Alejandra Guadalupe Corro Velasco

Expediente 82/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
82/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Guadalupe Corro Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de la Jueza Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se indican en el oficio que se acuerda, y que fueran remitidas en cumplimiento al auto de dos de mayo de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE por lista a las partes, con excepción de la autoridad responsable.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia por la que se determinó NEGAR el amparo solicitado por ****. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de mayo de dos mil veintitrés. De igual manera, se ordena devolver a la autoridad responsable, las constancias que acompañó al momento de rendir su informe justificado, requiriéndole para que a la brevedad posible se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Así, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    En México, Ciudad de México, a las diez horas del once de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señalados para la práctica de la audiencia constitucional, XXXXXXXXXX, Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria XXXXXXXXXX , que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia en el juicio de amparo 82/2020-II, promovido por XXXXXXXXXX, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las cuales se encuentran: demanda de garantías; auto de admisión de cuatro de febrero de dos mil veinte; constancias de notificación a la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; constancia de emplazamiento al tercero interesado XXXXXXXXXX ; informe justificado de la autoridad responsable; escrito por el que las partes quejosa y tercero interesado ofrecieron medios de convicción, registrados con los folios 2318 y 4272; autos de cuatro y veintisiete de febrero de dos mil veinte, por el que se admitieron pruebas de la quejosa y tercero interesado. Asimismo se da cuenta con los escritos presentados por el tercero interesado, con números de folio 4272 y 4868, por los que formuló alegatos Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se abre el período probatorio, y la Secretaria hace constar que se admitieron como pruebas de la quejosa: 1. La documental, consistente en copia de la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de XXXXXXXXXX; 2. La documental, consistente en un escrito con sello de acuse de recibido de trece de enero de dos mil veinte; y 3. La documental, consistente en un legajo en copia simple de diversas constancias del expediente 491/2001, radicado ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Federal. Y, se admitieron como pruebas del tercero interesado: 1. Documental, consistente en copia certificada del juicio de origen, que acompañó el juez responsable al rendir su informe justificado; 2. Documental, consistente en el informe que rinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que proporcione diversa información de la quejosa, contenido en el escrito de cuenta; y, 3. Instrumental de actuaciones. El Juez, acuerda: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza las ofrecidas por el quejoso, que fueron desahogadas en autos. Acto continuo, en la etapa de alegatos la Secretaria hace constar que únicamente el tercero interesado XXXXXXXXXX los formuló. El Juez acuerda: Se tienen por hechas las expresiones de dicho tercero interesad, las que serán objeto de valoración más adelante, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la ley de cita. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes para realizar manifestaciones en vía de alegatos. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la resolución que en derecho corresponda, firmando al calce quienes en ella intervinieron para debida constancia. Doy fe. Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. (firmado electrónicamente) Secretaria (firmado electrónicamente) México, Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veintiuno V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 82/2020-II, promovido por XXXXXXXXXXX, contra actos del Juez Primero de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, turnado al día siguiente este Juzgado Noveno en la materia y con la residencia indicadas, la quejosa XXXXXXXXXXX -quien es parte demandada incidental- solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad indicada y los actos que precisó como sigue: "A) Del C. Juez Interino Primero de lo Familiar del Distrito Federal, se reclama: La sentencia interlocutoria de fecha 27 de octubre de 2019, emitida por el C. Juez Interino Primero de lo Familiar del Distrito Federal, a través de la cual resolvió el incidente de cancelación de pensión alimenticia, promovido por el C. XXXXXXXXXXX, dentro del juicio ordinario civil (Reconocimiento de Paternidad) número de expediente 491/2001, y mediante el cual se violentaron mis derechos humanos de, seguridad jurídica, garantía de audiencia y legalidad consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que omitió emplazarme al juicio citado." Actos que la quejosa señaló como violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar al tercero interesado, XXXXXXXXXXX -quien es parte actora incidental en el juicio de origen-, lo que se llevó a cabo el diez de febrero de dos mil veinte (foja 86); se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 92); y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de nuestra Carta Magna; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en una controversia de naturaleza civil -por una persona que se ostenta ajena a la misma-, seguida ante un juzgado del orden común con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir el quejoso y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En el caso, la parte quejosa en su calidad de tercero extraño a juicio por equiparación, reclama esencialmente, la resolución de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, promovido dentro del juicio ordinario civil (reconocimiento de paternidad) 491/2001, seguido por XXXXXXXXXXX, contra XXXXXXXXXXX (aquí quejosa), derivado de falta de emplazamiento al incidente. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado, al Juez Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, además de referir la existencia del juicio de origen; aunado a que la certeza del acto, se corrobora con las constancias que en apoyo a su informe justificado remitió, las que por tratarse de actuaciones judiciales adquieren valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, y con las que se demuestra la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por el Juez responsable, de donde se advierte lo siguiente: 1. En los autos del juicio ordinario civil sobre reconocimiento de paternidad, promovido por XXXXXXXXXXX, en contra de XXXXXXXXXXX, expediente 491/2001 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, con fecha dos de julio de dos mil uno, se dictó sentencia definitiva que concluyó con los siguientes puntos resolutivos (fojas 124 a 127): "PRIMERO. Ha procedido la Vía Ordinaria Civil en el que la actora probó su acción y el demandado se allanó a la demanda incoada en su contra. SEGUNDO. Se condena a XXXXXXXXXXX a reconocer la paternidad de su menor hija XXXXXXXXXXX y, por tanto, asumirá las responsabilidades que le confiere la Patria Potestad que ejercerá sobre la misma. TERCERO. Gírese atento oficio al C. Directo del Registro Civil del Distrito Federal con los insertos y anexos necesarios para efecto de que levante el acta respectiva y haga las anotaciones correspondientes. CUARTO. Se aprueba en todas y cada una de sus partes y cláusulas del convenio celebrado pro las partes en el presente asunto el día once de junio del año dos mil uno, por no ser contrario a derecho, a la moral y las buenas costumbres y se condena a sus otorgantes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar como si i se tratara de sentencia ejecutoriada pasada por estado de cosa juzgada. Gírese el oficio respectivo a fin de que se haga el descuento de la pensión alimenticia a cargo del demandado como esta ordenado en el último de los considerandos de este fallo. Notifíquese." 2. Mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, el juez de origen tuvo a XXXXXXXXXXX, promoviendo incidente de cesación de pensión alimenticia, y se ordenó emplazar a la demandada incidental XXXXXXXXXXX, de manera personal, para lo cual, atento a la manifestación que bajo protesta de decir verdad formuló el actor incidental, se ordenó la investigación de su domicilio en diversas dependencias y autoridades, a saber: Instituto Nacional Electoral, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Policía Federal y Teléfonos de México (foja 249). 3. Así, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Teléfonos de México, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Policía Federal, Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral, emitieron respuesta de no localización del domicilio de la buscada, en atención al requerimiento formulado por el Juez de origen (fojas 260, 262, 265, 267, 282, 287 y 298). 4. Mediante proveído dictado en audiencia incidental de diez de julio de dos mil diecinueve, el juez responsable ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada incidental XXXXXXXXXXX, publicados por tres veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial y el periódico "Diario Imagen" (foja 306) 5. Por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo al actor incidentista exhibiendo las publicaciones de los edictos ordenados en autos (foja 319). 6. En auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por acusada la rebeldía de la parte demandada incidental al no haber emitido la contestación respectiva, y por perdido su derecho para hacerlo (fojas 327). 7. Seguida la secuela incidental, el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia interlocutoria de cancelación de pensión alimenticia, bajo los siguientes resolutivos (fojas 333 a 339): "PRIMERO. Ha procedido el INCIDENTE DE CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por XXXXXXXXXXX, deducido del juicio ORDINARIO CIVIL RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD, seguido por XXXXXXXXXXX, en contra de XXXXXXXXXXX; en donde el actor incidentista justificó su acción, dada la contumacia asumida por la demandada incidentista, en consecuencia; SEGUNDO. Se CANCELA LA PENSIÓN ALIMENTICIA, DECRETADA A FAVOR DE LA c. XXXXXXXXXXX mediante Sentencia Definitiva, de fecha dos de julio de dos mil uno. TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el 122 fracción II, del mismo ordenamiento jurídico, publíquense por dos veces de tres en tres días el en boletín judicial de ese H. Tribunal, los puntos resolutivos de la presente sentencia. CUARTO. En cuando sea ejecutable este fallo, gírese atento oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL SECRETARÍA (SIC) DE SALUD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (hoy Ciudad de México), para que dejen sin efecto el descuento que por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de XXXXXXXXXXX , le vienen realizando al C. XXXXXXXXXXX." Esta resolución, así como todo lo actuado en la incidencia de la que deriva, dado el emplazamiento practicado por edictos, constituyen los actos reclamados en el presente juicio constitucional. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 77 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en sus conceptos de violación el quejoso aduce, lo siguiente: PRIMERO. Que existe violación a las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al violentarse los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y audiencia, dado que el Juez responsable perdió de vista que el nombre correcto de la quejosa es XXXXXXXXXXX, y no como se le tuvo en el procedimiento incidental de origen. SEGUNDO. Que derivado de ello, se ordenó de manera incorrecta el emplazamiento por edictos, a nombre de XXXXXXXXXXX, a quien se le declaró rebelde y no a ella, a quien no se le llamó a juicio por virtud de dicho error. TERCERO. Que no fue emplazada al procedimiento incidental de origen, por lo que no fue oída ni vencida, ni se le dio la oportunidad de contestar, y por ello no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, lo que le dejó en estado de indefensión. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. De la lectura de los conceptos de violación expuestos por la quejosa, se aprecia que reclama que el emplazamiento a juicio por medio de edictos ordenado en auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, promovido en los autos del juicio ordinario civil, reconocimiento de paternidad, expediente 491/2001, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, fue ilegal lo que trajo como consecuencia que se le dejara en estado de indefensión al no poder intervenir en dicho juicio y alegar lo que a su derecho correspondiera. Ahora, cabe señalar que el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, exige para la plena satisfacción de la garantía de audiencia previa al acto privativo de la vida, de la libertad y de las propiedades, posesiones o derechos, la existencia de un "juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; III. Oportunidad de alegar; y IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así entonces, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento, que de no respetarse, impide u obstaculiza una adecuada defensa, por lo cual la falta o el defectuoso emplazamiento al juicio de origen constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que a aquélla se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarla en un serio estado de indefensión. Apoya el anterior criterio, la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en la página 133, tomo II, diciembre de 1995, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Cabe considerar, que el emplazamiento a juicio está revestido de formalidades legales y su documentación constituye un instrumento público, ya que es ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones; por consiguiente, hace fe hasta que se demuestre su falsedad. Para tal efecto, es necesario que el acto cumpla con las formalidades establecidas por la ley, dado que es un principio general del proceso el que los instrumentos públicos deben probar su regularidad por sí mismos; lo cual impone la necesidad de que la diligencia respectiva se ajuste a la forma dispuesta por el legislador, ya que es el único medio para asegurar su eficacia. En ese sentido, el emplazamiento a juicio debe entenderse como una cuestión de orden público, porque garantiza la audiencia de las personas para que sean oídas y vencidas en juicio, dándoles la posibilidad de aportar los medios de defensa que crean convenientes, por ende, para analizar su legalidad, en el caso que no ocupa, en primer término, se debe dejar en claro que A XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX, se trata de la misma persona. Ello es así, puesto que, de las constancias de autos se advierte que los actos reclamados derivan, como se indicó, de un juicio ordinario civil, reconocimiento de paternidad, en el que por sentencia definitiva se condenó a XXXXXXXXXXX a reconocer la paternidad de su entonces menor hija XXXXXXXXXXX, y se ordenó girar el oficio respectivo al Director del Registro Civil de la Ciudad de México, para que levantara el acta respectiva e hiciera las anotaciones correspondientes. Por informe rendido por el Juez Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, que obra a fojas 366 de autos, este señaló que si bien se elaboró el oficio respectivo, no se advierte que se hubiere diligenciado, puesto que la actora en el juicio no exhibió diversa acta a la que obra expedida desde mil novecientos noventa y cuatro a nombre de XXXXXXXXXXX, y que en el incidente de cancelación de pensión, el actor incidental XXXXXXXXXXX, exhibió diversa copia del acta de nacimiento de dicha persona - XXXXXXXXXXX- en la que consta una anotación marginal de la que sólo se advierte la inscripción de la sentencia definitiva dictada en el citado juicio de reconocimiento de paternidad, pero sin que se desprenda modificación alguna a nombre de la hoy quejosa XXXXXXXXXXX. De lo anterior, se aprecia que el nombre de la hoy quejosa como se encontraba con antelación - XXXXXXXXXXX- no sufrió modificación alguna en dicho procedimiento, no obstante que en la actualidad pudiera encontrarse modificado, sin que la quejosa demostrara lo contrario con medio de convicción alguno, esto es, no acreditó que de inmediato, con posterioridad a la emisión de la sentencia definitiva firme, en que se tuvo por reconocida la paternidad de XXXXXXXXXXX, respecto de aquella, se hubiere efectuado la modificación correspondiente y por tanto se hubiere levantada nueva acta de nacimiento bajo el nombre de XXXXXXXXXXX, conforme lo establece el artículo 78 del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 78.- En el caso de reconocimiento hecho con posterioridad al registro, se harán las anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento original y deberá levantarse nueva acta de nacimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 82." Por ello, al no existir en la fecha en que se promovió el incidente de cancelación de pensión alimenticia, un acta de nacimiento a nombre de XXXXXXXXXXX, y haber exhibido el actor incidental un acta de nacimiento de XXXXXXXXXXX, se tuvo como tal este último. No pasa inadvertido que la quejosa, para acreditar que actualmente su nombre correcto es el de XXXXXXXXXXX, exhibió una copia simple de la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de XXXXXXXXXXX; sin embargo, la misma carece de valor probatorio alguno a más que no se robusteció con diverso medio de convicción para determinar su eficacia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/37, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1759, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Así, una vez establecida la identidad de la quejosa, para determinar si fue legal que se le emplazara por medio de edictos, es pertinente destacar que en el escrito de demanda incidental de origen, el actor incidental XXXXXXXXXXX, manifestó bajo protesta de decir verdad que desconocía el domicilio de la demandada incidental XXXXXXXXXXX hoy XXXXXXXXXXX, y por ello solicitó que se giraran oficios a diversas dependencias y autoridades a efecto de investigar su domicilio para emplazarla al incidente de cancelación de pensión alimenticia. Así, mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, a petición del actor incidental, se ordenó la investigación del domicilio de XXXXXXXXXXX, mediante oficio que se giró al Instituto Nacional Electoral, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Policía Federal y Teléfonos de México. Tales dependencias y/o autoridades iinformaron que no localizaron domicilio alguno de la demandada incidental, por lo que en proveído dictado en audiencia incidental de diez de julio de dos mil diecinueve, el juez de origen ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada incidental XXXXXXXXXXX, cuyas publicaciones debían realizarse por tres veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial y el periódico "Diario Imagen". Por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo al actor incidentista exhibiendo las publicaciones de los edictos ordenados en autos, y publicados en fechas ocho, trece y dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Conforme a lo referido, se determina que el emplazamiento por edictos ordenado por el juez responsable fue legal, ya que se adecuó a lo previsto en la fracción II, del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México aplicable al juicio de origen, que dispone que podrá realizarse el emplazamiento de la enjuiciada por edictos cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas, ya que de las constancias remitidas y que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se constata que se giró oficio al Instituto Nacional Electoral, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Policía Federal y Teléfonos de México, con la finalidad de que revisaran si en sus archivos se encontraba algún domicilio registrado a nombre de la demandada XXXXXXXXXXX. Sin que tales dependencias y/o autoridades hubieren manifestado tener algún domicilio de la buscada, por lo que, ante la imposibilidad de poder emplazar a la enjuiciada, resultó legal que se le emplazara por medio de edictos. El artículo 122, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México aplicable al juicio natural, dispone: "Artículo 122.- Procede la notificación por edictos: (.) II.- Cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas; en este caso el juicio deberá seguirse con los trámites y solemnidades a que se refiere el título noveno de este código; En los casos de las dos fracciones que preceden, los edictos se publicarán por tres veces, de tres en tres días, en el boletín judicial y en el periódico local que indique el juez, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndose saber que debe de presentarse el citado, dentro de un término que no será inferior a quince días ni excederá de sesenta días; y.". El precepto legal en comento, dispone que la publicación de los edictos ordenados para emplazar a la aquí impetrante debía realizarse por tres veces de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber a la citada que debía comparecer dentro del término de quince, contemplando el precepto en cita que debe ser en un término no menor de los quince días ni uno que exceda de sesenta días, lo cual fue cumplido, ya que las publicaciones de los edictos ordenados en auto de diez de julio de dos mil diecinueve, se realizaron tanto en el boletín judicial como en el Diario Imagen, los días ocho, trece y dieciséis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 312 a 318). De la revisión de los edictos exhibidos, se constata que cumplieron con los requisitos para que la demandada se hiciera sabedora del juicio seguido en su contra, ya que contienen los datos del juzgado ante el cual se radicó el juicio natural, número de expediente, las partes, extracto del auto en el cual se ordenó el emplazamiento de la aquí impetrante por medio de edictos. Esto es, para que se ordene el emplazamiento por edictos, debe tenerse la plena seguridad de que se desconoce el domicilio en el cual pueda ser notificada la persona buscada, lo cual aconteció en el caso a estudio, ya que el juez responsable como rector del procedimiento, se allegó de informes prendidos por diversas dependencias, a fin de que previo a realizar el emplazamiento por edictos fueran agotados los domicilios que en su caso se hubiesen proporcionado en los autos del juicio natural, con la finalidad de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Ello ya que la certidumbre jurídica es uno de los fines de todo sistema jurídico, por tanto, el acto que da inicio a los juicios civiles es el escrito inicial de demanda, en el cual se debe señalar la persona contra la cual se está entablando la misma, y el domicilio de ésta para correrle traslado notificándole que está siendo demandada, por lo que en caso de que se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará por tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, esto con la intensión de que la parte demandada no quede en estado de indefensión en el juicio que se ha iniciado. Apoya en lo conducente la Jurisprudencia de la Novena Época, con número de registro 181335, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, en Materia Civil, visible en la página 1317, que al tenor reza: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PREVIAMENTE A SU PRÁCTICA EL JUZGADOR DEBE DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS INFORMES RENDIDOS POR LAS CORPORACIONES OFICIALES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Este órgano jurisdiccional federal sustentó el criterio que se refleja en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 1372, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PARA SU PROCEDENCIA SÓLO DEBEN SATISFACERSE LOS REQUISITOS PREVIOS QUE ESTABLECE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", en la cual estableció que para ordenar el emplazamiento por edictos no era necesario cumplir más requisitos que los establecidos por el artículo 117 de la legislación adjetiva civil local y que, por tal motivo, no había necesidad de ordenar otros trámites previos, como son recabar los informes de diversas dependencias y corporaciones respecto de la residencia de la parte demandada. Sin embargo, una nueva reflexión en torno a este tópico, apoyada en la trascendencia del llamamiento a juicio, cuya violación es la más significativa del procedimiento, porque impide al demandado realizar la defensa de sus intereses, lleva a considerar que cuando los informes rendidos por las corporaciones oficiales, verbigracia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o bien, el Instituto Federal Electoral, no sean suficientes para considerar que se agotaron los medios para la localización del demandado, esto es, cuando contengan datos imprecisos y no se efectúen las investigaciones correspondientes, esa información es insuficiente y no da lugar a ordenar el emplazamiento por edictos, habida cuenta que el desconocimiento del domicilio debe ser general. Ahora bien, aun cuando no existe un parámetro que permita calificar la eficacia de los informes rendidos por las distintas corporaciones oficiales, o cómo se deben realizar al investigar el domicilio de una persona, lo relevante es que el juzgador está facultado para ello, y es quien tiene el deber de determinar su eficacia, tomando en cuenta su importancia y trascendencia, que no es otra que la de hacer patente que la localización de una persona cuyo domicilio se ignora fue infructuosa, debido al desconocimiento general de su paradero. Ello permitirá al juzgador, en cada caso, ordenar el emplazamiento por edictos, pues en atención al contenido de cada informe, podrá establecer la pertinencia de las investigaciones efectuadas y lo fundado de sus conclusiones". En ese tenor, se concluye que el emplazamiento por edictos practicado a la parte demandada XXXXXXXXXXX, cuyo nombre es XXXXXXXXXXX , fue legal al cumplir con los requisitos establecidos en la fracción II, del artículo 122, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, lo anterior, atendiendo lo preceptuado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela la garantía de audiencia en favor de todo gobernado -en este caso a favor de la quejosa-; ya que es un derecho fundamental el ser oída previamente en cualquier procedimiento, lo que conduce a estimar que en el supuesto de que se ignore el domicilio de la demandada deben agotarse los medios al alcance del Juez de origen tendientes a localizar el lugar en donde habite la persona contra la cual se promovió la demanda, pues de otro modo se dejaría indefensa a la enjuiciada, lo cual no sucedió en el juicio natural. Esto es así, ya que se giraron diversos oficios a ciertas dependencias con la finalidad de investigar un probable domicilio en el cual pudiera ser localizada la impetrante del amparo, y toda vez que no se proporcionó domicilio alguno, el emplazamiento de la demandada hoy quejosa, se ordenó realizar por medio de edictos, los cuales fueron publicados en el boletín judicial y el periódico señalado por la responsable ordenadora, por tanto se cumplieron las formalidades legales contenidas en la fracción II, del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. En razón de lo relatado, se concluye que se respetó la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 Constitucional, ya que el emplazamiento por edictos practicado a la quejosa fue legal, por lo cual no se vulneraron las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, la impetrante al haber sido legalmente emplazada se encontró en posibilidad de comparecer al juicio incidental a defender sus derechos. No pasa inadvertido para esta autoridad de amparo que tratándose de emplazamiento a juicio procede la suplencia de la deficiencia de la queja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, empero, en el caso a estudio la autoridad responsable ordenadora no vulneró en perjuicio de la impetrante las garantías consagradas en la Constitución, ya que el llamamiento al juicio incidental por medio de edictos cumplió con las formalidades previstas en la ley aplicable al juicio natural. Es aplicable la Tesis: (IX Región)1o.4 K (10a.), de la Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, en Materia Común, consultable en la página 2084, que dispone: "EMPLAZAMIENTO. LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO, EN EL SENTIDO DE QUE EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ILEGALIDAD O FALTA DE DICHA DILIGENCIA, OBLIGA AL JUEZ DE AMPARO A ANALIZARLO ATENDIENDO A LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Del artículo 79, fracción VI y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que en materias diversas a la penal, agraria y laboral opera la suplencia de la queja deficiente en los conceptos de violación y en los agravios cuando el órgano jurisdiccional advierta que existió contra el quejoso o particular recurrente una violación evidente de la ley que lo dejó sin defensa, siempre y cuando se formulen motivos de disenso para controvertir la actuación combatida. En ese sentido, cuando el acto reclamado lo constituye la omisión o ilegalidad en el emplazamiento de un juicio, procede la suplencia de la queja deficiente, de conformidad con esa disposición, toda vez que esa simple manifestación del quejoso constituye, por sí misma, un concepto de violación mediante el cual se controvierte la legalidad de esa actuación y, por ende, obliga al juzgador de amparo a analizar dicho acto procesal de trascendencia relevante, dada su importancia con las demás formalidades del procedimiento, desde diversas perspectivas no planteadas frontalmente por el inconforme, pues con su solo señalamiento como acto reclamado se cumple con la exigencia de formular un planteamiento que puede ser mejorado en ejercicio de la suplencia de la deficiencia de la queja. Tal conclusión se corrobora al considerarse que, de pretender mayores solemnidades o exigencias en la formulación de los conceptos de violación o agravios se desnaturalizaría la razón de ser de dicha institución jurídica, pues se obligaría a construir silogismos perfectos, ante lo cual, sería innecesario que el juzgador interviniera con sustento en esa figura, pues limitaría su estudio a lo estrictamente planteado en la demanda correspondiente, convirtiendo así al asunto, para fines prácticos, en uno de estricto derecho". Finalmente, de la lectura de la demanda de amparo no se aprecia que la quejosa hubiera expuesto motivos de inconformidad dirigidos a impugnar la legalidad de las posteriores actuaciones y sentencia interlocutoria dictada en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, con posterioridad al emplazamiento por edictos. Por tanto, tales actuaciones habidas con posterioridad al emplazamiento por edictos realizado en el procedimiento incidental, incluyendo la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, en las que se declaró procedente cancelar la pensión alimenticia a su favor, debe quedar intocada. Es aplicable en lo que aquí interesa la jurisprudencia, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Octava Época, en Materia Común, Tesis: 3a./J. 28/93, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 72, Diciembre de 1993, visible en la página 38, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo". En esa virtud, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrados, respecto de los actos reclamados al Juez Primero de lo Familiar de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA en el presente juicio de garantías promovido por XXXXXXXXXXX , contra los actos que reclamó del Juez Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones expresadas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Tomando en consideración que, para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del Juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Por lo expuesto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS DEL ONCE DE NOVIEMBREDE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

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