Alejandra Jacobo Martínez
Expediente 909/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandra Jacobo Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada **********, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 909/2022, promovido por Alejandra Jacobo Martínez, por propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Alejandra Jacobo Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 909/2022, se admitió mediante proveído de veinticuatro de agosto del año en curso (foja 20), se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. El siete de octubre del año que transcurre (foja 45) se reconoció el carácter de tercero interesado a Jorge Jacobo Martínez, en cuanto demandado en el juicio familiar de origen. En auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós (foja 64) se tuvo a Alejandro León Cortés, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública adscrito a la Delegación Michoacán, aceptando y protestando el cargo de representante especial de la menor María José Molinero Jacobo, quien en esa misma fecha aceptó y protestó el cargo conferido. Luego, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós (foja 125), se ordenó notificar a las partes la adscripción del suscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; asimismo, en ese proveído se fijaron las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de diciembre de este año, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, en esa fecha se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional con sede en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la quejosa consiste en: Acto reclamado: *Auto de quince de agosto de dos mil veintidós pronunciado en el juicio especial oral familiar 269/2022, que sobre guarda y custodia de la menor María José Molinero Jacobo, promueve Alejandra Jacobo Martínez frente a Jorge Jacobo Martínez, en el que se le dijo a la quejosa que no procedía decretar el régimen provisional de convivencia que solicitó, hasta en tanto se contaran con mayores elementos de convicción que permitieran resolver conforme al interés superior de la menor involucrada. El cual atribuyó al Juez Mixto de Primera Instancia de Pátzcuaro, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. De acuerdo a lo expuesto en el informe justificado visible en la foja 41, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó al informe justificado, consistente en testimonio autorizado del juicio familiar de origen, el cual obra por separado en un tomo de pruebas. Documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional a la autoridad responsable. Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En vinculación con lo anterior, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita. En la especie, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. Ahora bien, es pertinente establecer que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Es aplicable, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicado en la página dos mil quinientos cuarenta y seis, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2013461, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Se sostiene lo anterior, en razón que el auto de quince de agosto de dos mil veintidós pronunciado en el juicio especial oral familiar 269/2022, que sobre guarda y custodia de la menor María José Molinero Jacobo, promueve Alejandra Jacobo Martínez frente a Jorge Jacobo Martínez, en el que se le dijo a la quejosa que no procedía decretar el régimen provisional de convivencia que solicitó, hasta en tanto se contaran con mayores elementos de convicción que permitieran resolver conforme al interés superior de la menor involucrada, quedó sustituido procesalmente por la determinación asumida por el juez responsable el veintidós de septiembre siguiente. Se realiza esa afirmación, ya que las constancias que obran en autos revelan que mediante esa determinación (foja 12 del tomo de pruebas), el juez responsable proveyó sobre el régimen de convivencia entre la menor María José Molinero Jacobo y su abuela materna Alejandra Jacobo Martínez, al amparo de las consideraciones siguientes: Que dicho tribunal estimaba fundada la petición que realizó la quejosa, ya que la convivencia entre la infante y su abuela materna, resultaría beneficiosa para la niña, en tanto contribuiría a reactivarla de forma gradual; Que atendiendo a los elementos que obraban en autos hasta esa fecha, consideraba que la convivencia debería realizarse de forma supervisada, ya que la menor no había convivido en un tiempo prolongado con su abuela materna; Que debido a la corta edad de la menor (tres años y nueve meses de edad), debería concederse un tiempo para la interacción, por ello, dijo, debería ser gradual para evitar confusión y alteración en el entorno emocional y familiar de la infante; Que consideraba necesaria la supervisión debido a las manifestaciones vertidas por el demandado, en el sentido que advertía un riesgo de sustracción de la menor; Que consideraba beneficioso para la niña que la convivencia con su abuela se realizara de forma presencial, porque ello contribuiría una mejor y más rápida adaptación al trato físico entre ambas; Que además consideraba que la convivencia decretada en forma presencial no suponía un riesgo para la niña, porque la abuela acreditó que cuenta con el esquema de vacunación completo y reciente respecto de la enfermedad Covid-19 y que aunque no estaba demostrado que la menor ya hubiere sido inoculada, ello obedecía a que los niños menores de cinco años no estaban contemplados dentro de la política pública de vacunación. Asimismo, en este aspecto argumentó que era excesivo considerar que la convivencia debería quedar supeditada hasta que le menor fuera vacunada; y, Que como ambas partes solicitaron que la convivencia fuera supervisada y además, dado que la misma sería benéfica para el desarrollo emocional de la niña, la misma debería desarrollarse los días domingos en un horario de 12:00 a 14:00 horas en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, ubicado en esta ciudad. Por tanto, este órgano de control constitucional considera que el juicio de amparo es improcedente en contra del auto de quince de agosto de dos mil veintidós, en el que se le dijo a la quejosa que no procedía decretar el régimen provisional de convivencia que solicitó la quejosa con su nieta, hasta en tanto se contaran con mayores elementos de convicción que permitieran resolver conforme al interés superior de la menor involucrada, pues es evidente que dicho acto ya no surtirá sus efectos por haber sido substituido procesalmente por el diverso auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, pues este último incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Sin que sea impedimento para considerar lo anterior, el criterio de tesis aislada sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA PROVISIONAL. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA OMISIÓN DEL JUEZ FAMILIAR DE ESTABLECERLO, NO CESAN LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJA TEMPORALMENTE LA CONVIVENCIA SOLICITADA. En los juicios de amparo indirecto en los que se reclama la omisión del Juez familiar de establecer un régimen de convivencia provisional, no cesan los efectos del acto reclamado en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuando el juzgador común, en cumplimiento a la suspensión, en un determinado auto fija temporalmente la convivencia provisional solicitada, pues se trata de una resolución transitoria e instrumental, la cual no puede subsistir más allá de la conclusión del juicio principal, por lo que no puede considerarse que el Juez responsable haya reparado la omisión demandada. De considerarse lo contrario, una vez notificada la ejecutoria del amparo en la cual se sobreseyó respecto de la omisión combatida por supuesta cesación de efectos del acto reclamado, el auto en el cual se fijó temporalmente la convivencia provisional en cumplimiento a la suspensión dejaría de surtir efectos, en pleno detrimento del interés superior del menor de edad, quien se quedaría sin una determinación firme en torno al régimen de convivencia provisional con sus padres." Lo anterior, por dos aspectos; el primero, porque como se advierte del auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós emitido dentro del juicio familiar de origen, el régimen de convivencia decretado por el juez responsable no obedeció en exclusiva a un cumplimiento a la suspensión provisional decretada en el incidente de suspensión correspondiente a este juicio, pues como se aprecia de la determinación reclamada, el motivo toral por el que en ese momento el juez natural estimó improcedente la fijación de ese régimen, fue porque no contaba con elementos de convicción que le permitieran advertir si la convivencia era benéfica o no, para la niña. Ello se advierte del primer párrafo de la determinación que asumió el veintidós de septiembre de este año, en el que se lee: "(.) Visto el escrito de cuenta, presentado por OSCAR REYES SAGRERO, con el carácter que tiene reconocido en autos, se le tiene haciendo las manifestaciones que indica en torno a la convivencia provisional solicitada en autos, así como exhibiendo certificados de vacunación de la menor de edad MARÍA JOSÉ MOLINERO JACOBO, de igual manera informando los horarios de actividades de la menor de edad, por lo tanto, atendiendo a lo manifestado por ambas partes, en cumplimiento además a la suspensión decretada en amparo, se procede a proveer sobre el régimen de convivencia provisional en el presente juicio: (..)". De ahí que, no pueda considerarse que el régimen de convivencia que fijó haya sido emitido en vinculación exclusiva a la suspensión provisional solicitada en este juicio de amparo, pues es evidente que al considerar que ya existían mayores elementos de convicción que le permitían determinarlo, el juez responsable actuó con libertad de jurisdicción. Como segundo y más importante aspecto, se tiene que al decretar dicho régimen de convivencia, el juez familiar de origen no lo diseñó de manera temporal y con el efecto exclusivo de atender el cumplimiento de la suspensión provisional; tan es así, que al rendir su informe justificado (foja 41), alegó que como ya había decretado la convivencia entre la niña y su abuela, consideraba que el acto reclamado cesó en sus efectos. Por lo mismo, en el supuesto sujeto a regularidad constitucional no se puede considerar que se trate de una resolución transitoria e instrumental, porque al haberse emitido por el juez responsable con libertad de jurisdicción, una vez que estimó ya tenía mayores elementos probatorios para fijar un régimen de convivencia, la misma perdurará aun sobreseído el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, al encontrarse probado en autos que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee el juicio de amparo contra el aludido acto reclamado. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la tesis I.3o.C.769 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, Registro 165869: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Finalmente y con relación a los argumentos del tercero interesado Jorge Jacobo Martínez, en el sentido que solicita que el suscrito juzgador ordene un estudio psicológico a la quejosa, para determinar si está en capacidad mental de convivir con la niña, así como que se opone a que se lleve a cabo la convivencia porque las mismas generan un daño emocional a la menor; resta señalar que este juzgador no puede por iniciativa propia, pronunciarse respecto de dichas peticiones, ya que ello significaría sustituirse al criterio de la autoridad responsable, lo cual no es legalmente permisible, porque ese aspecto es una atribución del juez familiar responsable. Quinto. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandra Jacobo Martínez, en términos del considerando cuarto de esta determinación. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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