Alejandra Espino González

Expediente 958/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
958/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/02/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Espino González

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, sin que a la fecha lo haya hecho la parte quejos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al veintiocho de febrero de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    México, en la Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1127/2019-II, promovido por XXXXXXXXXX, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, turnado ese mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en la materia y con la residencia indicadas, el quejoso XXXXXXXXXX - quien es demandado en el juicio de origen- solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades indicadas y el acto que precisó como sigue: "1) Reclamo como tal a la Autoridad señalada como ordenadora, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, la orden de emplazamiento por edictos a los demandados, dentro del expediente número XXXXXXXXXX, así como a la autoridad ejecutora, la elaboración, notificación y entrega de los edictos correspondientes para emplazar al suscrito, así como la notificación del auto que ordena el emplazamiento por edictos, dentro del Juicio Ejecutivo mercantil promovido por XXXXXXXXXX a través de su apoderado (.) emplazamiento llevado a cabo por medio de edictos, sin que se haya llevado a cabo debidamente dicho emplazamiento al suscrito XXXXXXXXXX, por no haber agotado la búsqueda de mi domicilio particular (XXXXXXXXXX), por parte del Diligenciario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, tanto dentro del exhorto XXXXXXXXXX, como del exhorto número XXXXXXXXXX; por lo que se tramito un juicio Ordinario Mercantil sin que se me haya debidamente emplazado conforme a derecho, habiéndose ordenado sin fundamento alguno, que fuera emplazado por medio de edictos, y al no haber recibido notificación alguna, trajo como consecuencia una sentencia condenatoria y embargo de una de mis cuentas bancarias y una propiedad, sin que se me haya oído y vencido en el juicio correspondiente, manifestando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CON FECHA CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, TUVE ACCESO AL EXPEDIENTE QUE CONFORMA EL JUICIO EN MENCIÓN, Y POR ENDE DEL INDEBIDO EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS ORDENADO POR AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO Y POR ENDE LOS SUBSECUENTES AUTOS, Y SENTENCIA DICTADOS DENTRO DE DICHO JUICIO. 2. Reclamo de la Autoridad señalada como ejecutora el Diligenciario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, por el ilegal emplazamiento por edictos hecho al suscrito dentro del expediente número XXXXXXXXXX derivado del juicio ordinario mercantil, así como el ilegal embargo trabado sobre una cuenta bancaria donde el suscrito soy cotitular y un inmueble de mi propiedad, por lo que se me dejó en estado de indefensión, al no haber sido oído y vencido en juicio." Actos que el quejoso señaló como violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó emplazar a la tercero interesada XXXXXXXXXX -parte actora en el juicio de origen-, lo que aconteció por medio de lista de doce de diciembre de dos mil diecinueve; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta levantada el día nueve de noviembre de dos mil veintiuno y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en una controversia de naturaleza civil, seguida ante un juzgado del orden común con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso comparece en su carácter de tercero extraño por equiparación, reclamando el emplazamiento realizado por medio de edictos en los autos del juicio ejecutivo mercantil XXXXXXXXXX, seguido por XXXXXXXXXX, en contra del ahora quejoso y otro, del índice del Juez responsable, así como todo lo actuado. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto de éste. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Juez y al Actuario adscritos al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, en donde señalaron que resulta cierta la tramitación del juicio de donde deriva el acto reclamado; certeza que se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitió el Juez responsable: 1. Por escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, XXXXXXXXXX ", por conducto de su apoderado XXXXXXXXXX, demandó en la vía ordinaria mercantil de XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX -aquí quejoso-, diversas prestaciones (fojas 1 a 34 del Tomo II de constancias). 2. Por razón de turno tocó conocer de dicho escrito de demanda al Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo el expediente XXXXXXXXXX, en el que por auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda en la vía propuesta, y ordenó emplazar a la parte demandada por medio de exhorto girado al Juez de Distrito en turo en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Tlaxcala (fojas 44 y 45). 3. Del citado exhorto correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, bajo el número XXXXXXXXXX, en el que se asentó la razón de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, suscrita por la Actuaria adscrita a dicho juzgado, del que se advierte que se intentó emplazar a los demandados XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX, sociedad anónima de capital variable, sin obtener resultados favorables (foja 60). 4. En proveído de quince de junio de dos mil diecisiete, ante la razón de imposibilidad de practicar el emplazamiento del codemandado, hoy quejoso, en el domicilio ubicado en calle XXXXXXXXXX, Tlaxcala, código postal noventa mil doscientos ochenta, ordenó, a petición de parte, investigación de domicilio, para lo cual se giraron los oficios respectivos a diversas dependencias y autoridades (foja 113). 5. En auto de tres de julio de dos mil diecisiete, el Juez ordenó girar exhorto al Juez de Distrito en turno del Estado de Tlaxcala, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, a efecto de emplazar a XXXXXXXXXXX, en el domicilio calle XXXXXXXXXX , Estado de Tlaxcala, código postal noventa mil doscientos ochenta (foja 130). 6. Así, mediante diligencia de catorce de julio de dos mil diecisiete, llevada a cabo por la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en la Ciudad del mismo nombre, se asentó la imposibilidad de emplazar al demandado XXXXXXXXXX, la que es del tenor siguiente (foja 145): "RAZÓN ACTUARIAL En la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala a catorce de julio de dos mil diecisiete, la suscrita licenciada RAQUEL SÁNCHEZ JUÁREZ, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, hago constar que en cumplimiento a lo ordenado en los autos de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, tres y once de julio ambos de dos mil diecisiete, dictados los primeros en los autos del JUICIO ORDINARIO MERCANTIL número XXXXXXXXXX del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México promovido por NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en su carácter de FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL (FOCIR) deducido del exhorto número XXXXXXXXXX, y el último en el exhorto número XXXXXXXXXX del índice el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, procedí a buscar el domicilio señalado de la parte codemandada XXXXXXXXXX ubicado en: CALLE XXXXXXXXXX, TLAXCALA, haciendo constar que constituida en dicha población y en dicho Barrio y después de hacer un recorrido en el mismo, no se advierte calle alguna identificada como "RANCHO SAN ISIDRO", siendo informada por los habitantes del lugar que dicha calle no existe, siendo todo lo que podían informar; ante tal circunstancia, no me es posible dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el juez exhortante; lo que hago constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. La Actuaria. UNA FIRMA." 7. Por auto de tres de agosto de dos mil diecisiete, a petición de la parte actora, el juez de origen requirió al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, para que proporcionara el domicilio cierto, preciso y actual del demandado ahora quejoso XXXXXXXXXX, lo que aconteció mediante oficio de quince de febrero de dos mil dieciocho, por virtud del cual, en auto de veintisiete del citado mes y año, ordenó girar exhorto a efecto de que se practicara el emplazamiento del citado codemandado (fojas 155, 170 a 175 y 180). 8. Así, se practicó diligencia del nueve de marzo de dos mil dieciocho, cuyo contenido es el siguiente (foja 190): "RAZÓN ACTUARIAL En Apizaco, Tlaxcala, a nueve de marzo de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado XXXXXXXXXX , Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, devuelvo el presente Exhorto número 51/2018-IV, deducido de su similar XXXXXXXXXX, derivado del Juicio Ordinario Mercantil XXXXXXXXXX, que envía el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, sin notificar personalmente a los demandados XXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXX, como se ordenó mediante proveído de siete de marzo del presente año, toda vez que al proceder a constituirme en el domicilio señalado en autos para tal efecto, sito: CALLE XXXXXXXXXX, TLAXCALA, y previo cercioramiento de ser el Domicilio por mí buscado por así advertirlo de la nomenclatura oficial existente, hago constar que al haberme constituido en dicho lugar el día de hoy a las ocho horas con cuarenta minutos, y llamar a la puerta de acceso, no acude alguien a mi llamado, ante tal circunstancia, no me es dable desahogar la diligencia encomendad en dicho proveído, lo que hago consta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. UNA FIRMA." 9. De igual forma se levantaron razones el quince y veinte de marzo de dos mil dieciocho, bajo el mismo supuesto de imposibilidad para llevar a cabo la referida diligencia de emplazamiento (fojas 191 y 192). 10. Mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a los demandados en el juicio de origen por medio de edictos, mediante publicaciones por tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, así como en un periódico de la Ciudad de México (fojas 203 a 205). 11. Hecho lo anterior, mediante proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, se declaró en rebeldía a la parte demandada, al no haber dado contestación a la demanda interpuesta en su contra; y, seguido que fue el procedimiento en todas y cada una de sus etapas procesales, con fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva, al tenor de los siguientes puntos resolutivos (fojas 222- 223 y 250 a 261): "PRIMERO. Es procedente la vía ordinaria mercantil en al que la actora Nacional Financiera, . acreditó la acción y los demandados XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX, no opusieron excepciones por las razones expuestas en el considerando tercer de esta sentencia definitiva. SEGUNDO. Se condena a los demandados XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX , a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.); por concepto de suerte principal, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que la presente sentencia definitiva cause ejecutoria o legalmente sea ejecutable; apercibido que en caso de no hacerlo en el plazo señalado, a petición de parte, se procederá con la ejecución forzoso. TERCERO. Se condena a los demandados a pagar a la actora, los intereses ordinarios y moratorios en los términos precisados en el considerando tercero de esta resolución que se cuantificarán en ejecución de sentencia. CUARTO. No se decreta condena en costas a las partes, de conformidad con lo precisado en el considerando cuarto de este fallo." 12. Una vez declarada firme dicha sentencia, en auto de cinco de junio de dos mil diecinueve, el juez de origen, requirió a la parte demandada, para que, dentro del término de cinco días, diera cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva dictada, apercibida que de no hacerlo se procedería a su ejecución forzosa (foja 272). 13. Por diligencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve, practicada en el juzgado de origen, se trabó embargo sobre las cuentas bancarias, de inversión, de cheques, contratos, cajas de seguridad, depósito de valores en administración, así como derechos fiduciarios de los fideicomisos en que los demandados fueren fideicomitentes y/ fideicomisarios, asimismo se trabó embargo sobre el bien inscrito en el folio real XXXXXXXXXX, inscrito en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, con residencia en Tlaxcala, a nombre de XXXXXXXXXX, y también se trabó embargo sobre diversos bienes del codemandado XXXXXXXXXX (fojas 322 a 325). El emplazamiento por edictos y todo lo actuado en el juicio de origen constituyen los actos reclamados en el presente juicio de garantías. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 77 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en sus conceptos de violación el quejoso aduce, lo siguiente: PRIMERO. Que derivado de la razón actuarial de catorce de julio de dos mil diecisiete, en donde no hubo un exhaustivo cercioramiento por parte de la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en dicha ciudad, se le dejó en estado de indefensión puesto que se ordenó su emplazamiento por medio de edictos. SEGUNDO. Que resultaba improcedente que el Juez responsable ordenara su emplazamiento por medio de edictos, puesto que el domicilio señalado en Rancho San Isidro sí es el domicilio donde vive desde hace más de ocho años, lo que al no haberse verificado de manera correcta resultó en un juicio en el que no tuvo oportunidad de defenderse y se le condenó e incluso se embargó el inmueble del domicilio que supuestamente no se localizó. TERCERO. Violación a su garantía de audiencia, consagrada en el artículo 14 constitucional y de seguridad jurídica establecida en el artículo 16 constitucional, en virtud de que se siguió un procedimiento a sus espaldas sin fundamentación ni motivación alguna, en el que no fue oído y vencido. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Atento a que el solicitante del amparo encaminó sus conceptos de violación a impugnar el emplazamiento por edictos realizado en el juicio ordinario mercantil XXXXXXXXXX, del índice del juez responsable, por virtud del defectuoso cercioramiento al buscar su domicilio en el que sí habita, y a consecuencia de ello todo lo actuado en el juicio, se considera pertinente que sean estudiadas en su conjunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Dicho precepto es del tenor siguiente: "Artículo 76.- El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda." Al respecto se cita lo que señala la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 199-204 Sexta Parte, visible en la página 51, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION, EXAMEN GLOBAL DE LOS. ES UNA FACULTAD POTESTATIVA DE LOS TRIBUNALES DE AMPARO Y NO UNA OBLIGACION, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo vigente establece que la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito "podrán" examinar en su conjunto los agravios y conceptos de violación, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda; de dicho texto legal se infiere que tal forma de examen no constituye una obligación, sino una facultad potestativa, pues así lo sugiere el verbo "podrán", además de que es comprensible que el examen conjunto de los conceptos de violación o de los agravios, sólo es factible de realizarse en determinados casos, como por ejemplo cuando los motivos de inconformidad guardan estrecha relación, ante lo cual, exclusivamente en esos supuestos, que obedecen a razones de orden práctico o de método, se justifica ese estudio global." Cabe señalar que el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, exige para la plena satisfacción de la garantía de audiencia previa al acto privativo de la vida, de la libertad y de las propiedades, posesiones o derechos, la existencia de un "juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; III. Oportunidad de alegar; y IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así entonces, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento, que de no respetarse, impide u obstaculiza una adecuada defensa, por lo cual la falta o el defectuoso emplazamiento al juicio de origen constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que a aquélla se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarla en un serio estado de indefensión. Apoya el anterior criterio, la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en la página 133, tomo II, diciembre de 1995, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Cabe considerar, que el emplazamiento a juicio está revestido de formalidades legales y su documentación constituye un instrumento público, ya que es ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones; por consiguiente, hace fe hasta que se demuestre su falsedad. Para tal efecto, es necesario que el acto cumpla con las formalidades establecidas por la ley, dado que es un principio general del proceso el que los instrumentos públicos deben probar su regularidad por sí mismos; lo cual impone la necesidad de que la diligencia respectiva se ajuste a la forma dispuesta por el legislador, ya que es el único medio para asegurar su eficacia. En ese sentido, el emplazamiento a juicio debe entenderse como una cuestión de orden público, porque garantiza la audiencia de las personas para que sean oídas y vencidas en juicio, dándoles la posibilidad de aportar los medios de defensa que crean convenientes, por ende, para analizar su legalidad es preciso acudir a las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, y que resultan aplicables al juicio de origen, a efecto de determinar si el emplazamiento por edictos al juicio ordinario mercantil XXXXXXXXXX del índice del juez responsable, fue ajustado a las formalidades requeridas para el caso. En tal virtud, cabe indicar que, en el caso, al tratarse de un emplazamiento a un ordinario mercantil, éste se regula por los artículos 1068 bis del Código de Comercio, 309, fracción I, 310 y 311 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que establecen: "Artículo 1,068 Bis. El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, en su caso la denominación o razón social, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encontrarse el buscado; después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento." "ARTICULO 309.- Las notificaciones serán personales: I.- Para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el negocio; [.]." "ARTICULO 310.- Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica. Al Procurador de la República y a los agentes del Ministerio Público Federal, en sus respectivos casos, las notificaciones personales les serán hechas a ellos o a quienes los substituyan en el ejercicio de sus funciones, en los términos de la ley orgánica de la institución. Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo." "ARTICULO 311.- Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313." De la interpretación de los artículos transcritos, se obtiene que, cuando se practica el emplazamiento dentro del juicio ordinario mercantil, los requisitos mínimos de validez que deben aparecer asentados en el citatorio y el acta relativa a la diligencia, serán los siguientes: 1. Serán personales para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el negocio; 2. Se harán al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica. 3. Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo. 4. Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. 5. En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313. Por su parte, dado que el emplazamiento a juicio se realizó mediante edictos, se debe tomar en consideración lo que establece el artículo 1070, del Código de Comercio, que es del tenor siguiente: "Art. 1,070. Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser demandado. Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez ordenará recabar informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas. Bastará el informe de una sola autoridad o institución para que proceda la notificación por edictos. La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada. Esta información no queda comprendida dentro del secreto fiscal o de alguna otra reserva que las autoridades o instituciones estén obligadas a observar conforme a las disposiciones que las rige. Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez revisará la información presentada así como las observaciones hechas por la parte actora y resolverá lo conducente. En el caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la demandada, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los párrafos anteriores. Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se deban practicar las diligencias o notificaciones personales, seguirán haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado. El notificador tendrá la obligación de realizarlas en el domicilio señalado, y en caso de no existir el mismo, lo deberá hacer constar en autos para que surtan efectos así como las subsecuentes, por publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los estrados de los tribunales, además de que las diligencias en que dicha parte debiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado sin su presencia. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin necesidad de girar oficios para la localización del domicilio." En ese sentido, resulta necesario traer a contexto, lo asentado por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en la razón realizada el catorce de julio de dos mil diecisiete, cuyo contenido es el siguiente: "RAZÓN ACTUARIAL En la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala a catorce de julio de dos mil diecisiete, la suscrita licenciada XXXXXXXXXXX, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, hago constar que en cumplimiento a lo ordenado en los autos de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, tres y once de julio ambos de dos mil diecisiete, dictados los primeros en los autos del JUICIO ORDINARIO MERCANTIL número XXXXXXXXXX del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México promovido por XXXXXXXXXX en su carácter de FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL (FOCIR) deducido del exhorto número 226/2017, y el último en el exhorto número 194/2017- VI del índice el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, procedí a buscar el domicilio señalado de la parte codemandada XXXXXXXXXX ubicado en: XXXXXXXXXX, TLAXCALA, haciendo constar que constituida en dicha población y en dicho Barrio y después de hacer un recorrido en el mismo, no se advierte calle alguna identificada como "RANCHO SAN ISIDRO", siendo informada por los habitantes del lugar que dicha calle no existe, siendo todo lo que podían informar; ante tal circunstancia, no me es posible dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el juez exhortante; lo que hago constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. La Actuaria. UNA FIRMA." De lo anterior, no se advierte que la fedataria se hubiere cerciorado a plenitud de la inexistencia del domicilio buscado, y por ende que en el mismo no se le pudiera emplazar, para por virtud de ello que se ordenara su emplazamiento por edictos. Lo anterior es así, pues entre otras, el funcionario que realice la primer búsqueda del demandado tiene la obligación de asentar en el acta respectiva el cercioramiento de que el domicilio en que se constituyó fue el señalado para ese fin, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión pues, de lo contrario, las subsecuentes actuaciones encaminadas a lograr el emplazamiento del demandado y, como en el caso, el emplazamiento por edicto derivado de ello es violatoria de garantías, ya que no se tuvo la certeza de que el demandado fue debidamente buscado en el domicilio que se señaló para su emplazamiento. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.C. J/319 de la Novena Época con número de registro 164335, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Julio de 2010, en Materia(s): Civil, visible en la página 1777, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO. ES ILEGAL SI EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA NO ASIENTA EN EL ACTA RESPECTIVA EL CERCIORAMIENTO DE QUE EL DOMICILIO EN EL QUE SE CONSTITUYE ES EL SEÑALADO PARA TAL EFECTO, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE QUE SE VALIÓ PARA ARRIBAR A ESA CONCLUSIÓN (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Los artículos 309, fracción I, 310 y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles establecen las reglas y la prelación de actos a los que habrá de ceñirse el funcionario que practique el emplazamiento a juicio, y si bien es cierto que dichos preceptos no disponen expresamente que aquél deba cerciorarse de que el domicilio en el que se constituyó es el designado por el actor para tal efecto, pues en ellos sólo se prevé que "Las notificaciones personales se harán al interesado ... en la casa designada ..."; también lo es que la expresión "casa designada", que se repite en los dos últimos numerales mencionados, implícitamente impone la obligación de efectuar el referido cercioramiento, en tanto lo acota como un presupuesto lógico- jurídico indispensable. Máxime que el correcto cumplimiento de la obligación de que dicho funcionario se constituya en el domicilio señalado en autos, se encuentra lógica y jurídicamente implícito en la finalidad del emplazamiento, pues su omisión o incorrecta verificación es la violación procesal de mayor magnitud y carácter más grave, en tanto origina la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el funcionario que realice el emplazamiento tiene la obligación de asentar en el acta respectiva el cercioramiento de que el domicilio en que se constituyó efectivamente fue el señalado para ese fin, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión pues, de lo contrario, el llamamiento a juicio es ilegal y, por ende, violatorio de garantías". Así, como se refirió la notificadora judicial no cumplió a cabalidad con lo dispuesto en lo dispuesto en el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que, al llevar a cabo el emplazamiento ordenado en los autos del juicio de origen, acudió al domicilio señalado por la parte actora, sin que se advierta el cercioramiento que debía asentar de la inexistencia de este, pues no asentó las características físicas del lugar en que se constituyó, pues indica que se constituyó en dicha población y en dicho Barrio y después de hacer un recorrido en el mismo, no se advierte calle alguna identificada como "RANCHO SAN ISIDRO", empero no describió las características físicas del lugar en donde dice que se constituyó, esto es el barrio o población, así como las diversas calles que recorrió . Asimismo, señala que fue informada por los habitantes del lugar que dicha calle no existe, siendo todo lo que podían informar, sin que describa las características físicas, media filiación, de las personas con que se entrevistó y que le indicaron que el domicilio era inexistente. En tal virtud, en el caso concreto, como se indicó de la diligencia que se estudia, y que es motivo de concepto de violación por parte del quejoso, se advierte que la fedataria no cumplió con todas y cada una de las obligaciones previstas en el artículo 1068 Bis del Código de Comercio, en relación con los diversos 310 y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al código mercantil citado, ya que quedó asentado que no existió pleno cercioramiento de que el lugar en que se constituyó, efectivamente no se encontró aquél que se señaló para la práctica del emplazamiento calle XXXXXXXXXX, Tlaxcala, resultaba inexistente para practicar la diligencia, lo que torno irregular la razón actuarial de catorce de julio de dos mil diecisiete, tal como lo aduce el quejoso. Ello, pues de la citada razón se desprende que efectivamente la actuaria judicial adscrita incumplió con su obligación de otorgar certeza en la actuación que practica en ejercicio de sus funciones, dado que se limitó a señalar que recorrió la localidad y que diversos vecinos -sin asentar su media filiación-, le informaron que no existía el domicilio señalado, diligencia que no pudo llevar a cabo, ya que a su dicho, resultó inexistente. No obstante, en el caso, era indispensable que dicha fedataria se cerciorara de manera fehaciente de que, efectivamente dicho domicilio no existía y por ende no podía practicar el emplazamiento respectivo, al asentar de manera detallada los signos de la localidad en que se constituyó y la media filiación de las personas que le indicaron de la inexistencia de este, tal como lo refiere el artículo 1068 Bis del Código de Comercio. Lo anterior, es insuficiente para tener por colmado el requisito de cercioramiento, al no haber constatado con diversos medios que efectivamente no existía el sitio encomendado; verbigracia, el uso de nuevas tecnologías que le permitieran tomar imágenes del lugar o bien ubicar el sitio en que se constituyó a efecto de realizar esa diligencia en la que se apreciaran las características de la localidad, la colonia o municipio, etcétera. Por tanto, la citada información asentada en la razón actuarial de mérito, son insuficientes para tener por corroborada la inexistencia del inmueble en que debía practicarse el emplazamiento, dado que en la información que plasmó, fue omisa en indicar aquellos signos físicos de la localidad en que se constituyó y de las personas con quienes se entrevistó, que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado. Entonces, si la actuaria omitió señalar mayores elementos que la llevaran a determinar que el sitio en que se constituyó no existía el domicilio señalado para llevar a cabo la diligencia respectiva, es válido concluir que, como adecuadamente se alegó por el quejoso, la actuaria no se allegó de los elementos convictivos suficientes para cumplir con las formalidades exigidas por la ley. Resulta orientador, por las consideraciones ahí contenidas, el criterio jurisprudencial 36/2018, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, tomo I, septiembre de 2018, página 778, de la Décima Época emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO ORAL MERCANTIL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "SIGNOS EXTERIORES DEL INMUEBLE" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 15 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. La disposición normativa apuntada establece, entre otras cuestiones, que en la diligencia del emplazamiento al juicio oral mercantil, el notificador se identificará ante la persona que atienda su llamado y asentará en el acta respectiva los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, así como los "signos exteriores del inmueble" que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado. Este requisito obedece a la necesidad de cuidar la efectiva realización del emplazamiento que si bien ya de suyo constituye el acto procesal de mayor entidad en todo proceso judicial, tratándose del juicio oral adquiere una mayor importancia, que justifica la exigencia al actuario judicial de cumplir con una serie de requisitos adicionales a los que tradicionalmente se establecían para su práctica, pues ante la supresión de las notificaciones personales durante el juicio, debe existir mayor certidumbre de que el demandado ha adquirido pleno conocimiento de la instauración de un proceso judicial en su contra, el lugar donde se le ha demandado, el Juez que conoce de la causa y el contenido de la demanda, para que quede en aptitud de acudir a las audiencias en las que tendrá oportunidad de ser notificado de las decisiones que ahí se adopten y producir su defensa. En ese sentido, la obligación del actuario judicial de asentar los "signos exteriores del inmueble" exige una descripción objetiva de las características físicas del lugar en el que dicho funcionario judicial se ha constituido para la práctica de la diligencia, que haya apreciado mediante sus sentidos y que sean suficientes para identificarlo y ubicarlo, sin perjuicio de que pueda allegarse de otros medios para integrar su actuación, como puede ser el uso de nuevas tecnologías que le permitan tomar imágenes del lugar o bien describir la media filiación de la persona con la que entendió la diligencia, pedir información a alguno de los vecinos cercanos, etcétera. En ese sentido, el requisito de registrar los signos exteriores del inmueble no se colma con el hecho de que el actuario asiente que tuvo a la vista el nombre de la calle y el número del inmueble, pues además de que esos datos no corresponden a una descripción del lugar, su vaguedad impide tener por satisfecha la formalidad apuntada, lo que genera la nulidad de la diligencia, siempre que dicha actuación no haya sido convalidada." Lo anterior ya que el contenido de la razón asentada por que se pretendió emplazar al quejoso y que se impugna se desvirtúa con las pruebas ofrecidas por el hoy quejoso consistentes en: 1.- La documental, consistente en todo lo actuado en el juicio Ordinario Mercantil XXXXXXXXXX, del cual enfatiza las siguientes, actuaciones: - Razón actuarial de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete. - Auto de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. - Auto de seis de marzo de dos mil dieciocho. - Razón actuarial de nueve de marzo de dos mil dieciocho. - Razón actuarial de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho. - Razón actuarial de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho. - Auto de nueve de abril de dos mil dieciocho. - Así como los autos subsecuentes de fecha diez de julio de dos mil dieciocho. 2.- La documental, consistente en copia certificada de su credencial para votar. 3.- La documental, consistente en dos comprobantes de Comisión Federal de Electricidad a nombre del ahora quejoso. 4.- La documental, consistente en la impresión de cinco fotografías de un inmueble. 5.- Testimonial a cargo de Fernando Paredes García y Gabriel Paredes Hernández. 6.- Inspección Judicial practicada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en calle XXXXXXXXXX, en Tlaxcala, que es del tenor literal siguiente (fojas 432 a 434 del cuaderno de amparo en que se actúa): "(.) En Nanacamilpa, Estado de Tlaxcala, siendo las catorce horas con cero minutos del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el suscrito Licenciado XXXXXXXXXX, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, hago constar: Que en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el exhorto 126 (.) por lo que me constituí debida y legalmente en Calle XXXXXXXXXX, Tlaxcala, por lo que encontrándome en el lugar de referencia, doy fe: de ubicarme en el lugar de referencia (.); por lo que en relación a los puntos ofrecidos en la presente inspección judicial se observa que en relación al inciso A), sí existe un señalamiento de metal de color azul con texto blanco con la leyenda "Ruta del Pulque, San Isidro 2.3 km", el cual es de una altura de 2.5 metros de alto aproximadamente, encontrándose ubicado en la intersección de Boulevard Revolución y calle Camino a la Obra; por lo que hace al inciso B), se observa que existe un señalamiento de metal de color blanco con letras negaras con la leyenda "XXXXXXXXX", el cual es de 1.5 metro de ancho por 1.5 metros de largo, el vual se encuentra a un costado de la puerta de acceso principal del Rancho denominado "San Isidro", ubicado sobre un camino de terracería o rústico denominado "Camino a la Obra"; en elación al inciso C) se observa que exige un señalamiento de metal de color azul con letras blancas con la leyenda "XXXXXXXXX", el cual es de aproximadamente 2.5 metros de alto, el cual se encuentra aproximadamente cincuenta metros de la tienda "Aurrera", sobre Boulevard Revolución con sentido al pueblo denominado "Lira y Ortega", ente calles "Moctezuma" y "Camino a la Obra", por lo que hace al inciso D) se observa que existe un letrero de metal de color blanco con letras negras con la leyenda "XXXXXXXXXX", el cual es de aproximadamente 2.5 metros de alto, se localiza en al intersección de las calles "Hortencia" y "Libertad"; finalmente por l que respecta al inciso E) se observa que existe un señalamiento de metal con tres estructuras rectangulares de color blanco, con letra negra con las leyendas "La Obra", "San Isidro" y "Maravillas", el cual es de aproximadamente 2.5 metros de alto y se ubica sobre boulevard Revolución a veinte metros aproximadamente de la intersección con calle "Camino a la Obra", se aprecia que el letrero de referencia se encuentra del lado opuesto de la calle o boulevard, frente a una caseta de información turística la cual es de dos plantas de color blanco con letras rojas, con un tinaco de color crema ubicado en la parte superior, la cual se encuentra a un costado de un fraccionamiento denominado "Infonavit Valle de las Flores". Con lo anterior doy por terminada la presente diligencia a las catorce horas con cincuenta minutos redactando la presente acta para los efectos legales a que haya lugar. Doy FE." "UNA FIRMA". Medios de convicción que, al ser documentales públicas y privadas, tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 133, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como la inspección judicial que de conformidad con los diversos numerales 197 y 212 de la codificación procesal citada, hace prueba plena; por lo que procede analizarlas en su conjunto ya que permiten presumir la veracidad de los datos que contienen, como se verá a continuación. En primer lugar, contrario a lo precisado por el fedatario que asentó la razón de catorce de julio de dos mil diecisiete, el domicilio ubicado en Calle XXXXXXXXXX, Tlaxcala, sí existe y se llega a él por medio de los señalamientos que existen en las calles aledañas a él, como se advierte de la inspección judicial que antecede. Lo anterior, al ser dicho medio de prueba el idóneo para conocer las características físicas de lugar en que se encuentra el domicilio buscado que se señaló para efecto de llevar a cabo el emplazamiento, así como de los datos que advirtió por medio de sus sentidos en la diligencia de inspección que practicó, al tratarse de datos objetivos para los cuales el actuario mencionado no requiere mayor pericia que su capacidad de apreciación, cuya valoración se efectúa en este acto atendiendo al objeto preciso para el cual fue ofrecida. Además, permite afirmar que el fedatario que practicó la diligencia que se impugna omitió preciar cómo fue que se cercioró de que el domicilio señalado para practicar la diligencia de emplazamiento no existe; es decir, fue omiso en señalar cómo llegó al lugar en que supuestamente buscó y no encontró el referido domicilio, las características físicas de las personas con quienes se entrevistó y que le dijeron que el domicilio era inexistente. Lo anterior, ya que no basta con decir que fue informada por los habitantes del lugar que dicha calle no existe, siendo todo lo que podían informar; sino que debió cerciorarse de la identidad de las personas, tomar sus nombres, describir su media filiación, en caso de no proporcionar sus nombres, corroborar que dichas personas efectivamente eran habitantes del lugar, solicitándoles identificación oficial con fotografía, etcétera, todo lo que llevara a presumir lo correcto de su dicho, o sea todos aquellos medios que generaran incertidumbre en cuanto a la idoneidad de las personas con quienes se entrevistó y le indicaron la inexistencia del domicilio del quejoso; de lo que, no realizó una razón pormenorizada de su actuación, ya que no la robusteció con mayores elementos que reflejaran su correspondencia con la realidad. En especial porque de las pruebas ofrecidas por el peticionario de amparo y de la inspección judicial mencionada con antelación, se advierte que XXXXXXXXXX, se puede localizar en el domicilio ubicado en Calle XXXXXXXXXX, Tlaxcala, y por ende el fedatario respectivo estuvo en posibilidad de practicar la diligencia de emplazamiento respectiva, más aún si se considera que el inconforme acreditó tener credencial de elector con ese domicilio y que existe el servicio de suministro eléctrico en ese lugar. Por tanto, existen irregularidades en cuanto al cercioramiento del ejecutor de que en el domicilio en el que se constituyó realmente era inexistente, puesto que tal funcionario no se aseguró fehacientemente de la verdad de los hechos que le constaron por medio de los sentidos, o por lo menos no lo plasmó así, ni asentó razón en la que señalara con claridad y precisión los elementos de convicción en que se apoyó. Así, ya que la notificación personal constituye una forma de comunicación jurídica individualizada, cuyos requisitos formales y medios están predeterminados expresamente en la legislación aplicable, a fin de que el interesado reciba efectivamente la correspondiente comunicación en función de los efectos jurídicos que de ella derivan; pero tratándose del emplazamiento, dichos requisitos adquieren mayor relevancia, dada la trascendencia jurídica en la esfera del gobernado. De ahí que el diligenciario deba asegurarse de que el destinatario de la notificación puede ser emplazada o no en el lugar en el que se constituya, por lo que de conformidad con las garantías de legalidad, certidumbre y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, resulta necesario que se detallen los elementos necesarios que le den certidumbre a la actuación del notificador. En ese sentido, si de la confrontación efectuada entre la razón de imposibilidad practicada el catorce de julio de dos mil diecisiete (foja 145 del tomo de pruebas), con lo estipulado en los preceptos reproducidos, así como con los medios de convicción ofrecidos por el hoy quejoso, debe establecerse que el fedatario público debió cerciorarse por cualquier medio que tuviera a su alcance de que en el lugar o localidad donde se constituyó efectivamente no existía, como lo indicó allegándose de diversos medios o pormenorizando de manera minuciosa cómo obtuvo tal resultado, para darle mayor veracidad a lo asentado en la razón que se analiza. Por tanto, existen deficiencias e irregularidades en cuanto al cercioramiento de la ejecutora de que el domicilio del quejoso resulta inexistente, lo que conllevó a que se practicara el emplazamiento del quejoso por medio de edictos, sin una base fehaciente de que se ignoraba el domicilio del quejoso. Sobre esa base, se concluye que los conceptos de violación formulados por el quejoso y que quedaron resumidos, son esencialmente fundados, ya que la diligencia asentada por la que se pretendió llevar a cabo su emplazamiento, no cumple con los requisitos de validez para la primera notificación personal contemplados por la codificación procesal de la materia y puntualizados con antelación, al carecer de un debido cercioramiento fehaciente de la inexistencia del domicilio señalado, lo que derivó en su indebido emplazamiento por edictos. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C. J/319, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, julio de 2010, de la Novena Época, página 1777, que dispone textualmente: "EMPLAZAMIENTO. ES ILEGAL SI EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA NO ASIENTA EN EL ACTA RESPECTIVA EL CERCIORAMIENTO DE QUE EL DOMICILIO EN EL QUE SE CONSTITUYE ES EL SEÑALADO PARA TAL EFECTO, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE QUE SE VALIÓ PARA ARRIBAR A ESA CONCLUSIÓN (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Los artículos 309, fracción I, 310 y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles establecen las reglas y la prelación de actos a los que habrá de ceñirse el funcionario que practique el emplazamiento a juicio, y si bien es cierto que dichos preceptos no disponen expresamente que aquél deba cerciorarse de que el domicilio en el que se constituyó es el designado por el actor para tal efecto, pues en ellos sólo se prevé que "Las notificaciones personales se harán al interesado ... en la casa designada ..."; también lo es que la expresión "casa designada", que se repite en los dos últimos numerales mencionados, implícitamente impone la obligación de efectuar el referido cercioramiento, en tanto lo acota como un presupuesto lógico-jurídico indispensable. Máxime que el correcto cumplimiento de la obligación de que dicho funcionario se constituya en el domicilio señalado en autos, se encuentra lógica y jurídicamente implícito en la finalidad del emplazamiento, pues su omisión o incorrecta verificación es la violación procesal de mayor magnitud y carácter más grave, en tanto origina la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el funcionario que realice el emplazamiento tiene la obligación de asentar en el acta respectiva el cercioramiento de que el domicilio en que se constituyó efectivamente fue el señalado para ese fin, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión pues, de lo contrario, el llamamiento a juicio es ilegal y, por ende, violatorio de garantías." Consecuentemente, el hecho de que el emplazamiento se haya realizado en forma diversa a lo ordenado en la ley es suficiente para declarar ilegal todo el procedimiento seguido contra de hoy quejoso, y por ende para conceder el amparo solicitado, pues no llegó a constituirse la relación jurídica procesal entre actora y demandada, es decir, no quedó entablada la litis en el juicio de origen y, por ende, el hoy quejoso, no estuvo en condiciones de proveer la defensa de sus intereses. Lo que se traduce en la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, pues dio origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio; esto es, imposibilitó al peticionario de garantías para contestar la demanda y, por consiguiente, le impidió oponer las excepciones y defensas a su alcance; la privó, además, del derecho a presentar las pruebas que acreditaran sus excepciones y defensas, a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas ofrecidas por el demandante, a formular alegatos, a ser notificada oportunamente de la sentencia, y finalmente, a la oportunidad de impugnarla. En términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo al quejoso XXXXXXXXXX, a efecto de que el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México: - Deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio de origen con posterioridad al dictado del auto admisorio de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, y como consecuencia de ello, deberá dejar insubsistente el emplazamiento por edictos realizado al quejoso XXXXXXXXXX, dentro del juicio ordinario mercantil expediente XXXXXXXXXX, y ordenar que se vuelva a practicar la búsqueda del domicilio del demandado. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados del actuario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por ser consecuencia del acto de la ordenadora. Lo anterior es así, en atención a que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que otorgue la protección constitucional tendrá por efecto, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como aquí sucede, restituir a la parte quejosa en el pleno goce de las garantías violadas, en cuyo caso, para que esta restitución se concrete plenamente, es indispensable, de acuerdo con lo ordenado en la misma norma, que se restablezcan as cosas al estado que tenían antes de la violación cometida declarada inconstitucional. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, en Materia Común, visible en la página 287, que al tenor reza: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a XXXXXXXXXX, contra los actos que reclamó del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos establecidos en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, vía electrónica a la parte tercera interesada y personalmente al quejoso.

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