Aldo Najera Soto

Expediente 750/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
750/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
27/01/2016

Partes del expediente

  • Aldo Najera Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de enero de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo 750/2015-I-1, promovido por ***************; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de noviembre de dos mil quince, turnado a este Juzgado en la propia fecha, *************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la omisión de la Directora General de Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua: IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la responsable reclamo la flagrante violación a lo dispuesto por los artículos 8 y 17 constitucionales al omitir dar contestación a la petición planteada mediante escrito libre que le formulé el pasado día 06 de febrero de 2014 sin que hasta el día de hoy se me haya notificado respuesta a dicha petición. SEGUNDO. Derechos humanos que se consideran transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil quince, el juez de distrito que suscribe radicó la demanda, ordenó su registro en el libro de gobierno correspondiente como juicio de amparo 750/2015-I-1, admitiéndola a trámite, solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: La omisión de la Directora General de Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, para dar respuesta al escrito que le fue presentado el dieciocho de marzo de dos mil catorce, donde el quejoso le solicitó la indemnización por responsabilidad patrimonial. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Directora General de Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, al rendir su informe justificado, estableció que el veintiséis de noviembre de dos mil quince, dio respuesta a la petición, es decir, omitió indicar de manera expresa si la omisión reclamada existe o no; sin embargo, de las constancias que remite puede inferirse la certeza de la omisión al momento de la presentación de la demanda. Se afirma lo anterior en la medida que, la petición de la quejosa se efectuó el dieciocho de marzo de dos mil catorce; la recepción de la demanda ante este juzgado de distrito fue el tres de noviembre de dos mil quince y en esa data la autoridad responsable aún no daba respuesta a la quejosa. Entonces, la omisión reclamada por el accionante del amparo resulta cierta, para efectos de estudio en este juicio. Es aplicable, por mayoría de razón, la Tesis Aislada con número de registro 230855, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1988, Octava Época, Tomo I, Materia Administrativa, visible en la página 50, que en su rubro y texto establece: ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARACTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, el suscrito juzgador federal estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho humano violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de garantías; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano violentado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En la especie, la conducta omisiva reclamada por el quejoso a la Directora General de Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, cesó al haber emitido dicha responsable el oficio de contestación, dando respuesta a la petición del quejoso, misma que le fue notificada por conducto de su autorizado el veintiséis de noviembre de dos mil quince. Bajo esa premisa, en virtud de que la autoridad responsable ha dado contestación a la petición mencionada, es inconcuso que respetó el derecho de que se trata y cumplió lo que el mismo exige y, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Dada la determinación anterior, conviene indicar que este juzgador no puede ocuparse de la constitucionalidad de la respuesta que le dio la autoridad responsable al quejoso porque fue omiso en ampliar la demanda de amparo cuando se le dio oportunidad para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 76, 77, 78, 80 y 117 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, contra la omisión y la autoridad precisadas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciada ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de noviembre pasado, mediante el cual se le dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda; por lo tanto, no se encuentra debidamente integrado el presente juicio de amparo. En consecuencia, existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del ocho de enero de dos mil dieciséis, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de noviembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Directora General de Desarrollo Urbano Municipal; con su contenido y con la documental que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Se tiene a la autoridad oficiante designando como delegados a los profesionistas que refiere en su informe y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el mismo. Lo anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 9 y 26, fracción II de la ley reglamentaria. Asimismo, con fundamento en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa por el término de quince días computados legalmente, con el anexo remitido por la autoridad responsable, a fin de que este en posibilidad de ampliar la demanda de conformidad con el numeral 108 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

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