Alejandra Gómez López

Expediente 33/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
33/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Gómez López

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese al expediente el oficio proveniente de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, de la Ciudad de México, a través del acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas en cumplimiento a lo ordenado en auto de siete de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de la autoridad responsable.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia que negó la Protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de garantías. Se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que, conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al trece de septiembre de dos mil veintidós. Se ordena devolver a la Sala responsable las constancias que remitió con apoyo a su informe justificado, requiriéndole el acuse de recibo de estilo dentro del término de tres días legalmente computados, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el plazo que se concede, se le aplicará una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización de conformidad al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución General, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el diverso numeral 237 fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, a su expediente el oficio proveniente de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y atento a lo que solicita, deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    AUDIENCIA - SENTENCIA. Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 33/2022-III, promovido por ********, contra actos de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, (.) C O N S I D E R A N D O: (.) SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos por la quejosa resulta infundados por una parte e inoperantes por otra, atento a lo siguiente. Es infundado lo aducido por la quejosa en el sentido de que la responsable omitió analizar debidamente el único agravio que la quejosa fundamentó en lo establecido por el artículo 1851 del Código Civil, realizando una indebida valoración del contrato de arrendamiento exhibido y violando en perjuicio de dicha peticionaria de amparo el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional; que son incongruentes las consideraciones de la responsable al confirmar el auto recurrido, ya que nuevamente hizo un estudio de los artículos en los que el Juez de origen consideró ser incompetente, sin que haya hecho pronunciamiento alguno a lo establecido en el artículo 1851 del Código Civil para esta ciudad, hecho valer como agravio; y que es contrario a derecho lo aducido por la responsable en cuanto a que sí era indispensable para fijar la competencia la existencia de una cláusula de sumisión expresa, sin que haya realizado consideración alguna a lo establecido por el artículo 1851 del Código Civil. Lo anterior es así, ya que la responsable sí se pronunció con relación al agravio hecho valer por el quejoso con relación a la aplicación del artículo 1851 del Código Civil, pues como se ve del contenido de la resolución reclamada, consideró al respecto lo siguiente: - Que era infundado el agravio en el sentido de que si era compete el Juez de la Ciudad de México, porque en la cláusula XIII del contrato de arrendamiento se establecía que se regía por las legislaciones respectivas y aplicables en esta ciudad, y que debía entenderse su contenido en su sentido literal, en términos de lo ordenado en el artículo 1851 del Código Civil para la Ciudad de México; lo anterior, ya que era indispensable para fijar competencia como acuerdo de voluntades de las partes que intervenían en un contrato, la existencia de una cláusula de sumisión expresa. - Que al ser un derecho con el que contaban las partes, debía existir de manera expresa dicha cláusula, cuyo contenido contuviera y cumpliera con dos requisitos consistente en que, los interesados renunciaran clara y terminantemente al fuero que la ley les concedía, y que señalaran como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. - Que no bastaba para declarar competente al juez de origen únicamente el señalar en esa cláusula que el contrato se regiría por las legislaciones de la Ciudad de México, al ser clara la ley con relación a los requisitos para poder establecer una cláusula competencial, pues de lo contrario, se estaría ante una violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, y en una omisión que factiblemente podía influir en el sentido de la decisión definitiva que llegara a dictarse en el juicio respectivo, dado que se tramitaría ante una autoridad que no era competente en razón del territorio. Como se ve de lo anterior, la responsable sí se pronunció con relación al agravio que la quejosa aduce fue omitido, en el que adujo que conforme a lo dispuesto en el artículo 1851 del Código Civil, debía estarse al sentido literal de las cláusulas del contrato de arrendamiento, y que la intención de las partes al estipular en la cláusula décima tercera era la de someterse a los tribunales de la Ciudad de México. Lo anterior, porque dicho agravio lo calificó de infundado básicamente al considerar que sí era indispensable para fijar competencia la existencia de una cláusula de sumisión expresa, y que no bastaba para declarar competente al juez de origen únicamente el señalar que el contrato se regiría por las legislaciones de la Ciudad de México, dado que la ley era clara con relación a los requisitos para poder establecer una cláusula competencial, y que de lo contrario se estaría ante una violación a las normas fundamentales que regían el procedimiento. Por otra parte, resulta inoperante lo argumentado por la quejosa en el sentido de que, conforme a la interpretación de los contratos, debe ser considerado lo estipulado en la cláusula décima tercera del contrato exhibido como base de la acción, al establecerse en dicha cláusula que ese contrato se regiría por las disposiciones contenidas en el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad y demás leyes relativas y aplicables al caso, pues de no ser esta la intención de las partes, ningún objeto tendría haberse establecido esa cláusula; y que sería contrario a derecho que, de subsistir las consideraciones efectuadas por la autoridad responsable y de promoverse ante el juez de la ubicación del inmueble, este aplicara las disposiciones contenidas en los códigos de la Ciudad de México y demás leyes relativas y aplicables, por lo que debía declararse incompetente al juez del Estado de México, en virtud de que las partes estipularon como leyes aplicables las de esta ciudad. Lo anterior es así, ya que esos motivos de inconformidad no se encuentran encaminados a controvertir de forma frontal las consideraciones bajo las cuales la responsable confirmó el auto apelado, pues la quejosa no expone argumento alguno encaminado a desvirtuar los motivos y razones por las cuales la responsable estimó que era indispensable en el caso la existencia de una cláusula de sumisión expresa, ni lo razonado en el sentido de que no bastaba para declarar competente al juez de origen únicamente el señalar que el contrato se regiría por las legislaciones de la Ciudad de México, en tanto que la ley era clara con relación a los requisitos para poder establecer una cláusula competencial, y que de lo contrario se estaría ante una violación a las normas fundamentales que regían el procedimiento. De modo que la quejosa se encontraba obligada a exponer, con argumentos lógico-jurídicos, las razones por las cuales a su consideración no era indispensable la existencia de una cláusula de sumisión expresa, así como los motivos por los que no debía atenderse a los requisitos previstos en la ley para poder establecer una cláusula competencial, y por los que, de declarar competente al juez de origen, no se estaría ante una violación a las normas fundamentales que regían el procedimiento; sin que lo hubiere hecho. En esas circunstancias, quien resuelve se encuentra jurídica y legalmente imposibilitado para determinar, con base en los motivos de inconformidad de que se trata, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución reclamada, pues de hacerlo equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no previsto por la ley. Por otra parte, resulta inoperante por insuficiente lo aducido por la quejosa en el sentido de que es incongruente lo considerado por la responsable en cuanto a que el conocimiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria por el A quo que es competente, representaba una condición mínima y esencial, mediante el cual se instauraba la relación jurídico-procesal, y que su ausencia conllevaba a estimar que si se dictara cualquier cuestión favorable para el promovente, esto no resultaría válidamente existente, atento al principio de que todo lo actuado ante el juez incompetente es nulo; lo anterior, ya que en las diligencias de jurisdicción voluntaria no existe controversia alguna y, en su caso, terminan con la notificación materia de las mismas. Ello es así, pues aun cuando resultare fundado, no sería suficiente para conceder la protección constitucional, en tanto que la quejosa no logró desvirtuar las demás consideraciones expuestas por la responsable y que por sí mismas sustentan el sentido de la resolución reclamada, mediante las cuales sostuvo que sí era indispensable para fijar competencia la existencia de una cláusula de sumisión expresa, y que no bastaba para declarar competente al juez de origen únicamente el señalar que el contrato se regiría por las legislaciones de la Ciudad de México. Atento a lo anterior, al no haberse acreditado que la resolución reclamada resulte violatoria de derechos humanos ni de garantías individuales, y al no estar en el caso de suplir la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, PROCEDE NEGAR a la quejosa el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, contra el acto reclamado a la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a ************, contra el acto que reclama de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisado en el considerando segundo de esta sentencia y conforme a lo expuesto en el considerando sexto. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    México, Ciudad de México, a ocho de febrero de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA Agréguese el oficio de cuenta, proveniente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite el expediente DC-10/2022, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por **********, así como una bolsa cerrada con documentos, cinco copias de demanda, el toca 959/2021 y el expediente 607/2021; lo anterior, en virtud que mediante auto de cuatro de enero del año en curso, dicho tribunal declaró carecer de competencia para conocer del asunto en cuestión; en consecuencia, acúsese recibo y con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda mencionada, y se procede a acordar en los siguientes términos: PARTE QUEJOSA Y PERSONALIDAD. Se tiene a **********, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo indirecto contra actos de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 33/2022-III y NEUN 29477805. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala responsable en el toca 959/2021-01, que confirmó el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, en el expediente 607/2021, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la hoy quejosa, dirigidas a **********; auto mediante el cual el citado juzgador no admitió a trámite las citadas diligencias. FUNDAMENTO DE LA ADMISIÓN Y AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin lugar a tramitar incidente de suspensión al no haberlo solicitado la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Sin que haya lugar a requerir el informe con justificación a la autoridad responsable, toda vez que ya obra en autos. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la Sala responsable, para facilitar el manejo del expediente se ordena formar los TOMOS II y III, identificados como cuadernos de constancias, en el entendido de que las subsecuentes actuaciones se seguirán practicando en el presente cuaderno. Con el citado informe dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado Federal, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace la precisión que los montos de los apercibimientos formulados, se fundamentan en términos de lo establecido en la Ley de Amparo y en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución General, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el cual modificó los artículos 26, 41 y 123 de la mencionada Carta Magna. RECONOCIMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Sin que haya lugar a tener por reconocido a algún tercero interesado, dada la naturaleza del acto reclamado. PRUEBAS. Del contenido de la demanda se advierte el impetrante no ofreció prueba alguna por el momento. INTERVENCIÓN MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del impetrante el que indica. Se autorizan en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que indica. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA. Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por lista a la parte quejosa.

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