Alejandra Espino González

Expediente 957/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
957/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Espino González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    AUDIENCIA - SENTENCIA. En México, Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 957/2021-II, promovido por ********, contra actos del Juez Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio en la Ciudad de México y Director Ejecutivo de Recursos Financieros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, (..) CONSIDERANDO: (...) SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación son infundados. El artículo 1390 Bis 33 del Código de Comercio establece: "Art. 1,390 Bis 33. La audiencia preliminar se llevará a cabo con o sin asistencia de las partes. A quien no acuda sin justa causa calificada por el juez se le impondrá una sanción, que no podrá ser inferior a $2,233.26 (Dos mil doscientos treinta y tres pesos 26/100 M.N.), ni superior a $7,232.50 (Siete mil doscientos treinta y dos pesos 50/100 M.N.), monto que se actualizará en los términos del artículo 1253, fracción VI de este Código". Del contenido del numeral en comento se observa que la autoridad responsable se encuentra facultada para apercibir a las partes, e imponer una multa que no podrá ser inferior a $2,233.26 (Dos mil doscientos treinta y tres pesos 26/100 Moneda Nacional), ni superior a $7,232.50 (siete mil doscientos treinta y dos pesos 50/100 moneda nacional); por tanto no asiste razón a la solicitante del amparo al aducir que resultó excesivo e ilegal que el juez responsable le hiciera efectiva la imposición de la multa por la cantidad de $4,000.000 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), por no haber asistido a la celebración de la audiencia preliminar de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Ello, pues se advierte que no le fue impuesta cantidad alguna que rebase el límite superior máximo de $7,232.50 (Siete mil doscientos treinta y dos pesos 50/100 M.N.). Aunado a que el legislador estimó necesario dotar al juez no sólo de reglas sino de medios que ayudaran en el procedimiento a lograr su tramitación y desenvolvimiento de una forma más rápida y efectiva, por lo cual, se incluyeron como medidas de apremio en los procedimientos mercantiles diversas medidas, entre las que se encuentra la imposición de sanciones pecuniarias. En ese contexto, el legislador consideró que el perjuicio es para el Estado quien tiene interés en depurar los procedimientos, por lo cual, si la audiencia preliminar, acorde a lo que señala el artículo 1390 Bis 32 del código mercantil, tiene como finalidad: I. La depuración del procedimiento; II. La conciliación y/o mediación de las partes por conducto del juez; III. La fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos; IV. La fijación de acuerdos probatorios; V. La calificación sobre la admisibilidad de las pruebas; y VI. La citación para audiencia de juicio. Entonces, se considera que las partes forzosamente deben estar presentes por sí o a través de sus representes o autorizados, a fin de que se realice alguno de los cuatro objetivos citados y de acuerdo al interés de cada una de ellas. Por tanto, al comparecer ante el órgano jurisdiccional, ya sea actor o demandado en el juicio, asumen la carga procesal de someterse a las reglas del procedimiento y, por consecuencia, si la solicitante de amparo es la demandada en la controversia natural, quien fue emplazada y contestó la demanda, tenía pleno conocimiento de las normas legales que la regulan, y al hacérsele de su conocimiento la hora y día en que debía comparecer a la audiencia preliminar, sin que lo hubiere hecho por sí o por conducto de persona autorizada para conciliar, ello constituye una omisión sancionable acorde a lo previsto en el precepto 1390 Bis 33 del Código de Comercio, pues el legislador es quien señaló claramente que el perjuicio es para el Estado, quien tiene interés en depurar los procedimientos; de ahí que no se considera excesiva la sanción impuesta, en concordancia con el perjuicio que se pudiera ocasionar al Estado. En consecuencia, si las partes acuden ante la instancia legal, se entiende que están conformes con la forma en la cual se tramitará el juicio y, por tanto, quedan sometidas expresamente a sus reglas. Se resalta lo precedente, porque como quedó plasmado la quejosa al presentar su contestación a la demanda del juicio de origen, asumió la tramitación del mismo y sus reglas, por lo cual se encontraba obligada a dar cabal cumplimiento a lo ordenado, es decir, a comparecer a la audiencia preliminar, por sí o por medio de persona autorizada para conciliar; sin que de su escrito de contestación que obra a fojas 156 a 168, se advierta que se inconformó en su momento por el monto del apercibimiento en caso de no comparecer a la audiencia preliminar. Ello, pues la trascendencia de dicha audiencia implica que el procedimiento puede terminar si las partes llegan a una conciliación, de ahí la importancia de que estén presentes, que asuman la carga procesal que les corresponde y, en su caso, realicen la depuración del juicio, llegando a la fijación de un acuerdo, o bien, continúen con su tramitación de conformidad con los intereses que cada una de ellas persigue. Así, la facultad conferida al juez responsable para sancionar en el supuesto de inasistencia de cualquiera de las partes a la audiencia preliminar, no se considera desmedida o excesiva, en atención a que el titular del órgano jurisdiccional procurará la conciliación entre las partes en ese acto, haciéndoles saber los beneficios de llegar a un convenio y proponiéndoles soluciones. Luego, si ambas partes deciden llegar a un convenio, el juez lo aprobará de plano si procede legalmente y en caso de desacuerdo proseguirá con la audiencia, pues en caso de no lograr un arreglo, aun cuando las partes lo hubieren intentado, el legislador atento a lo señalado en la exposición de motivos, ha querido desvincular las propuestas suscitadas en la fase conciliatoria de las subsecuentes etapas del procedimiento, proscribiendo el derecho de las partes para que intervengan y así lograr mantener la sustancia del juicio, puesto que habrá de continuarlo y sujetarlo a la litis. Lo señalado, se insiste, en virtud que la finalidad de la audiencia preliminar es evitar, en lo posible, el juicio, por lo que es legal que se conmine a las partes a través de un apercibimiento de multa para que comparezcan a depurar el procedimiento y, si así lo desearen, a conciliar, pues el objetivo de dicha audiencia es llegar a un arreglo previo y no continuar con la controversia en primer término, pero si lo quisiesen ésta continuará con las formalidades correspondientes, por lo cual, el juez goza de toda facultad para conminar a las partes a que previo a la continuación de un procedimiento, éstas lleguen a un común acuerdo. Con mayor razón si la multa impuesta a la actora en el acto reclamado, como se indicó, no excede de la máxima prevista en el artículo 1390 Bis 33 del Código de Comercio, la cual asciende a $7,232.50 (siete mil doscientos treinta y dos pesos 50/100 moneda nacional), por lo que existe una graduación en la imposición de la sanción decretada a la ahora quejosa con motivo de no haber asistido a la audiencia preliminar por sí o a través de persona facultada para conciliar. Así en los términos expuestos, no es procedente que la solicitante del amparo pretenda desconocer las reglas que rigen la tramitación del juicio oral mercantil, esto es, la audiencia preliminar; por tanto, al ser notificada de la fecha de celebración de dicho acto, estuvo en posibilidad de comparecer y, al no realizarlo, lo procedente era hacerle efectivo el apercibimiento de multa con el que se le conminó. Aunado a que la imposición de la multa decretada en la audiencia preliminar, se encuentra debidamente fundada y motivada en lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 33 del Código de Comercio; por ende, no trasgrede los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, más aún porque fueron respetadas las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, la notificación previa respecto al apercibimiento en el supuesto de no comparecer a la celebración de la audiencia preliminar por sí o por conducto de legítimo representante. En este sentido, se destaca que el juez responsable está facultado para imponer la medida de apremio prevista en el numeral 1390 Bis 33 de la ley mercantil, debiendo ajustarse al procedimiento marcado por ésta, con la finalidad de respetar el derecho de los gobernados, instituido en el artículo 14 constitucional. Ello dado que toda medida de apremio exige: a) La existencia de una determinación justa y fundada en derecho; b) La comunicación oportuna, al obligado con el apercibimiento, que de no hacerlo se aplicará una medida de apremio precisa y concreta. Bajo ese contexto, en el caso no existen violaciones a la ley fundamental, ya que no se dejaron de observar en agravio de las partes en el juicio de origen, los derechos humanos de fundamentación, motivación, legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado de que el juez responsable en el acuerdo de veinte de septiembre del año pasado (folios 140 a 144), expresó los motivos por los cuales apercibía con la imposición de una multa por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), pues al respecto indicó: "(.) Asimismo, desde este momento y oportunamente se les conmina a que en caso de no asistir a la Audiencia Preliminar, independientemente de su conducta procesal adquirida en juicio, se les impondrá una mediada de apremio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1390 Bis 33 del Código de Comercio, por la cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), lo anterior en atención al prudente arbitrio de este juzgador, atendiendo a las causa particulares y especiales entorno a la conducta reble que asuma cualquiera de las partes, al no comparecer a dicha audiencia, en razón de que su no contribución al desarrollo adecuado del presente procedimiento incidiría en afectaciones de orden público e interés social al privarse la posibilidad de agotarse oportunamente una instancia conciliatoria, por inasistencia de cualquier de las partes. Por lo que se les conmina a contribuir al agotamiento de esa posibilidad conciliatoria cumpliendo con su deber procesal de comparecer a la Audiencia Preliminar. (.)" En las condiciones anotadas, al resultar INFUNDADOS los conceptos de violación aducidos, sin que exista queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitados por **********, contra el acto que reclamó del Juez Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio en la Ciudad de México. Al haberse negado el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto del acto reclamado a la autoridad ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse con relación a los actos de ejecución atribuidos al Director Ejecutivo de Recursos Financieros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, contra los actos que reclamó del Juez Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio en la Ciudad de México y Director Ejecutivo de Recursos Financieros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expresadas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a nueve de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta del Juez Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio en la Ciudad de México, mediante el cual remite copia certificada de la audiencia de juicio de dos de marzo de dos mil veintidós, en la que se tuvo a la parte actora por pagada de las prestaciones reclamadas a la demandada en el juicio de origen. Ahora bien, toda vez que el acto reclamado en el presente juicio consiste en la audiencia preliminar de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se impone una multa a la demandada por XXXXXXXXXXXXXXXX, por no haber asistido a la audiencia preliminar, en esa virtud, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta. Notifíquese por lista las partes, con excepción de las autoridades responsables.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a primero de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días, para que el tercero interesado XXXXXXXXXX, se imponga de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; en tales condiciones, se DIFIERE y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    México, Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que se llevó a cabo el emplazamiento de la tercera interesada XXXXXXXXX, a la presente instancia constitucional; asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la razón de mérito. Ahora bien, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y constancias anexas, dese vista a la tercera interesada, para que dentro del término de ocho días manifieste lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.

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