Alejandro Alfredo Osorio Sanchez
Expediente 2128/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2128/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Alfredo Osorio Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 09 DE septiembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (fojas 127 a 143), se sobreseyó en parte y concedió en lo demás el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de diecinueve de septiembre de dos mil doce, y con libertad de jurisdicción, dicte otra, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si fuera en el mismo sentido deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, funde y motive debidamente los siguientes rubros: a) El cumplimiento de los requisitos formales que se exige para la querella o denuncia, es decir, verifique la identidad del denunciante o querellante, así como de la autenticidad de los documentos que presentó y si la denuncia cumplió con las exigencias del artículo 118 del código procesal federal de referencia. b) El estudio del cuerpo del delito, para lo cual debe desglosar los elementos constitutivos del ilícito, establezca con qué medios convicticos se demuestra cada uno de ellos, el valor que merezca cada prueba, analizada en lo particular y en su conjunto y las razones que justifiquen su conclusión. c) El estudio de la probable responsabilidad, para lo cual debe indicar de qué manera las probanzas que relaciona demuestran que el inculpado aquí quejoso en su carácter de Administrador, es responsable o de los actos y omisiones cometidos por la persona moral contribuyente en perjuicio del fisco federal." (foja 143). Resolución que el dieciocho de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 240 a 242). Ahora bien, mediante oficio 8082/2016 de veinte de julio de dos mil dieciséis (foja 248), el Secretario del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, informó a esta autoridad que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la resolución reclamada consistente en la orden de aprehensión de diecinueve de septiembre de dos mil doce librada contra el aquí quejoso en la causa penal 206/2015 de su índice. Asimismo, mediante diverso oficio 8985 de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el doce de agosto del año en curso en la causa penal 206/2015 de su índice, en la cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, volvió a librar orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Alejandro Alfredo Osorio Sánchez, en su carácter de Administrador Único, Accionista Mayoritario, Apoderado General y Representante Legal de CONSTRUCTORA OSORISA DE PUEBLA, Sociedad Anónima de Capital Variable, como probable responsable en la comisión del delito de defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, párrafo primero y sancionado por la fracción III del mismo numeral, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los hechos, en relación con el diverso 95, fracción II del propio ordenamiento legal. Resolución en la cual, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, estableció que en autos de la causa penal 206/2015 de su índice, se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad referente a la querella de parte agraviada, para lo cual verificó la identidad del querellante, así como la autenticidad de los documentos que exhibió para justificar su personalidad, además de justificar que la querella formulada cubre las exigencias establecidas en el artículo 118 del Código Federal de Procedimientos Penales (fojas 285 a 288). Asimismo, desglosó los elementos del cuerpo del delito de defraudación fiscal imputado al quejoso, estableciendo los medios de prueba con los cuales se acredita cada uno de ellos, además de valorarlos en términos de ley (fojas 290 a 298 vuelta). Y, finalmente en el estudio de la probable responsabilidad, estableció que con los medios de prueba que obran en autos, principalmente con la póliza 2,497 de veintiocho de marzo de dos mil seis, pasa ante la fe del Licenciado Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano, Corredor Público Uno del Estado de Tlaxcala, se acredita la probable responsabilidad penal del aquí quejoso Alejandro Alfredo Osorio Sánchez, en su carácter de Administrador Único, Accionista Mayoritario, Apoderado General y Representante Legal de CONSTRUCTORA OSORISA DE PUEBLA, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la comisión del delito imputado de defraudación fiscal; ello en virtud de que al ostentar dicho cargo, tenía la obligación de velar por los intereses de su representada, así como dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por dicha contribuyente (fojas 299 a 304). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Octavio de Jesús Solís Moran autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y, visto su contenido, se provee: Como lo solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que indica, por conducto de las personas que para tal efecto autoriza debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas de los días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional.
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(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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