Alejandra Echeverría Ogaz

Expediente 419/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
419/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Alejandra Echeverría Ogaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil veintiuno. Se agrega escrito de cuenta Visto el escrito de cuenta, presentado por la quejosa **********, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda. Señala autorizado Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios al licenciado licenciado ***********, toda vez que se encontró inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. De conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a *****************, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; ya que así lo solicitó la promovente. Domicilio De igual forma, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.******

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Declaratoria de estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de diez de septiembre de de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, en cuanto al expediente *******, del índice de la Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, que fueron remitidos por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, con motivo de la incompetencia planteada, remítanse los mismos al juzgado de origen, solicitando atentamente acuse de recibo. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de septiembre de dos mil veintiuno. Se reciben autos de juicio natural Visto el oficio de cuenta, que remite el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda; se le tiene remitiendo los autos del juicio natural **********/2012, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; se ordena acusar recibo de ello. Se desecha demanda Por lo tanto, se procede a determinar sobre la demanda de amparo que dicho Tribunal Colegiado remitió en vía de incompetencia legal, la cual fue aceptada en auto de ocho de junio del año en curso. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, cuando se actualizan motivos manifiestos e indudables de improcedencia, la demanda de amparo debe desecharse de plano. Pues bien, al respecto, se tiene que el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esto es, el motivo de improcedencia del juicio constitucional, debe ser manifiesto en tanto que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo; y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Indicado lo anterior, se indica que en el caso, la quejosa reclama los siguientes actos, de las autoridades responsables que se señalan a continuación: III.- AUTORIRDADES RESPONSABLES: A).- ORDENADORA.- H. Juzgado Primero de lo Civil, del Distrito Judicial Bravos, Chih. B).- EJECUTORA: C. Actuario o Ministro Ejecutor en Turno, adscrito a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Gobierno del Estado en esta ciudad. Ambas Autoridades con domicilio ampliamente conocido también en esta ciudad. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- El proveído de fecha 16 de Febrero del año en curso, pronunciado en el Juicio Ordinario Mercantil, seguido por: "**********", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, en contra de la suscrita, radicado en el H. Juzgado Primero de lo Civil, de este Distrito Judicial de Bravos, Chih, bajo el No. de Exp. E-7 **********/2012, mismo que me fue notificado por Lista de Estrados, el día 17 de Febrero del año en curso, mediante el cual: a).- Se da entrada a un diverso peritaje, ofrecido por la parte contraria. b).- El proveído, de fecha 16 de Febrero del año 2021, pronunciado en el Juicio Ordinario Mercantil, seguido por: "**********", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, en contra de la suscrita, radicado en el H. Juzgado Primero de lo Civil, de este Distrito Judicial de Bravos, Chih, bajo el No. de Exp. E-7 **********/2012, mismo que me fue notificado por Lista de Estrados, el día 17 de Febrero del año en curso, mediante el cual: Se admite Incidente de Nulidad de Actuaciones, sin suspensión del procedimiento. 3.- Todas y cada una de las Actuaciones Judiciales, llevadas a cabo dentro del expediente No. E-7 **********/2012, del H. Juzgado Primero de lo Civil de este Distrito Judicial de Bravos, Chih., formado con motivo del Juicio Ordinario Mercantil, seguido por: "**********", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, en contra de la suscrita, con al día 28 de Octubre del año 2020. 4.- Todos los Autos, Decretos y Resoluciones, que se haya dictado en el Juicio mencionado con posterioridad a los actos Reclamados en los apartados 1 y 2 de este Capítulo. B).- De la Autoridad Ejecutora: 1.- La posible EJECUCIÓN de todos los Actos que reclamo de la Autoridad Ordandora y en especial cualquier notificación de carácter personal, que se derive de los mismos (Actos Reclamados). Asimismo, como antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, quejosa narró lo siguiente: 1.- La suscrita, soy legítima co-propietaria y poseedora de una finca urbana que se encuentra ubicada en la Calle ********** de esta ciudad, tal como lo acreditaré en su oportunidad procesal. 2.- En el mes de Septiembre del año 2012, se instauró en contra de la suscrita, con motivo de un Crédito Hipotecario, "**********", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, el Juicio Ordinario Mercantil, radicado en el H. Juzgado Primero de lo Civil, de este Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, bajo el No. de Exp. E-7 **********/2012 (antes Exp. No. **********5/2012, del H. Juzgado Séptimo de lo Civil de esta ciudad). 3.- Hago saber a este H. Tribunal, que el estado procesal del Juicio de carácter mercantil a que hago referencia en el apartado que antecede, actualmente, se encuentra en la etapa de Ejecución de Sentencia; y al respecto, por diversos motivos, la suscrita, he interpuesto diversos recursos legales, en favor de mis intereses (Recursos de Apelación, Juicios de Amparo, Exp. No. de Exp. **********/2013-III del H. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, el cual se encuentra ya terminado), hecho que acreditaré en su oportunidad procesal; y otro, que del cual el No. de expediente está fuera de mi control, por circunstancias de la Contingencia de Salud (COVID-19), que se encuentra en trámite. 4.- Es el caso de que, dentro del Juicio Ordinario Mercantil a que hago referencia en los apartados que anteceden, el día 17 de Febrero del año en curso, la suscrita me enteré, por conducto de la Lista de Estrados del H. Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, que en el Juicio Ordinario Mercantil, seguido por "**********", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, en mi contra, radicado en el H. Juzgado Primero de lo Civil, de este Distrito Judicial de Bravos, Chih, bajo el No. de Exp. E-7 **********/2012, se publicó un acuerdo (Auto), mediante el cual: a).- Se da entrada a un diverso peritaje, ofrecido por la parte contraria. b).- Se nombra perito tercero en discordia en el presente juicio. Y en esa misma fecha (17 de Febrero del año 2021), me enteré también a través de la lista de estrados, de otro acuerdo, mediante el cual; se admite Incidente de Nulidad de Actuaciones, sin suspensión del procedimiento. 5.- Así mismo, considero, que el haber el H. Juzgado Primero de lo Civil, de esta ciudad, en el Exp. No. E-7 **********/2012, haya dado continuidad al procedimiento que nos ocupa, encontrándose pendiente de tramitar el Juicio de Amparo, relacionado con Actuaciones Judiciales del expediente mencionado con antelación, sin que se haya resuelto dicho recurso legal, constituye una violación de Garantías Individuales; consagradas por los Artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Situación que afecta gravemente los intereses jurídico- procesales de la suscrita; circunstancias por las cuales me veo precisada a interponer el presente Juicio de Garantías. 6.- Por último, el H. Juzgado Primero de lo Civil de esta Ciudad, al no suspender el procedimiento en el Incidente de Nulidad de Actuaciones promovido por la suscrita, viola formalidades esenciales del procedimiento, ya que se trata de Artículo de Previo y Especial Pronunciamiento; demando a la suscrita en completo estado de indefensión ante los Actos Reclamados a la Autoridad Responsable, motivos por los cuales interpongo la presente Demanda de Garantías. Pues bien, de los autos del juicio natural, E-7 **********/2012, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se desprenden los siguientes antecedentes, en lo que interesa: - Que **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, demandó en la vía ordinaria mercantil, a ********** y a la aquí quejosa **********, - Que la parte demandada, contestó la demanda ordinaria mercantil promovida en su contra, lo cual así se acordó el veintitrés de enero de dos mil trece, - Posteriormente, el veinte de febrero de dos mil catorce, se dictó sentencia, en la cual, se declaró procedente la vía, que la parte actora acreditó la procedencia de su acción y los demandados no acreditaron sus excepciones, por lo que se les condenó a pagar las prestaciones ahí indicadas, así como el pago de intereses moratorios vencidos y lo que se sigan venciendo hasta la totalidad del adeudo. - Sentencia que fue confirmada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en resolución de treinta de mayo de dos mil catorce, dictada en el toca **********/2014, - Que en auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora, se reconoció la cesión onerosa de derechos de crédito y derechos litigiosos, celebrada entre la actora y **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, por conducto de **********, - Que mediante escrito presentado ante el Juez responsable, el doce de febrero de dos mil veintiuno, la parte demandada solicitó que se fijaran día y hora para celebrar la audiencia de remate; a lo cual recayó uno de los acuerdos reclamados, de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, registrado con el número 11, en el cual se indicó que no había lugar a acordar de conformidad, pues existe una diferencia mayor al veinte por ciento en los valores establecidos en los avalúos ya rendidos, por lo que se nombró perito tercero en discordia, - Asimismo, mediante escrito presentado ante el Juez responsable el dieciséis de febrero del año en curso, la parte demandada promovió incidente de nulidad de notificaciones, a partir del quince de enero de dos mil veintiuno, el cual, mediante el diverso acuerdo reclamado, de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, registrado con el número 12, se admitió a trámite, sin suspensión del procedimiento. Constancias que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se trata de las actuaciones originales del juicio natural, del cual derivan los actos reclamados. Pues bien, indicado lo anterior, en relación al acto reclamado, consistente en el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, registrado con el número 11, emitido por el Juez responsable, en el juicio ordinario mercantil E-7 **********/2012, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la propia Ley, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Conforme a lo anterior, si en dicho proveído reclamado, se provee en relación con los peritos que habrán de valuar el bien objeto del juicio natural, que habrá de rematarse, conforme al segundo de los citados numerales, es claro que el juicio de amparo indirecto, tratándose de procedimientos de remate, procede únicamente en contra de la última resolución, que es aquella en que, en forma definitiva, se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso, se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 13/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, materia Común, Décima Época, con registro digital 2011474, del rubro y texto siguientes: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Por otra parte, en relación con el auto reclamado, de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, registrado con el número 12, mediante el cual se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la aquí parte quejosa, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado por analogía, de la propia Ley, los cuales disponen lo siguiente: 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Conforme al segundo de dichos preceptos, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados dentro de un proceso judicial, es procedente cuando tales actos producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. En el caso, el hecho de que el incidente de nulidad de actuaciones promovido, se haya admitido sin suspender el procedimiento, tiene como efecto meramente procesal, continuar con la secuela del procedimiento incidental, de manera que, será hasta que se resuelva dicha incidencia, que podrá estimarse que se vulneraron, en su caso, derechos sustantivos, momento en el cual, podrá hacerle valer el medio de defensa que se estime procedente y alegar las violaciones procesales que se estimen cometidas en perjuicio de la aquí quejosa. Por lo tanto, la demanda amparo promovida resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo en vigor; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Generación de citas para consulta de expedientes Por otra parte, infórmese a las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no se atienda la sugerencia, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: **********@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, se autoriza a **********, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, pues así lo solicitó la promovente de amparo. Además, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle **********, en esta ciudad. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm ?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la administración regional de esta demarcación, para que ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. A las autoridades responsables Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia se notificaran por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se hace conocimiento de las autoridades en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado **********@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará previa cita que registren para acudir al juzgado, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de septiembre de dos mil veintiuno. Se agrega oficio de cuenta Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló el treinta de agosto del año en curso, informa que no cuenta con los autos originales del expediente E7 1045/2012 de su índice, debido a que los remitió al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, que resultó ser el Segundo Tribunal Colegiado, el cual los tuvo por recibidos en auto de tres de junio del año en curso, dentro del juicio de amparo directo 268/2021. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.YMR/MJHC

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