Alejandra Sanchez Lara

Expediente 1152/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1152/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Sanchez Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyanse el juicio y el original del incidente, como lo establecen los artículos 21, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...se regula procedimiento...fenece vista al quejoso...se agregan informes justificados...

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, del acta de comparecencia que antecede se desprende que la quejosa Alejandra Sánchez Lara, se desiste de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 33/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril 2000, página 147, tomo XI, del rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento de la parte quejosa, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1152/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con el estado de autos y certifica: Que concluyó el plazo de veinticuatro horas, otorgado a la parte quejosa en auto de once de noviembre del año en curso, para el efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con la inexistencia de las autoridades responsables señaladas como Titular de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, en calidad de Integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; Titular de la Dirección de Investigación y Análisis del Delito del Estado de Michoacán, en calidad de Integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, en calidad de Integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, todos con residencia en esta ciudad, pues dicho término trascurrió del dieciséis al diecisiete de noviembre del año en curso, sin que haya hecho manifestación alguna. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. El juez acuerda: Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que feneció el plazo de veinticuatro horas otorgado a la parte quejosa en auto de once de noviembre pasado, para el efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con la inexistencia de las autoridades responsables señaladas como Titular de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, en calidad de Integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; Titular de la Dirección de Investigación y Análisis del Delito del Estado de Michoacán, en calidad de Integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, en calidad de Integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, todos con residencia en esta ciudad. Por tanto, dado que no realizó manifestación alguna se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto que proveyó sobre la suspensión provisional solicitada, y con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que dada la inexistencia de la referida autoridad, se ordena suspender toda comunicación con la misma y en lo subsecuente no se hará referencia a ésta. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. En el periodo probatorio el secretario hace constar que únicamente la parte quejosa ofreció las que adjunto a su demanda de amparo. A lo que el juez provee: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que exhibió la parte quejosa, así como la instrucción de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana; asimismo, a las demás partes les precluye su derecho para hacerlo. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló los de su intención. El juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva esta incidencia. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. La parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública; Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública; y, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos Internos de la Secretaría Pública el Estado de Michoacán. Actos reclamados: * Las resoluciones administrativas del doce de septiembre de dos mil veintidós, con número de expedientes CIA/UAI/208/2021 y CIA/UAI/178/2021. SEGUNDA. De los informes previos rendidos por las autoridades responsables se advierte que son ciertos los actos que se les reclaman. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado, por tanto, se procede a pronunciarse al respecto. Para proveer sobre la suspensión del acto reclamado, se requiere que concurran los requisitos siguientes: a) La existencia del acto reclamado; b) Que la naturaleza del mismo permita su paralización y, c) Que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 128 de la Ley de la Materia. Al respecto, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." En ese sentido y con fundamento en los artículos 128, 129, 132, 136, 138 y 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva, toda vez que existe restricción constitucional expresa de reincorporación en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII, reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en virtud a que no da lugar a que sea posible emprender un ejercicio de armonización o de ponderación entre derechos humanos, pues al ser una restricción constitucional es una condición infranqueable que no pierde su vigencia ni aplicación. Lo anterior en virtud de que en fecha doce de septiembre del año en curso, los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, emitieron la resolución donde se decretó la remoción del cargo a la aquí quejosa en cuanto integrante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, ordenándose por ende la liberación de la plaza policial que ocupaba. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2A./J 103/2010 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, julio 2010 registro: 164225, de rubro y texto siguientes: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio". De igual forma la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, marzo 2014 registro: 2005893, de rubro y texto siguientes: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL. La prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, no da lugar a que sea posible emprender un ejercicio de armonización o de ponderación entre derechos humanos, pues al ser una restricción constitucional es una condición infranqueable que no pierde su vigencia ni aplicación, la cual constituye una manifestación clara del Constituyente Permanente, que no es susceptible de revisión constitucional, pues se trata de una decisión soberana del Estado Mexicano". Sin que en el caso resulte aplicable la jurisprudencia 2ª/J. 76/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro digital 2001513, de rubro y contenido: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ÓRGANICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo". Criterio que se sirvió invocar el quejoso en su escrito de demanda, sin embargo, dicha jurisprudencia atiende hasta en tanto se dicte resolución en el procedimiento administrativo correspondiente de separación de un elemento de los cuerpos de seguridad, pero no cuando se reclame como acto destacado la resolución por la que se resolvió la remoción en el cargo, supuesto que acontece en el presente asunto, derivado de la resolución administrativa de doce de septiembre de dos mil veintidós, en la que los miembros de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, determinaron imponer la sanción correspondiente a la remoción del cargo de Alejandra Sánchez Lara, como policía adscrita a la Unidad de Restablecimiento del Orden Público del Estado de Michoacán. En ese sentido, en el presente asunto se insiste que existe restricción constitucional expresa de reincorporación en el artículo 123 Apartado B, fracción XIII. Tampoco se soslaya la existencia de la jurisprudencia de rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS"; sin embargo, la misma no es aplicable al caso concreto puesto que ésta se refiere a la hipótesis cuando en un procedimiento administrativo se suspende a algún servidor público, caso en el cual debe salvaguardar un ingreso mínimo para su subsistencia mientras se tramita éste. Y en el caso, como se expuso con anterioridad el doce de septiembre de dos mil veintidós, se dictó resolución con la cual se concluyó el procedimiento de remoción del cargo de la quejosa como integrante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y la presente demanda de amparo fue presentada el veinte de octubre de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad al dictado de la determinación que concluyó el procedimiento de separación de su cargo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Se niega a Alejandra Sánchez Lara la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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