Alejandro Moreno Ávila

Expediente 536/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
536/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
16/10/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Moreno Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como depurable según lo dispuesto por la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado **********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con los artículos 229, 230, 231 y 241 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta para que conste como legalmente corresponda, con el cual la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado, mediante proveído de diecisiete de los corrientes, comunica que el quejoso **********, el veintinueve de agosto de la presente anualidad, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos con detenido, como probable responsable del delito contra la correcta formación de menores de edad y personas que no tienen la capacidad de comprender; asimismo, informa que mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordenó la libertad del directamente agraviado. Bajo este contexto, de conformidad con lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione o no por alguna de las partes. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 95, del tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo contenido es el siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] La cesación de efectos del acto reclamado a que se refiere el artículo y fracción transcritos se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, el directamente agraviado reclamó a las responsables, la detención efectuada el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, de las copias certificadas remitidas por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, se desprende que el quejoso ************, el veintinueve de agosto de la presente anualidad, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos con detenido; quien mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenó la libertad del directamente agraviado. Documentos los anteriores, a los que se le reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De manera que si ***********, obtuvo su libertad; es indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta de la libertad. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligar a las responsables a poner al quejoso a disposición del Ministerio Público o Juez, correspondiente, o en su caso, en inmediata libertad. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, de conformidad con lo que establece el artículo 63, fracción IV del ordenamiento legal antes invocado. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACUTARIA JUDICIAL, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE AGREGA EL OFICIO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCION XXI, DE LA LEY DE AMPARO, EN RLACION CON EL DIVERSO 63, FRACCION IV. PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Glósense a los autos el oficio y anexos enviados por el Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Chihuahua, mediante el cual informa que el quejoso **, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a las veintitrés horas con cinco minutos del veintinueve de agosto del año en curso, para acreditar su dicho anexa copia certificada del oficio S.S.P.M./D.P/8871/2018, así como las actas respectivas. Atento a lo anterior, con copia simple de los anexos que se reciben requiérase al Fiscal de Distrito en la Zona Norte, en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su notificación, informe la situación jurídica del quejoso **, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas; apercibido que en caso de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, acorde a lo que prevén los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de la Materia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *. Doy fe.

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