Alejandro Adan Negrete Dieguez
Expediente 60/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 21/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Adan Negrete Dieguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del treinta de julio al diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado consistente en copia certificada de la causa penal 83/2014 de su índice, devuélvasele los anexos I a IV, que se formaron con dicha documental y solicítese para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil dieciocho (foja 375), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 103 a 136), se concedió el amparo y protección a Alejandro Adán Negrete Díeguez, para que el Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción, I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor de Alejandro Adán Negrete Díeguez, porque el acto reclamado atenta contra los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 16 y 22, de la Constitución Federal, por lo que el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos la resolución que emitió el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 83/2014, de su índice, en la que decretó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, como probable responsable del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción, XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometido en agravio de J. C. A. 2. En su lugar, dicte una nueva resolución de plazo constitucional que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero al emitirla, la autoridad señalada como responsable deberá reiterar las cuestiones que no fueron materia de concesión en la presente sentencia (por constituir cosa juzgada) y con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, deberá purgar los vicios formales indicados, es decir, tendrá que valorar el material probatorio que estime apto para el análisis de la probable responsabilidad del inculpado, conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Y, para el caso, de que le juez de origen, en acatamiento la fallo protector de garantías, dicte un nuevo auto de formal prisión, además de lo anterior, deberá ordenar la investigación de los actos de tortura alegados por el aquí quejoso, a fin de verificar el impacto que tal cuestión pueda tener durante el proceso; pues para el caso de que se acredite su existencia, los efectos únicamente trascenderán en relación con el material probatorio que, en su caso, será objeto de exclusión al dictar sentencia definitiva. (.) En el entendido de que, para acatar el fallo protector de garantías, el juez primigenio deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.) Además, es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al demandante constitucional, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución. (.)" Inconforme con tal determinación, el quejoso Alejandro Adán Negrete Díeguez, por conducto de su autorizado en términos amplios, interpuso recurso de revisión en su contra (fojas 149 a 153); medio de impugnación del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número R-141/2018 de su estadística (foja 296) y en ejecutoria de veintiocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 299 a 334), confirmó la sentencia sujeta a revisión, por lo que en acuerdo de once de julio actual (foja 337 a 340) se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 3944 de dieciséis de julio de dos mil dieciocho (foja 352), el Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 83/2014 de su índice (fojas 353 a 374). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 83/2014, de su índice, en la que decretó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, como probable responsable del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción, XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometido en agravio de J. C. A. (foja 353 vuelta). 2. El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, resolvió la situación jurídica del quejoso, ya que dictó nuevamente auto de formal prisión contra el aquí quejoso por su probable participación en la comisión del injusto penal citado y, siguiendo los lineamientos del fallo protector, analizó la probable responsabilidad del quejoso y valoró las pruebas que obran en la causa penal de origen en términos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (fojas 366 a 368 vuelta, 372 y 372 vuelta). 3. Ordenó la investigación de los actos de tortura alegados por el aquí quejoso dentro del proceso penal de origen, por lo que dio vista a la agente del Ministerio Público de su adscripción para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que estime pertinente, así como para que ejerza sus facultades de investigación; estableció que para el caso de que se acredite su existencia, los efectos únicamente trascenderán en relación con el material probatorio que, en su caso, será objeto de exclusión al dictar sentencia definitiva (foja 373 vuelta y 374). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito de Puebla y anexo, con el que manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA AL ASESOR JURÍDICO FEDERAL ADSCRITO A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS REPRESENTANTE DE LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, once de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el toca R-141/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, así como los autos originales de dicho juicio y cuatro anexos. En consecuencia, acúsese recibo, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En tal virtud, comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a ALEJANDRO ADÁN NEGRETE DIÉGUEZ, respecto del acto y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla, para que dentro del término prudente de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: "(.) NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción, I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor de Alejandro Adán Negrete Diéguez, porque el acto reclamado atenta contra los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 16 y 22, de la Constitución Federal, por lo que el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos la resolución que emitió el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 83/2014, de su índice, en la que decretó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, como probable responsable del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción, XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometido en agravio de J. C. A. 2. En su lugar, dicte una nueva resolución de plazo constitucional que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero al emitirla, la autoridad señalada como responsable deberá reiterar las cuestiones que no fueron materia de concesión en la presente sentencia (por constituir cosa juzgada) y con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, deberá purgar los vicios formales indicados, es decir, tendrá que valorar el material probatorio que estime apto para el análisis de la probable responsabilidad del inculpado, conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos en Materia de Defesa Social para el Estado de Puebla. Y, para el caso, de que le juez de origen, en acatamiento la fallo protector de garantías, dicte un nuevo auto de formal prisión, además de lo anterior, deberá ordenar la investigación de los actos de tortura alegados por el aquí quejoso, a fin de verificar el impacto que tal cuestión pueda tener durante el proceso; pues para el caso de que se acredite su existencia, los efectos únicamente trascenderán en relación con el material probatorio que, en su caso, será objeto de exclusión al dictar sentencia definitiva. En relación con este último efecto del amparo, resulta aplicable, en lo conducente, la tesis I.5o.P.47 P (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto textualmente son los siguientes: "ACTOS DE TORTURA. SI EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y EL JUEZ DE DISTRITO NO ADVIERTE CON LAS PRUEBAS ALLEGADAS, DATOS EFICACES PARA CONCLUIR QUE EXISTIERON CONTRA EL QUEJOSO, QUE LO CONDUZCAN A PRONUNCIARSE SOBRE LA EXPULSIÓN DE PRUEBAS DERIVADAS DE AQUÉLLOS, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE DEJE INTOCADO DICHO AUTO, SIEMPRE QUE FUERE APEGADO A LA LEGALIDAD, Y ORDENE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE, A FIN DE VERIFICAR EL IMPACTO QUE ELLO PUEDA TENER DURANTE EL PROCESO. De acuerdo con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tópico de tortura, cuando el Juez de la causa tiene conocimiento o el propio indiciado o procesado denuncie que ha sufrido tortura o ha sido objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes, debe: 1. Ordenar la realización de las diligencias que considere necesarias para descubrir indicios de tortura y, en caso de encontrarlos (en certificados médicos de lesiones o estudios psicológicos realizados conforme al Protocolo de Estambul), el Estado tiene la carga de la prueba para desvirtuar dichos indicios, con las consecuencias que la citada situación conlleva; y, 2. De manera paralela, dar vista al Ministerio Público para que inicie la averiguación previa correspondiente y realice las diligencias para comprobar el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura, bajo el estándar probatorio de este tipo de procesos, en el entendido de que esas investigaciones son autónomas. De ahí que si el acto reclamado es el auto de formal prisión y el Juez de Distrito no advierte con los medios de prueba allegados hasta ese momento, datos eficaces para concluir que efectivamente existió la tortura alegada por el quejoso, que lo conduzcan a pronunciarse sobre la expulsión de pruebas derivadas de aquélla, procede conceder el amparo para que deje intocado dicho auto siempre que fuere apegado a la legalidad, y ordene la investigación de los actos de tortura alegados, a fin de verificar el impacto que ello pueda tener durante el proceso, pues en caso de que se acredite su existencia, los efectos únicamente trascenderán en relación con el material probatorio que, en su caso, será objeto de exclusión al dictar sentencia. Incluso, dicha concesión debe prevalecer aun cuando la responsable hubiere ordenado el cierre de la instrucción, ya que en ese caso, los efectos de la concesión traerán como consecuencia que dicho auto quede sin efectos, a fin de que el Juez de instancia pueda cumplir con los efectos de la sentencia amparadora." Cabe indicar, que la sentencia no surte efectos inmediatos de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Amparo, al no actualizarse el supuesto establecido en dicho precepto, pues la concesión de amparo no es lisa y llana, por lo que no tiene por efecto dejar en libertad al quejoso, sino sólo que subsanen los vicios de forma detectados. En el entendido de que, para acatar el fallo protector de garantías, el juez primigenio deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. Norma el criterio de la suscrita Jueza Federal, la jurisprudencia 1a./J. 75/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo." Además, es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al demandante constitucional, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución. A lo anteriormente razonado, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 228, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente señala: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." (.)" Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, la Sala responsable incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por la Juzgadora Federal, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse de la Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla, este cuenta con total independencia y autonomía para emitir sus resoluciones, por tanto, carece de superior jerárquico, tiene aplicación a lo anterior, por analogía, el criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.
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