Alberto Cortés Mendoza
Expediente 1288/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1288/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca
- Alberto Cortés Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el secretario encargado del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca por vacaciones del titular determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó la suspensión provisional, así como la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional así como la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 1288/2022, entre las que se encuentran las siguientes: (i) copia certificada de la demanda de amparo, (ii) el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, donde se admite la demanda de amparo y (iii) el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, el secretario da cuenta al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca con un oficio firmado por el Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", en ausencia del Director General de dicho centro de reclusión, con registro 14363. Enseguida, el Juez tiene por hecha la relación de las constancias que antecede y acuerda: Glósese a los autos el oficio que remite el Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", en ausencia del Director General de dicho centro de reclusión, por el cual comunica que tomará las medidas conducentes a fin de llevar a cabo la diligencia ordena en autos al aquí quejoso. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; no habiendo más que constar, se cierra este período para pasar al de alegatos. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar que ninguna de las partes formuló alegato alguno, se cierra dicho período; luego, al no existir diligencias pendientes por realizar se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1288/2022 promovido por ****************, contra el acto de la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de ***************, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca en funciones de Juez de Ejecución, vulneró sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 18, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *********************, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito recibido en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veinte de octubre de dos mil veintidós, en contra del acto y la autoridad que más adelante se precisarán. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ordenó la separación de autos. En proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 1288/2022; solicitó a la autoridad responsable informara el estado actual del expediente administrativo que dio origen a este asunto; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, en el caso concreto se precisa que se tiene como autoridad responsable al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca en funciones de Juez de Ejecución, debido a que la petición realizada por el quejoso se encuentra dirigida a ese cuerpo colegiado y de quien reclama el no dar seguimiento a la controversia judicial ni resolverla de fondo en las que solicita diversas peticiones en relación a su internamiento con número PEC 608/2022. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO TERCERO.- Al rendir su informe justificado el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, negó la existencia del acto reclamado, agregando que el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la Administración del Centro de Justicia, requirió a la Dirección Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", para que en el plazo de tres días hábiles, rindiera un informe en torno a lo solicitado por la persona privada de la libertad y comunicara si formuló petición administrativa sobre el tema en cuestión (atención médica) y, en caso de que aún no hubiera proporcionado la misma, lo hiciera de forma inmediata y lo acreditara ante ese Centro de Justicia. Dicha negativa, además se corrobora con la determinación de cuatro de noviembre de este año, dictada por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, de donde se advierte que tuvo por recibido el oficio del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca", mediante el cual informó la atención médica otorgada a *******************; asimismo, en términos del artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal corrió traslado a las partes con el referido informe y sus anexos a fin de que en el plazo de cinco días hábiles se pronunciaran al respecto; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se entendería que están de acuerdo con la atención médica otorgada y se tendría sin materia la controversia, a la que se le otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, puesto que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario investido de fe pública, expedido en el ejercicio de sus funciones; y, esa publicidad se demuestra por las características que presentan tales documentales, como son, la existencia de los sellos, firmas y demás signos provenientes de las leyes; por lo que, al tener esa calidad de documentos públicos, se le confiere valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código procesal; de la que se advierte que la petición del quejoso fue acordada por la responsable mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Toda vez, que el peticionario de garantías no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, se concluye que para el veinte de octubre de dos mil veintidós, fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya no existía el acto reclamado, pues, según se aprecia de las constancias relacionadas en el párrafo anterior, la petición del quejoso se satisfizo desde el diecisiete de octubre de este año, sin que el quejoso impugnara el contenido de ese acuerdo; en consecuencia, por inexistencia del acto reclamado a tal autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense los oficios suscritos por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, por medio de los cuales, se le tiene informando que instruyó a su analista jurídico SISE habilitar los permisos correspondientes del expediente electrónico 1221/2022 a efecto de que sea vinculado de forma permanente a este juicio de amparo; en consecuencia, se toma nota de lo anterior. Por otra parte, glósese a los autos el segundo oficio de cuenta que remite el director jurídico del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS Oaxaca, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, por el cual comunica que tomará las medidas conducentes a fin de llevar a cabo la diligencia de notificación ordena en autos al aquí quejoso Notifíquese.
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