Alejandro Aguilar Bautista

Expediente 321/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
321/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/04/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Aguilar Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio 2130/2018, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual informa que el dieciséis de abril del año en curso, dentro de los autos del amparo directo D-57/2018, el Magistrado Presidente de dicho órgano, determinó aceptar la competencia planteada por la suscrita Juzgadora. Ahora bien, háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCION DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio 2130/2018, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual informa que el dieciséis de abril del año en curso, dentro de los autos del amparo directo D-57/2018, el Magistrado Presidente de dicho órgano, determinó aceptar la competencia planteada por la suscrita Juzgadora. Ahora bien, háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo presentada por Alejandro Aguilar Bautista, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 321/2018-C. INCOMPETECIA. En principio debe señalarse que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama de la autoridad responsable ordenadora el acuerdo emitido en el toca de apelación 916/2016, del índice de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, que tuvo por no admitido el recurso de apelación hecho valer por el aquí quejoso y su defensa, en contra de la sentencia de primera instancia emitida el ocho de junio de dos mil diecisiete. En el caso, se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 34, 47, párrafo primero y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; específicamente, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno residente en esta ciudad. Dichos numerales disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)" Los artículos transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. Asimismo, definen sentencia definitiva como aquélla que decide el juicio en lo principal, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por la que pueda ser modificada o revocada, en tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; esto es, que sin dirimir la controversia principal, dan por terminada la contienda judicial. Finalmente, disponen que cuando ante el Juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva o laudo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, dicho Juzgado se declarará legalmente incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Por otra parte, resulta pertinente señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida ha sostenido el criterio que las determinaciones que desechan, o declaran infundado el recurso de denegada apelación ponen fin al juicio; por tanto, podrán impugnarse por medio del juicio de amparo directo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales que pongan fin al juicio y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan modificarse o revocarse; asimismo, los artículos 44 y 46 de la Ley citada señalan que puede promoverse amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, precisando que éstas son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario. En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, además de que tanto los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como los diversos 435 a 442 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que aluden al indicado recurso, no prevén algún medio de defensa en su contra." Derivado de lo anterior, a juicio de la suscrita, cuando en la especie un tribunal de segunda instancia confirma el desechamiento del recurso de denegada apelación en contra de la sentencia dictada por el juez de Primera Instancia; dicha determinación constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio. Máxime, que la legislación local no prevé algún medio de defensa en su contra. En esa tesitura, en la especie el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo constituye el acuerdo emitido en el toca de apelación 916/2016, del índice de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, que tuvo por no admitido el recurso de apelación hecho valer por el aquí quejoso y su defensa, en contra de la sentencia de primera instancia emitida el ocho de junio de dos mil diecisiete. En ese sentido, si bien es cierto que la resolución reclamada no constituye una sentencia definitiva, también lo es que sí puso fin al procedimiento lo cual, es competencia del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno residente en esta ciudad, de conformidad a lo señalado por el artículo 170, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. Corolario de lo anterior se reitera, la resolución reclamada sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, al no contar el ahora quejoso con diverso medio de impugnación, por virtud del cual pueda modificar o revocar el acto que reclama, pues constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio. Bajo esa línea de pensamiento, salvo mejor decisión del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, contra la resolución reclamada, que tuvo por no admitido el recurso de apelación hecho valer por el ahora quejoso y su defensa, emitida por la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca de apelación 916/2016, en contra de la sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete, del índice del Juzgado Segundo de lo penal del Distrito Judicial de Puebla, dictada en la causa penal de origen 333/2014, procede el juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora, tomando en consideración que, en el caso, la resolución reclamada es en materia penal, se remite el presente juicio de amparo y dos tomos de pruebas al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en turno, para la determinación correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracciones III, inciso a); V, inciso a), y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Juzgadora, declara su incompetencia legal para conocer y resolver la demanda promovida por Alejandro Aguilar Bautista, estimándose constitucional y legalmente competente, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en turno, conforme lo disponen los numerales 170 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer en materia penal, sobre sentencias o resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales, salvo mejor decisión de la superioridad. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias respectivas, y remítanse los autos que integran el presente expediente de amparo 321/2018 al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; asimismo, una vez turnado al órgano jurisdiccional respectivo (Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito) que competa recibir la demanda de amparo, se le solicita atentamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el ubicado en calle Doce (12) Oriente, número seiscientos ocho (608), Centro Histórico de la ciudad de Puebla. AUTORIZADOS. En términos del párrafo segundo, parte in fine, del artículo 12 de la Ley de la Materia, se tiene(n) como autorizado(s) sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a la(s) persona(s) designada(s), quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no acreditar encontrarse legalmente autorizada(s) para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ni proporcionarse los datos correspondientes de su cédula profesional. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PERITO DESIGNADO POR LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 06 DE abril DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil dieciocho. Visto, la certificación secretarial que antecede y el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, en atención a su contenido, téngase al quejoso Jesús Arturo Beltrán Salgado ampliando el cuestionario original para el desahogo de la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía que ofreció y se admitió en auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho. En tales condiciones, de conformidad con los numerales 67, 119 y 120 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación al cuestionario de la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía que ofreció la parte quejosa, se califican de legales todas las cuestiones; asimismo distribúyase entre las partes, copia simple de la ampliación del cuestionario relativo a la prueba pericial admitida, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Por tanto, gírese oficio a la Directora General de Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de que notifique el presente proveído a Jorge Octavio Linares Ramírez, perito en materia de documentoscopía y grafoscopía designado para fungir por parte de este Juzgado de Distrito, para lo cual, deberá remitir a este órgano jurisdiccional dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este auto, la constancia con la que acredite su cumplimiento. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo..."

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