Alejandra Echeverría Ogaz
Expediente 933/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 933/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alejandra Echeverría Ogaz
Actuaciones
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, remite el juicio de amparo directo 748/2019, promovido por *************, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; así como los autos originales del juicio ordinario mercantil E-7 1045/12, del índice de dicho juzgado. Ahora, de la comunicación oficial que se recibe se desprende que mediante resolución de diecinueve del mes y año en curso, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, declaró su legal incompetencia para conocer del presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado, al considerar que el proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, pronunciado en el juicio Ordinario Mercantil E-7 1045/2012, en el que la responsable reconoció una cesión de derechos realizada por el primigenio acreedor, Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, a la moral Proyectos Adamantine, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, no se trataba de una sentencia definitiva, ni de una resolución que pusiera fin al juicio en términos de lo previsto por los artículos 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 170 de la Ley de Amparo, así como el diverso numeral 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sino que se trataba de un acto intraprocesal, lo que consideró era de la competencia de un Juez de Distrito para conocer de aquél. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por **************. Hágase del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en esta ciudad, la presente determinación, en vía de acuse de recibo. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 933/2019-II. Ahora, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. A partir de esas premisas, quien resuelve estima actualizada, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La citada porción normativa establece que, tratándose de actos dictados después del juicio sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; así, si se trata de actos emitidos en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sólo procede contra la última resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para ello, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamar las violaciones cometidas en el proceso que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. Sin embargo, si los efectos jurídicos generados por los actos procesales no tienen solamente repercusión en el procedimiento donde se emiten, sino que la tienen también de manera directa e inmediata en derechos sustantivos, el principio que opera para identificar a los actos de juicio que admiten impugnación mediante el juicio de amparo indirecto es aplicable también a los actos producidos después de concluido el juicio, según lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J. 108/2010, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, enero de 2011, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 163152, de título siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. Sobre el tema que se analiza el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con esa aclaración, el Alto Tribunal determinó que por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Acorde con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Para estar en condiciones de evidenciar las razones por las que se actualiza la causa de improcedencia mencionada, es necesario considerar que al momento de proveer sobre la procedencia de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se toman en consideración los hechos expuestos por la parte promovente en su demanda de cuenta, los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad y cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; asimismo, se tienen a la vista las actuaciones originales del juicio ordinario mercantil E-7 1045/2012, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, de cuyo contenido se aprecia, en lo conducente: Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, demandó a los quejosos en la vía ordinaria mercantil. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, quien lo admitió a trámite la demanda en la vía propuesta y ordenó el emplazamiento de los ahora quejosos. Mediante proveído de uno de febrero de dos mil dieciocho, se reasignó la competencia al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos para conocer del expediente E7 1045/12, en atención al acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. A través de auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, el Juzgado Civil responsable reconoció una cesión de derechos realizada por el primigenio acreedor, Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, a la moral Proyectos Adamantine, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (acto reclamado). No conformes con la anterior cesión de derechos, la quejosa promovió juicio de amparo directo en su contra. Por razón de turno, correspondió conocer de la citada demanda al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, donde se radicó bajo el consecutivo 748/2019. Por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, el citado Tribunal Colegiado declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda y ordenó la remisión de los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en turno. Por razón de turno correspondió conocer del asunto a este Juzgado Federal en el presente juicio. Ahora, en la especie, se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, dentro del Juicio Ordinario Mercantil E7 1045/12, en el que se reconoció la Cesión Onerosa de Derechos de Crédito y Derechos Litigiosos que celebraron por una parte Proyectos Adamantine, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada a favor de Jessica Valencia Avendaño, por lo que se reconoció a ésta última la personalidad como cesionaria. Con base en lo expuesto, resulta necesario analizar los efectos que genera la resolución que aprueba una cesión de derechos litigiosos en ejecución de sentencia, para determinar si afecta derechos sustantivos o adjetivos, lo cual es condicionante para la procedencia del juicio de amparo indirecto que nos ocupa. La cesión de derechos, en sentido amplio, es una forma de trasmitir las obligaciones a título particular, entre vivos y por cambio de acreedor, mediante un contrato por el cual el cedente transmite a un tercero, a quien se llama cesionario, los derechos que tiene contra su deudor llamado cedido, sin que sea necesario el consentimiento del deudor cedido y comprendiendo la cesión de los derechos accesorios e intereses vencidos; lo antes expuesto encuentra sustento en los artículos 1912 y 1913 del Código Civil del Estado de Chihuahua. El acto jurídico mediante el cual se efectúa la cesión es un contrato entre el cedente y el cesionario y tiene por consecuencia el cambio en la persona del acreedor, sin que se extinga la obligación que vincula al cedente y al cedido para dar nacimiento a otra nueva entre el cesionario y el cedido; sin que ello conlleve a dar nacimiento a una novación, porque la obligación entre el cedente y el cedido subsiste, pues es la misma que hay entre el cesionario y el cedido. A partir de lo anterior, puede deducirse que la cesión de derechos litigiosos comprende primordialmente los derechos de la relación sustantiva materia de la controversia y, por consecuencia, la transmisión de la posición procesal del cedente. Por ello, el cesionario debe ejercer sus derechos en el propio procedimiento en el que se controvirtió el crédito cedido, lo cual puede acontecer durante el juicio o una vez concluido el mismo, pues no existe disposición legal alguna que así lo limite. Además, esta clase de cesión en la etapa de ejecución de sentencia no altera o modifica el objeto de lo sentenciado, ya que sólo implica una sustitución de acreedor. El adquirente de los derechos litigiosos en ese momento procesal ya no cuenta con una mera expectativa de derecho que previamente correspondía al cedente, pues éste ya fue declarado en la sentencia del juicio, por lo cual, lo que es materia de la cesión es el derecho mismo de obtener lo que constituye el objeto de la condena mediante la ejecución, lo que permite sostener que el derecho trasmitido consiste en la facultad para exigir el cumplimiento de lo sentenciado. Ahora bien, sin perder de vista que lo que constituye materia de estudio del presente no es propiamente determinar la naturaleza jurídica de la cesión de derechos litigiosos, sino establecer si la resolución que la reconoce en ejecución de sentencia afecta derechos sustantivos o adjetivos para advertir la procedencia del juicio de amparo indirecto; este órgano jurisdiccional estima que dicha resolución sólo conlleva generar efectos de naturaleza procesal, mas no sustantiva, habida cuenta que permite al cesionario participar e intervenir en dicho momento procesal con el objeto de obtener el cumplimiento de la condena materia de la sentencia definitiva. Se considera lo anterior, dado que al sustituirse el cesionario en los derechos del cedente, adquiere la facultad de llevar a cabo todos los actos que la legislación procesal le permite tendiente a ese fin, es decir, a la ejecución de la cosa juzgada, lo cual acontece en sede jurisdiccional a través de actos eminentemente procesales, pues parten de las directrices que para ello prevea la legislación adjetiva correspondiente. La participación del adquirente de los derechos litigiosos se materializa a través de la realización de cualquier gestión tendiente a constreñir a la parte condenada a que cumpla con las prestaciones que la autoridad judicial determinó debe acatar, lo cual sólo tiene injerencia dentro del procedimiento judicial. Por ello, es que puede sostenerse que la resolución que aprueba una cesión de derechos litigiosos en la etapa de ejecución de sentencia, no es un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos del ejecutado, antes bien, produce consecuencias de naturaleza adjetiva que dependen de la conducta procesal que despliegue el nuevo acreedor con el objeto de obtener las prestaciones materia de la condena sobre el ejecutado, quien a su vez, está constreñido procesalmente a otorgar el cumplimento que le es debido. En efecto, el cambio en la persona del ejecutante no puede conllevar afectación de naturaleza sustantiva alguna en perjuicio del ejecutado, puesto que, en todo caso, éste se encuentra vinculado a acatar la sentencia definitiva, otorgando las prestaciones que constituyeron la materia de dicha resolución, desplegando las conductas necesarias para ello, lo cual se traduce en actos que debe observar para la ejecución del fallo y que tienen naturaleza de índole procesal que se verifican en esa etapa del procedimiento. Así, el ejecutado se encuentra en condiciones de cumplir con su condena entregando la cantidad o cosa debida ante la autoridad judicial, quien si previamente reconoció la calidad de cesionario litigioso al nuevo acreedor, deberá de igual forma aceptar el pago o la entrega de la cosa que el enjuiciado otorgue para liberarse de su obligación, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor, con apego a las disposiciones previstas en la legislación adjetiva. Además, debe tenerse en cuenta que las sustituciones personales de las partes en un proceso judicial no pueden afectar las consecuencias que ello acarrea en éste, tal es el caso de que cualquier situación que en la etapa de ejecución de sentencia pueda perjudicar al cedente, en beneficio del ejecutado, también se generarán sobre la persona del cesionario, en atención a que por los efectos propios de tal cesión, este último se subrogó en las obligaciones y consecuencias jurídicas del proceso iniciado, al tener el carácter de causahabiente del actor primigenio. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que el ejecutado carezca del derecho para oponerse al reconocimiento de la cesión, pero, al tener dicha resolución una naturaleza adjetiva, ello podrá acontecer una vez que se dicte la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se apruebe el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ello es así, dado que si el ejecutado estima que la cesión fue ilegal o contravino lo dispuesto en los ordenamientos legales civiles, que limitan dicha cesión a que: esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no lo permita la naturaleza del derecho; podrá hacerlo valer en esa última resolución en ejecución de sentencia, tomando en cuenta que tales limitaciones no pueden traducirse en una afectación de naturaleza sustantiva, porque aunque se actualice alguna causa que impida la cesión, los efectos de ésta en el procedimiento no generan consecuencias de tal gravedad que restrinjan en forma actual al ejecutado el ejercicio de un derecho (como lo son los de carácter personal, real, del estado civil, laboral, familiar, entre otros), que se encuentre anclado en algún diverso derecho fundamental que sustente la vida cotidiana de las personas, en la búsqueda de realización de sus fines esenciales (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera), y porque el reconocimiento de la cesión no es ajena a la cosa juzgada. En la inteligencia que lo anterior no pasa por alto la última parte del segundo párrafo de la fracción IV del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que para la procedencia del juicio biinstancial se requiere que las violaciones cometidas en la etapa de ejecución de sentencia que hubieren dejado sin defensa al quejoso, deban trascender al resultado de la resolución; pues se estima que la aprobación de la cesión de derechos litigiosos en ese momento procesal actualiza dicha hipótesis, en la medida en que la resolución que tenga por cumplido lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para ello, recaería con relación al cesionario y no al ejecutante primigenio. Por ello, no se desnaturaliza el carácter adjetivo del reconocimiento de la cesión, que a su vez, puede trascender al resultado de la última resolución. Estimar lo contrario, es decir, asumir que el reconocimiento de la cesión de derechos litigiosos es un acto de imposible reparación, negaría el hecho de que ese reconocimiento tiene por objeto que el cesionario actué en el procedimiento, específicamente en la etapa de ejecución de sentencia, a fin de obtener lo sentenciado; que los actos que debe realizar el ejecutado para cumplir con la condena, no son de naturaleza procesal y no se relacionan con la cosa juzgada; que aquél no pueda cumplir con su obligación, cuando en realidad, el cambio de la persona del acreedor no le impide acudir ante la autoridad judicial para hacerlo; y que se afecta directamente un derecho sustantivo de forma actual, sin que pueda precisarse de qué derecho se trata. Concomitantemente con lo anterior, si la pretensión del quejoso es impedir que se ejecute la sentencia, cuestionando la legalidad del convenio de cesión de derechos; entonces, a contrario sensu, el acto reclamado sí tiene la finalidad de ejecutar dicha sentencia y, en consecuencia, debe impugnarse en el amparo indirecto que en su momento se promueva contra la última resolución emitida en la fase de ejecución y no de forma autónoma. En todo caso, si al impugnarse en amparo indirecto dicha resolución, conjuntamente con la última dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia en la que se apruebe el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordene el archivo definitivo del expediente, se determina que resultó fundada la oposición del ejecutado a la cesión de derechos litigiosos, la consecuencia no sería exorbitante, pues deberá declararse su invalidez y reponer el procedimiento a partir de dicha violación para que la autoridad judicial ejecute la sentencia pero ahora en favor del cedente. Por lo anterior, este juzgado federal estima que la resolución que aprueba una cesión de derechos litigiosos en ejecución de sentencia, no constituye un acto de imposible reparación que afecte los derechos sustantivos del ejecutado, al ser de naturaleza adjetiva y, por ello, puede ser impugnada a través del juicio de amparo indirecto junto con la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordena el archivo definitivo del expediente, al tratarse de una violación cometida durante ese procedimiento que puede dejar sin defensa al quejoso y trascender al resultado de la última resolución, en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Así las cosas, queda claro que el acuerdo reclamado por la quejosa y sus consecuencias, no son de imposible reparación, que pudiera hacer procedente el juicio de amparo indirecto, sin que esa calidad pueda quedar desvirtuada con cualquier elemento que pudiera aportarse al juicio, dado que en este acto se tienen a la vista los autos originales del expediente civil del que emana el acto reclamado; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo, al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación de los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, en sentido contrario. Es sustento de esta determinación, la jurisprudencia PC.I.C. J/65 K (10a.), aprobada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro 52, marzo de dos mil dieciocho, tomo II, página 1691, registro 2016357, del tenor siguiente: CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE IMPUGNA EN FORMA AUTÓNOMA LA RESOLUCIÓN QUE LA RECONOCE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, AL NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS. Conforme a los artículos 2029 y 2030, tanto del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, como del Código Civil Federal, la cesión de derechos litigiosos comprende la transmisión de los derechos de la relación materia de la controversia y, en consecuencia, de la posición procesal del cedente, lo cual puede acontecer, incluso, una vez concluido el juicio, pues no existe disposición legal que lo limite. Así, en la etapa de ejecución de sentencia, el cesionario no adquiere una mera expectativa del derecho que previamente correspondía al cedente, pues éste ya fue declarado en el juicio, por lo cual, lo que adquiere es la facultad para exigir el cumplimiento de lo sentenciado; por ello, la resolución que reconoce la cesión de esta clase de derechos en la etapa de ejecución sólo podría afectar derechos adjetivos, en sede jurisdiccional, ya que permite al cesionario realizar cualquier gestión con el objeto de obtener el cumplimiento de la condena, lo cual guarda relación con la cosa juzgada y, además, porque el ejecutado se encuentra en condiciones de cumplir su condena ante la autoridad judicial, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor. Por tanto, dicha resolución no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, sino que para ello, el ejecutado sólo podrá hacerlo una vez que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se apruebe el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que no existe afectación a derechos sustantivos, porque aunque se demostrara que la cesión no debió reconocerse, no se generan consecuencias que restrinjan al ejecutado, en forma actual, el ejercicio de un derecho fundamental (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera). En todo caso, si al impugnarse la resolución referida a través del juicio de amparo conjuntamente con la última dictada en el procedimiento de ejecución, se determina que resultó fundada la oposición del ejecutado a la cesión de derechos litigiosos, la consecuencia sería declarar su invalidez y reponer el procedimiento a partir de dicha violación para que la autoridad judicial ejecute la sentencia, pero ahora en favor del cedente. Asimismo, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se tiene como domicilio del quejoso, el que indica en su demanda, de conformidad con el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otro lado, como lo solicita la parte quejosa, téngase como autorizado únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, así como para imponerse de los autos al licenciado *****************, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el licenciado *************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ***************. Doy fe.
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