Alejandra Reyes Briones

Expediente 1130/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1130/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Alejandra Reyes Briones

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios 14375/2021 y 14376/2021 signados por el Director General de la Policía Estatal Preventiva; y con el diverso 1019971/2021 suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante los cuales informan que acataron la suspensión de plano decretado en el presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno. Visto, intégrense a los autos los oficios de las autoridades responsables 1. Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia -por triplicado- y 2. Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por conducto de quien legalmente lo representa, a través de los cuales, informan las medidas tomadas con relación a la suspensión de plano concedida por este órgano de control constitucional a la directa quejosa Alejandra Reyes Briones; de lo que esta autoridad toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, téngase al 1. Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, informando el nombre del representante social que tiene a cargo la carpeta de investigación que se instruye a la demandante constitucional, así como el número de la misma; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud que mediante proveído de veinte de noviembre pasado, se requirió a la directa quejosa para que refiriera si era su deseo señalar a dicha autoridad como responsable. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES -DEBIÉNDOSE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LA LISTA A PUBLICAR, PARA QUE SE COLOQUE EN UN ESPACIO DE FÁCIL ACCESO PARA QUIEN ACUDA SIN CONTAR CON UNA CITA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21 DEL ACUERDO GENERAL 21/2020-.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de noviembre de dos mil veintiuno. Diligencia de ratificación de demanda. Vista, agréguese a los autos, la diligencia practicada en este día por el Actuario adscrito a este Juzgado Federal con la directa quejosa ********************, de cuyo contenido -medularmente- se advierte lo siguiente: "(.) de tez morena clara, cabello ondulado color negro, complexión delgada, de aproximadamente 29 años de edad y 1.55 metros de estatura y observa tatuaje en antebrazo derecho, refiere tener otro tatuaje a la altura de su cadera (en la parte baja de la espalda). Expresa también que sí sabe que está detenida por diversos hechos con apariencia de delitos. De igual manera refiere que no ha platicado con sus familiares pues no sabe sus números telefónicos de memoria, así, en este momento procede a entrevistarse con ********************(identificándose con INE clave de elector =HRGLFR68092421H700=) quien expresa que tomará el cargo de abogado defensor particular de la buscada, dado lo anterior mantienen plática durante un lapso de diez minutos. Tocante a la condición física y los actos previstos por el artículo 22 Constitucional, el suscrito sólo observo rozaduras leves en su pierna derecha y un pequeño moretón (hematoma) próximo a su dedo pulgar del pie derecho. Se observa un "piercing" en su ombligo. La buscada expresa que las rozaduras en su pierna derecha y el hematoma en su dedo pulgar de su pie derecho (sic) fueron provocadas por golpes que le propinaron durante el momento de su detención y en las oficinas en las que ha estado detenida, dice que le han pisado los pies en varias ocasiones, tiene molestias en su nariz pues le pusieron un pasamontañas y le apretaban la nariz, así como diversos golpes en sus costillas en ambos lados, de lo cual el suscrito no observo moretones, rasguños ni escoriaciones, salvo las descritas líneas arriba." (.) que sí es su voluntad ratificar la solicitud de amparo presentada a su favor. En cuanto a las condiciones del lugar, el suscrito la entrevisté en la oficina de la autoridad responsable. (.)". Suspensión de plano decretada en el presente asunto. Ahora bien, vista la diligencia que antecede, no ha lugar a realizar mayor proveído respecto a la suspensión de plano concedida respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación sufrida por la quejosa directa, pues ella misma refirió que no había platicado con sus familiares pues no sabía sus números telefónicos de memoria; sin embargo, en la diligencia el fedatario judicial de la adscripción asentó que en el mismo acto platicó con ********************, quien dijo que protestaría el cargo de abogado defensor particular de la directa quejosa. Vista ministerial por posibles actos de tortura. No obstante lo anterior, toda vez que en el acta de diligencia el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional asentó que la directa quejosa manifestó haber sido golpeada en las costillas, nariz, piernas y pies, al momento de su detención; en tal sentido, podría estarse en presencia de la comisión de un ilícito. Es decir, la anterior manifestación -a criterio del suscrito Juez de Distrito- puede constituir una denuncia por hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura; por lo cual, dado que es obligación del Estado Mexicano proteger los Derechos Humanos de las personas, de acuerdo con el texto actual establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, se deberá proceder a la investigación correspondiente. En efecto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Mientras que la referida Convención en su artículo 5, establece: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (.)". De los ordinales transcritos y por lo que al tema se refiere, emerge el derecho fundamental del ser humano consistente en la protección de su integridad física, psíquica o moral, al considerar que nadie debe sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes ni tortura. En síntesis, la autoridad debe garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, dentro del ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, procediendo debidamente y de inmediato a realizar una investigación acorde con los deseos de la presunta víctima de tortura, en cualquier momento en que lo alegue. Por tanto, se ordena dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que, en uso de sus facultades constitucionales, de inmediato, inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, este juzgado le proporcionará los datos que obran en este expediente. Es aplicable al respecto la tesis número P. XXI/2015 (10a.) del tenor siguiente: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla." De igual forma, es aplicable la tesis P. XXII/2015 (10a.), que a la letra dice: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito." Notificación al agente del Ministerio Público a cuya disposición se encuentra el hoy quejoso. Por otra parte, hágase del conocimiento del agente del Ministerio Público ********************, que conoce de la carpeta de investigación ********************, el contenido del auto de diecinueve de noviembre pasado, en el que se decretó la suspensión de plano en favor de la quejosa ********************, y requiérasele para que acate en sus términos dicha medida cautelar; en la inteligencia que, una vez que sea notificado, deberá informar su debido cumplimiento, así como la situación jurídica actual de la demandante constitucional de referencia; apercibido que de no hacerlo, se harán efectivos los apercibimientos decretados en el mencionado auto de diecisiete de noviembre del año en curso. Prevención. En diverso aspecto, toda vez que la quejosa directa ha ratificado la demanda de amparo promovida en su favor, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción III y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a ********************, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, de cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO.- Manifieste, bajo protesta de decir verdad, si es su voluntad señalar como responsable al agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación ******************** -********************-. Lo anterior es así, pues la promovente ********************, en el escrito inicial de demanda, únicamente señaló con el carácter de autoridades responsables al Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia y al Secretario de Seguridad Pública del Estado; sin embargo, dado lo asentado por el actuario de la adscripción, resulta evidente que dichas autoridades no intervinieron en la emisión ni en la ejecución de los actos reclamados, pues la quejosa directa se encuentra detenido en las instalaciones que ocupan el Complejo Metropolitano de Seguridad C-5, a disposición de un fiscal quien no fue señalado como responsable en este asunto. En tal sentido, la demandante constitucional deberá manifestar si es su voluntad señalar como responsable a la referida autoridad ministerial, debiendo proporcionar su denominación actual y correcta, debiendo indicar el acto que le reclama y formular, en su caso, los conceptos de violación que estime convenientes; ello, a efecto estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a las autoridades responsables su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 30/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa directa en el lugar en que se encuentra detenida; por lista a la promovente; y, mediante oficio al agente del Ministerio Público que tramita la carpeta de investigación ******************** -********************- , así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y TRÁMITE. Vista la demanda de amparo promovida por Gloria Teresa Briones Fuentes en nombre de Alejandra Reyes Briones, contra los actos reclamados consistentes la privación ilegal de su libertad, incomunicación y malos tratos, que atribuye a las autoridades responsables 1. Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia y 2. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; fórmese expediente y regístrese con el número 1130/2021 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tramítese la demanda de amparo. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. I. PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento de la directa quejosa, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión de plano, para los siguientes efectos: Si la detención o privación de la libertad de la quejosa, ya fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, la suspensión se concede con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo para el efecto de que sin demora cese la detención o la privación de la libertad, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención de la quejosa no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesta en libertad. De consistir el acto reclamado en la detención o privación de la libertad de la quejosa ya efectuada por el Ministerio Público, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede en términos del artículo 165 de la ley de la materia para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si la quejosa se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo se contará a partir de que sea puesta a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la quejosa, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. II. INCOMUNICACIÓN Y MALOS TRATOS. En virtud de que la promovente señala que Alejandra Reyes Briones se encuentra incomunicada y posiblemente es víctima de malos tratos, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, malos tratos o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación del mismo; para lo cual, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. En el entendido que las autoridades responsables deberán permitir a la quejosa directa Alejandra Reyes Briones que tenga comunicación con sus abogados y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. APERCIBIMIENTOS. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, dentro del término de veinticuatro horas, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo de veinticuatro horas, se les impondrá a cada una, una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las nombradas autoridades que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Se comunica a las autoridades responsables que la licenciada Aída Araceli Ramírez Lozano, es la secretaria encargada de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 2224692894 y correo electrónico personal aidavictoria24@gmail.com, para recibir los informes requeridos. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, salvo de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. VISTA A MINISTERIO PÚBLICO. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización de la quejosa Alejandra Reyes Briones para lo cual deberá constituirse en las instalaciones en las que se ubican: 1) Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, 2) Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5 y/o 3) Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; o bien, en el lugar que le indiquen las autoridades responsables que se encuentra detenida, y una vez localizada, realice lo siguiente: Único. La requiera para que manifieste en ese acto o dentro del plazo de tres días, si ratifica o no la presente demanda de amparo promovida en su favor; con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada, y sin efecto las medidas cautelares decretadas. Además, signifíquese al actuario que deberá asentar la condición física en que se encuentra la quejosa, preguntarle si se le ha permitido comunicarse con su abogado, familiares o personas de confianza, si sabe el motivo por el cual se encuentra privada de su libertad y si ha sufrido alguno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. En el entendido de que si es informado del lugar al que ha sido trasladada, sin previo acuerdo, deberá constituirse, para indagar sobre su paradero. Además el fedatario deberá asentar las condiciones del lugar en el que está detenida la quejosa, esto es, si cuenta con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes para su estancia en detención. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que sea el caso necesario formar el incidente de suspensión solicitado por la parte promovente, toda vez que los efectos de la suspensión de plano, abarcan aquellos que en su caso se decretarían con el trámite de la medida cautelar solicitada. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Ténganse por autorizadas con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a las personas designadas en la demanda de amparo, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado, ni proporcionarse los datos correspondientes de su cédula profesional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.s, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no les exime de recibir los oficios que contengan el presente proveído por la naturaleza de los actos reclamados. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. COPIA CERTIFICADA. Como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de la presente determinación a través de sus autorizados, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma); en la inteligencia de que deberá ajustarse a lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, respecto a la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención a su petición de tomar fotografías a este expediente, hágase de su conocimiento que deberá ajustarse a lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, respecto a la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II y, una vez que acuda a la cita asignada, podrá hacer uso de cualquier medio electrónico para la toma de las fotografías que solicita, a través de las personas que autoriza para tal efecto, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse a dicha parte procesal, que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las siguientes tesis: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar de su detención; por lista a la promovente; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano