Alberto Cortes Mendoza
Expediente 153/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alberto Cortes Mendoza
- ALBERTO CORTES MENDOZA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional, asimismo, que se negó la suspensión definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que en una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo el auto donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 153/2021, promovido por Alberto Cortes Mendoza, contra el acto de la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos el quejoso señala como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, de quien reclama la omisión de contestar y/o resolver una controversia planteada en contra de las autoridades penitenciarias en el mes de noviembre de dos mil veinte. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Alberto Cortes Mendoza, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado el mismo día a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 153/2021 en esa propia fecha. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo como denominación correcta de la autoridad responsable la siguiente Juez de Ejecución Penal de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. El quejoso denunció la violación de los artículos 1, 4, 8, 16, 17, 18, 21 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo indirecto tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción y se reclama un acto omisivo. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa atribuye al Juez de Ejecución Penal de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la omisión de contestar o resolver una controversia planteada en contra de las autoridades penitenciarias en el mes de noviembre de dos mil veinte. SE DESVIRTÚA INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Juez de Ejecución Penal de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, de las constancias que obran en autos resulta que el escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, donde planteó una controversia contra las autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", fue recibido por dicha autoridad. Documentales, a las que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Amparo. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 226, que emitio´ el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, visible en la pa´gina 153, Tomo VI, Materia Comu´n del Ape´ndice al Semanario Judicial de la Federacio´n de 1995, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PU´BLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese cara´cter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios pu´blicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Con motivo de lo anterior, la negativa de la autoridad responsable se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Como se indicó en la audiencia que antecede, del acta de notificación de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se observa que el directo quejoso Alberto Cortés Mendoza ratificó ante el fedatario público adscrito a este órgano jurisdiccional que es su deseo desistirse de la demanda de amparo y para constancia calzó su firma en esa actuación. Ahora bien, el dispositivo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; es decir, por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo afectado por un acto de autoridad. Presupuesto que es acorde al artículo 5º, fracción I de la propia Ley de Amparo, que establece que el quejoso debe ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior, se sigue que la parte quejosa también puede renunciar a su pretensión para que el Tribunal de amparo deje de analizar la regularidad constitucional del acto reclamado, lo que puede acontecer en cualquier momento e instancia hasta antes del dictado de la ejecutoria en un medio extraordinario de defensa. Lo cual en el caso, da lugar a la actualización de la hipótesis enunciada en la fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia. Circunstancia que, a su vez, se complementa con lo dispuesto en el diverso 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como causa de sobreseimiento del juicio constitucional, cuando el quejoso se desista expresamente de la demanda de amparo y ratifique tal desistimiento. En ese contexto, toda vez que en autos consta que Alberto Cortés Mendoza a través de su escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se desistió de la demanda de amparo y en la diligencia de notificación de veintiuno siguiente, ratificó ese ocurso de desistimiento, este órgano se encuentra impedido para entrar al estudio del fondo del asunto. DECISIÓN En consecuencia, se tiene al inconforme por desistido en su perjuicio de la demanda de amparo y con fundamento en lo previsto por los dispositivos 61, fracción XIII, en relación con el artículo 5º fracción I y 63, fracción I, todos de la ley de la materia, ante la renuncia de la pretensión del inconforme para que este Juzgado Federal analice la regularidad constitucional de los actos reclamados se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alberto Cortés Mendoza, contra los actos reclamados a la autoridad responsable referida en el apartado VI de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito del quejoso Alberto Cortés Mendoza, mediante el cual, solicita: (i) autoriza con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los defensores público federales Norma González Jiménez, Sofía Martínez Sánches y Carmelo Loaeza Juárez; asimismo (ii) señala el número de usuario "55975" para recibir notificaciones, así como un correo electrónico, y (iii) solicita que con independencia de ello, se le notifique en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", donde se encuentra recluido; en consecuencia, se acuerda: Con apoyo en el numeral 12 de la ley de la materia, se tienen como autorizados del peticionario de amparo a las personas que menciona en el escrito de cuenta, en los términos que especifica. Atendiendo al Acuerdo general 21/2020, que rige las actividades jurisdiccionales en esta modalidad de contingencia sanitaria, y al deber de privilegiar el trabajo a distancia y las comunicaciones digitales, en relación con los artículos 3º y 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario que menciona para la consulta del expediente electrónico y para que la parte quejosa sea notificada de la misma manera, de conformidad con los numerales 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 que rige del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En ese orden, instrúyase a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las gestiones administrativas correspondientes, a efecto que el referido usuario pueda consultar el expediente y se le notifique por la vía electrónica, tal como lo solicita. Respecto a su solicitud de que se le notifiquen los acuerdos recaídos en el presente juicio de amparo, en el centro penitenciario donde se encuentra recluido; dígasele que como se ordenó previamente las notificaciones se realizarán vía electrónica a través de sus autorizados. Para eso fueron designados, no obstante, en caso de considerarlo procedente, se le notificará la determinación que resuelva esta instancia. En relación de la solicitud del quejoso puesta en escritura a mano, indicando "Me desisto del x Amparo Indirecto"; consideración que el impetrante se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número trece en Miahuatlán, Oaxaca, con sede en Mengolí, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y pretende desistirse de la demanda de amparo origen de este asunto, en estricto apego al principio de expeditez que rige la impartición de justicia, con apoyo en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comisiona a la actuaria judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, para que se constituya el viernes veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en dicho centro penitenciario y previa excarcelación del quejoso Alberto Cortés Mendoza, lo requiera para que manifieste si se desiste o no de la demanda de amparo origen de este expediente; apercibiéndolo que de no hacer manifestación al respecto, se continuará con el procedimiento del juicio. Por otra parte, en atención a los dos sobres referidos en la cuenta, devueltos por el Jefe del Servicio Postal Mexicano, que contienen los oficios 4153 y 6613, dirigidos al juez de Ejecución de Sanciones del distrito judicial de Miahuatlán, Oaxaca, por los que se les notifican, el auto inicial (quince de febrero de dos mil veintiuno) y el proveído donde se difiere la audiencia constitucional (nueve de marzo de dos mil veintiuno), mismos que no fueron entregados debido a que la autoridad en cuestión dejó de existir. En consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 17 constitucional, extráiganse de los sobres cerrados, las misivas respectivas y reexpídanse vía mensajería acelerada -Estafeta- con la denominación correcta, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
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