Alejandro Guerrero Reyes
Expediente 821/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alejandro Guerrero Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el contenido del oficio SEADS/698/2022 de veintiséis de octubre del presente año, se advierte que la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó la adscripción de la Jueza *************, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De igual manera, según lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 821/2022-III, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******, la cual fue recibida el día hábil siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Penal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, *******, adscrita al Distrito Judicial Bravos, Estado de Chihuahua, en funciones de Control; de quien reclamó la resolución dictada por la Autoridad Responsable en la audiencia de control judicial en fecha quince de agosto del dos mil veintidós, dentro del cuadernillo judicial *******, del Distrito Bravos, mediante la cual se le negó el acceso a los registros contenido en la Carpeta de Investigación *******, que presume se instruye en su contra. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 20 apartado B, fracciones III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 113, fracción VIII, 216, 218, párrafos primero y tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las garantías constitucionales que lo protegen como son la de audiencia y legalidad previstas en los ordinales 14 y 16 del Pacto Federal. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 821/2022-III, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en la negativa de permitirle el acceso a la carpeta de investigación que el quejoso presume se instruye en su contra, con motivo de la denuncia presentada por *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Penal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, *******, adscrito al Distrito Judicial Bravos, Estado de Chihuahua, en funciones de Control, al rendir su informe justificado, convino en la certeza de los actos reclamados, consistente en la resolución dictada por diversa Jueza de Control, *******, en fecha quince de agosto del año en curso, dentro del cuadernillo judicial *******, del Distrito Bravos, mediante la cual se negó al quejoso, el acceso a los registros contenidos en la Carpeta de Investigación *******. Lo anterior, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación en fecha treinta de septiembre del dos mil veintidós, certeza que se corrobora con los discos ópticos que al mismo acompañó, a los cuales se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226.). De igual manera, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: "IMPROCEDENCIA: Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sin embargo, en el caso, no se advierte la actualización de causales de improcedencia, ni las partes hacen valer alguna. QUINTO. Estudio de fondo de la litis. Previo a analizar la cuestión de fondo, así como los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de garantías, esta Juzgadora Federal procede a destacar los antecedentes del acto reclamado, consistente en la determinación de fecha quince de agosto de dos mil veintidós, en la cual, dentro del cuadernillo judicial *******, del Distrito Bravos, mediante la cual se negó al quejoso, el acceso a los registros contenidos en la Carpeta de Investigación *******. Así, de las constancias que obran en el presente sumario, las cuales fueron remitidas por las autoridades responsables, se desprende lo siguiente: El quejoso manifiesta ser médico cirujano de profesión y que tuvo conocimiento que, en el mes de julio del año dos mil diecinueve, una paciente presentó ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Norte, en esta Ciudad, una denuncia en su contra por el delito de práctica indebida del servicio médico, aduciendo supuestas irregularidades en una intervención quirúrgica estética, dando origen a la Carpeta de Investigación ya citada, radicada en la Unidad de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Con fecha de cuatro de marzo del dos mil veintiuno, con motivo de la denuncia penal señalada, se constituyeron en su consultorio y centro de trabajo ubicado en *******, de esta ciudad, diversas personas que identificaron como elementos de la Fiscalía General del Estado, así como otra persona que dijo ser abogado de la denunciante. Se presentaron ante personal de su consultorio, a quien le informaron que acudían con el propósito de asegurar diversa documentación, también le dijeron que era indispensable tomarle una entrevista, y además inspeccionaron y tomaron impresiones fotográficas del recinto. De tal diligencia ministerial, se tomaron impresiones fotográficas por parte de personal de ese consultorio, en la que se observa el recinto, así como a los agentes ministeriales ya citados. En fecha de cinco de marzo del dos mil veintiuno, con motivo de la misma Carpeta de Investigación, el Agente del Ministerio Público *******, le requirió mediante documento identificado con el número de oficio ******* que, en un término menor a 24 horas, le entregara el expediente médico o clínico de *******, con motivo de la intervención quirúrgica de referencia aduciendo que era necesaria para sus averiguaciones. En fecha de once de marzo del dos mil veintidós, se emitió por parte del mismo Agente del Ministerio Público citación urgente para el día doce de marzo del dos mil veintiuno, a las diez horas, a fin de que compareciera a las instalaciones de la Unidad Especializada en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, pidiéndole además que acudiera con el expediente clínico relativo a la intervención quirúrgica de la denunciante, apercibiéndole que en el caso de no presentarse se aplicarían las sanciones correspondientes a los medios de apremio que prevé la ley procesal. En esa fecha doce de marzo del mismo año, acudió a atender tal requerimiento bajo apercibimiento, ello, acompañado de sus entonces abogados, a quienes el Agente del Ministerio Público les informó que no era posible estuvieran presentes en la diligencia. Luego le exigieron la entrega del expediente clínico, y lo interrogaron sobre los hechos de la denuncia. Lo anterior, sin acceso a un defensor y sin respetar su derecho a guardar silencio. Después de terminar la entrevista sobre los hechos de la denuncia, solicitó copia de la declaración que rindió pero le fue negada por el Agente del Ministerio Público. En fecha de treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, solicitó por escrito ante el licenciado César Alfredo Reyes González, Agente del Ministerio Público a cargo del caso, de nueva cuenta se le permitiera el acceso a los registros de la carpeta de investigación, y la expedición de las copias respectivas, sin que hubiera respuesta alguna de parte del funcionario ministerial, haciendo caso omiso a la petición. Con fecha de veintinueve de junio del dos mil veintidós, se presentó ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, solicitud de audiencia judicial, a fin de que se le diera a conocer la negativa de acceso a los registros de investigación. Dicha audiencia judicial tuvo verificativo dentro del cuadernillo judicial ******* en fecha de quince agosto del dos mil veintidós, en la que la Juez Penal de Primaria Instancia, licenciada *******, después de escuchar los hechos expuestos; resolvió que no era dable dar acceso a los registros de investigación, toda vez que no le recae el carácter de imputado en dicha carpeta de investigación. (.)" En consecuencia, de lo anterior se desprende que en fecha quince de agosto de dos mil veintidós, la Jueza de Control, *******, dentro del cuadernillo judicial *******, del Distrito Bravos, negó al quejoso, el acceso a los registros contenido en la Carpeta de Investigación *******, y se remitió para tal efecto copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de referencia, en la que se resolvió lo anterior. Constancias que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fue certificada respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, como es el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. SEXTO. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado, por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación y con esa omisión no se priva al quejoso de derecho alguno. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SEPTIMO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, aún suplidos en su deficiencia en la queja que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de la Ley de Amparo, pues ésa no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Lo anterior, en virtud de que, en el caso que nos ocupa, no han sido satisfechos los requisitos para el otorgamiento del acceso a la carpeta de investigación, solicitado por el quejoso en audiencia de quince de agosto del año dos mil veintidós, por las siguientes consideraciones. La omisión y/o negativa de proporcionar información en torno a si existe una investigación ministerial iniciada en contra del quejoso con el fin de ejercer su derecho a la defensa, es acorde a las disposiciones constitucionales y legales que la regulan, toda vez que su pretensión es conocer si la autoridad ministerial ha iniciado en su contra alguna investigación por su posible participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. En efecto, el simple inicio e integración de una indagatoria no causa agravio a la parte quejosa, ya que corresponde al Ministerio Público investigar los delitos, por lo que tiene la facultad legal de ordenar la comparecencia de las personas imputadas a fin de que rindan su entrevista respecto de los hechos investigados, además que, para asegurar el éxito de su investigación debe guardar sigilo de las actuaciones que lleva a cabo para esclarecer los hechos. Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 21 y 102, apartado A, de la Constitución Federal, que establecen: 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 102. (.) A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio (.) Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine." A su vez, los numerales 112, 127, 129, 141 y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: 112. Denominación Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme. 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. De la interpretación sistemática de la norma constitucional transcrita, se deprende que el monopolio de la investigación corresponde al agente del Ministerio Público y por tal razón, tiene el mandato constitucional de realizar las diligencias necesarias a fin de determinar si se cometió un hecho delictivo, establecer a quienes se les puede imputar su ejecución como autores o participes del mismo y determinar, en su caso, si ha lugar, o no, a ejercer la acción penal ante la autoridad judicial correspondiente. Por otro lado, del código adjetivo se desprende que, la etapa de investigación dentro del proceso penal comprende dos fases: la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia o querella y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación y, la investigación complementaria, que comienza desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Cabe destacar que, en la etapa investigación inicial y complementaria, el representante social tiene la facultad exclusiva de designar a qué persona le corresponde el carácter de imputado como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito, así como, en caso de que lo estime necesario para la investigación, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, ordenar su comparecencia a fin de que rinda su entrevista respecto de los hechos investigados. Ello implica que incumbe al órgano técnico decidir -si así lo estima conveniente para su investigación-, cuándo será citado el imputado para que tenga acceso a los registros que obran en la carpeta respectiva, puesto que los datos que existen en ésta, son de carácter "reservado" en tanto no se judicialice la misma. Sostener lo contrario, resultaría en una invasión a las facultades exclusivas del representante social y se correría el riesgo de entorpecer la investigación de los delitos, lo cual, es de interés de la sociedad. De lo que se sigue, que es hasta ese momento que el gobernado, a quien ya se le ha otorgado la calidad de imputado, cuando puede conocer si se sigue alguna investigación en su contra. Asimismo, los preceptos citados disponen que, una vez que obren en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y exista la probabilidad de que una persona lo cometió o participó en su comisión, el Juez de Control, a solicitud del agente del Ministerio Público al ejercer acción penal, ordenará la citación de ésta en su calidad de imputada para que comparezca a la audiencia inicial, en la que se le hará de su conocimiento la imputación que obra en su contra, los datos de prueba que constan en la investigación y los derechos que le asisten como persona imputada, mismos que no son trastocados con el ejercicio de la acción penal y la citación para audiencia inicial para formular imputación, puesto que tales actos en el sistema procesal penal acusatorio, no traen aparejada una privación de la libertad ni una restricción a los derechos de defensa de los imputados, pues éstos quedan a salvo para que se puedan ejercer plenamente en la audiencia inicial y en su caso, en la investigación complementaria. Apoya a lo anterior la tesis XIII.P.A.54 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Penal, Penal, Décima Época, visible en la página 2275, registro digital 2018142, que es del rubro y texto siguiente: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto constitucional citado prevé y regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al especificar las siguientes hipótesis, cuando: a) el imputado se encuentre detenido; b) pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. Y, es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación. En congruencia, en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador estableció la reserva de los datos de prueba e información que obren en las carpetas de investigación, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a ello, con las limitaciones establecidas en la propia ley; exceptuando de esa reserva, únicamente, a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, ya que éstos sí pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento; y señaló, en términos similares al postulado constitucional, cuáles son los momentos en que el imputado y su defensor pueden tener acceso al legajo de investigación, a saber cuando: 1) el imputado se encuentre detenido; 2) sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y, 3) una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Por tanto, si no se presenta alguno de esos supuestos, la negativa de la Representación Social de dar acceso a la carpeta de investigación a la persona sujeta a investigación y a su defensor, es acorde con los artículos constitucional y legales mencionados. Lo que se robustece con las consideraciones plasmadas en la jurisprudencia 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materias: Común, Penal, visible en la página 239, registro digital 2018828, cuya literalidad es: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese contexto normativo, es evidente que el acto reclamado en el presente asunto, se encuentra apegado a derecho, toda vez que corresponde al Ministerio Público determinar cuando una persona tiene el carácter de imputado y en su caso citarlo para que intervenga en la carpeta de investigación, siempre que lo considere necesario, cuidando el sigilo para asegurar el éxito de la actividad persecutora; ya que en el sistema procesal penal de corte acusatorio, la investigación inicial constituye una etapa en la que medularmente la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez, con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Dicho procedimiento administrativo-penal se traduce en el instrumento con el que cuenta el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales; razón por la cual, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". Así, del análisis de la resolución de la Jueza de Control, *******, de fecha quince de agosto del dos mil veintidós, dentro del cuadernillo judicial *******, del Distrito Bravos, se advierte que el acto reclamado se encuentra ajustado a derecho, toda vez que, como lo señala la Jueza responsable en su resolución, corresponde al representante social, en uso de su facultad exclusiva constitucional y legal, determinar si a la parte quejosa, le reviste el carácter de imputado. Siendo ese momento, cuando podrá ser citado a comparecer para esclarecer los hechos investigados, o bien, cuando el Juez de Control, a petición del agente del Ministerio Público, lo cite en calidad de imputado a la audiencia inicial a fin de que se le hagan de su conocimiento los hechos que se le atribuyen, pues en estos dos momentos, se le dará acceso a los datos de prueba que constan en la investigación y se le reconocerá los derechos que le asisten en su calidad de imputado. En ese sentido, si hasta este momento, como lo señaló la responsable en su resolución, no se ha definido alguna imputación contra el hoy quejoso es manifiesto que no existe obligación de informarle si existe alguna investigación seguida en su contra conforme lo establece el artículo 266 Código Nacional de Procedimientos Penales, aún y cuando ha sido citado en calidad de testigo y las diligencias de investigación realizadas en su domicilio laboral, han sido realizadas en el marco de la investigación inicial. Para robustecer lo anterior, cabe señalar que conforme con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los imputados y sus defensores únicamente podrán tener acceso a la investigación en tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido. 2) Cuando pretenda recibírsele su declaración; es decir, cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo; y, 3) Antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En virtud de lo anterior, es que correctamente, la jueza de control responsable, determinó que en el caso a estudio, no es procedente informarle si se ha iniciado alguna investigación en su contra, pues será hasta el momento en que se actualicen los supuestos a que se ha hecho referencia que podrá enterarse del contenido de la misma. Por tanto, dado que aún no le asiste en su favor los derechos humanos que la Carta Magna y el Código Nacional de Procedimientos Penales consagra para las personas imputadas, no puede tener información sobre la existencia o no de alguna investigación mientras tanto no tenga el carácter de imputado o se realice un acto de molestia en su persona. Sirve de apoyo, por las razones que expone el contenido de la tesis I.1o.P.89 P (10a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Décima Época, Materias: Constitucional y Penal, visible en la página 2036, registro digital 2016068, cuyo contenido literal es el siguiente: ACCESO DEL IMPUTADO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. HASTA EN TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO LO ESTIME CONVENIENTE PARA EL ÉXITO DE SU INVESTIGACIÓN, QUIENES TENGAN O NO RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, NO TIENEN DERECHO A QUE SE LES PERMITA SU CONSULTA Y, POR ENDE, QUE SEAN CITADOS PARA COMPARECER, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO. Conforme al artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental que al imputado, por la posible comisión de un delito, le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; empero, tocante a los registros de la investigación, es específico en constreñir su acceso a tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido; 2) Cuando pretenda recibírsele su declaración o entrevistarlo; y, 3) Antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Las tres hipótesis aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del proceso penal, pues mientras los supuestos 1) y 2) se refieren a acontecimientos que son dables de suceder en la etapa de investigación inicial, el diverso 3) apunta a un acto que debe verificarse en la etapa de investigación complementaria, es decir, en la fase judicializada de la investigación durante la celebración de la audiencia inicial (en la que se formula la imputación). Sin embargo, de una interpretación sistemática a tales hipótesis, se colige que las tres son coincidentes en apuntar a los registros de investigación que integra el Ministerio Público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, ya que en esta última etapa, al hallarse judicializada, todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa guisa, tratándose del supuesto 2), éste se refiere a una posición pasiva por parte del imputado, en la medida en que para que pueda tener acceso a los registros contenidos en la carpeta de investigación, se encuentra supeditado a la voluntad de un tercero en la que desee llevar a cabo diligencias como la de recibir declaraciones o entrevistas, las que -por antonomasia- son las que -de estimarlas necesarias- realiza el órgano persecutor (Ministerio Público) durante la investigación inicial, para el correcto esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, existe una restricción de índole constitucional que impide que quien tenga reconocido el carácter de imputado -y más aún, quien no tenga reconocida esa calidad- durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera libre y espontánea, es decir, en el momento en que así lo desee, incluso, sin necesidad de ser citado, a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, es decir, a tener acceso a ésta y así encontrarse en posibilidad de ejercer sus derechos conforme a sus intereses legales convenga. Sino que lejos de esto, ni en la Constitución Federal ni en el código mencionado se observa que el imputado tenga derecho a lo contrario, hasta en tanto el Ministerio Público así lo estime conveniente para el éxito de su investigación, tal como se advierte de los artículos 113, fracción VIII y 216 de la legislación nacional invocada. Sin que sea óbice a lo anterior, que la única condición que tiene la autoridad ministerial es que una vez que le dé el acceso condigno a los registros de la investigación al imputado, éstos ya no se podrán tener bajo reserva, salvo las excepciones previstas en la ley, pero en todos los casos deberán hacerse del conocimiento oportuno de aquél, a fin de no afectar su derecho de defensa. Así, contrario a lo que aduce la parte quejosa, de las constancias remitidas por la responsable, esta Juzgadora advierte que la Jueza de Control, del Distrito Judicial Bravos, actuó de manera correcta, pues con base en las circunstancias del caso, y toda vez que de autos se desprende, que las investigaciones realizadas han sido dentro de la etapa inicial, en la cual no ha sido reconocido al quejoso el carácter de imputado, con lo cual, no se encuentra satisfecho el requisito legal antes mencionado para darle acceso a la carpeta de investigación de referencia. Por lo que, la resolución dictada dentro del cuadernillo judicial *******, del Distrito Bravos, mediante la cual se negó al quejoso, el acceso a los registros contenido en la Carpeta de Investigación *******, resulta apegada a derecho. Los razonamientos expuestos con antelación, evidencian lo infundado del concepto de violación de la parte quejosa, en el sentido de que hasta en tanto no le sea reconocido el carácter de imputado, dentro de la carpeta de investigación de marras, no podrá tener acceso a las constancias que obran en dicha carpeta de investigación. Congruente con las anteriores consideraciones y en razón de que no se observó alguna deficiencia de la queja que suplir que derive beneficio al quejoso en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), acorde con el penúltimo párrafo del ordenamiento invocado de la Ley de Amparo, procede negar al directo quejoso *******, el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy diez de noviembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que deben mediar entre la vista al quejoso de la rendición del informe justificado y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, dado que el tres de los actuales, se recibió el informe justificado del Juez Penal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Juez Penal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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