Alejandra Munguia Viveros

Expediente 987/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
987/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Munguia Viveros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese copia del escrito firmado por ********************, delegado de las autoridades responsables Director General de Pensiones Civiles del Estado y representante legal de la Junta Directiva, así como el Director de Prestaciones y el Subdirector de Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado, con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, así como copia del diverso ocurso signado por la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante los cuales interponen recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos. En ese sentido, con fundamento en los artículos 81 y 89 del ordenamiento legal en cita, córrase traslado a las partes con copia de los escritos de expresión de agravios. Asimismo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado que corresponda, enviándose al efecto el original y copia de los escritos en mención. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 987/2023, promovido por ********************, por su propio derecho; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintitrés (fojas 2-53) en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, ********************, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, párrafos 1, 2, 3 y 5; 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo; 123, apartado b), fracción XI, inciso a); y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano de control constitucional que la registró con el número de expediente 987/2023; en proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés la admitió (foja 98); se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo el resultado consignado en el acta que antecede y ahora se procede a resolver de acuerdo a los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 y modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, toda vez que se reclama el primer acto de aplicación de una norma de carácter general del Estado de Michoacán, mismo que se dio dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo; de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, los actos reclamados por la quejosa, son: Del Congreso, del Gobernador, del Secretario de Gobierno y del Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, la sanción, promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación de: El Decreto legislativo número 542, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, aprobado en sesión extraordinaria número 162, de once de agosto de dos mil quince, en específico el artículo 5° transitorio. El Decreto legislativo número 638, mediante el cual se reformó el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán así como los artículos Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto 542, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cinco de octubre de dos mil dieciocho, con motivo de su primer acto de aplicación. Lo anterior, en sus respectivos ámbitos de competencia. De la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán: Oficio 412/2023, emitido el cinco de julio de dos mil veintitrés en el que se determinó como monto de su jubilación, la cantidad de ($15,695.231 quince mil seiscientos noventa y cinco pesos 23/100 moneda nacional). La aprobación y expedición del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, en específico el artículo 77, primer párrafo, con motivo de su primer acto de aplicación. Del Director de Prestaciones y de la Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán: El cumplimiento o ejecución del acuerdo emitido por la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, en sesión ordinaria celebrada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se aprobó su solicitud de pensión por jubilación. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Congreso, el Gobernador, el Secretario de Gobierno y el Director del Periódico Oficial, aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 110, 126 y 108). Asimismo, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, aceptó haber expedido el Reglamento para el otorgamiento de prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán en sesión extraordinaria de veintinueve de junio de dos mil veintitrés (foja 133). Certeza que se corrobora con la publicación de los Decretos 542 y 638 reclamados así como del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, en el Periódico Oficial del Estado, de la que se advierte la participación de las autoridades responsables en la emisión de los actos reclamados, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; máxime que la ley no es objeto de prueba. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2ª./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 191452, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 233090: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También son ciertos los actos reclamados a la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, al Director de Prestaciones y al Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán [Consistentes en el acuerdo administrativo interno tomado en sesión ordinaria de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la parte quejosa así como en su cumplimiento o ejecución], ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, lo cual hicieron de manera conjunta (foja 148). Lo que se corrobora con las diversas constancias que exhibieron tanto el quejoso como las referidas autoridades, entre las que se encuentra el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. 1. Interés jurídico. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y el Director de Prestaciones y la Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacánal, al rendir su informe justificado aducen que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto señala que el artículo quinto transitorio, reclamado por el quejoso, ya no se encuentra vigente en la norma que dice es inconstitucional, toda vez que el decreto 542 publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, fue modificado mediante la aprobación del diverso 638 publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. Argumento que debe desestimarse, porque los motivos que invoca para considerar que debe sobreseerse el presente juicio de amparo, los hace derivar de aspectos que se relacionan con el estudio de fondo del asunto, como quedará evidenciado en el siguiente considerando; lo que impide analizarlos. Es aplicable la jurisprudencia P./J.135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del tomo XV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes enero de 2002, Novena Época, registro 187973, que la letra dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". 2. No se combate por vicios propios. Este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos al Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, consistentes el Decreto legislativo número 638, mediante el cual se reformó el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán así como los artículos Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto 542, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. Para evidenciar la actualización de la referida causal, a continuación se transcriben los artículos 61, fracción XXIII, así como 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." De la interpretación sistemática de los preceptos legales que anteceden, se advierte que el juicio de amparo será improcedente respecto de autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de una norma general o en su publicación, cuya actuación no sea reclamada por vicios propios. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que de la demanda no se advierte que se atribuya a su actuación vicios propios por los cuales deba analizarse de forma destacada, sino que el estudio de constitucionalidad de la norma reclamada deriva de su propio texto; incluso el propio quejoso así lo manifestó en el capítulo denominado "IV. ACTOS RECLAMADOS". Por tanto, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, así como 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer en el juicio respecto de los actos consistentes en el refrendo y la publicación del Decreto legislativo número 638, mediante el cual se reformó el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán así como los artículos Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto 542, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. 3. Ausencia de conceptos de violación. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado señala en su informe justificado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, en relación con el artículo 63, fracciones III y V de la Ley de Amparo, pues aduce que del texto íntegro de la demanda de amparo no se advierte algún concepto de violación dirigido a combatir los artículos tildados de inconstitucionales, requisito indispensable para estar en condiciones de determinar la existencia o inexistencia del agravio que cada uno de ellos pudiera irrogarle a la parte quejosa, sustentando sus aseveraciones en las tesis de rubros: "AMPARO CONTRA LEYES, PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE ATENDERSE A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN" y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO". Al respecto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, se corrige la cita del precepto referido por la autoridad responsable y se procede al estudio de la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, del ordenamiento legal invocado. Una vez precisado lo anterior, este juzgado considera que es infundado lo aducido por la autoridad responsable, en virtud de que la improcedencia la hace descansar en que la parte quejosa no expresó conceptos de violación tendentes a impugnar la inconstitucionalidad de los preceptos legales combatidos; y, de la lectura a la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa precisó porqué considera que norma general y su acto aplicación son ilegales. Aunado a lo anterior, aun cuando el quejoso no hubiere hecho valer concepto de violación alguno, al tener el carácter de jubilado es procedente la suplencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo así como con apoyo en la tesis aislada 2a. XCV/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2007681, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS". Así, al no existir más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este juzgador tampoco las advierte de manera oficiosa, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Análisis de los conceptos de violación respecto de los actos reclamados que resultaron ciertos. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como se estableció anteriormente, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, lo siguiente: Del Congreso, del Gobernador, del Secretario de Gobierno y del Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, la sanción, promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación de: El Decreto legislativo número 542, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, aprobado en sesión extraordinaria número 162, de once de agosto de dos mil quince, en específico el artículo 5° transitorio. El Decreto legislativo número 638, mediante el cual se reformó el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán así como los artículos Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto 542, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cinco de octubre de dos mil dieciocho, con motivo de su primer acto de aplicación. Lo anterior, en sus respectivos ámbitos de competencia. De la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán: El acuerdo emitido en sesión ordinaria celebrada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se aprobó su solicitud de pensión por jubilación, en cuanto primer acto de aplicación del decreto 638 y del artículo 77 del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. La aprobación y expedición del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, en específico el artículo 77, primer párrafo, con motivo de su primer acto de aplicación. Del Director de Prestaciones y de la Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán: El cumplimiento o ejecución del acuerdo emitido por la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, en sesión ordinaria celebrada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se aprobó su solicitud de pensión por jubilación. Ahora bien, es necesario establecer que, por técnica, este juzgado emprenderá en primer lugar, el estudio de los artículos reclamados, porque en caso de determinarse su inconstitucionalidad, tendría como efecto sustraer a la parte quejosa de los supuestos en ellos contenidos y como consecuencia, de su aplicación materializada a través de acuerdo emitido en sesión ordinaria celebrada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se aprobó su solicitud de pensión por jubilación y demás consecuencias legales. De la misma forma, por técnica jurídica este juzgador emprenderá el estudio conjunto del Decreto legislativo número 638, mediante el cual se reformó el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán así como los artículos Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto 542, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cinco de octubre de dos mil dieciocho y del artículo 77 del Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, al estar vinculados entre sí. Decreto legislativo número 542, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, aprobado en sesión extraordinaria número 162, de once de agosto de dos mil quince, en específico el artículo 5° transitorio. La parte quejosa en su primer concepto de violación manifiesta, en esencia, que el Congreso del Estado, al elaborar el decreto 542, publicado el once de agosto de dos mil quince, alteró el texto que había sido aprobado por la Septuagésima Segunda Legislatura, variaciones que dan originen a vicios formales de la norma derivados del proceso legislativo, con lo que contraría el principio de legalidad, lo que a su vez vicia de inconstitucionalidad a la ley que se reformó a través de dicho decreto, lo que provoca su invalidez o inconstitucionalidad. Motivo de inconformidad que es inoperante, ya que como quedó establecido en el considerando cuarto de este fallo, respecto dicho decreto se actualizó la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impide su estudio de fondo. Decreto legislativo número 638, mediante el cual se reformó el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, así como los artículos Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto 542, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cinco de octubre de dos mil dieciocho y del artículo 77 del Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. La parte quejosa, en sus conceptos de violación primero, segundo y tercero, manifestó que el decreto legislativo número 638, mediante el cual se reformó el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, así como los artículos Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto 542, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cinco de octubre de dos mil dieciocho y el artículo 77 del Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, violan en principio de irretroactividad de la ley previsto en el artículo 14 constitucional. Ello, señala la parte quejosa, porque se le desconoce un derecho que fue reconocido como adquirido en el artículo quinto transitorio de la reforma aprobada el once de agosto de dos mil quince, en el sentido de que, por ser cotizante en el fondo de pensiones desde antes de la entrega en vigor de dicha reforma y por faltarle algunos años para alcanzar su jubilación, por lo que el pago de su pensión debe darse al amparo de las anteriores condiciones. También señala que al reformar el artículo 54, segundo párrafo, de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, por sí misma es retroactiva en su perjuicio, aunado a que transgrede el principio de progresividad y conculca la expectativa legítima del quejoso de jubilarse de conformidad con las anteriores condiciones, esto es, con el cien por ciento del último sueldo base con el que cotizó ante el fondo de pensiones civiles del Estado, como como lo dispuso el artículo quinto transitorio del Decreto 542. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo y con la tesis aislada 2a. XCV/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2007681, la cual es del tenor siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables". Así, se dice que son fundados, porque el decreto legislativo número 638, mediante el cual se reformó el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, es inconstitucional, porque resulta violatorio del derecho humano a la no retroactividad de la ley, contemplado en el artículo 14 de la Constitución General de la República. Para dar sustento a la calificación de los conceptos de violación, es necesario señalar que con relación a la irretroactividad de la leyes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia por reiteración 87/97, consideró que el problema de la retroactividad se presenta generalmente, como un conflicto de leyes emitidas sucesivamente y que tienden a regular un mismo hecho, un mismo acto o una misma situación. Además de dicho concepto, para dar solución a un planteamiento de retroactividad de ley, deben tenerse como parámetros la teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos y la relativa a los componentes de la norma. Conforme a la primera teoría, es decir, a la de los derechos adquiridos y de las expectativas, para establecer si un precepto impugnado es o no violatorio de la garantía mencionada, se debe determinar si la quejosa tenía ya dentro de su haber jurídico, el derecho al que alude o se trataba sólo de una expectativa de derecho. Entendiendo como derecho adquirido aquél por virtud del cual se introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona; y por expectativa de derecho la pretensión para que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; la distinción entre uno y otro, es que el derecho adquirido constituye un presente, mientras que la expectativa de derecho corresponde un futuro, el cual todavía no se concretiza. Establecido lo anterior, se hace necesario transcribir los textos de la Ley impugnada, en la porción normativa de interés, en sus diversas reformas: TEXTO DE LA LEY DE PENSIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES "ARTICULO 54.- Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan 30 años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad y dejen de laborar. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del sueldo básico y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público hubiese disfrutado del mismo, por haber causado baja. En el otorgamiento de jubilaciones y pensiones se preferirá a los servidores públicos de más antigüedad, y en caso de igualdad en el servicio, al de mayor edad" TEXTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 162, DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. "ARTICULO 54.- Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad y dejen de laborar. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al salario regulador del servidor público por promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, con un máximo de hasta los veinte salarios mínimos generales vigentes para el área geográfica donde se encuentra ubicada la Ciudad de Morelia y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público hubiese disfrutado del mismo, por haber causado baja. En el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, se atenderá lo dispuesto en el reglamento que para tal efecto expida la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones, para calcular el monto de las jubilaciones y pensiones se considerará el salario con el cual se cotiza a la Dirección de Pensiones". TRANSITORIO "QUINTO. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, el derecho a la jubilación se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado pero les faltan algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el pago de la misma se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido". TEXTO DE LA LEY DE PENSIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, REFORMADA POR DECRETO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISICÉIS "ARTICULO 54.- Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad y dejen de laborar. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al salario regulador del servidor público por promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, con un máximo de hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público hubiese disfrutado del mismo, por haber causado baja. En el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, se atenderá lo dispuesto en el reglamento que para tal efecto expida la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones, para calcular el monto de las jubilaciones y pensiones se considerará el salario con el cual se cotiza a la Dirección de Pensiones". TEXTO DEL DECRETO 638 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PENSIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO ARTICULO 54.- Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo en los términos de la presente Ley, contando con 60 años de edad o más y dejen de trabajar. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al salario regulador del servidor público por promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, con un máximo de hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público hubiese disfrutado del mismo, por haber causado baja. En el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, se atenderá lo dispuesto en el reglamento que para tal efecto expida la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones, para calcular el monto de las jubilaciones y pensiones se considerará el salario con el cual se cotiza a la Dirección de Pensiones". TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Por lo cual, dichos artículos TRANSITORIOS del decreto 542, quedaron como sigue: "CUARTO. Tiene (sic) derecho a la jubilación los servidores públicos que desde la entrada en vigor del presente Decreto hubieran cumplido en términos de la Ley los supuestos para el disfrute de cualquiera de las pensiones bajo el amparo de las anteriores condiciones, es decir, que tienen derechos adquiridos, recibirán la jubilación o pensión correspondiente bajo tales condiciones. "QUINTO. Para el caso de servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente Decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, tendrán derecho a la jubilación cuando tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo, cualquiera que sea su edad y dejen de laborar, el pago de la misma se dará conforme en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 54 de la presente Ley, y el Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, expedido por la H. Junta Directiva de Pensiones". Es oportuno aclarar que el texto del decreto 542, antes reseñado, tiene un texto válido, que es el transcrito, y uno distinto e inválido que es el que se publicó en el Periódico Oficial del Estado; lo que se deduce de las sentencias dictadas en este juzgado en los juicios de amparo 1165/2017 y 492/2019, así como por el suscrito juez en el diverso amparo 34/2019, del índice del diverso Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; adicionalmente, media la circunstancia de que en este juicio de amparo se allegó el diario de debates del once de agosto de dos mil quince, en el que se fijó el texto aprobado por el Congreso, que es el que ya se transcribió. Por ende, para cumplir con la obligación de proteger y prevenir violaciones a derechos humanos, contenida en el artículo 1°, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa cuál es el texto válido para fines de este asunto: *Texto publicado inválido: "QUINTO. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, el derecho a la jubilación se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 54 de la presente Ley y su Reglamento. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado pero les faltan algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el pago de la misma se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 54 de la presente Ley y su Reglamento". *Texto válido consignado en el diario de debates de la sesión celebrada el once de agosto de dos mil quince: "Quinto. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, el derecho a la jubilación se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado pero les faltan algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el pago de la misma se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido". Precisado lo anterior, del oficio 412/2023, de cinco de julio de dos mil veintitrés, se advierte que se otorgó pensión por jubilación a la quejosa, por sus servicios prestados al Poder Judicial del Estado de Michoacán y por contribuir al Fondo de Pensiones durante treinta años, nueve meses y porque a la fecha de dicho otorgamiento cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 53, 54 y 56, de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán; por ello, se determinó que recibiría la cantidad equivalente al promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, actualizándose así, lo dispuesto por el citado numeral artículo 54, segundo párrafo, en vigor a partir del cinco de octubre de dos mil dieciocho. Por ello, en la fecha en que se otorgó a la quejosa el oficio de autorización de pensión por jubilación (cinco de julio de dos mil veintitrés), se aplicó la Ley de Pensiones vigente, en específico el artículo 54, que establece que los servidores públicos que tengan treinta años de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo de Pensiones, tienen derecho a una jubilación y su pago será de una cantidad equivalente al promedio del salario base de cotización de los últimos tres años. Sin embargo, desde antes de la entrada en vigor de la reforma a la Ley que se aplicó a la quejosa, ésta había cotizado a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, pero le faltaban algunos años de servicio para alcanzar la jubilación; por ello, a juicio de quien resuelve, en tal supuesto le resultaba aplicable el artículo 54 de dicha ley, reformada en sesión extraordinaria 162, del once de agosto de dos mil quince, en relación con el artículo quinto transitorio del decreto respectivo, que establecía que en ese caso, ya tenía derecho a alcanzar una jubilación conforme a las anteriores disposiciones y que su pago se daría bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que por ello, tenía un derecho adquirido. Así es, porque en el artículo quinto transitorio del decreto relativo a la sesión extraordinaria 162 de once de agosto de dos mil quince, el legislador expresamente determinó que constituiría un derecho adquirido para los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor de ese decreto, cotizaron a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, pero les faltaban algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, que alcanzarían una jubilación al amparo de las anteriores disposiciones y que el pago de la misma, se daría también bajo el amparo de las anteriores condiciones. Por ello, si conforme al oficio 412/2023, de otorgamiento de jubilación por pensión, al cinco de julio de dos mil veintitrés, la peticionaria del amparo había cotizado al Fondo de Pensiones por treinta años y nueve meses, entonces, resulta evidente que desde antes de esa fecha, había realizado cotizaciones a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado y que solo le faltaban algunos años de servicio para alcanzar la jubilación. Entonces, conforme al citado artículo quinto transitorio, la quejosa ya contaba con un derecho adquirido para alcanzar una jubilación y obtener el pago correspondiente bajo el amparo de las anteriores condiciones. Consecuentemente, el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, en su reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el cinco de octubre de dos mil dieciocho, que se aplicó a la quejosa en su oficio de autorización de pensión por jubilación, infringe la garantía de irretroactividad de la ley, toda vez que afecta los derechos adquiridos de la quejosa para poder jubilarse bajo el amparo de las anteriores condiciones que regulaba el artículo quinto transitorio en comento, al ahora suprimir ese derecho; por ello, desde la vertiente de la teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas, es posible afirmar que la quejosa ya tenía incorporado en su esfera jurídica, el derecho a jubilarse al amparo de las anteriores condiciones y no se trataba de una simple expectativa. Por otra parte, con relación a la teoría de los componentes de la norma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que dado que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si el supuesto se realiza debe generarse la consecuencia jurídica; por ello, para determinar cuándo una norma jurídica cumple con la garantía de no retroactividad, se debe atender al momento de realización de sus componentes. "Ahora bien, atendiendo al momento en que se realiza el supuesto y consecuencia jurídicos, cabe señalar que generalmente, y en principio, pueden presentarse las hipótesis siguientes: "1. Cuando durante la vigencia de una ley se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia jurídicos establecidos por ella; si con posterioridad a ello entra en vigor una nueva disposición legal, ésta no podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto y consecuencia, pues de lo contrario violaría la garantía individual de mérito, atento a que antes de la vigencia de la nueva norma ya se habían realizado los componentes de la ley sustituida. "2. El caso en el que la norma legal establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas; si dentro de la vigencia de esa norma se actualiza el supuesto y no todas las consecuencias, sino sólo alguna de ellas, una nueva ley no podrá variar las ya ejecutadas, pues de lo contrario violaría la garantía de irretroactividad de la ley, como acontece en la hipótesis expuesta en primer término. "3. Puede acontecer que la norma legal contemple un supuesto integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia; en este evento, si bajo el tiempo de vigencia de la citada norma se actualiza alguno de esos actos parciales o supuestos, la nueva legislación que se expida no podrá variar los ya producidos, so pena de transgredir la garantía de irretroactividad legal. De aquí se deriva, entonces, que si alguno o algunos de los actos parciales o supuestos previstos por la disposición anterior, que no se ejecutaron durante su vigencia, son modificados por la nueva disposición, esto tampoco va a entrañar violación a la garantía constitucional mencionada, ya que tal acto o supuesto va a generarse bajo el imperio de la nueva ley y, consecuentemente, son a las determinaciones de ésta a las que habrá de supeditarse su realización, así como la consecuencia jurídica que deba producirse." Ejecutoria de la que derivó el criterio jurisprudencial P./J. 87/97, con registro digital 197363, que establece: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan". Así, de conformidad con la teoría que antecede, se debe analizar la verificación del supuesto y de la consecuencia, previstos en la norma jurídica correspondiente, para así poder determinar qué ley les debe regir y, en su caso, establecer el carácter retroactivo o no de la ley cuestionada. En el particular, se considera que se actualiza la segunda de las hipótesis de la realización de los componentes de la norma antes transcrita, ya que el decreto aprobado en sesión 162, de once de agosto de dos mil quince, relativo a la reforma de la Ley de Pensiones Civiles Para el Estado de Michoacán, en específico su artículo 54, en correlación con el quinto transitorio, estableció que los servidores que tuvieran treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo cualquiera que fuera su edad y dejaran de laborar, tenían derecho a la jubilación y, para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor de dicho decreto, cotizaran a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, así como aquellos que les faltaran algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el derecho a la jubilación y el pago a la misma se daría bajo el amparo de las anteriores condiciones; entendiéndose que ambos tendrían un derecho adquirido, lo cual entró en vigor el veintiséis de agosto de dos mil quince. Opuestamente, el artículo 54 vigente, aplicado a la quejosa en su oficio de pensión por jubilación, establece que tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo contando con sesenta años de edad o más y dejen de trabajar, y que su pago será por la cantidad equivalente al promedio del salario base de cotización de los últimos tres años; reiterando dicha disposición jubilatoria, en su artículo transitorio, el cual reformó los diversos transitorios cuarto y quinto de la reforma aprobada en sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. En el caso concreto, la quejosa cotizó al fondo de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, desde antes de la entrada en vigor de la reforma aprobada en sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince, aproximadamente, veintitrés años antes de la reforma, por lo que le faltaban cerca de seis años, para alcanzar la jubilación, tal y como se desprende del certificado de cotización al fondo de pensiones que expidió el Director de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del estado de Michoacán (foja 95); actualizándose así tanto el supuesto como una de las consecuencias de la norma jurídica previstos en el artículo quinto transitorio antes aludido. Resulta de tal forma, porque la vigencia del artículo quinto transitorio afectó tanto el supuesto como una de las consecuencias jurídicas contenidos en dicha disposición normativa, puesto que en cuanto al supuesto, al momento de su vigencia la quejosa ya había cotizado por aproximadamente veintidós años para el Fondo de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán y, por lo que se refiere a la primera de sus consecuencias, obtuvo el derecho a obtener una jubilación bajo el amparo de las anteriores condiciones, habida cuenta que el legislador en la propia norma jurídica determinó que tal situación era un derecho adquirido, por lo que una vez que la quejosa alcanzara los años requeridos para obtener el pago por su jubilación, la segunda consecuencia jurídica sería que el pago de dicha pensión se daría bajo el amparo de las anteriores condiciones Luego, si el decreto 638 por el que se reforma el artículo 54 y los diversos cuarto y quinto transitorios, de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, suprimió la posibilidad de que el servidor público que se encontrara cotizando para el fondo de pensiones con anterioridad a la reforma de la ley en comento, así como aquellos que les faltaran algunos años para alcanzar la jubilación, pudieran alcanzar su jubilación, así como el pago correspondiente, al amparo de las anteriores disposiciones; entonces, es evidente que, también a la luz de la teoría de los componentes de la norma, los artículos impugnados violan la garantía de irretroactividad de la ley en perjuicio de la quejosa, ya que el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, suprimió el supuesto y una de las consecuencias jurídicas realizadas durante la vigencia de la anterior Ley de Pensiones Civiles del Estado, en su artículo quinto transitorio, y por lo tanto, resulta violatorio del artículo 14 Constitucional, porque reguló una situación acontecida bajo la vigencia de la anterior ley, lo que prohíbe el artículo 14 mencionado. Determinación de inconstitucionalidad que procede hacer extensiva respecto del acto reclamado consistente en la aprobación y expedición del artículo 77, primer párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 77. En el otorgamiento de jubilaciones y pensiones se tomará como base para calcular el monto de una jubilación o pensión, el equivalente al salario regulador del servidor público, salvo lo contemplado en el artículo cuarto transitorio de la Ley, promediando el salario base de cotización de los últimos tres años es decir las últimas 72 aportaciones recibidas de manera quincenal al fondo de pensiones, con un monto máximo diario de pensión o jubilación de hasta los veinte salarios mínimos generales vigentes. Los pensionados o jubilados que se encuentren en el supuesto que marca el artículo 65 de la Ley, de inmediato deberán reintegrar las cantidades actualizadas percibidas indebidamente.". Como se ve, la porción normativa transcrita regula lo relativo al procedimiento para la determinación de la jubilación, en términos de lo señalado en la propia Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; por ende, es indudable que tanto los artículos 54 y Quinto Transitorio de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, como el diverso 77, primer párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, constituyen un sistema normativo, al tratarse de disposiciones normativas que regulan una figura jurídica en particular y que están íntimamente relacionadas, por la vinculación indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente, en el caso, en lo relativo a la jubilación de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Por ello, lógico resulta que si se declara la inconstitucionalidad de las normas impugnadas que corresponden a la Ley de Pensiones del Estado, dicho pronunciamiento tenga afectación en la disposición reglamentaria impugnada, por lo que toca a su sentido, alcance o aplicación; sobre todo, porque la impugnación a dicha disposición reglamentaria no fue reclamada por vicios formales o materiales propios. Se invoca como sustento de este argumento la jurisprudencia 2a./J. 100/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 169558, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas". Por consiguiente, los artículos 54 y Quinto Transitorio de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, así como el diverso 77, primer párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, reclamados en este juicio, infringen en perjuicio de la quejosa, el derecho fundamental consignado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 77 de la ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que: Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, los artículos cuarto y quinto transitorios, del decreto legislativo 638, de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, así como el diverso 77, primer párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, que han sido estimados inconstitucionales. La Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, deje insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. En su lugar, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, emita una nueva resolución en la que no se apliquen a la quejosa los artículos tildados de inconstitucionalidad, en las porciones que han sido estimadas inconstitucionales y, por ende, considerando como marco jurídico aplicable, las disposiciones la Ley anterior, determine que la quejosa tiene un derecho adquirido total, esto es, le aplicará la normativa del decreto 542, del once de agosto de dos mil quince, en su texto válido, visible a foja 24 de esta sentencia y resolverá lo que conforme a derecho proceda. El Subdirector de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del estado de Michoacán, deje insubsistente el oficio 412/2023, de cinco de julio de dos mil veintitrés, en el que se comunicó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación y todas sus consecuencias y, una vez emitida la nueva resolución, la comunique como corresponda. Debe precisarse que la protección constitucional otorgada en este asunto, no vinculará a realizar acto alguno de cumplimiento a la autoridad legislativas que expidieron la Ley y el reglamento reclamados, al Congreso, del Gobernador, del Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, porque los efectos del amparo biinstancial únicamente se limitan a proteger a la impetrante, al no ser factible la declaratoria general de la inconstitucionalidad de las normas, tal como lo ilustra la tesis aislada 2a. CXV/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 197512, que establece: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Criterio contenido en el presente fallo que fue sostenido en el diverso juicio de amparo 1287/2022, el cual fue confirmado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 99/2023, en sentencia siete de septiembre de dos mil veintitrés. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** por el acto y motivos vertidos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por las razones y para los efectos establecidos en el considerando quinto de esta determinación. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista, personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy nueve de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 987/2023, sin la presencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa así como con las exhibidas por el Director General de Pensiones Civiles del Estado y representante legal de la Junta Directiva, así como el Director de Prestaciones y el Subdirector de Jubilados y Pensionados del Pensiones Civiles del Estado. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al Director General de Pensiones Civiles del Estado y representante legal de la Junta Directiva, así como el Director de Prestaciones y el Subdirector de Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado, autoridades con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado y aportando las documentales relativas al acto reclamado. Por tanto, resulta evidente que se encontraría transcurriendo el término de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga de su contenido y esté en condiciones de manifestar lo que a su interés convenga. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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