Alejandra Carbajal Arenas

Expediente 341/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
341/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Carbajal Arenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Declaratoria de estado El plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, transcurrió sin que alguna de las partes lo hubiera interpuesto, según se advierte de la certificación que antecede. Consecuentemente, de conformidad con el citado artículo 202, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, se declara que dicha resolución de cumplimiento ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil veintidós. Agrega oficios de cuenta Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan el oficio y anexo de cuenta, signados por el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, vía delegación de facultades, por medio del cual refiere haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Informa sobre cheque Atento al contenido del oficio de cuenta, téngase al Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, comunicando que se encuentra a disposición de la parte quejosa *******, el cheque con número *******, de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, valioso por la cantidad de *******($*******), a cargo de la institución bancaria Banco *******, mismo que podrá recoger previa acreditación de su personalidad en la oficina que ocupa el Departamento Jurídico Fiscal de la Secretaría de Hacienda, con sede en Ciudad Juárez. Vista a la parte quejosa Atento a lo anterior, con el contenido del oficio de cuenta y anexo que acompaña, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, computado legalmente, realice las manifestaciones que a su interés legal convenga; en la inteligencia que, una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare si la sentencia está cumplida o no, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil veintidós. Gestiones cumplimiento Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, para que conste como legalmente corresponda; atento a su contenido el Superviso r Administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica y delegado de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esa ciudad, vía delegación de facultades, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acredita con copia certificada del oficio ******* de treinta de agosto de la presente anualidad, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. Prórroga Asimismo, solicita una prórroga para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 192 de la ley de la materia, se concede a la autoridad responsable una prórroga de diez días hábiles, contados a partir de que quede legalmente notificado, a fin de que se encuentre en posibilidad de acatar el fallo protector, en el entendido que, siguen vigentes los apercibimientos decretados en el auto de veinticinco de agosto de la presente anualidad. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Declaratoria de causa ejecutoria Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia por la que, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio y, por otra, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de cumplimiento de sentencia Atento a lo anterior, se procede a requerir el cumplimiento del fallo protector, sin embargo, dicho cumplimiento, no se requerirá a las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo que dio origen a la normatividad impugnada, pues cabe decir, que en atención al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, los efectos que produce la sentencia que declara inconstitucional una ley, se constriñen exclusivamente en destruir el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación, que en su caso, se hayan generado durante la tramitación del mismo y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y aprobaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. En apoyo a la consideración anterior, se cita la tesis número P. CXXXVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 135, del Tomo IV, noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente dice: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. En la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, al quejoso Alejandra Carbajal Arenas, para efecto de que la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: - Se cobre a *******, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $*******(*******), por los servicios que recibió, acorde con el comprobante fiscal digital por internet expedido el veinticinco de abril de dos mil veintidós, a nombre de *******, relativa al número de operación *******, realizada el primero de abril de dos mil veintidós, reintegrándose la parte que cubrió en exceso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que, en el término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificado de este proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas; para lo cual, remítasele copia certificada de las constancias conducentes. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de dejar de informar la imposibilidad que tienen para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional ($9,622.00), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Asimismo, según lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, quien tiene la calidad de superior jerárquico de la autoridad en cita para que le ordene cumpla con la ejecutoria, lo cual deberá informar a este juzgado dentro del plazo de tres días, computados legalmente, en la inteligencia de que de no hacerlo, igualmente, se procederá en términos de lo precisado en el párrafo anterior; para lo cual, remítasele copia certificada de las constancias conducentes. Sirve de apoyo al procedimiento de ejecución, la jurisprudencia 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, visible en la página 19, con registro 2007918, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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