Alejandro Pérez Silva

Expediente 624/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
624/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Pérez Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de diez de diciembre de dos mil diecinueve que dice: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de diciembre de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio de amparo 624/2019-VI, promovido por **********. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnado en esa misma data a este juzgado, ***********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y otros, residentes en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales y humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 8º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, quedando registrada bajo el expediente **********, del índice de este órgano jurisdiccional, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó emplazar al tercero interesado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, mediante proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por inexistente al Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Del mismo modo, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo la referida audiencia al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 36, párrafo primero y 114, fracción I de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, artículo cuarto, fracción XVII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de actos cuya ejecución tuvieron lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el quejoso reclama a las responsables, como tercero extraño por equiparación al juicio ejecutivo mercantil E7-307/2009, lo siguiente: Al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos: Auto de radicación de diez de marzo del año dos mil nueve, y todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil **********, promovido por ***********, endosatario en procuración de **********. Acta de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, efectuada el veintiuno de mayo de dos mil nueve. Sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil nueve, emitida en el citado juicio. 2.- Al Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos y Oficial Notificador y Ministro Ejecutor del Distrito Judicial Bravos: Constancia actuarial de veinte de mayo de dos mil nueve. Cita de espera de veinte de mayo de dos mil nueve. Acta de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento efectuada el veintiuno de mayo de dos mil nueve. 3.- Al Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos: Inscripción del embargo derivado del referido juicio ejecutivo. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, Oficial Notificador y Ministro Ejecutor del Distrito Judicial Bravos y Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, al rendir informe justificado manifestaron que son ciertos los actos que se les reclaman, respectivamente, anexando para tal efecto, copias certificadas de las constancias conducentes, relativas al juicio ejecutivo mercantil E7-307/2009, de su índice. Documentos cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Por su parte el Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, al rendir el informe requerido negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, dentro de sus facultades legales se encuentra la de distribuir entre los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, las diligencias ordenadas por los Jueces. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. CUARTO. Procedencia. Del análisis a los autos no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto que se tiene como cierto, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación. QUINTO. Análisis constitucional del acto reclamado. El quejoso reclama, entre otras cosas, todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil E7-307/2009, promovido por Manuel G. Guzmán Gallegos, endosatario en procuración de Ignacio Lucero Torres, ostentándose como tercero extraño por equiparación; y en vía de conceptos de violación expuso, entre otras cosas, que no fue legalmente emplazado a juicio, argumentando que desconoce a la persona con la que supuestamente se entendió la cita de espera, adicionado que no estuvo presente persona alguna en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. En esas condiciones, son esencialmente fundados los conceptos de violación vertidos por el inconforme. Al respecto, la parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establecen: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) Atendiendo a las porciones normativas transcritas, conviene indicar que de las garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades y su observancia, se unen además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del precepto 16 de la invocada Carta Magna, y juntas se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, lo que tiene como finalidad que el gobernado conozca la existencia del juicio mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa a través de la organización de un sistema de comprobación tal que quien sostenga una cosa la demuestre y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y finalmente, que el procedimiento iniciado se concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Cobra aplicación la jurisprudencia 218, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260, del tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice del 2000 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro indica: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Entonces, en el caso, la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento; y para no vulnerar la garantía de audiencia se deben respetar las disposiciones legales que se refieren al mismo. Al respecto, es importante destacar el contenido de los artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio, los cuales son del contenido siguiente: 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste. 1393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. (.) De la interpretación literal de los artículos en cita, se sigue que al incoarse un procedimiento ejecutivo mercantil, habiéndose presentado la demanda junto con el título ejecutivo respectivo, la autoridad jurisdiccional librará mandamiento de ejecución en forma, mismo que tiene por efecto: a). Que el deudor sea requerido de pago; b). Que ante la falta de pago, se embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas; y c). El emplazamiento del demandado. Ahora, para diligenciar el citado mandamiento de ejecución en forma, el notificador debe ajustar su actuar a lo siguiente: 1. El requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, se harán personalmente en el domicilio del interesado. 2. Deberá cerciorarse, de que efectivamente el demandado tiene su domicilio en el lugar señalado. 3. Si no encuentra al deudor en la primera búsqueda dejará citatorio para hora hábil dentro de las setenta y dos horas siguientes. 4. Si el deudor no aguarda a la segunda visita, la diligencia de embargo la practicará con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. 5. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el párrafo anterior. 6. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. Como puede advertirse, en materia mercantil -al igual que en cualquier otra-, la notificación del inicio del procedimiento constituye la formalidad esencial más importante, al brindar al gobernado la oportunidad de enterarse de la existencia del juicio iniciado en su contra, para en su momento oponer las excepciones y defensas que tuviere en contra de la acción ejercitada por su contraparte, alegar y ofrecer las pruebas que considere pertinentes en defensa de sus intereses. Además, del contenido de los preceptos transcritos se desprende también que el mandamiento de ejecución recaído al escrito de demanda inicial, consta de tres actos distintos que deben realizarse en la misma diligencia sin solución de continuidad, los que se encuentran sujetos para su validez y eficacia, a las formalidades y requisitos exigidos en aquéllos, o sea, requerimiento, embargo y emplazamiento. Esto es, que no puede desconocerse que esos actos jurídicos distintos de que consta aquel mandamiento, se encuentran estrechamente vinculados entre sí, por un nexo jurídico y lógico en términos de lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, y 1394 del Código de Comercio. En efecto, el requerimiento y embargo, así como el emplazamiento no pueden concebirse jurídicamente en forma independiente, pese a ser actos distintos. En el caso, de la constancia relativa a la cita de espera levantada el veinte de mayo de dos mil nueve (foja 56), se desprende que el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor del Distrito Judicial Bravos, no dio cabal cumplimiento a lo señalado por el artículo 1393 del Código de Comercio; lo anterior, toda vez que el notificador al constituirse en el domicilio proporcionado en autos, en busca del demandado, no asentó con suficiencia las circunstancias y medios que le sirvieron de comprobación de haber acudido al domicilio del demandado; pues únicamente asentó de manera genérica que se constituyó en el domicilio señalado en autos del juicio de origen, sito en calle ***********, en esta ciudad, y que se cercioró de que era el domicilio correcto en virtud de la nomenclatura que aparecía en el exterior del inmueble y por así haberlo confirmado con quien dijo ser la esposa del demandado; no obstante, el solo señalamiento de que se trataba del domicilio del demandado porque así se apreciaba en la nomenclatura exterior del inmueble y por indicarlo quien dijo ser la esposa del demandado, en el presente caso resulta insuficiente para tener pos satisfecho el referido requisito de validez. Por tanto, el funcionario que realizó la cita de espera en comento tenía la obligación de asentar en la constancia respectiva el cercioramiento de que el domicilio en que se constituyó efectivamente fue el señalado en autos, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión pues, de lo contrario, la cita de espera de veinte de mayo de dos mil nueve es ilegal y, por ende, violatoria de garantías. Por ello, se insiste no es bastante el cercioramiento que efectúa el actuario acerca de que el domicilio en que practica tal diligencia es el del demandado, si tal constatación la realiza apoyándose en que tiene a la vista la nomenclatura exterior del inmueble, y por así haberlo confirmado con quien dijo ser la esposa del demandado, puesto que, para ese fin, es necesario que, con los atributos propios de su autoridad, se asegure mediante otros datos que tenga a su alcance, de la efectividad de la designación del domicilio de que se trata, esto es, debe cerciorarse que está en el domicilio correcto y, además que la persona a quien pretende requerir, embargar y llamar a juicio, tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos; por tanto, como se precisó, si la diligencia en comento adolece de los requisitos formales mencionados, resulta ilegal. Luego, si en el presente caso, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, fue omiso en asentar las circunstancias y medios que le sirvieron de comprobación de haber acudido al domicilio realmente señalado en autos como el que corresponde al demandado, la cita de espera previa a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al Juicio Ejecutivo Mercantil **********, del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Bravos, adolece de los requisitos formales contenidos en el artículo 1393 del Código de Comercio. Además, no pasa inadvertido para el suscrito que el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos al llevar a cabo las diligencias encomendadas, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; y, por tanto, sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario. Sin embargo, de la documental pública, consistente en la copia certificada del acta de matrimonio (foja 21), expedida el catorce de agosto de dos mil diecinueve, por la Oficial Mayor del Registro Civil, ofertada por el quejoso, se advierte que ********** contrajo matrimonio con ********* desde el veintidós de febrero de mil novecientos ochenta y seis; lo anterior, sin que se desprenda la disolución de dicho vínculo, al menos hasta la fecha de emisión de la certificación, lo que conlleva que la persona con quien se entendió la diligencia no habría tenido el carácter de esposa (cónyuge) del entonces demandado y aquí quejoso, como se asentó que refirió dicha persona al momento de la diligencia de emplazamiento. En esas condiciones, si el quejoso ofertó una documental pública para demostrar que en el juicio seguido en su contra, y del cual emanan los actos reclamados, la persona con quien se entendió la diligencia de cita de espera no tiene el carácter con que se ostentó, ello demerita el cercioramiento del domicilio realizado por el diligenciario a través de dicha persona de que ese era el domicilio buscado y que constituía el domicilio del demandado, siendo insuficiente con que asentara genéricamente que se cercioró de él a través de "la nomenclatura exterior del inmueble", sin referir ni siquiera si tuvo a la vista el número exterior. Es ilustrativa al caso la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 982, tomo VII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 1998, que dice: "EMPLAZAMIENTO, CERCIORAMIENTO DEFICIENTE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO. No es bastante el cercioramiento que efectúa el actuario acerca de que el domicilio en que practica el emplazamiento es el del demandado, si tal constatación la realiza apoyándose en que ese es el que proporcionó el actor y porque tiene a la vista la nomenclatura y número exterior visible de la finca en que actúa, puesto que, para ese fin, es necesario que, con los atributos propios de su autoridad, se asegure mediante otros datos que tenga a su alcance, de la efectividad de la designación del domicilio de que se trata, esto es, debe cerciorarse que a quien pretende llamar a juicio, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación; por tanto, si el emplazamiento adolece de los requisitos formales mencionados, resulta ilegal." Por otra parte, la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, efectuada el veintiuno de mayo de dos mil nueve, ordenada en el juicio ejecutivo mercantil E7-307/2009, promovido por Manuel G. Guzmán Gallegos, endosatario en procuración de Ignacio Lucero Torres, es del tenor literal siguiente: "En Ciudad Juárez Chihuahua, Distrito Bravos, siendo las CATORCE horas con cuarenta MINUTOS del día VEINTIUNO del mes de MAYO del año dos mil NUEVE, el suscrito Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, LIC. ******** hago saber que acompañado del C. LIC. ********** me constituyo en el domicilio señalado en autos para notificar al C. ********* en LA CALLE ***********, y cerciorado de que es el domicilio correcto en virtud de la nomenclatura que aparece en el exterior del inmueble y no encontrando presente al demandado C. ***********, a pesar de la cita de espera que se le dejara para esta hora, día, mes y año. Y toda vez que toco con insistencia a la puerta del inmueble sin que nadie atienda mi llamado, con lo cual se procede a practicar la diligencia de emplazamiento con fundamento en lo ordenado por los artículos 310, 311, 312 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, notificando íntegramente el (los) auto (s) de fecha (s) DIEZ DE MARZO DE DOS MIL NUEVE, en el primero de ellos se requiere a la parte demandada por el pago de la cantidad de **********, como suerte principal, más los accesorios legales y gastos y costas del juicio y toda vez que el demandado no se encuentra presente se le dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en el momento procesal que le sea oportuno y se le concede la palabra a la parte actora que me acompaña quien indica que bajo su responsabilidad SEÑALA PARA GARANTIZAR LO RECLAMADO EL INMUEBLE Y FINCA EN EL CONSTRUIDA EL CUAL OBRA INSCRITO A NOMBRE DEL DEMANDADO BAJO EL *********** DE ESTA CIUDAD Y CUYOS DATOS OBRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD, QUE ES TODO LO QUE SEÑALA . VISTO LO ANTERIOR EL SUSCRITO DECLARA FORMAL Y LEGALMENTE EMBARGADO LO SEÑALADO TAN SOLO EN CUANTO BASTE Y CUBRA EL MONTO DE LO RECLAMADO. Acto seguido con las copias simples de ley debidamente selladas y cotejadas por la secretaria de autos consistentes en OCHO fojas útiles más UNA de instructivo de la cédula de embargo así como copia al carbón de la presente diligencia los cuales dejo adheridos a la puerta del domicilio con fundamento en los artículos anteriormente mencionados, así mismo le corro traslado y le emplazo a juicio al demandado, haciéndole saber que se le concede el término de ocho días hábiles para que haga el pago o se oponga a la ejecución si tuviere excepciones que hacer valer con lo cual se da por terminada la diligencia firmando para constancia." De la transcripción anterior se advierte que la diligencia de embargo efectuada el veintiuno de mayo de dos mil nueve, no se entendió con persona alguna, no obstante que de conformidad con lo dispuesto por los citados artículos 1393 y 1394, del Código de Comercio, podría practicarse con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viviera en el domicilio señalado y, en su defecto, realizarlo con el vecino más inmediato, al seguir las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles respecto de los embargos por remisión expresa del artículo 1393 del Código de Comercio, específicamente del artículo 432 de aquel ordenamiento, que dice: ARTICULO 432.- Decretado el embargo, si el deudor no fuere encontrado en su domicilio, para hacerle el requerimiento de pago, se le dejará citatorio para que espere a hora fija del día siguiente hábil, y, si no espera, se practicará la diligencia con la persona que se encuentre en la casa, o con el vecino más inmediato. Cuando se encontrare cerrada la casa, o se impidiere el acceso a ella, el ejecutor judicial requerirá el auxilio de la policía, para hacer respetar la determinación judicial, y hará que, en su caso, sean rotas las cerraduras, para poder practicar el embargo de bienes que se hallen dentro de la casa. Fe de erratas al párrafo DOF 13-03-1943 Del dispositivo legal trascrito con antelación se desprende que decretado el embargo, si el deudor no fuere encontrado en su domicilio, para hacerle el requerimiento de pago, se le dejará citatorio para que espere a hora fija del día siguiente hábil, y, si no espera, se practicará la diligencia con la persona que se encuentre en la casa, o con el vecino más inmediato. Lo anterior, evidencia, que la diligencia en comento, no se practicó de conformidad con lo dispuesto por las porciones normativas anteriormente trascritas, al no haberse realizado con persona alguna, por lo que, tal actuación resulta ilegal. Conforme a lo anteriormente expuesto, al resultar ilegal la cita de espera de veinte de mayo de dos mil nueve, así como la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada el veintiuno de mayo de dos mil nueve, y esencialmente fundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, en relación a dichos actos, para efectos de que el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, realice lo siguiente: Emita un auto en el que deje insubsistente la cita de espera de veinte de mayo de dos mil nueve, así como la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada el veintiuno de mayo de dos mil nueve; y en consecuencia, todo lo actuado con posterioridad en el Juicio Ejecutivo Mercantil E7-307/2009; y, Ordene al Registro Público de la Propiedad, realizar las anotaciones correspondientes, para liberar al inmueble relativo del gravamen inscrito con motivo del embargo referido. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso **********, por las razones precisadas en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy diez de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que la que suscribe, Secretaria Encargado del Despacho, no está facultada para fallar en definitiva, de conformidad con el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y para que tenga verificativo se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que conste como legalmente corresponda el oficio de cuenta que remite el Encargado del Departamento de Servicios y Atención a Clientes de la Comisión Federal de Electricidad, por medio del cual, en cumplimiento al proveído de once del mes y año en curso, informa los domicilios registrados a nombre del tercero interesado ********************Por otro lado, en acuerdos de diecisiete, dieciocho y veintitrés de octubre del año en curso, se reservó proveer respecto de lo informado por las diversas autoridades a las que se requirió, en tanto fueran recibidos la totalidad de los oficios solicitados. De los informes remitidos se desprende que existen diversos domicilios registrados a nombre del tercero interesado, nueve en la ciudad de Chihuahua, y cinco más en esta ciudad, estos últimos ubicados en: 1) ********** 2) ********** 3) ********* 4) ********** 5) ********** Consecuentemente, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios Judiciales de la adscripción para que se constituya en los domicilios de referencia a fin de lograr el emplazamiento a juicio de ******************** Ahora, respecto de los domicilios ubicados en la capital de esta entidad federativa, se reserva acordar al respecto hasta en tanto se tenga conocimiento si el Actuario Judicial adscrito, logró el emplazamiento del tercero interesado en los inmuebles ubicados en esta ciudad. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO POR LO QUE SE EMPLAZA A JUICIO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio de la Subadministradora Desconcentrada, en suplencia del Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Chihuahua "2" y del Jefe de la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de los cuales dan cumplimiento al proveído de once de los corrientes. Respecto al Jefe de la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le tiene informando que no existe información en sus bases de datos a nombre del tercero interesado **********. Por su parte, la Subadministradora Desconcentrada, en suplencia del Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Chihuahua "2", informa el domicilio registrado a nombre del tercero interesado Ignacio Lucero Torres; por tanto, una vez que se reciban la totalidad de los oficios de las autoridades requeridas, se acordará lo conducente, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra señalada la audiencia constitucional para esta fecha, sin embargo, dado que aún no se logra el emplazamiento del tercero interesado citado, existe imposibilidad para llevarla a cabo. Consecuentemente, se difiere y se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.ASI MISMO LOS ACUERDOS DE FECHAS VEINTINUEVE DE AGOSTO Y VEINTITRES DE OCTUBRE AMBOS DE DOS MIL DIECINUEVE, LOS CUALES A LA LETRA DICEN: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el escrito signado por **************; y en atención a su contenido téngasele dando cumplimiento a la prevención realizada el veintiséis del actual, por lo que señala como autoridad responsable al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Se ordena la apertura del incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa lo solicitó. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban los oficios de notificación relativo. En el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que los justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir sus informes con justificación se presumirán ciertos los actos reclamados. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Asimismo, en relación con la pruebas documental que anexa la parte quejosa a su demanda de amparo, se tiene por admitida y desahogada, toda vez que así lo permite su propia y especial naturaleza; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Por lo que hace a la instrumental pública de actuaciones, así como la presuncional legal y humana ofrecidas, se tienen por admitidas, toda vez que la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma éste juzgador tomará en consideración, al emitir la sentencia correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo Relaciónense dichos medios de convicción en la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 124 del ordenamiento legal en comento. De igual forma, se ordena realizar el cotejo y compulsa de las documentales anexas al escrito inicial de demanda, a fin de que obren en el incidente de suspensión respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 71/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página siete, tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro siguiente: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Respecto al tercero interesado que refiere el quejoso en su escrito inicial de demanda resérvese proveer respecto a su emplazamiento hasta en tanto se reciban los informes justificados correspondientes. Finalmente, en relación al domicilio y autorizado que refiere el promovente, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que mediante auto de veintiséis del mes y año en curso, se proveyó al respecto. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio de la Subadministradora Desconcentrada, en suplencia del Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Chihuahua "2" y del Jefe de la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de los cuales dan cumplimiento al proveído de once de los corrientes. Respecto al Jefe de la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le tiene informando que no existe información en sus bases de datos a nombre del tercero interesado **********. Por su parte, la Subadministradora Desconcentrada, en suplencia del Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Chihuahua "2", informa el domicilio registrado a nombre del tercero interesado Ignacio Lucero Torres; por tanto, una vez que se reciban la totalidad de los oficios de las autoridades requeridas, se acordará lo conducente, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra señalada la audiencia constitucional para esta fecha, sin embargo, dado que aún no se logra el emplazamiento del tercero interesado citado, existe imposibilidad para llevarla a cabo. Consecuentemente, se difiere y se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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