como se precisó en el considerando segundo, los accionantes del amparo reclaman en este asunto la resolución interlocutoria emitida el doce de marzo de dos mil veinte, en el incidente de liquidación, costas e intereses, planteado por la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil *******, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de analizar la determinación combatida, se estima pertinente relatar sus antecedentes: Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil diecinueve en la Oficialía de Turnos del Supremo Tribunal de Justicia Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, ******* y *******, en su carácter de endosatarios en procuración de *******, demandaron en la vía ejecutiva mercantil a ******* y *******, aquí quejosos; misma que se turnó al Juzgado Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y se admitió a trámite el ocho de marzo de dos mil diecinueve (foja 12, tomo de pruebas), registrándose con el número de asunto *******. A la postre, el cuatro de julio de dos mil diecinueve (foja 180, tomo de pruebas), se dictó sentencia, en la que el Juez responsable resolvió: PRIMERO: Ha procedido la Vía Ejecutiva Mercantil en el ejercicio de la acción cambiaria directa. SEGUNDO: La parte actora señor [*******] a través de sus endosatarios en procuración, Licenciados [******* y *******] acreditó la procedencia de su acción y la parte demandada señores [******* y *******] no comprobaron la procedencia de sus excepciones y defensas; en consecuencia: TERCERO: Se condena a los señores [******* y *******] a pagar la cantidad de $******* Dólares (*******), o su equivalente en pesos al tipo de cambio legal al momento de realizarse el pago, por concepto de suerte principal, a favor de la parte actora material, señor [*******] a través de sus endosatarios en procuración, Licenciados [******* y *******], más el pago de la cantidad que resulte por concepto de intereses moratorios calculados al 4.75 anual que equivale a 0.395% mensual, a partir del veintisiete de julio de dos mil diecisiete, fecha correspondiente al día siguiente en que venció el documento base de la acción (26 de julio de 2017), hasta la liquidación del adeudo. CUARTO. No se condena a la parte demandada al pago de las costas ocasionadas con motivo de la tramitación del presente Juicio. (Sic) (.) Lo resaltado, es de origen. Sentencia que quedó firme el veintidós de octubre de dos mil diecinueve (foja 291, tomo de pruebas). Después, mediante escrito presentado en el Juzgado responsable el veintitrés de enero de dos mil veinte, la parte actora, aquí tercero interesada, propuso la tramitación del incidente de gastos, costas e intereses, deducidos de la sentencia dictada el cuatro de julio de dos mil diecinueve en el referido asunto (foja 302, tomo de pruebas); mismo que se admitió a trámite el veintisiete de enero de dos mil veinte, dándole vista a la contraria (foja 302, tomo de pruebas). Luego, mediante escrito recibido en el juzgado responsable el veintiuno de febrero de dos mil veinte, los aquí quejosos dieron contestación a tal incidencia (foja 307, tomo de pruebas), en los siguientes términos: (.) a).- Si bien es cierto en la sentencia definitiva se nos condenó al pago de la cantidad de ******* dólares (*******) en el resolutivo tercero, no es mediante el presente incidente el medio por el cual se deba de obtener el pago de dicha cantidad. b).- Ahora bien, si bien es cierto también fuimos condenados a pagar un interés equivalente a un 0.395% de interés mensual, también debemos de decir que la parte ejecutante, no respalda la cantidad que dice que es el monto que debemos pagar, ya que la cantidad que dice que debemos pagar no está sustentada por peritaje alguno, sino que es una cantidad que el mismo realizo, sin embargo para establecer dicha cantidad es indudable que debió haber ofrecido la pericial correspondiente para determinar el monto de los intereses a que fuimos condenados a pagar, por lo que, la cantidad reclamada no debe de tomarse en consideración, para los efectos que la interlocutoria que se dicte con motivo del presente incidente, en virtud de que no está debidamente fundamentada en prueba pericial, que es la necesaria para llegar al conocimiento de la cantidad a la que fuimos condenados. c).- Con relación al cobro de honorarios y/o costas que le contraria pretender hacer, es improcedente, en razón de que, como se desprende de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, los suscritos no fuimos condenados al pago de dicha prestación según se desprende el punto resolutivo indicado como "CUARTO" de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, siendo claro que la parte actora en el presente juicio demuestra, una vez más, la falsedad con la que siempre se conduce, para pretender obtener lucros en forma indebida, y en esta ocasión, al pretender sorprender la buena fe de su Señoría, por lo que al no haber sido condenados al pago de dicha prestación, no se puede condenar mediante el presente incidente al pago de la misma, si en la sentencia que pretende ejecutar, no fuimos condenados al pago de la misma. d).- Es improcedente la petición hecha por la contraria en el sentido de que se gire oficio a nuestra fuente de trabajo, si no se sabe aún cual será el sentido de la interlocutoria que se dicte, y si no se nos ha notificado de la misma, por no haberse dictado aun, y por lo tanto no se nos ha requerido de pago alguno derivado de la interlocutoria que, con motivo del presente incidente, se llegue a dictar, por lo tanto es una prestación que, en todo caso, aún no sabemos si tenderán o no derechos a ello. CONTESTACION AL CAPITULO DE HECHOS: 1.- El hecho indicado número "I" del capítulo de hechos del escrito incidental que motivo del presente incidente en parte es cierto y en parte es falso, en razón de que es cierto que "Que con fecha del día cuatro de julio del dos mil diecinueve los CC. ******* Y ******* fueron condenados en sentencia con el resolutivo tercero al pago de la cantidad de $******* dólares como suerte principal, más el pago de intereses moratorios a razón del .395% de interés mensual a partir del vencimiento del documento."; pero es falso lo manifestado por la contraria parte conducente que a la letra dice ".es decir 30 meses a partir del día 26 de julio del 2017 al 26 de enero del 2020.". 2.- El hecho está indicado con el numero "II" del capítulo de hechos del escrito incidental que motivo del presente incidente, es un hecho ajeno a los suscritos, ya que si bien es cierto que de autos se desprender que se han girado algunos oficios al INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL para que informe de los ingresos que percibimos, siendo por nosotros desconocidos si han dado respuesta o no a dichos oficios, ya que si bien es cierto en autos no obra respuesta alguna, tampoco obra constancia que los mismos hayan sido realmente entregados a dicho instituto, y si bien es cierto que los suscritos no hemos cumplido con lo dispuesto en la sentencia de fecha 04 de julio del 2019 en el cual se les ordena al pago de la suerte principal del valor del documentado, más el pago de los intereses vencidos desde la fecha de vencimiento del referido contrato es porque, en dicha sentencia, no se nos ordenó hacer el pago en un tiempo determinado, ni se nos ha requerido del mismo. 3.- El hecho indicado con el numero "III" del capítulo de hechos del escrito incidental que motivo del presente incidente, por los motivos ya hechos valer en el presente escrito. CAPITULO DE PRUEBAS: Para acreditar la veracidad de todas y cada una de las manifestaciones vertidas en el presente escrito, me permito ofrecer las siguientes probanzas. A).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consiste en todo lo que se desprenda de autos del presente juicio y que tienda a beneficiar los intereses de los suscritos. B).- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Cosiste en todo lo que se desprenda de los autos del presente juicio y que tienda a beneficiar a los intereses suscritos. Por lo antes expuesto a Usted C. Juez atentamente solicitamos: PRIMERO: Tenerme por medio del presente escrito, dando contestación en tiempo y forma a la vista que nos ordenó dar con motivo del incidente planteado por la contraria. SEGUNDO: Previos los tramites de Ley dictar interlocutoria favorable a nuestros intereses. PROTESTAMOS LO NECESARIO. Cd. Juárez, Chih. a 21 de febrero de 2020 (Dos firmas ilegibles) (Sic). VI. Finalmente, el doce de marzo de dos mil veinte (foja 311, tomo de pruebas), el Juez responsable dictó resolución interlocutoria en la incidencia planteada por la aquí parte tercero interesada, en los siguientes términos: (.) 3.- Se admite la plantilla de liquidación. Acordándose, se conformidad con lo dispuesto con el artículo 1350 del Código de Comercio, la admisión de dicha platilla en vía incidental sin suspensión del negocio principal mediante auto de fecha, veintisiete de enero del dos mil veinte, dándole vista de manera personal a la parte contraria. La cual se cumplió mediante diligencia de fecha, del dieciocho de febrero de dos mil veinte. 4.- Contesta vista la parte demandada incidentista sin ofrecer pruebas. Mediante escrito presentado por [******* y *******], recibido ante este Tribunal, el día, veintiuno de febrero del dos mil veinte a las doce horas con veinticinco minutos, se le tuco en tiempo y forma evacuando la vista que se le dio por auto de fecha, veintisiete de enero del dos mil veinte respecto al incidente de liquidación de gastos t costas e intereses planteado por la parte actora en el negocio principal; haciéndolo en los términos siguientes: "CONTESTACION AL CAPITULO DE PRESTACIONES: A).- es improcedente la petición hecha por la contraria al pretender que por este incidente que hoy nos ocupa, se establezca que la cantidad que falsamente dice que debemos pagar en razón de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio sea la cantidad de ******* dólares americanos (*******), siendo incorrecto que dicha cantidad se pueda derivar del erróneo desglose que realiza y esto es así por los siguientes puntos: a).- Si bien es cierto en la sentencia definitiva que se nos condenó al pago de la cantidad de $******* dólares (*******) en el resolutivo tercero, no es mediante el presente incidente el medio por el cual se deba de obtener el pago de dicha cantidad. b). - Ahora bien, si bien es cierto también fuimos condenados a pagar un interés equivalente a un 0.395% de interés mensual, también debemos decir que la parte ejecutante, no respalda la cantidad que dice que es el monto que debemos de pagar, ya que la cantidad que hemos de pagar no está sustentada ´por peritaje alguno, sino es de una cantidad que el mismo realizó, sin embargo para establecer dicha cantidad es inadulable que debió de haber ofrecido el pericial correspondiente para determinar el monto de los intereses a que fuimos condenados a pagar, por lo que, la cantidad reclamada no debe tomarse en consideración, para los efectos de la interlocutora que se dicte con motivo del presente incidente, en virtud de que no está debidamente fundamentado en prueba pericial, que es la necesaria para llevar al conocimiento de la cantidad a la que fuimos condenados. c). - Con relación al cobro de honorarios y/o costas que la contraria pretende hacer, es improcedente, en razón de que, como se desprende la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, los suscritos no fuimos condenados al pago de dicha prestación según se desprende el punto resolutivo vivo indicado como "CUARTO" de la sentencia define iba dictada en el presente juicio, siendo claro que la parte actora en el presente juicio demuestra, una vez más, la falsedad con la que siempre se conduce, para pretender obtener lucros en forma indebida, y en esta ocasión, al pretender sorprender la buena fe de su Señoría, por lo que al no haber sido condenados al pago de dicha prestación, no se puede condenar mediante el presente incidente al pago de la misma, sin la sentencia que pretende ejecutar, no fuimos condenados al pago de la misma. d). - Es improcedente la petición hecha por la contraria en el sentido de que se gire oficio nuestra fuente de trabajo, si no se sabe aún cual será el juicio de la interlocutora que se dicte, y si no se nos ha notificado la misma, por no haberse dictado aún, y por lo tanto no sean requerido de pago alguno derivado del interlocutor ya que, con motivo del presente incidente, se llegue a dictar, por lo que es una prestación que, en todo caso, aún no sabemos si tendrá o no derecho a ello. Contestación al capítulo derecho: 1.- El hecho indicado con el numero "I" del capítulo de hechos del escrito incidental que motivo del presente incidente en parte cierto y en parte es falso, esto en razón de que es cierto que: con fecha del día cuatro de julio de dos mil Diecinueve los CC. [******* Y *******] fueron condenados en sentencia con el resolutivo tercero al pago de la cantidad de $******* dólares como suerte principal, más el pago de intereses moratorios a razón del .0395% de interés mensual a partir del vencimiento de documento."; pero es falso lo manifestado por la contraria en la parte conducente que a la letra dice: ". Es decir 30 meses a partir del día 26 de julio de 2017 al 26 de enero de 2020.". 2.- El hecho indicado con el numero "II" de capítulo de hechos del escrito incidental que con motivo del presente incidente, es un hecho ajeno a los suscritos, ya que si bien es cierto que de autos se desprender que se han girado algunos oficios al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL para que informe los ingresos que percibimos, siendo por nosotros desconocidos y han dado respuesta no ha dichos oficios, ya que si bien es cierto en autos no obra sido realmente entregados a dicho instituto, y si bien es cierto que los suscritos no hemo cumplido con lo dispuesto en la sentencia de fecha cuatro e julio del 2019 en el cual se les ordena el pago de la suerte principal del valor del documento, más el pago de los intereses vencidos desde la fecha de vencimiento del referido contrato es porque, en dicha sentencia, no se nos ordenó a ver el pago en un tiempo de terminado, ni se nos han requerido del mismo. 3.- el hecho indicado con número III del capítulo de hechos del escrito incidental que motivo del presente incidente, por los motivos ya hechos valer en el presente escrito." 5.- Sin que se celebrara audiencia de pruebas y alegatos. Toda vez que las pruebas ofrecidas por las partes incidentistas, tanto la instrumental de actuaciones como la presuncional en su doble aspecto se encuentran desahogadas en razón de su naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 1353 del Código de Comercio. 6.- Se cita a las partes incidentistas a oír la interlocutoria correspondiente. Mediante auto de fecha, veinticinco de febrero del dos mil veinte, se cita a las partes para oír la interlocutoria correspondiente, la que hoy el suscrito juzgador pronuncio; 2. PROCEDENCIA La procedencia del presente juicio dependerá de la subsunción en alguna de las hipótesis materiales previstas en la norma, entre las cuales se encuentra contenida en el Artículo 1349 del Código de Comercio, establece: "Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquellos que no guarden esa relación serán desechados de plano." El diverso precepto legal artículo 1350 del Código de Comercio establece: "Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal." Como lo determina diverso numeral, Articulo 1355 del mismo ordenamiento legal: "cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes." En la especie, la sentencia definitiva dictada en este juicio ha causado ejecutoria por ministerio de ley, y, dado que la resolución contiene cantidades que no quedaron debidamente liquidadas en esta instancia, es procedente cuantificar la liquidez de dicha condena. 3. ESTUDIO DEL CASO 3.1. Naturaleza del incidente de liquidación. A fin de entrar al estudio del presente, debe aclararse en primer lugar, que los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que sobre él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarle armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el precepto legar antes invocado, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun y cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en esta, en el previo análisis de su comprobación y justificación, razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como inaceptabilidad de las bases de la cosa juzgada. 3.2. Plantilla de liquidación.- En este orden de ideas tenemos, que la parte incidentista cuantifica su plantilla sobre las cantidades liquidas de la sentencia definitiva de fecha, cuatro de julio del dos mil diecinueve; sin embargo, por el concepto de gastos y costas, no existe condena por tales conceptos a la parte demandada en el negocio principal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1348 del Código de Comercio, el suscritor Juzgador no aprueba la cantidad de $5,950.00 dólares (Cinco mil novecientos cincuenta dólares 00/100 moneda del curso legar de los Estados Unidos de Norteamérica), por concepto de costas. Sirve de apoyo el criterio jurídico: "Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada (Civil). Tesis: XX. 393 C Tomo XIV, Diciembre de 1994 Pág. 388. INCIDENTE DE LIQUIDACION DE INTERESES. LA PLANILLA PRESENTADA POR EL ACTOR NO DEBE REBASAR, MODIFICAR O ANULAR LAS BASES DECIDIDAS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Si bien es cierto que al estar en presencia de una condena genérica sobre intereses contenida en la sentencia ejecutoria dictada en el juicio ejecutivo mercantil del que emana el acto reclamado, se hace necesario la liquidación de ese concepto a través del incidente que regula el artículo 1348, del Código de Comercio; y que la controversia incidental sobre liquidación de intereses que se forma entre las partes debe ser resuelta atendiendo a los argumentos y pruebas que se aportan en ese procedimiento, también lo es, que en éste no pueden modificarse, anularse o rebasarse las bases decididas en sentencia definitiva, de ahí que la sentencia interlocutoria reclamada al expresar que se condena a la demandada, entre otros conceptos, por "réditos moratorios al tipo legar que se han vencido y que los que se sigan venciendo hasta la total solución del presente juicio", no puede ser rebasado por la planilla del actor al considerar porcentajes mayores. Por lo tanto, si esto sucede es corrector el proceder del juez responsable al no aprobar la planilla por la parte actora, en razón de que se aparta de la directriz esencial de la sentencia pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil que condena al pago de intereses moratorios al tipo legal que es precisamente el 6% anual que indica el artículo 632, párrafo primero, del Código de Comercio. Intereses Moratorios. La parte liquidadora en su planilla en comento, los cuantifica en $******* dólares americanos (*******); al realizar la simple operación aritmética, tomando la cantidad liquida de sentencia por concepto de suerte principal ($******* dólares) multiplicándose por el porcentaje del interés mensual (0.395% mensual), resultando la cantidad de $******* Dólares mensual y dicha cantidad multiplicada por los 31 (treinta y un) meses transcurridos desde el veintisiete de julio del dos mil diecisiete hasta el veintiséis de enero del dos mil veinte (como lo peticiona la parte liquidadora), me resulta la cantidad de $******* (*******). Razones todas estas de que el suscrito Juzgador aprueba la cantidad de $******* dólares (*******), por concepto de intereses moratorios calculador a razón de 0.395% mensual sobre la surte principal desde el veintisiete de julio del dos mil diecisiete hasta el veintiséis de enero del dos mil veinte; cantidad en dólares o su equivalente en moneda nacional al momento de efectuar el pago la parte demandada a favor de la parte actora, hoy liquidadora. 3.3. Estudio de la planilla. En la especie, se observa por los conceptos anteriores liquidables, se aprueba la cantidad liquida condenable y hoy reclamada por la parte actora incidentista, por concepto del 0.395% mensual sobre la cantidad de suerte principal ($******* dólares), la cantidad de $******* dólares (*******), por encontrarse formulada y ajustada conforme a derecho. Por concepto de gastos, la parte liquidadora no la cuantifico; además de que, cabe agregar que tal concepto no fue condenada la parte demandada mediante la sentencia definitiva, menos procede su liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1348 del Código de Comercio, a la letra se inserta: "Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció el promover la ejecución presentará su liquidación, de la dual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será aceptable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata." Por concepto de costas, no se aprueba la cantidad de $******* dólares (*******), al no haber sido condenado la parte demandada mediante la sentencia definitiva de fecha, cuatro de julio del dos mil diecinueve debidamente firme por ministerio de ley. 3.4. Regulación de la planilla. Dado que las operaciones realizadas por el promovente no se ajustan a los lineamientos establecidos en la sentencia definitiva de fecha, cuatro de julio del dos mil diecinueve, únicamente, se aprueba la plantilla de liquidación por concepto de intereses moratorios a razón del 0.395% mensual, en la cantidad $******* dólares que sumada con la cantidad de suerte principal ($******* dólares), nos da el total por tales conceptos liquidados tanto en sentencia definitiva como la presente interlocutoria, la cantidad de, $******* (*******) o su equivalente en moneda nacional al momento de efectuarse e pago. 5. SENTIDO DEL FALLO. En tales consideraciones, se aprueba la plantilla de liquidación por concepto de intereses moratorios a razón del 0.385% mensual, cuantificados desde el veintisiete de julio del dos mil diecisiete hasta el veintiséis de enero del dos mil veinte, la cantidad $******* dólares (*******), o su equivalente en Moneda Nacional, al momento de efectuarse el pago por la parte demandada en el negocio principal. No se aprueba la plantilla por concepto de gastos y costas por las razones y fundamentos de derecho expuesto con antelación en esta cuestión incidental. En cuanto a lo que solicita en el inciso b) del escrito del incidente, dígasele que una vez que la presente resolución quede firme y a instancia de parte, se le acordara lo conducente. Por lo anteriormente expuesto y fundado es procedente resolver y se resuelve: R E S U E L V E: PRIMERO.- Ha procedido parcialmente la plantilla de liquidación de gastos y costas e intereses formulada por la parte actora del negocio principal. SEGUNDO.- Se aprueba la cantidad de, $******* dólares (*******), por concepto de intereses moratorios calculados a razón de 0.395% mensual, desde el veintisiete de julio del dos mil diecisiete, hasta el veintiséis de enero del dos mil veinte; cantidad en dólares o su equivalente en moneda nacional al momento de efectuar el pago la parte demandada a favor de la parte actora en el negocio principal. TERCERO.- No se aprueba cantidad alguna por concepto de gastos, al no haber sido condenado a la parte demandada mediante sentencia definitiva. CUARTO.- No se aprueba la cantidad de $******* dólares (*******), al no haber sido condenado a la parte demandada mediante la sentencia definitiva. QUINTO.- En cuanto a lo que solicita en el inciso b) del escrito del incidente, una vez que la presente resolución quede firme y a instancia de parte, se le acordara lo conducente. N O T I F Í Q U E S E: (.) (Lo destacado es de origen). (Sic). Se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Primer concepto de violación Indicado lo anterior, en su primer concepto de violación, la parte accionante del amparo argumenta medularmente lo siguiente: Que el Juez responsable no fundó ni motivó adecuadamente la resolución combatida. Que el Juez responsable vulneró en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues, aduce, la resolución combatida no fue dictada en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, al desacatar los lineamientos determinados en el artículo 1327 del Código de Comercio. Es infundado tal concepto de violación, como se demostrará enseguida. Primero, debe destacarse que, es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera adecuadamente fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos, de conformidad con el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Con relación a ello, debe acotarse que en las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Lo previo encuentra sustento en la tesis 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, Novena Época, registro: 176546, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, abril de dos mil trece, del contenido: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Al respecto, el Juez responsable, en su determinación combatida ya transcrita, contrario a lo estimado por la aquí parte quejosa, sí cumplió con una adecuada fundamentación y motivación y acató con las formalidades esenciales del procedimiento. Se afirma lo anterior, pues: Inició, en el punto "1" con el relato de los antecedentes del caso; para lo cual comenzó por señalar los puntos resolutivos de la sentencia dictada en el juicio de origen, el cuatro de julio de dos mil diecinueve. Transcribió parte el escrito por virtud del cual, la parte actora, aquí parte tercero interesada, planteó en la vía incidental la liquidación de la plantilla de gastos, costas e intereses, con relación a las cantidades no líquidas condenables mediante tal sentencia. Señaló que admitió a trámite dicha incidencia, con sustento en el artículo 1350 del Código de Comercio. Enseguida, transcribió parte del escrito de contestación presentado por la demandada, aquí quejosa. Indicó que no celebró audiencia de prueba y alegatos, pues las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional, legal y humana, ofrecidas por ambas partes, se encontraban desahogadas, atendiendo a su especial naturaleza, de conformidad con el artículo 1353 del Código de Comercio. Enseguida, determinó procedente la vía incidental propuesta, de conformidad con los numerales 1349, 1350 y 1355 del referido Código. Luego, previo a iniciar el estudio del caso, precisó la naturaleza del incidente de liquidación, donde, entre otras cosas, estableció: "(.) los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que sobre él recae la responsabilidad de emprender esas funciones (.)". Al entrar al estudio de la planilla de liquidación propuesta, precisó que en la referida sentencia no condenó a gastos y costas, por lo que no aprobó la cantidad de cinco mil novecientos cincuenta dólares de Estados Unidos de América ($******* USD), por concepto de costas. Para sustentar lo cual, invocó la tesis del rubro: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. LA PLANILLA PRESENTADA POR EL ACTOR NO DEBE REBASAR, MODIFICAR O ANULAR LAS BASES DECIDIDAS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Luego, al arribar al análisis de la planilla de intereses moratorios, el Juez responsable, indicó: Primero, tomó como base la parte líquida determinada en la sentencia, esto es $******* dólares. Los multiplicó por el interés mensual determinado en la sentencia, es decir, por *******. De lo que resulta, tal como lo precisó el Juez responsable, la cantidad de $******* dólares mensuales. Enseguida, multiplicó tal resultado por los 31 meses transcurridos desde el veintisiete de julio de dos mil diecisiete -fecha así determinada en el considerando tercero de la sentencia dictada en tal asunto, hasta el veintiséis de enero de dos mil veinte- lo que incluso, favorece a la aquí quejosa, pues su contraparte en el juicio de origen, hasta el veintiséis de enero de dos mil veinte, realizó el cálculo en la plantilla propuesta, misma que en idénticos términos fue analizada por el Juez responsable, quien, no calculó hasta el día de emisión de la interlocutoria, sino, se reitera, tomó como base la fecha propuesta por la propia parte actora. Lo que, tal como lo indicó el Juez responsable, da un total de $******* dólares, es decir, una cantidad incluso superior a la calculada por la parte actora, quien indicó que tal concepto ascendía a $******* dólares y la responsable, a pesar de eso, aprobó ésta última al señalar que así lo había propuesto la actora; lo que, nuevamente, resulta favorable a la aquí parte quejosa. En virtud de lo anterior, el Juez responsable aprobó -por concepto de intereses- la planilla presentada por la parte actora y reiteró, que por concepto de gastos, la aquí parte quejosa no fue condenada; ni respecto a las costas, por lo que rechazó la cantidad propuesta por aquélla, por cinco mil novecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América ($******* USD). Con lo que se estima, la obligación que tenía de fundar, motivar y cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, fue colmada; pues, además de invocar los numerales del Código de Comercio aplicables para sustentar la resolución de que se trata, demostró fehacientemente las razones por las cuales aprobó la planilla de liquidación de intereses, aduciendo el procedimiento aritmético por el cual llegó a tal conclusión; y por las cuales no aprobó la cantidad propuesta respecto a los gastos y costas. Para lo cual, además, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes; las circunstancias particulares consideradas por las partes; y, finalmente, resolvió sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Pero además, al resolver de la forma en que lo hizo, se insiste, se benefició a la aquí parte quejosa, pues tal como se precisó líneas arriba, el Juzgador responsable a) no calculó los intereses hasta el momento de la emisión de la resolución incidental (doce de marzo de dos mil veinte), sino hasta la fecha que propuso la propia parte actora (veintiséis de enero de dos mil veinte); además, b) la actora arribó a una cantidad inferior de la que las operaciones aritméticas realizadas por el Juez responsable y corroboradas por quien suscribe, arrojaron, misma que, ascendía en realidad a $******* dólares y fue dicha cantidad inferior, $******* dólares, la que consideró que se debe cubrir. A pesar de que, como ya se expuso, el Juez responsable sí cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, se cita enseguida el artículo, cuya inaplicación señala la aquí parte quejosa, obvió aquél: Artículo 1327. La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación. Como se advierte de la simple lectura del numeral invocado por la parte quejosa, el mismo hace referencia a los elementos de que se ocuparán las sentencias dictadas en lo principal, no en una incidencia; tales extremos son, que se ocupen sólo de las acciones deducidas y sólo de las excepciones opuestas, por las partes. Mismo que si bien, pudiera aplicarse por analogía a las incidencias, no se estima que el Juez responsable haya incumplido lo que señala dicho artículo, por las razones expuestas supra líneas. Al respecto, el hecho de que no se haya resuelto de forma favorable a los intereses de la demandada, aquí parte quejosa, no implica que ineludiblemente, se hayan desatendido los aspectos que resaltó la parte accionante del amparo; mismos que, como ya fue demostrado, sí se cumplieron. Segundo concepto de violación Después, en su segundo concepto de violación, la parte accionante del amparo, señaló: Que al resolverse como cantidad final -por concepto de intereses- por dos mil ochocientos veinte dólares de los Estados Unidos de América 30/100 ($******* USD), al basarse en considerandos que no fueron fundados ni motivados, el Juez responsable vulneró en su perjuicio el principio de congruencia de que las resoluciones deben gozar. Es infundado tal argumento. Sucintamente, la congruencia externa, consiste en la conformidad entre lo resuelto y lo pedido; y la interna, es la coherencia entre las afirmaciones y resoluciones contenidas en esta última. Tanto la congruencia interna de la resolución aquí combatida, como la externa, se encuentran colmados; al haberse estimado, como se advierte del punto previo, que la resolución combatida se ocupó lo expuesto por las partes y, contrario a lo estimado por la parte quejosa, sí fue fundada y motivada; y el resultado arribado, como se dijo, se estima correcto. Máxime que, como se acotó supra líneas, la cantidad fijada por el Juez responsable por concepto de intereses -al ser la propuesta por la parte actora- es incluso inferior a la que la operación aritmética realizada por aquél y corroborada por quien suscribe, arrojó; lo que, se itera, supone un beneficio a la aquí parte accionante del amparo. Tercer concepto de violación Enseguida, en su tercer concepto de violación, la parte quejosa, argumenta: Que el Juez responsable nunca refirió sus manifestaciones en la resolución reclamada. Que no tomó en consideración sus argumentaciones, sino únicamente las de su contraparte. Son infundadas tales consideraciones. Contrario a lo estimado por los aquí quejosos, el Juez responsable sí tomó en consideración sus argumentaciones, pues incluso, citó casi de forma íntegra su escrito de contestación a la incidencia de que se trata, como puede advertirse de la transcripción arriba realizada de la resolución combatida (fojas 310, reverso; 311 frontal y reverso; tomo de pruebas). Lo anterior, a pesar de que no se encontraba obligado a hacerlo para cumplir con los elementos de exhaustividad y congruencia, de conformidad con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010 -cuyo rubro fue citado precisamente en el considerando previo de esta sentencia y que se cita enseguida por identidad jurídica y de razones-: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. En efecto, como puede advertirse de tal criterio, para que una resolución cumpla con los principios de congruencia y exhaustividad, no resulta necesaria la transcripción de los conceptos de violación o los agravios expresados por el interesado, mucho menos de la totalidad de las consideraciones que expuso -en la medida que el juzgador atienda a todas y cada una de las alegaciones esgrimidas, dando respuesta a los planteamientos propiamente señalados-, lo que, como ya se indicó, se estima que ocurrió. Independientemente de lo anterior, cabe hacer el señalamiento que la transcripción de los conceptos de violación de modo alguno garantiza que se dé respuesta puntual y exacta a los planteamientos contenidos en ellos, por parte del juzgador, por lo que, para satisfacer los principios de congruencia y exhaustividad, por regla general, se insiste, bastará con que el juzgador atienda efectivamente a todos y cada uno de los argumentos vertidos y que la respuesta que le dé corresponda propiamente al planteamiento realizado. No obstante lo anterior, el transcribir en la resolución lo señalado por las partes, en este caso, por la parte demandada (aquí parte quejosa) en su escrito de contestación, no puede tampoco estimarse inadecuado o incorrecto, pues esas condiciones quedan al prudente arbitrio del juzgador, es decir, realizar o no la transcripción relativa, dependiendo de las características especiales del caso. Así, adverso a lo sustentado por la aquí parte quejosa, el Juez responsable sí refirió las manifestaciones que señaló en su escrito de contestación a la incidencia de que se trata. Pero además, tan las consideró, que estimó no condenar a la aquí quejosa al pago de la cantidad de cinco mil novecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América ($****** USD) por concepto de honorarios y/o costas, como pretendía su contraria. Al respecto, cabe precisar que la consideración y el análisis de las manifestaciones vertidas -en este caso, en el escrito de contestación a la incidencia de que se trata- no supone ni implica que el Juzgador debía resolver conforme a las pretensiones de la aquí quejosa, pues a lo que estaba obligado y se estima, sí cumplió, como ya fue expuesto, fue a dotar de una debida fundamentación y motivación su determinación, lo que, como ya se señaló, se estima que ocurrió en la resolución aquí combatida. Por lo anterior, como se anunció, dichas argumentaciones devienen infundadas. Cuarto concepto de violación Luego, en el cuarto concepto de violación, la parte quejosa, señaló: Que el Juez responsable no consideró las pruebas que ofreció, al emitir la resolución ahora combatida, pues en el punto "4" dijo que no ofreció prueba alguna. Resulta infundado tal concepto de violación. Primero, es de destacarse sobre el punto, que los aquí quejosos únicamente señalaron como pruebas al contestar tal incidencia, a) la instrumental de actuaciones y b) presuncional, en sus aspectos legal y humano. Como se advierte de la resolución reclamada -arriba transcrita, en la parte que aquí interesa- en el punto "4" de los antecedentes del acto reclamado (foja 310, reverso, tomo de pruebas), incorrectamente, el Juez responsable indicó que la demanda, aquí quejosa, no ofreció prueba alguna. No obstante, enseguida, en el punto "5", precisó: "Toda vez que las pruebas ofrecidas por las partes incidentistas, tanto la instrumental de actuaciones como la presuncional en su doble aspecto se encuentran desahogadas en razón de su naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 1353 del Código de Comercio". De lo que se advierte que, en un segundo momento (en el punto posterior inmediato), subsanó la imprecisión del referido punto "4", al destacar que tanto la actora como la demanda, ofrecieron dichos medios de convicción, mismos que tuvo por desahogados, dada su naturaleza, de conformidad con el artículo que refirió. Pero además, la instrumental de actuaciones, se constituye con las constancias que obran en el expediente; mientras que la presuncional legal y humana, es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva. Probanzas que de cualquier forma el juzgador toma en consideración al emitir esa clase de resoluciones, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del asunto. En otras palabras, aun cuando la aquí quejosa, ni su contraparte, hubieran ofrecido tales medios de convicción, el juzgador se encontraba obligado a analizarlos, al ser, como ya se precisó, pruebas que se obtienen del simple seguimiento del juicio; mismas que, evidentemente, del mero estudio del asunto -previo a realizarse la resolución- se advierten. Por ende, como se anunció, no asiste la razón a la parte quejosa y se califica tal motivo de disenso como infundado. Quinto concepto de violación Como quinto concepto de violación, la parte accionante del amparo, dijo: Que el Juez responsable no tomó en consideración las defensas expuestas en su escrito de contestación a la incidencia. Que no consideró que su contraparte no sustentó la cantidad que propuso por concepto de intereses, en peritaje contable "o de algún tipo". Que el Juez responsable tampoco sustentó en peritaje alguno la cantidad que determinó por tal concepto, en la resolución combatida. Dicho concepto de violación resulta infundado. Primero -en su escrito de contestación- en cuanto a las defensas, la aquí parte quejosa, esencialmente indicó a) que no procedía en el caso la condena de costas, por lo que no se le debía condenar al pago de cinco mil novecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América ($******* USD) lo que, como ya se ha referido, se resolvió a su favor; además, b) se limitó a indicar que su contraparte no sustentó la cantidad que propuso en peritaje alguno y que el monto que señaló, no era correcto. Respecto al primer punto, como ya se dijo, sí se consideró lo que expuso e inclusive, se resolvió en su favor, a no condenársele al pago de costas como pretendía su contraparte. Por lo que hace al segundo, dichas manifestaciones son únicamente alegatos, que en nada abonaron a determinar la cantidad líquida correcta a que fue condenada, por concepto de intereses; argumentaciones respecto a los cuales, si bien las partes cuentan con plena facultad para formularlos, el Juzgado responsable no se encontraba obligado a abordar su examen, ya que la mencionada incidencia tiene como única finalidad determinar la cantidad líquida a que la demandada ha sido condenada, por concepto de intereses. En caso de que estimara que para realizar dichas operaciones aritméticas era preciso un especialista, estuvo en plena posibilidad de, si así lo estimaba pertinente, ofrecer un peritaje -en la materia que estimara conducente- con el objeto de que corroborara si la cantidad propuesta por su contraria, era correcta o no; peritaje que, evidentemente, no ofreció. Además, en virtud de que si bien indicó que la cuantificación efectuada no era correcta, lo cierto es que no señaló la que estimó, sí era la adecuada; mucho menos precisó las operaciones aritméticas pertinentes; o bien, razonamiento alguno a efecto de corroborar que el monto propuesto por su contraparte, era inadecuado. Asimismo, el Juez responsable efectuó el mencionado cálculo, como ya fue dicho -mismo que fue corroborado por este Juzgado de Distrito, y que, incluso, le es favorable, como también se ha precisado- y la quejosa, adujo que es incorrecto, también, porque aquél no se sustentó su dicho en peritaje alguno; con relación a lo cual, se reitera, correspondía a las partes ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes, por lo que, si la aquí quejosa no ofreció en la incidencia de referencia, si así lo estimaba, peritaje alguno -cuya materia, ni siquiera tiene clara, pues aduce "peritaje contable o de algún tipo"-, no puede pretender en este momento que se estime inadecuado el proceder del Juez responsable por no haber llamado a un perito contable a realizar dicha deducción aritmética. Luego, al señalar que no es correcto, en su demanda de amparo, nuevamente, omitió señalar el monto que sí estimaba correcto, así como los razonamientos lógicos por virtud de los cuales, lo consideró así. Además, si consideraba que la operación para arribar al monto líquido por concepto de intereses, era de tal complejidad que era preciso que un experto la realizara, tuvo también la plena posibilidad de ofrecer dicha prueba en el transcurso del trámite de este juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Entonces, no bastaba con que la aquí parte quejosa adujera -dogmáticamente- que el responsable efectuó incorrectamente el cálculo -sin siquiera precisar la cantidad que estimaba correcta-, sino que, necesariamente, debió primero, señalar el monto que estimó adecuado y además, sustentar el método o proceso a través del cual obtuvo aquél; así como, con base a elementos racionales, exponer el por qué consideró incorrecto el resultado arribado por su contraparte. Cantidad que, se reitera, esta juzgadora estima acertado, tal como fue analizado en el estudio del primer concepto de violación. Sexto concepto de violación Continuando con el análisis de los motivos de disenso de los quejosos, en el sexto de ellos, señalaron: Que el Juez responsable no tomó en consideración las excepciones expuestas en su escrito de contestación a la incidencia. Es infundado dicho motivo de disenso. Ello es así, por la simple razón de que la aquí parte quejosa no ofreció ninguna excepción al contestar la incidencia de que se trata. En efecto, tal como se precisó en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa de pedir no implica que los quejosos pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación; que, no es el caso) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman, partiendo de premisas verídicas. Por tanto, al resultar que, contrario a lo señalado por los quejosos, éstos no opusieron excepción alguna en la incidencia cuya resolución aquí se reclama, como se indicó, tal concepto de violación deviene infundado. El referido criterio, 1a./J. 81/2002 fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil dos, materia común y número de registro 185425, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Séptimo concepto de violación Por último, en su séptimo concepto de violación, la parte accionante del amparo, señaló: Que el Juez responsable vulneró lo estipulado en el artículo 1330 del Código de Comercio, que señala "Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o se establecerán por lo menos las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, cuando no sean el objeto principal del juicio" pues en la sentencia de la que deriva la resolución reclamada, no se le condenó a cantidad líquida por lo que hace a los intereses moratorios. Resulta inatendible dicho concepto de violación. Lo previo, pues dicha sentencia, como se indicó, se encuentra firme y ni a través de este juicio de amparo biinstancial -ni por ningún otro medio- puede pretender combatir su contenido. Ello, pues, en primer término, a) se reitera, tal determinación, se encuentra firme y, por lo tanto, es imposible en este momento, modificarla; enseguida, b) el juicio de amparo indirecto no es el medio idóneo para combatir la sentencia dictada el cuatro de julio de dos mil diecinueve, en el juicio principal de origen; finalmente c) si bien, la incidencia de que se trata tuvo como finalidad establecer la cantidad líquida en torno a los intereses, es ineludiblemente una extensión del juicio principal, en el que se dictó tal sentencia firme y es imposible por medio del mismo, modificar el sentido de ésta, al devenir precisamente de ella y revestirle a la misma el carácter de cosa juzgada. Primero, debe señalarse que la figura de la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las resoluciones firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en tal institución descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. La figura jurídica de cosa juzgada encuentra sustento constitucional en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, y cuya finalidad, se reitera, se configura como uno de los principios esenciales de la seguridad jurídica, en virtud de que sus consecuencias constituyen un pilar del Estado de Derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado. Lo previo, evidencia lo inatendible del argumento en cuestión. Lo previo tiene sustento, por las razones que informa la tesis 1a. XXXVIII/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de dos mil nueve, página 580, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO). El procedimiento que tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida decretada en la sentencia definitiva que puso fin al juicio principal, que en la legislación analizada se tramita por la vía incidental, constituye un procedimiento contencioso, en tanto que tiene por objeto determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. Dicho procedimiento es autónomo respecto del juicio principal, porque su resolución no afecta la cosa juzgada derivada de la sentencia definitiva dictada en éste, y su tramitación constituye un procedimiento independiente del juicio principal, con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción incidental que contiene una pretensión jurídica, a la que pueden oponerse defensas procesales, y por contener una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en la apelación; sin embargo, este procedimiento es al mismo tiempo un accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción incidental depende de la previa existencia de una condena ilíquida, y su tramitación, aunque es facultativa, es jurídicamente necesaria porque obedece al interés público de cuantificar dicha condena. El aparente antagonismo se explica porque para hacer efectivo un derecho de crédito, no basta con que se decrete su existencia, sino que además debe determinarse su contenido y alcance, pues un derecho de crédito es inerte si no puede cobrarse, y para ello es necesaria su liquidación. Por lo tanto, aunque a veces no es posible o conveniente que en el juicio principal se determine tanto la existencia como la cuantía del derecho de crédito, y por ende deba tramitarse otro procedimiento que desde el punto de vista adjetivo, es autónomo e independiente, ello no resta a tal liquidación del crédito su naturaleza sustantiva, pues su objeto versa sobre un aspecto esencial de la litis principal, que es la determinación del contenido y alcance del derecho cuya existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la sentencia definitiva. Por consiguiente, debe considerarse que el incidente de liquidación es, materialmente, una extensión del juicio principal, aunque formalmente sea ajeno al mismo, pues al resolverse en el mismo un aspecto esencial de la misma pretensión jurídica que fue materia del juicio principal, tal resolución obedece al principio de la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 constitucional, ordena que la justicia sea administrada de manera completa. De lo anterior se deriva que la sentencia interlocutoria dictada en un incidente de liquidación, participa de la misma naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que no puede considerarse que el proceso contencioso ha terminado materialmente, sino hasta que se apliquen en pago al acreedor los bienes necesarios. Asimismo, por identidad jurídica, se cita la tesis I.1o.T. J/67, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 46, materia laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente indica: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. DEBE CONCRETARSE A LOS TÉRMINOS DEL LAUDO. De la interpretación armónica de los artículos 843 y 946, ambos de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene claramente que la resolución que se pronuncie en el incidente de liquidación, deberá ceñirse a los términos señalados en el laudo definitivo, pues es en esta resolución, conforme al primero de los invocados preceptos, cuando se trata de prestaciones económicas, donde se cuantifica el importe de la prestación, para que posteriormente se despache ejecución dentro de los lineamientos expresamente señalados en el laudo, según se desprende del segundo de los citados artículos. Asimismo, apoya lo previo lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 161/2007, consultable en el registro 170353, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, página 197 del rubro: COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Así pues, al resultar infundados e inatendibles los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal. Sexto. Notificación de la sentencia. Atendiendo a lo dispuesto en la Circular CAP/3/2020, en el sentido de que pueden resolverse los expedientes que estén listos para sentencia y lo establecido en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la notificación del presente asunto deberá realizarse por lista, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; razón por la cual la notificación surtirá efectos una vez que se reanuden los plazos y términos procesales. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* ni a *******, en contra de la autoridad señalada como responsable, por el acto que le fue reclamado, en virtud de las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Notifíquese la presente sentencia, en términos del considerando sexto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de diciembre de dos mil veinte, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta secretarial, se tiene que el veintiocho de julio pasado, el Pleno del Consejo expidió el Acuerdo General 21/2020 mediante el cual se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio, publicado en el Diario Oficial de la Federación del citado treinta y uno de julio, ambos del año en curso. Asimismo, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia. Así, se determinó que se reforman los artículos 1 y 15 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con vigencia a partir del uno de noviembre de dos mil veinte, para quedar como sigue: Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de 2020 al 15 de enero de 2021, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 15. Turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial. Las jornadas presenciales de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal serán de seis horas. Como medida para evitar la concentración del personal, los órganos de cada edificio se dividirán hasta en ocho grupos, repartidos en dos turnos, cada uno de los cuales, a su vez, tendrá cuatro horarios de entrada y salida. Es importante enfatizar que el horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad. Por otra parte, se tiene que han fenecido los plazos decretados mediante la circular SECNO/24/2020 y SECNO/STCCNO/543/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, que precisaron que los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, retrocedieran al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19. En este sentido, toda vez que el dieciocho de noviembre pasado se decretó la suspensión del presente asunto, al no encontrarse en los supuestos previstos por el dispositivo 4º del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como que de conformidad con los diversos Acuerdos Generales 21/2020 y 25/2020, deben ser reanudados todos los asuntos que se hayan tramitado con anterioridad al periodo de contingencia, a partir del punto en que se suspendieron, pero no se reiniciarán los plazos respectivos, para lo cual, en el caso concreto, dicha continuación de plazos entrará en vigor hasta en tanto se notifique a las partes la nueva fecha que se señale para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se levanta la suspensión decretada de este asunto y se provee lo conducente para su debida integración. Visto lo de cuenta, se tiene que se recibió al correo electrónico oficial de este órgano, el oficio SEADS/654/2020 de veintiuno de octubre del año que transcurre, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que fue acordada la readscripción de la Juez María Guadalupe Contreras Jurado, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, se ordena hacer lo previo del conocimiento de las partes, con la finalidad de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Enseguida, se señalan las diez horas con treinta minutos del once de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Con relación a la forma en que se debe notificar el presente acuerdo se cita, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, de julio de 2010, materia común, página 312, misma que es del siguiente contenido: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, dada la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2, que aún persiste, de conformidad como se establece en el numeral 28, fracción III, y 30, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, notifíquese a la autoridad responsable, mediante oficio que se envíen de la siguiente forma: Autoridad Correo electrónico y/o teléfono Juez Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos j06co.bravos@stj.gob.mx Teléfono (656) 629-3360. Ext: 56166 En el entendido de que la responsable deberá confirmar la recepción de la notificación correspondiente, en un plazo de dos días, contados a partir de que el correo electrónico se les envíe, a través de la dirección electrónica desde el cual se le remita, esto es, el correspondiente a la Actuaria Judicial adscrita, o vía telefónica con dicha funcionaria o con la Secretaria adscrita, y en caso de no hacerlo, la notificación se tendrá por hecha y surtirá efectos una vez que dicho término concluya. Esto, conforme a los artículos 30, fracción I y 31, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados por analogía. Notifíquese por correo electrónico a la autoridad responsable y a las demás partes por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, de los que se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, de conformidad con la Circular SECNO/24/2020 y el oficio SECNO/STCCNO/543/2020 emitidos por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se suspende la tramitación del presente juicio de amparo. Ello es así, pues de la circular en mención se desprende que en sesión de treinta de octubre de dos mil veinte, la Comisión Especial, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19, en los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua", con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las personas que prestan sus servicios en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas, con una vigencia del treinta y uno de octubre al trece de noviembre de dos mil veinte. De igual manera, precisó que los órganos jurisdiccionales de este Decimoséptimo Circuito, se retrotraen al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19; durante el periodo comprendido del treinta y uno de octubre al trece de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, este Juzgado de Distrito, únicamente tramitará ocursos que sean considerados como "urgentes", independientemente de la forma de presentación; asimismo, dará seguimiento a los asuntos ya radicados que reúnan la misma naturaleza; procediendo a la suspensión de todos aquellos asuntos que no se encuentren dentro de este supuesto. De igual manera, se recibirán y tramitarán asuntos nuevos que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con la excepción de aquellos en los cuales se requiera celebración de audiencias o diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y no pueda desahogarse mediante videoconferencia o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. Asimismo, mediante oficio SECNO/STCCNO/543/2020, la Comisión Especial determinó extender las medidas adoptadas el treinta de octubre de dos mil veinte, a través de la Circular de referencia, del catorce al veintisiete de noviembre de dos mil veinte. En ese contexto, se precisa que de conformidad con el AG 13/2020, del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, los trámites considerados como urgentes, son los siguientes: "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: I. Los asuntos competencia del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. II. En materia penal: a) Ejercicio de la acción penal con detenido; b) Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; c) Diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que se resuelva sobre la situación jurídica; d) Solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas; e) La calificación de detenciones; f) Las vinculaciones a proceso; g) Implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; h) Determinaciones sobre extradición; i) Impugnación de determinaciones de Ministerios Públicos que promueva la víctima y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia; j) Procedimiento abreviado; k) Suspensión condicional del proceso; l) En el sistema penal tradicional, diligencias para recibir declaraciones preparatorias y actuaciones en el periodo de pre-instrucción; m) En el sistema penal tradicional, resolución de incidentes innominados de traslación del tipo y desvanecimiento de datos; y n) Apelaciones contra autos de plazo constitucional que afecten la libertad de las personas, contra las determinaciones que impongan medida cautelar de prisión preventiva, y contra las resoluciones que se emitan en los incidentes y controversias previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, relacionadas con la libertad, salud e integridad física de las personas. III. En ejecución penal: a) Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; b) Actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse por escrito y que permitan la resolución del expediente de ejecución; c) Resoluciones por escrito sobre peticiones de personas privadas de la libertad, si no existiere controversia entre las partes ni desahogo de prueba; d) Trámite para la determinación y ejecución de beneficios preliberacionales (libertad preparatoria, anticipada, condicionada y la sustitución o suspensión temporal de la pena) y los derivados de la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de abril de 2020; e) Asuntos relativos a condiciones de internamiento que versen sobre atención médica relacionada con el tercer escalón sanitario (hospitalización); f) Asuntos relacionados con segregación y tortura; y g) Planteamientos en torno a las afectaciones derivadas del Covid-19 con motivo del internamiento. IV. En general, todas las demandas de amparo o acciones contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. V. En amparo civil: a) Amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general; b) Amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y c) Amparos relacionados con actos que afecten el interés superior de menores de edad y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia. VI. Medidas cautelares en concursos mercantiles, ya sea que se trate de solicitudes o demandas nuevas, o los que ya estuvieran en trámite. VII. Declaración de inexistencia de huelga. VIII. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. En el caso, la parte quejosa reclama específicamente lo siguiente: "...se reclama la ilegal emisión de la interlocutoria derivada del incidente de liquidación de gastos, costas judiciales e intereses moratorios, promovida por el hoy tercero interesado..." En ese tenor, se advierte que en el presente juicio de garantías, no se reclama alguno de los actos señalados en el dispositivo legal antes transcrito; por tanto se suspende su tramitación y se reserva señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se reanuden las labores de los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ** Doy fe.
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