Alejandra Montaño Verduzco

Expediente 1039/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1039/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Alejandra Montaño Verduzco
  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Patzcuaro, Michoacán
  • Elvia Montaño Verduzco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de ********************, autorizado de la parte tercero interesada, como lo solicita y de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del Nombre de Usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Ahora bien, en relación con su diversa solicitud en el sentido de que se le remita a la autoridad responsable copia de la ejecutoria de amparo; al efecto, dígase al promovente que dicha autoridad fue notificada conforme a la ley en el juicio de amparo directo, además este juzgado le realizó la notificación del auto, en el que se tuvo por recibida la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, que revocó la sentencia dictada por este juzgado, para negar el amparo solicitado por********************, por lo que se ordenó el archivo del juicio en que se actúa como asunto totalmente concluido. No obstante lo anterior, se le autoriza al promovente la expedición de la copia certificada de la respectiva ejecutoria de amparo, para que, si es su deseo, por su conducto la haga llegar a la autoridad responsable. Hágasele saber que para la entrega de la copia en mención, deberá realizarlo de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene a Jorge Alfonso Espino Santillán, como autorizado de la parte tercero interesada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que sí tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro único 85286. Ahora bien, en relación con su solicitud de que se notifique a la autoridad judicial, dígasele que por oficio 630 de veintidós de enero del presente año, se le informó a la autoridad responsable que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, revocó la sentencia dictada por este juzgado, para negar el amparo solicitado por Alejandra, Elvia, Francisco Javier, José Abraham, Rubén de apellidos Montaño Verduzco y a Javier Montaño Zavala. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 1039/2019 y acumulado 1040/2019, y testimonio de la resolución dictada el quince de octubre de dos mil veinte dentro del amparo en revisión 55/2020, de la que se advierte que el tribunal de alzada revocó la sentencia dictada por este juzgado, respecto de la materia de la revisión, para ahora negar el amparo solicitado por ********************y a ********************, respecto de los actos reclamados de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, pronunciados en idénticos términos dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario ********************/2016, radicado a bienes de ********************, por los cuales se desechó, en el primero, el recurso de apelación interpuesto por ********************; mientras que en el segundo el interpuesto por ********************, ambos hecho valer en contra de la interlocutoria de nueve de agosto del mismo año pronunciada dentro de la primera sección. Acúsese recibo. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada , secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1039/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegaron al juicio la parte quejosa y la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de las demandas. Mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad (foja 2), Alejandra, Elvia, Francisco Javier, José Abraham y Rubén, todos de apellidos Montaño Verduzco, solicitaron inicialmente, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto reclamado siguiente: Autoridad responsable: Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: El proveído emitido el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve pronunciado dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 393/2016, radicado a bienes de María Martha Verduzco Acuña. Invocándose en esta demanda como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la misma forma, mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad (foja 26), Javier Montaño Zavala solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la misma autoridad y reclamó también ese acto. Igualmente, invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Recepción, registro y prevención. Por razón de turno correspondió conocer de la dos demandas a este Juzgado de Distrito, quedando registrada la primera, con el número 1039/2019; mientras que la segunda con el diverso 1040/2019. Las dos demandas se tuvieron por recibidas en proveídos de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictados respectivamente en el expediente correspondiente (fojas 14 y 26), proveídos en los cuales, atendiendo a que en los conceptos de violación se cuestionaba la constitucionalidad de los artículos 686 y 687 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, se les previno para que aclararan ese punto y en caso que sí se reclamara la inconstitucionalidad, deberían señalar a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo; omisión que en ambos expedientes fue subsanada mediante escritos recibidos en este juzgado el diez de octubre de este año (fojas 20 y 44). Tercero. Acumulación y admisión. En auto de once de octubre del año en curso, al advertir que en ambos procedimientos constitucionales, se reclamó a las mismas autoridades idénticos actos reclamados, este juzgador ordenó de oficio, la acumulación de la demanda de amparo 1040/2019 al diverso 1039/2019. Asimismo, hecho lo propio, en ese mismo proveído dio cuenta con los dos escritos de cumplimiento de prevención y admitió a trámite las demandas, en los términos siguientes: Autoridades responsables: Congreso del Estado de Michoacán; Gobernador del Estado de Michoacán; Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán; y, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil. Todos con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La inconstitucionalidad de los artículos 686 y 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; y, El proveído emitido el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve pronunciado dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 393/2016, radicado a bienes de María Martha Verduzco Acuña, con motivo del primer acto de aplicación de esas porciones normativas. Por ello, requirió a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Luego, el cinco de noviembre de este año (foja 120) se reconoció el carácter de terceras interesadas a Verónica y Adriana, ambas de apellidos Montaño Verduzco, en su calidad de coherederas dentro de la sucesión intestamentaria de la que deriva el acto reclamado. Finalmente, en esta fecha se verificó la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los quejosos reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación, el cual se materializó dentro de un procedimiento jurisdiccional que se sigue en esta ciudad de Morelia, Michoacán, lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, los actos reclamados consisten en: Actos reclamados: La inconstitucionalidad de los artículos 686 y 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; y, Los proveídos de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, pronunciados en idénticos términos dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 393/2016, radicado a bienes de María Martha Verduzco Acuña, por los cuales se desechó, en el primero, el recurso de apelación interpuesto por Alejandra, Elvia, Francisco Javier, José Abraham y Rubén, todos de apellidos Montaño Verduzco; mientras que en el segundo, el interpuesto por Javier Montaño Zavala, ambos hechos valer contra la interlocutoria de nueve de agosto del mismo año pronunciada dentro de la primera sección. Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a todas las autoridades responsables pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, los cuales obran como a continuación se menciona: Autoridad Foja Congreso del Estado de Michoacán; 111 Gobernador del Estado de Michoacán; 115 Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán; y, 51 Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil. 118 Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañaron a su informe justificado las citadas responsables, incluyendo testimonio autorizado de las principales constancias que integran la primera sección del juicio sucesorio del que deriva el acto de aplicación, en un tomo de pruebas. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Cuarta. Estudio causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos al Gobernador del Estado de Michoacán y al Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán. A fin de corroborar lo afirmado, a continuación se transcriben los artículos 61, fracción XXIII, así como 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." De la interpretación sistemática de los preceptos legales que anteceden, se advierte que el juicio de amparo será improcedente respecto de autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de una norma general o en su publicación, cuya actuación no sea reclamada por vicios propios. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Gobernador del Estado de Michoacán y al Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, ya que de la demanda no se advierte que se atribuya a su actuación vicios propios por los cuales deba analizarse de forma destacada, sino que el estudio de constitucionalidad de la norma reclamada deriva de su propio texto. Por tanto, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, así como 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer en el juicio respecto de los actos que se atribuyen a dichas autoridades. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.) emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, Materia Común, Página 2248, Décima Época, Registro 2010097, que dice: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." No existen más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa, la existencia de alguna, por lo que procede que este juzgador emprenda el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinta. Análisis de los actos reclamados consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 686 y 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Como se estableció anteriormente, los quejosos reclaman en esta instancia constitucional, lo siguiente: La inconstitucionalidad de los artículos 686 y 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; y, Los proveídos de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, pronunciados en idénticos términos dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 393/2016, radicado a bienes de María Martha Verduzco Acuña, por los cuales se desechó, en el primero, el recurso de apelación interpuesto por Alejandra, Elvia, Francisco Javier, José Abraham y Rubén, todos de apellidos Montaño Verduzco; mientras que en el segundo, el interpuesto por Javier Montaño Zavala, ambos hechos valer contra la interlocutoria de nueve de agosto del mismo año pronunciada dentro de la primera sección. Por ello, es necesario establecer que por técnica, este juzgado emprenderá en primer lugar, el estudio de los artículos tildados de inconstitucionales que se atribuyen al Congreso del Estado de Michoacán, porque en caso de determinarse la inconstitucionalidad de esos preceptos, tendría como efecto sustraer a los quejosos de los supuestos en ellos contenidos y como consecuencia, de su aplicación materializada a través del proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve pronunciado dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 393/2016, radicado a bienes de María Martha Verduzco Acuña. De la misma forma, por técnica jurídica, quien resuelve emprenderá el estudio conjunto de ambos dispositivos legales, respecto de los cuales los promoventes del amparo hicieron valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Así, respecto de las porciones que los accionantes del amparo tildan de inconstitucionales, refieren que esos artículos son inconstitucionales en la medida que existe criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que declaró la inconstitucionalidad de un artículo de idéntico contenido a los impugnados, al considerar esencialmente que la integración de la apelación debe constituir un acto propio de la función jurisdiccional (fojas 10 y 35). Señalan también, que el requerimiento para que la parte apelante exhiba las copias de que se trata, previo a admitir la apelación, constituye una costa judicial, ya que en virtud de la función judicial que realizan los órganos encargados de administrar justicia están obligados a tramita los recursos (foja 46). Conceptos de violación que son infundados como se demostrará a continuación. En primer término, es pertinente traer a cuenta el contenido de ambas disposiciones legales, que es del tenor siguiente: "Artículo 686. La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende la ejecución ni los efectos de la resolución recurrida; y si ésta es sentencia definitiva se dejará, en el juzgado para ejecutarla, copia certificada de ella y de las demás constancias que el Juez estime necesarias, remitiéndose los autos originales al Supremo Tribunal de Justicia, a fin de ser turnados a la sala que corresponda. Si es auto o interlocutorias se remitirá, para ese efecto, testimonio de las constancias que el apelante señale y aporte a su costa dentro del término de los tres días siguientes a la interposición del recurso, y a él se agregarán, a costa del colitigante, las que éste designe dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del auto que lo admita. Artículo 687. Si el apelante no señala y aporta las constancias en los términos legales, el recurso no será admitido; y en este caso contra la admisión, o la no admisión, no procederá recurso alguno. Si la parte apelada no señala ni aporta las constancias que le corresponden, se enviará el testimonio con las señaladas y aportadas por el apelante." En todo caso, el testimonio contendrá, además, las constancias que el Juez estime conducentes. Luego, de la interpretación en conjunto de ambas disposiciones obtenemos que: Que el testimonio para la apelación de autos o interlocutorias se integrará con copia de las constancias que el apelante señale y aporte a su costa dentro del término de los tres días siguientes a la interposición del recurso; Que a dicho testimonio apelatorio también se agregarán, a costa del colitigante, las que éste designe dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del auto que lo admita; Que si el apelante no señala y aporta las constancias en los términos legales, el recurso no será admitido; Que si la parte apelada no señala ni aporta las constancias que le corresponden, se enviará el testimonio con las señaladas y aportadas por el apelante; y, Que el testimonio contendrá, además, las constancias que el Juez estime conducentes. Así lo infundado de los conceptos de violación que se estudian, descansa en que si bien es cierto, como lo afirman los quejosos, existe pronunciamiento de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que determinó que el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es inconstitucional porque establece como requisito para la admisión del recurso de apelación, la obligación del apelante de cubrir el costo de las copias necesarias para integrar el testimonio respectivo; también lo es que al emitir la ejecutoria relativa a ese asunto, estableció que la prohibición para el cobro de costas sólo debe ser entendida en un doble sentido: Que los gobernados no sean obligados a retribuir a los funcionarios encargados de administrar justicia; y, Que los órganos jurisdiccionales no requieran a los gobernados la exhibición de ningún tipo de pago por la realización de los actos que son propios de la función judicial. En efecto, al emitir la ejecutoria correspondiente a la contradicción de tesis 160/2004-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la prohibición consignada en el artículo 17 de la Constitución Federal, se refiere a los pagos que podrían exigirse a quienes acudan a solicitar justicia a los órganos jurisdiccionales, para cubrir los gastos originados por su funcionamiento. Que lo que prescribe el precepto constitucional aludido es que al ser gratuita la impartición de justicia, ésta no debe implicar un gasto para el gobernado, sino que debe ser el Estado el encargado de retribuir por esa actividad, de tal manera que los órganos jurisdiccionales no están facultados para exigir que los particulares exhiban algún tipo de pago por la actividad que realizan. Indicó también que "las costas judiciales" se traducen en que el gobernado tenga que realizar cualquier tipo de pago a quienes intervienen en la administración de justicia por parte del Estado, pues dicho servicio debe ser gratuito, además, dijo que también deben considerarse como tales, las erogaciones impuestas a los gobernados a fin de que el órgano jurisdiccional realice los actos inherentes a su función. Por ello, que la prohibición consignada por el artículo 17 de la Ley Fundamental, debe ser entendida en un doble sentido, ya que el referido precepto constitucional prohíbe, por un lado, que los gobernados sean obligados a retribuir a los funcionarios encargados de administrar justicia; y, por otro, que los órganos jurisdiccionales requirieran a los gobernados la exhibición de ningún tipo de pago por la realización de los actos que son propios de la función judicial. Aclaró también, que en su sentido gramatical la palabra "costas", genéricamente se refiere a los gastos originados en un juicio y que con motivo de él, dichas costas constituyen erogaciones que pueden ser de dos tipos: a) Las que derivan del funcionamiento mismo del aparato judicial, como pueden ser los salarios de los funcionarios y personal de apoyo, el material y el equipo empleado para la realización de las actividades propias del órgano jurisdiccional y las instalaciones; y, b) Las que realizan las partes que intervienen en los litigios y con motivo de éstos, en los que se encuentra comprendido el pago que debe realizar la parte perdidosa a la parte absuelta, las publicaciones de edictos, las convocatorias de remates, las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, los nombramientos de peritos, entre otros. Que de ellas, las que están consideradas como "costas judiciales", y que, como tales, están prohibidos por el artículo 17 de la Constitución Federal, son las primeras (las que derivan del funcionamiento mismo del aparato judicial, como pueden ser los salarios de los funcionarios y personal de apoyo, el material y el equipo empleado para la realización de las actividades propias del órgano jurisdiccional, las instalaciones); mientras que, las segundas, tratan de cualquier erogación ocasionada a las partes con motivo del litigio, las cuales no se encuentran comprendidas dentro de la prohibición constitucional de referencia. De esa ejecutoria, derivó el criterio jurisprudencial 1a./J. 60/2005, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Constitucional, Civil, Página: 27, Novena Época, Registro 178069, que dice: "APELACIÓN. EL ARTÍCULO 693 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO REQUISITO PARA LA ADMISIÓN DE DICHO RECURSO LA OBLIGACIÓN DEL APELANTE DE CUBRIR EL COSTO DE LAS COPIAS NECESARIAS PARA INTEGRAR EL TESTIMONIO RESPECTIVO, VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Del análisis del artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, vigente en 2004, se advierte que al interponer un recurso de apelación, el recurrente está obligado a justificar con el recibo correspondiente el pago de las copias necesarias para integrar el testimonio respectivo y que dicho pago deberá efectuarse de manera previa, lo cual será requisito indispensable para la admisión del recurso. Ahora bien, la exigencia de tal requisito se traduce en la imposición de una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en virtud de la función judicial que realizan los órganos encargados de administrar justicia, están obligados a tramitar los recursos; de ahí que la integración de la apelación deba constituir un acto propio e inherente a la función jurisdiccional y no originar un gasto con motivo del litigio, pues este último atiende a una naturaleza distinta en la que los órganos de justicia no tienen intervención directa. Además, al ser el Estado quien sufraga los gastos ocasionados por el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales para que éstos impartan justicia de manera gratuita, es evidente que es el propio Estado el que provee el presupuesto para cubrir el material y equipo necesarios a fin de que los tribunales realicen las actividades inherentes a su función." Bajo el panorama anotado, se afirma que lo dispuesto en los artículos que los quejosos tildan de inconstitucionales, no actualiza lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió como costas, ya que contario a lo que disponía el referido artículo 693 del anterior Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la legislación adjetiva de esta entidad federativa NO establece como aquella, que para la admisión del recurso, el apelante deba justificar con el recibo correspondiente el pago de las copias que integrarán el testimonio de apelación ni que se paguen de manera previa, tal y como se lee de ambas disposiciones: Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal Artículo 686. La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende la ejecución ni los efectos de la resolución recurrida; y si ésta es sentencia definitiva se dejará, en el juzgado para ejecutarla, copia certificada de ella y de las demás constancias que el Juez estime necesarias, remitiéndose los autos originales al Supremo Tribunal de Justicia, a fin de ser turnados a la sala que corresponda. Si es auto o interlocutorias se remitirá, para ese efecto, testimonio de las constancias que el apelante señale y aporte a su costa dentro del término de los tres días siguientes a la interposición del recurso, y a él se agregarán, a costa del colitigante, las que éste designe dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del auto que lo admita. Artículo 687. Si el apelante no señala y aporta las constancias en los términos legales, el recurso no será admitido; y en este caso contra la admisión, o la no admisión, no procederá recurso alguno. Si la parte apelada no señala ni aporta las constancias que le corresponden, se enviará el testimonio con las señaladas y aportadas por el apelante." ARTICULO 693. Interpuesta una apelación, el juez la admitirá sin substanciación alguna si fuere procedente, siempre que en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos y se justifique, con el recibo correspondiente, el pago de las copias que integrarán el testimonio de apelación de que se trate, expresando el juzgador en su auto si la admite en ambos efectos o en uno solo. El juez en el mismo auto admisorio ordenará se forme el testimonio de apelación respectivo con todas las constancias que obren en el expediente que se tramita ante él, si se tratare de la primera apelación que se haga valer por las partes. Si se tratare de segunda o ulteriores apelaciones, solamente formará el testimonio de apelación con las constancias faltantes entre la última apelación admitida y las subsecuentes, hasta la apelación de que se trate. Las copias necesarias para formar el testimonio de apelación correspondiente serán a costa del o los apelantes, siendo requisito indispensable para la admisión del recurso el previo pago total de las mismas. El pago deberá efectuarse de manera independiente por cada apelante, excepto en el caso de litisconsorcio, sea activo o sea pasivo, en el cual dos o más personas ejerzan la misma acción u opongan la misma excepción, litigando unidas bajo una misma representación, caso en el cual solo se pagará una vez. De igual manera, al tener por interpuesto el recurso de apelación, dará vista con el mismo a la parte apelada, para que en el término de tres días conteste los agravios si se tratare de auto o sentencia interlocutoria, y de seis días si se tratare de sentencia definitiva. Transcurridos los plazos señalados, sin necesidad de rebeldía, y se hayan contestado o no los agravios, se remitirán los escritos originales del apelante y en su caso de la parte apelada y las demás constancias que se señalan anteriormente, o los autos originales al Superior. El testimonio de apelación que se forme por el juez, se remitirá a la sala correspondiente dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que precluyó el término de la parte apelada para contestar los agravios, o en su caso del auto en que se tuvieron por contestados, indicando si se trata de primera, segunda o el número que corresponda en las apelaciones interpuestas. La sala al recibir el testimonio, formará un solo toca, en el que se vayan tramitando todos los recursos de apelación que se interpongan en el juicio de que se trate. La sala, al recibir las constancias que remita el inferior, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo y calificará, si se confirma o no el grado en que se admitió por el inferior. De encontrarlo ajustado a derecho así lo hará saber y citará a las partes en el mismo auto para dictar sentencia, la que pronunciará y notificará dentro de los términos del artículo 704. En efecto, un contraste de ambas disposiciones normativas permite advertir que la legislación de esta Entidad Federativa, sólo impone que el apelante señale y aporte a su costa dentro del término de los tres días siguientes a la interposición del recurso, las constancias respectivas; entendiéndose que las mismas no serán certificadas y que tampoco deben obtenerse ante la propia autoridad judicial, pues a ese respecto sólo indica que deberán allegarse; de ahí que, a juicio de quien resuelve, no se esté en presencia de ninguno de los dos supuestos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que deben entenderse como costas, pues las porciones normativas en estudio no obligan a las partes a retribuir a los funcionarios encargados de administrar justicia y tampoco, requieren a los gobernados la exhibición de ningún tipo de pago por la realización de los actos que son propios de la función judicial. Por ello, la obligación establecida en los artículos materia de análisis constitucional, debe entenderse como lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en esa ejecutoria 160/2004-PS, del tipo de costas que realizan las partes y que constituyen las erogaciones que éstas deben asumir con motivo del litigio, las cuales no se encuentran comprendidas dentro de la prohibición constitucional de referencia; sino que constituyen más bien, cargas procesales que se imponen a cada una de las partes para la tramitación del procedimiento natural. Sin que se insista, dichas cargas procesales, transgredan el derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo que implica ese derecho, es que el gobernado no pague directamente a quienes intervienen en la administración de justicia, una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de los integrantes de los tribunales debe cubrirse por el Estado. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada respecto de los artículos 686 y 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, materia de estudio en este apartado. En consecuencia, dado que los quejosos atribuyen vicios propios al acto de aplicación consistente los proveídos de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, pronunciados en idénticos términos dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 393/2016, radicado a bienes de María Martha Verduzco Acuña, por los cuales se desechó, en el primero, el recurso de apelación interpuesto por Alejandra, Elvia, Francisco Javier, José Abraham y Rubén, todos de apellidos Montaño Verduzco; mientras que en el segundo, el interpuesto por Javier Montaño Zavala, ambos hechos valer contra la interlocutoria de nueve de agosto del mismo año pronunciada dentro de la primera sección; se impone que este juzgador proceda a su análisis en términos del criterio de tesis aislada 2a. XCII/99 sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Materia Constitucional, Novena Época, Registro 193715, Página 366, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE CONTROVIERTEN CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉLLAS DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE ÉSTE, EN ARAS DE TUTELAR LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio respecto de ambos actos de autoridad, debe abordarse el estudio de constitucionalidad de la disposición general impugnada y, posteriormente, en su caso, es factible analizar los vicios propios atribuidos al acto de aplicación; sistema cuya justificación se ubica tanto en la dependencia lógico-jurídica de éste respecto de aquélla, como en que a través de él se permite tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Carta Magna, pues de condicionarse el análisis de constitucionalidad de una norma a que su aplicación sea correcta, aun cuando esa disposición fuera transgresora del marco constitucional, la autoridad aplicadora podría continuar concretando sus efectos en perjuicio de un gobernado y, solamente hasta que ello se realizara de manera fundada y motivada, éste obtendría la protección respectiva, a lo cual tuvo derecho desde el primer acto de aplicación que trascendió a su esfera jurídica." Sexta. Análisis de la constitucionalidad de los proveídos de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, pronunciados en idénticos términos dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 393/2016, radicado a bienes de María Martha Verduzco Acuña, por los cuales se desechó, en el primero, el recurso de apelación interpuesto por Alejandra, Elvia, Francisco Javier, José Abraham y Rubén, todos de apellidos Montaño Verduzco; mientras que en el segundo, el interpuesto por Javier Montaño Zavala, ambos hechos valer contra la interlocutoria de nueve de agosto del mismo año pronunciada dentro de la primera sección. Con relación a este acto que se atribuye al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y atendiendo a la causa de pedir, los promoventes del amparo aducen esencialmente que la determinación de desechamiento es ilegal, porque les impide acceder a su derecho a interponer los recursos de impugnación concedidos por la propia ley, a pesar que al interponer la apelación se hizo la aclaración que dado el gran volumen de fojas que consta el expediente de origen, las copias se allegarían a la postre. Concepto de violación que a juicio de quien resuelve, es esencialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada por los accionantes del amparo respecto del acto materia de estudio en este apartado, como se demostrará a continuación. Para dar sustento a esa calificativa, en primer término debe señalarse que como se precisó en los párrafos precedentes, el acto reclamado consiste en los proveídos emitidos el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, pronunciados en idénticos términos dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 393/2016, radicado a bienes de María Martha Verduzco Acuña, por los cuales se desechó, en el primero, el recurso de apelación interpuesto por Alejandra, Elvia, Francisco Javier, José Abraham y Rubén, todos de apellidos Montaño Verduzco; mientras que en el segundo, el interpuesto por Javier Montaño Zavala, ambos hechos valer contra la interlocutoria de nueve de agosto del mismo año dictada en la primera sección del intestamentario de origen. El desechamiento emitido en idénticos términos (fojas 63 y 66 del tomo de pruebas), se apoyó en el argumento que las constancias para integrar el toca de apelación fueron exhibidas el día lunes veintinueve de agosto de dos mil diecinueve y que el término de tres días concedido para ese efecto, les feneció el día viernes veintiséis de agosto del mismo año, conforme a lo establecido en los artículos 686 y 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, que dicen: "Artículo 686. La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende la ejecución ni los efectos de la resolución recurrida; y si ésta es sentencia definitiva se dejará, en el juzgado para ejecutarla, copia certificada de ella y de las demás constancias que el Juez estime necesarias, remitiéndose los autos originales al Supremo Tribunal de Justicia, a fin de ser turnados a la sala que corresponda. Si es auto o interlocutorias se remitirá, para ese efecto, testimonio de las constancias que el apelante señale y aporte a su costa dentro del término de los tres días siguientes a la interposición del recurso, y a él se agregarán, a costa del colitigante, las que éste designe dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del auto que lo admita. Artículo 687. Si el apelante no señala y aporta las constancias en los términos legales, el recurso no será admitido; y en este caso contra la admisión, o la no admisión, no procederá recurso alguno. Si la parte apelada no señala ni aporta las constancias que le corresponden, se enviará el testimonio con las señaladas y aportadas por el apelante." Bajo el anterior orden de ideas, asiste razón a los accionantes del amparo, al aducir que la determinación de desechamiento es ilegal, porque les impide acceder a su derecho a interponer los recursos de impugnación concedidos por la propia ley, a pesar que al interponer la apelación se hizo la aclaración al juez responsable que dado el gran volumen de fojas que consta el expediente de origen, las copias se allegarían a la postre; así se considera, porque al interpretar y aplicar gramaticalmente el contenido de las disposiciones normativas transcritas, el juez responsable vulneró en perjuicio de los accionantes del amparo, el derecho constitucional de tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción y recurso judicial efectivo. Se realiza esa afirmación, ya que efectivamente, una interpretación gramatical y aislada de ambos artículos, conduciría asumir, como lo hizo el juez responsable, que en todos los casos, el término de tres días para la exhibición de las copias es improrrogable; sin embargo, el juez de los autos, al emitir los autos de desechamiento reclamados, dejó de observar el contenido del artículo en el propio numeral 109 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, que dice: "Título Primero Reglas generales (.) Capítulo V De los términos judiciales Artículo 109. Cuando este Código no señale términos para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: I. Nueve días para interponer el recurso de apelación de sentencia definitiva; II. Seis días para apelar de sentencia interlocutoria o auto; III. Tres días para la celebración de juntas, reconocimiento de firmas, exhibición de documentos, dictamen de peritos; a no ser que por circunstancias especiales creyere justo el Juez ampliar el término, lo cual podrá hacer por tres días más; y, IV. Tres días para todos los demás casos." Así, una interpretación sistemática de los artículos 686 y 687 en relación el diverso 109, del referido ordenamiento adjetivo, hubiera permitido al juez, concluir que en casos excepcionales, está facultado para ampliar el término por tres días más para la exhibición de documentos, en aquellas circunstancias especiales que crea justo y que dicho sea de paso, para el suscrito, la señalada por los quejosos en el sentido de la dificultad para allegar las copias por el volumen del asunto, era suficiente para considerar procedente esa prórroga, a fin de no anular el derecho de la parte quejosa de aperturar la segunda instancia y hacer efectivo su derecho de acceso a la jurisdicción. Aunado a ello, el suscrito advierte que la intención del legislador al establecer la facultad del juez de ampliar los plazos en términos de la fracción III, del referido artículo 109, fue que éste, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso, pudiera establecer una excepción a las reglas establecidas en el sistema de impugnación de la apelación determinadas en los artículos 686 y 687, específicamente para prorrogar el término para la exhibición de constancias para integrar el toca, cuando creyere justa esa ampliación; lo que sin lugar a dudas en el caso, se insiste, lo pudo realizar atendiendo primordialmente a la manifestación en el sentido que la contienda de origen estaba integrada por un amplio volumen de constancias. Por ello, a juicio de quien resuelve, a efecto de determinar la procedencia, el juez responsable debió realizar una interpretación sistemática de los numerales 686 y 687, en relación con el diverso 109, fracción III, ya que el resultado de ese ejercicio interpretativo le hubiera conducido a establecer que atendiendo a la facultad que le confiere este último numeral para ampliar el término por tres días más para la exhibición de documentos y a la circunstancia especial del caso, en la que los quejosos le indicaron que el expediente era voluminoso, procedía entonces, tenerlos por cumpliendo en tiempo y forma con el requerimiento para allegar las constancias que integrarían el toca de apelación. Interpretación sistemática, que además es conforme a la Constitución, en la medida que a través de ese método se atribuye al artículo 298 materia de estudio, el significado que resulta más adecuado o conforme con los principios y valores contenidos en la Norma Suprema y que en el caso se sostiene, son el favorecer en una forma más amplia a los justiciables en su derecho de acceso a la tutela judicial efectiva en su vertiente de recurso efectivo, previsto en los artículos 17 y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, de suerte que, ese derecho debe ser entendido integralmente, como un medio ordinario de defensa sencillo, rápido y efectivo. En el entendido que la interpretación conforme de la que se habla, debe asumirse como un criterio para la selección de la técnica interpretativa (literal, teleológica, histórica, restrictiva, extensiva, sistemática, etcétera), mediante la cual, se busca asignar un significado al enunciado normativo de que se trate, debiendo tenerse como válido el que resulte más adecuado o conforme con los principios y valores contenidos en la Constitución; de suerte que, esta interpretación conforme es posterior al ejercicio derivado de la interpretación sistemática realizada en los párrafos precedentes. Se cita como sustento de lo anterior, la tesis aislada 1a. CCLXIII/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Constitucional, Página 337, Décima Época, Registro 2018696, que dice: "INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO. Conforme al principio pro persona, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, por lo que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Este principio se relaciona con la interpretación conforme, por la cual, antes de considerar inconstitucional una norma jurídica, deben agotarse todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, de ser posibles varias interpretaciones de la disposición, debe preferirse la que salve la aparente contradicción con la Norma Fundamental. En ese sentido, un presupuesto indispensable para que esas técnicas hermenéuticas puedan aplicarse es que la asignación de significado a la norma jurídica sea fruto de una interpretación válida, es decir, la derivada de algún método de interpretación jurídica, ya sea el gramatical, el sistemático, el funcional, el histórico o algún otro. Así, la interpretación conforme o la aplicación del principio pro persona no puede realizarse a partir de atribuir a la norma un significado que no tiene conforme a alguno de los métodos de interpretación jurídica, porque en ese caso, la norma sujeta a escrutinio ya no será la misma, sino que habría sido cambiada por otra." Lo resaltado es propio. Consecuentemente, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje sin efectos los proveídos emitidos el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, pronunciados en idénticos términos dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 393/2016, radicado a bienes de María Martha Verduzco Acuña, por los cuales se desechó, en el primero, el recurso de apelación interpuesto por Alejandra, Elvia, Francisco Javier, José Abraham y Rubén, todos de apellidos Montaño Verduzco; mientras que en el segundo, el interpuesto por Javier Montaño Zavala, ambos hechos valer contra la interlocutoria de nueve de agosto del mismo año dictado en la primera sección del intestamentario de origen; y, Atendiendo a las razones expuestas en la consideración sexta de esa sentencia, emita otros en los que tenga por admitidos los medios de impugnación planteados por los solicitantes de la tutela constitucional. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandra, Elvia, Francisco Javier, José Abraham, Rubén, todos de apellidos Montaño Verduzco y por Javier Montaño Zavala, respecto de los actos que atribuyeron al Gobernador del Estado de Michoacán y al Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, en atención a los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta resolución. Segundo. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a Alejandra, Elvia, Francisco Javier, José Abraham, Rubén, todos de apellidos Montaño Verduzco y a Javier Montaño Zavala, contra los actos reclamados al Congreso del Estado de Michoacán. Tercero. Por las razones expresadas en la consideración sexta de la presente resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandra, Elvia, Francisco Javier, José Abraham, Rubén, todos de apellidos Montaño Verduzco y a Javier Montaño Zavala, contra los actos que reclamaron del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Cuarto. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el última consideración de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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