Alberto Miranda Medellin
Expediente 11/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 35 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 26/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alberto Miranda Medellin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado procesal que guarda el expediente, se advierte el proveído de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve (fojas 177 y 178) donde se declaró cumplida la ejecutoria dictada por la superioridad, el cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidos en caso de omitir hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado para tal efecto transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes omitieron interponer el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 201, fracción I y 202, primer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME) y se tiene consentido por las partes. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto concluido en forma total y definitiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, por tanto, debe conservarse la demanda y sentencia respectiva. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Se instruye al secretario encargado del trámite para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Por último, ordeno glosar copia autorizada de este proveído al cuaderno incidental, para los efectos legales conducentes.
- Incidental
De la copia autorizada de cuenta, se advierte: quedó firme el acuerdo por el cual se declaró cumplida la ejecutoria dictada por la superioridad. De ahí que, en esta fecha se ordenara el archivo del cuaderno principal. Lo cual, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, constituye un hecho notorio para este juzgador. En consecuencia, se ordena el archivo de este incidente. Sobre todo porque no existe billete de depósito ni garantía exhibida por el quejoso cuya devolución resulte necesaria. En esas condiciones, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, determino que el original del incidente de suspensión es depurable, pues se concedió la medida provisional y definitiva solicitada. Mientras que el duplicado es susceptible de destrucción; lo que acontecerá una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria relativa al incidente de suspensión derivada de este juicio. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico de este incidente de suspensión, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
De la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes mediante acuerdo de once de junio de dos mil diecinueve (foja 172) para manifestarse respecto del cumplimiento que realizaron las autoridades responsables, a la ejecutoria de protección constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar de oficio , si la ejecutoria dictada se cumplió; en otras palabras, si se ejecutó lo juzgado, porque sería infructuoso para el quejoso haber obtenido el amparo, si al final nunca se lograran materializar los efectos precisados a manera de tutela. Sobre todo porque el acceso a la justicia de los gobernados se mide en la sentencia, pero se materializa hasta su ejecución. Bajo esa premisa, se considera reparados los derechos fundamentales del quejoso ** (en lo sucesivo el quejoso **) materializado a la garantía de seguridad jurídica, pues las autoridades responsables actuaron conforme a los efectos esgrimidos en la ejecutoria de amparo. Dicha afirmación deriva de lo siguiente: **, vio transgredidos sus derechos fundamentales porque el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, el once de diciembre de dos mil trece, libró una orden de reaprehensión en su contra dentro de la causa penal ** y ordenó la ejecución de la misma. Esa determinación fue considerada inconstitucional en la ejecutoria de veintitrés de mayo del presente año, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (fojas 133 a 154). Luego, con motivo de la concesión de amparo, el juez responsable, bajo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada por la superioridad, dejó insubsistente el auto de once de diciembre de dos mil trece y sus consecuencias (mandato para su ejecución) dictado en el proceso penal ** del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y la autoridades ejecutora se abstuvo de llevarla a cabo. Incluso, el siete de junio de dos mil diecinueve, el juez cuarto penal emitió un nuevo auto en la causa penal de origen, donde dictó una nueva orden de reaprehensión. Lo anterior materializa la protección constitucional otorgada al quejoso. Por ello, se considera que se ha restituido al quejoso en el goce de los derechos violados, en particular como fue considerado en la ejecutoria dictada por los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca de revisión **. Así, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la protección otorgada en este juicio -sin excesos ni defectos en los actos realizados por las autoridades responsables-. Pero a fin de respetar la opinión del quejoso, en caso de inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento: es su derecho recurrir esta determinación a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. De hecho, tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Asimismo, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. A fin de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualiza: a) La sentencia se dictó en audiencia de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, pero la recurrió después el quejoso; b) Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, modificaron la referida sentencia en la ejecutoria de veintitrés de mayo del año en curso, pues otorgaron la concesión del amparo al quejoso; c) Mediante acuerdo de tres de junio del presente año, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables; d) El Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, cumplieron los efectos de la protección, el cuatro y el siete de junio del año actual, de manera respectiva; e) El seis y el diez de junio de esta anualidad, se recibieron en la oficialía de este juzgado los oficios por los cuales dichas autoridades responsables comunicaron los actos emitidos en cumplimiento; y, f) En la presente fecha (veinticuatro de junio de dos mil diecinueve) se declara cumplida la protección constitucional.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- De la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes mediante acuerdo de once de junio de dos mil diecinueve (foja 172) para manifestarse respecto del cumplimiento que realizaron las autoridades responsables, a la ejecutoria de protección constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar de oficio , si la ejecutoria dictada se cumplió; en otras palabras, si se ejecutó lo juzgado, porque sería infructuoso para el quejoso haber obtenido el amparo, si al final nunca se lograran materializar los efectos precisados a manera de tutela. Sobre todo porque el acceso a la justicia de los gobernados se mide en la sentencia, pero se materializa hasta su ejecución. Bajo esa premisa, se considera reparados los derechos fundamentales del quejoso ** (en lo sucesivo el quejoso **) materializado a la garantía de seguridad jurídica, pues las autoridades responsables actuaron conforme a los efectos esgrimidos en la ejecutoria de amparo. Dicha afirmación deriva de lo siguiente: **, vio transgredidos sus derechos fundamentales porque el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, el once de diciembre de dos mil trece, libró una orden de reaprehensión en su contra dentro de la causa penal ** y ordenó la ejecución de la misma. Esa determinación fue considerada inconstitucional en la ejecutoria de veintitrés de mayo del presente año, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (fojas 133 a 154). Luego, con motivo de la concesión de amparo, el juez responsable, bajo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada por la superioridad, dejó insubsistente el auto de once de diciembre de dos mil trece y sus consecuencias (mandato para su ejecución) dictado en el proceso penal ** del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y la autoridades ejecutora se abstuvo de llevarla a cabo. Incluso, el siete de junio de dos mil diecinueve, el juez cuarto penal emitió un nuevo auto en la causa penal de origen, donde dictó una nueva orden de reaprehensión. Lo anterior materializa la protección constitucional otorgada al quejoso. Por ello, se considera que se ha restituido al quejoso en el goce de los derechos violados, en particular como fue considerado en la ejecutoria dictada por los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca de revisión **. Así, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la protección otorgada en este juicio -sin excesos ni defectos en los actos realizados por las autoridades responsables-. Pero a fin de respetar la opinión del quejoso, en caso de inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento: es su derecho recurrir esta determinación a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. De hecho, tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Asimismo, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. A fin de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualiza: a) La sentencia se dictó en audiencia de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, pero la recurrió después el quejoso; b) Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, modificaron la referida sentencia en la ejecutoria de veintitrés de mayo del año en curso, pues otorgaron la concesión del amparo al quejoso; c) Mediante acuerdo de tres de junio del presente año, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables; d) El Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, cumplieron los efectos de la protección, el cuatro y el siete de junio del año actual, de manera respectiva; e) El seis y el diez de junio de esta anualidad, se recibieron en la oficialía de este juzgado los oficios por los cuales dichas autoridades responsables comunicaron los actos emitidos en cumplimiento; y, f) En la presente fecha (veinticuatro de junio de dos mil diecinueve) se declara cumplida la protección constitucional.
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