Alejandra Teodora Santiago Perez
Expediente 1124/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1124/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandra Teodora Santiago Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
(publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 27 DE OCTUBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. DESAGOGO DE LA DEMANDA. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ***, a través del cual, da cumplimiento al requerimiento de prevención que se le formuló el diecinueve de octubre pasado, y al efecto, señala como autoridades responsables las siguientes. En su carácter de ordenadora: José Domingo Correo Jiménez, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En su carácter de ejecutoras: Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Claudia Hernández Flores. Tochihuil Ortega. José German Rodríguez Corte. Yair Enoc Romero Morales. Heriberto Pérez Cabrera. Andrés Rubén Morales García. Además, la quejosa pretende ampliar su demanda de amparo y al efecto señala como nuevos actos reclamados, los consistentes en: La indebida orden de abuso de autoridad y la violación de mi derecho humano contemplado en el artículo 16 de la Constitución Federal; y, La ejecución. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En relación con el acto reclamado consistente en el cateo practicado sobre el bien inmueble ubicado en: Enrique Cordero lote 13, colonia Historiadores, de la Ciudad de Puebla, se estima que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)." En efecto, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Por tanto, si la parte quejosa se duele del cateo practicado sobre el bien inmueble identificado como Enrique Cordero lote 13, colonia Historiadores, de la Ciudad de Puebla, es evidente, que dicho acto reclamado fue consumado de modo irreparable, pues en el caso de que se conceda a la parte quejosa la protección de la justicia federal, sería imposible su reparabilidad física y material antes de cometida su violación, al ya haberse ejecutado el cateo que se reclama. De manera que de existir violaciones a los derechos humanos en la emisión y/o ejecución de la orden de cateo, éstas -en su caso- se estudiarán cuando se analice el aseguramiento reclamado; sin embargo, el amparo que -en su caso- se otorgue, no impactará en los actos por los que se desecha la demanda, sino únicamente en el aseguramiento. Sustenta lo anterior los siguientes criterios: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. Por consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno". De igual forma, se invoca en apoyo la tesis de rubro y texto siguientes: "CATEO EJECUTADO. AMPARO IMPROCEDENTE. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de cateo, misma que según consta en autos ya fue ejecutada sin que se hubiese constituido el depósito de los bienes embargados, es incuestionable que tal acto quedó consumado de un modo irreparable, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción IX de la Ley de Amparo." Máxime que la posible afectación que pudo haber ocasionado la emisión de la orden de cateo y su ejecución, respecto del derecho a la inviolabilidad del domicilio, en todo caso fue momentánea y transitoria, agotándose el día en que se llevó a cabo dicha orden, sin que pudiera subsanarse con motivo de una sentencia concesoria, aun considerando que jurídicamente pudiera controvertirse la obtención de indicios o datos de prueba que se hubieran derivado de aquella diligencia, pues ello solo tendría por objeto su exclusión probatoria -por parte de la autoridad judicial del orden común- como acto jurídico procesal, pero no implicaría revertir acto material alguno. De tal manera, que a nada práctico se llegaría con la concesión del amparo que en todo caso se dictara respecto a dicho acto reclamado, dado que su efecto tendría como límite que se dejara sin efectos la orden de cateo para que no se verificara; lo que de ninguna manera restituye la violación alegada por el quejoso, en virtud de que, se reitera, ya se llevó a cabo. Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto del acto consistente en la orden de cateo. En diverso aspecto, la quejosa en su demanda señaló que al momento de ejecutarse la orden de cateo, fue privada de su libertad; sin embargo, en autos obra la razón asentada por el actuario judicial de la adscripción, de la que se advierte que en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se avocó a la localización de la quejosa Alejandra Teodora Santiago Pérez, en el domicilio ubicado en calle Enrique Cordero lote 13, colonia Historiadores, de la Ciudad de Puebla, y cerciorado de ser el inmueble correcto, fue atendido por una persona del sexo masculino, quien dijo ser hijo de la persona buscada, y le hizo saber que la citada quejosa ya no se encuentra incomunicada y gozaba de su libertad. Incluso el veinte de octubre de dos mil veintidós, la quejosa compareció al local de este juzgado y manifestó que se encontraba gozando de su libertad. De lo que se sigue que se sigue que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la privación de la libertad con motivo del desahogo de una orden de cateo. Por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, por lo que hace a la ampliación de demanda que pretende hacer valer el quejoso, es necesario precisar, el contenido del artículo 111 de la Ley de Amparo vigente el cual prevé expresamente la posibilidad de ampliar una demanda, bajo dos hipótesis: i) Cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación; ii) Que, con independencia del punto anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en este caso la ampliación de la demanda deberá promoverse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; y, iii) Que la ampliación de demanda se formule antes de la celebración de la audiencia constitucional. Enseguida, la jurisprudencia 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12 del Tomo XVIII de julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, detalla que la ampliación de demanda, es admisible cuando ocurren las siguientes hipótesis: a) Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; b) Cuando en dicho informe se fundamente o motive el acto reclamado; o, c) Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. Jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por tanto, para la procedencia de la ampliación de demanda de amparo, es necesario, primero, que en autos obren los informes justificados de las autoridades responsables, y de aquéllos aparezcan datos no conocidos por la parte quejosa; y, segundo, que cuando dicha parte procesal, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad, éstos deban estar vinculados con los reclamados inicialmente, pudiendo recaer la ampliación no sólo respecto de dichos actos, sino también sobre nuevas autoridades responsables o conceptos de violación distintos a los señalados en el escrito inicial de amparo, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales. Lo que en el caso no ocurre, pues la demanda que presentó la quejosa no se admitió a trámite como se advierte de párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. DESAGOGO DE LA DEMANDA. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ***, a través del cual, da cumplimiento al requerimiento de prevención que se le formuló el diecinueve de octubre pasado, y al efecto, señala como autoridades responsables las siguientes. En su carácter de ordenadora: José Domingo Correo Jiménez, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En su carácter de ejecutoras: Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Claudia Hernández Flores. Tochihuil Ortega. José German Rodríguez Corte. Yair Enoc Romero Morales. Heriberto Pérez Cabrera. Andrés Rubén Morales García. Además, la quejosa pretende ampliar su demanda de amparo y al efecto señala como nuevos actos reclamados, los consistentes en: La indebida orden de abuso de autoridad y la violación de mi derecho humano contemplado en el artículo 16 de la Constitución Federal; y, La ejecución. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En relación con el acto reclamado consistente en el cateo practicado sobre el bien inmueble ubicado en: Enrique Cordero lote 13, colonia Historiadores, de la Ciudad de Puebla, se estima que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)." En efecto, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Por tanto, si la parte quejosa se duele del cateo practicado sobre el bien inmueble identificado como Enrique Cordero lote 13, colonia Historiadores, de la Ciudad de Puebla, es evidente, que dicho acto reclamado fue consumado de modo irreparable, pues en el caso de que se conceda a la parte quejosa la protección de la justicia federal, sería imposible su reparabilidad física y material antes de cometida su violación, al ya haberse ejecutado el cateo que se reclama. De manera que de existir violaciones a los derechos humanos en la emisión y/o ejecución de la orden de cateo, éstas -en su caso- se estudiarán cuando se analice el aseguramiento reclamado; sin embargo, el amparo que -en su caso- se otorgue, no impactará en los actos por los que se desecha la demanda, sino únicamente en el aseguramiento. Sustenta lo anterior los siguientes criterios: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. Por consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno". De igual forma, se invoca en apoyo la tesis de rubro y texto siguientes: "CATEO EJECUTADO. AMPARO IMPROCEDENTE. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de cateo, misma que según consta en autos ya fue ejecutada sin que se hubiese constituido el depósito de los bienes embargados, es incuestionable que tal acto quedó consumado de un modo irreparable, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción IX de la Ley de Amparo." Máxime que la posible afectación que pudo haber ocasionado la emisión de la orden de cateo y su ejecución, respecto del derecho a la inviolabilidad del domicilio, en todo caso fue momentánea y transitoria, agotándose el día en que se llevó a cabo dicha orden, sin que pudiera subsanarse con motivo de una sentencia concesoria, aun considerando que jurídicamente pudiera controvertirse la obtención de indicios o datos de prueba que se hubieran derivado de aquella diligencia, pues ello solo tendría por objeto su exclusión probatoria -por parte de la autoridad judicial del orden común- como acto jurídico procesal, pero no implicaría revertir acto material alguno. De tal manera, que a nada práctico se llegaría con la concesión del amparo que en todo caso se dictara respecto a dicho acto reclamado, dado que su efecto tendría como límite que se dejara sin efectos la orden de cateo para que no se verificara; lo que de ninguna manera restituye la violación alegada por el quejoso, en virtud de que, se reitera, ya se llevó a cabo. Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto del acto consistente en la orden de cateo. En diverso aspecto, la quejosa en su demanda señaló que al momento de ejecutarse la orden de cateo, fue privada de su libertad; sin embargo, en autos obra la razón asentada por el actuario judicial de la adscripción, de la que se advierte que en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se avocó a la localización de la quejosa Alejandra Teodora Santiago Pérez, en el domicilio ubicado en calle Enrique Cordero lote 13, colonia Historiadores, de la Ciudad de Puebla, y cerciorado de ser el inmueble correcto, fue atendido por una persona del sexo masculino, quien dijo ser hijo de la persona buscada, y le hizo saber que la citada quejosa ya no se encuentra incomunicada y gozaba de su libertad. Incluso el veinte de octubre de dos mil veintidós, la quejosa compareció al local de este juzgado y manifestó que se encontraba gozando de su libertad. De lo que se sigue que se sigue que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la privación de la libertad con motivo del desahogo de una orden de cateo. Por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, por lo que hace a la ampliación de demanda que pretende hacer valer el quejoso, es necesario precisar, el contenido del artículo 111 de la Ley de Amparo vigente el cual prevé expresamente la posibilidad de ampliar una demanda, bajo dos hipótesis: i) Cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación; ii) Que, con independencia del punto anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en este caso la ampliación de la demanda deberá promoverse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; y, iii) Que la ampliación de demanda se formule antes de la celebración de la audiencia constitucional. Enseguida, la jurisprudencia 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12 del Tomo XVIII de julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, detalla que la ampliación de demanda, es admisible cuando ocurren las siguientes hipótesis: a) Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; b) Cuando en dicho informe se fundamente o motive el acto reclamado; o, c) Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. Jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por tanto, para la procedencia de la ampliación de demanda de amparo, es necesario, primero, que en autos obren los informes justificados de las autoridades responsables, y de aquéllos aparezcan datos no conocidos por la parte quejosa; y, segundo, que cuando dicha parte procesal, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad, éstos deban estar vinculados con los reclamados inicialmente, pudiendo recaer la ampliación no sólo respecto de dichos actos, sino también sobre nuevas autoridades responsables o conceptos de violación distintos a los señalados en el escrito inicial de amparo, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales. Lo que en el caso no ocurre, pues la demanda que presentó la quejosa no se admitió a trámite como se advierte de párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. ACATA SUSPENSIÓN DE PLANO. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable 2. Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través del cual, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, realiza diversas manifestaciones con relación a la suspensión de plano concedida por este juzgado a la quejosa ***. De lo que anterior, toma conocimiento el suscrito Juez Federal para los efectos legales a que haya lugar. -MEDIOS DE CONTACTO. Téngase el correo electrónico y número telefónico que señala la autoridad responsable como medio para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones, ni notificarse por ese medio y solo en casos excepcionales. COMPARECENCIA DE LA QUEJOSA. Agréguese a los autos la comparecencia al local de este juzgado de la quejosa ***, el veinte de octubre de dos mil veintidós, por la que se le tuvo manifestando que se encuentra gozando de su libertad. De lo que toma conocimiento el suscrito Juez Federal para los efectos legales a que haya lugar. De igual manera, se hace constar que el veinte de octubre pasado se le hizo entrega de la determinación dictada el diecinueve de octubre del año en curso, en autos del juicio de amparo en que se actúa, relativa a la suspensión de plano que le fue concedida. Notifíquese por lista a las partes.
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San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. I. ACATA SUSPENSIÓN DE PLANO. Agréguense a los autos los oficios de las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 3. Fiscal Especializado en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por su representación -cada uno por duplicado, a través de los cuales, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, realizan diversas manifestaciones con relación a la suspensión de plano concedida por este juzgado a la quejosa Alejandra Teodora Santiago Pérez, e informan que la citada no está ni estuvo en calidad de detenida, presentada o asegurada en ninguna de la Agencias del Ministerio Público o áreas de seguridad dependientes de la Fiscalía General; ni en las Unidades de Investigación Especializada. De lo que anterior, toma conocimiento el suscrito Juez Federal para los efectos legales a que haya lugar. Así mismo, en términos del artículo 9 del indicado ordenamiento, téngase a la autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Puebla dedignando como delegado a la personas que indica en el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. II. RAZÓN ACTUARIAL. Intégrese a las presentes actuaciones la razón asentada por el actuario judicial de la adscripción, de la que se advierte que en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se avocó a la localización de la quejosa Alejandra Teodora Santiago Pérez, en el domicilio ubicado en calle Enrique Cordero lote 13, colonia Historiadores, de la Ciudad de Puebla, y cerciorado de ser el inmueble correcto, fue atendido por una persona del sexo masculino, quien dijo ser hijo de la persona buscada, quien le hizo saber que la citada quejosa ya no se encuentra incomunicada y goza de su libertad. Además, la persona que atendió la diligencia hizo saber que acudiría al juzgado para demostrar su libertad. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes.
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