Alberto Cortés Mendoza
Expediente 259/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alberto Cortés Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el comunicado señalado en la nota de cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. En atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que por el lapso de cinco días vincule este expediente***al diverso ** de la estadística del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Hágase del conocimiento de lo anterior al Titular de ese órgano de control constitucional para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitada; y, que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el artículo séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 259/2022 promovido por Alberto Cortés Mendoza, en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I ANTECEDENTES En consideración del quejoso Alberto Cortés Mendoza, las autoridades señaladas como responsables han sido omisas en darle contestación a las peticiones realizadas, esto es, no brindarle trabajo remunerado. El disidente sostiene que los actos impugnados vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Alberto Cortés Mendoza, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado ante la autoridad declinante el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y recibido en este juzgado el diez de marzo del año en curso, en contra de los actos y las autoridades que más adelante se precisarán. Por acuerdo de diez de marzo del presente año, este órgano jurisdiccional acepto la competencia planteada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y continuó con el trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 259/2022; no se solicitó el informe justificado a las responsables en razón que los mismos ya obraban en autos; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama: Al Juez de Ejecución de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca: La omisión de resolver la controversia que interpuso en el mes de septiembre (sic) en contra de las autoridades penitenciarias por no otortargarle un trabajo remunerado. Y al Encargado de la Dirección General, al Director del área Técnica y al encargado del Área laboral, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "Cps-Oaxaca", con residencia en Mengoli, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca las segundas: La negativa u omisión de brindarle trabajo remunerado. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS No son ciertos los actos atribuidos al Juez de Ejecución de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado (visibles a fojas 19 y 94 de autos); mediante los cuales, informó que dentro de la carpeta de ejecución 1737/2020, no existe registro alguno de solicitud de controversia del mes de septiembre de dos mil veintiuno que el quejoso refiere. Negativa que la parte quejosa no desvirtuó; no obstante la vista que con dicho informe se dio a la defensora pública Federal del quejoso el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. Existencia del acto reclamado Por su parte las responsables precisadas en el recuadro siguiente, al rendir su respectivo informe justificado, negaron el acto reclamado, mismo con el que se dio vista a la parte quejosa a efecto de que tuviera conocimiento de su contenido. Autoridad responsable Sentido del informe El Director General el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con residencia en Mengoli, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Negó la existencia del acto reclamado. El Jefe de Departamento de Actividades Laborales del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con residencia en Mengoli, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Negó la existencia del acto reclamado. El encargado de la Direccìón Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con residencia en Mengoli, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Negó la existencia del acto reclamado. Empero, al respecto, dichas autoridades refirieron que en dicho Centro Federal actualmente no cuenta con empresas que generen un empleo remunerado y únicamente han brindado actividades no remuneradas de capacitación y programas de auto empleo, manifestaciones de las que se desprende que el quejoso de mérito realiza actividades sin remuneración alguna, por lo tanto, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto a ellas reclamado. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro "IUS" 211004, publicada con rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". VII. Causas de improcedencia Previo el estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la causa de improcedencia que se actualiza es la prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De la interpretación literal del precepto aludido, se observa que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en los siguientes supuestos: a) Cuando deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan; b) Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados, o nulificados. No obstante, para que se surta la última de las hipótesis planteadas, se exige como condicionante para su aplicación, que no se actualice alguno de los siguientes supuestos: 1. Que conforme a las leyes que rijan a los actos reclamados, sean susceptibles de suspenderse sus efectos de oficio o mediante la interposición del propio juicio, recurso o medio de defensa legal que hacen valer los quejosos. 2. Que con la interposición del recurso o medio de defensa se obtengan iguales alcances que los que prevé la propia Ley de Amparo. 3. Que no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva. 4. Que el recurso no contemple un plazo mayor que el que se establece en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, con independencia de que el acto impugnado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la aludida legislación de amparo. Así, en relación con el aludido acto reclamado, se actualiza de manera indudable la referida causal de improcedencia, pues de la lectura de la demanda de amparo, se evidencia que el justiciable pretenden combatir por esta vía, la omisión o negativa de los entes responsables de proporcionar asignación de un trabajo remunerado. Ello es así, porque el amparista debió agotar el principio de definitividad establecido en el primer párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que, contra las omisiones que reputan constitutivas del acto reclamado, existe un medio de defensa ordinario por virtud del cual puede hacerse efectiva su petición, previsto precisamente en la ley que rige al acto, esto es, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que por virtud de lo que disponen los normativos 1, fracción II, 2, 3, fracciones X, XI, XII, XVI, XVII, 4, 7, 9, fracciones I, IX y XI, 24, 25 y 114, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, siendo un ordenamiento público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, en todo lo que atañe al internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas, derivadas de la comisión de hechos que la Ley penal considera como delictivos, sean competencia de los tribunales de fuero federal o local, partiendo de la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que forme parte el Estado mexicano, entre ellos, el aspecto que aquí nos atañe, esto es, la asignación a los impetrantes de un trabajo remunerado. Retomando, como ya se adelantó, con base en lo dispuesto por la Ley que rige el acto reclamado, específicamente en los artículos 107, 114, 115, 116, 117, 122 y 124, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es indudable y evidente la existencia de un recurso por virtud del cual puede ser revocado, modificado, o nulificado el acto aquí reclamado. En efecto, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal tiene, entre otros fines, establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, independientemente del fuero al que corresponda, debiendo garantizar a las personas privadas de la libertad el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales que les reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales y demás disposiciones legales y la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, respecto al acto aquí reclamado, en el artículo 114, se prevé un recurso o medio de defensa legal que puede traer como consecuencia su modificación, revocación o nulidad, pues por medio del procedimiento administrativo ahí señalado, las personas privadas de la libertad, como el ahora quejoso y, aquellas legitimadas en esa Ley para interponerlo a su favor, sin mayores formalidades y auxiliadas por las propias autoridades carcelarias, puede formular por escrito peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria contra los hechos, actos u omisiones, relacionados con las condiciones de internamiento; autoridad que tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y, una vez allegada de la información necesaria, resolver sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del plazo de cinco días. Determinación contra la cual, en caso de considerarse contraria a los intereses de los peticionarios o su defensor, podrán recurrirla en los términos prescritos por la propia legislación especial. Al efecto, se transcribe los artículos 114 y 115 Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. De la anterior transcripción se advierte que, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, o si ésta no se atendió dentro del término legal, puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Ello denota la existencia de un recurso o medio de defensa legal y efectivo que la persona legitimada puede interponer contra la respuesta dada por las autoridades penitenciarias a la solicitud planteada sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; incluso, se dispone que las personas privadas de la libertad o su defensor, pueden acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición cuando se trate de un caso urgente, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, debe suspender de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva la controversia ante él planteada y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. De lo anterior se colige que, conforme a las disposiciones de la citada ley, se pueden suspender los efectos del acto como el que ahora se reclama (la omisión o negativa de proporcionar a los quejosos asignación de un trabajo remunerado), mediante la interposición del recurso correspondiente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Destacándose al respecto que, a diferencia del contenido de la Ley de Amparo, expresamente se dispone en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor. Incluso, en la citada legislación nacional que, se reitera, es la que rige los actos ahora reclamados, se prevé en su capítulo VI específicamente en el artículo 131, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o de por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación pueda acudirse a la vía constitucional. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis XXII.P.A.34 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 24 de agosto de 2018, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Acorde con los preceptos mencionados, son impugnables ante el Juez de Ejecución: a) aquellos casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; b) las determinaciones emitidas por el director del centro penitenciario, en respuesta a una solicitud de la persona privada de su libertad, referente a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros, que se resuelvan en sentido contrario a los intereses del peticionario; y, c) las omisiones de dicha autoridad penitenciaria de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones". Bajo ese contexto normativo, el hecho de que el quejoso sostenga su pretensión en el derecho fundamental a la dignidad, contemplado en el artículo 1º Constitucional, no implica que deba considerarse actualizada la excepción contenida en el párrafo segundo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, referente a violaciones directas a la Constitución, esto como consecuencia de que de la interpretación sistemática de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es precisamente la que rige los actos que ahora en esta vía constitucional se reclaman, prevé con mayor amplitud en sus artículos 9, fracciones IX y XI y 91, el derecho a la reinserción social a través de la participación activa dentro del plan de actividades que deberá ser diseñado conforme a las características propias de la persona privada de la libertad, tal como se transcribe a continuación: "Derechos y Obligaciones de las personas Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; . IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; . XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; Capítulo VI Trabajo Artículo 91. Naturaleza y Finalidad del Trabajo El trabajo constituye uno de los ejes de la reinserción social de las personas privadas de la libertad y tiene como propósito prepararlas para su integración o reintegración al mercado laboral una vez obtenida su libertad. El trabajo se entenderá como una actividad productiva lícita que llevan a cabo las personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario, bajo las siguientes modalidades: I. El autoempleo; II. Las actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción, y III. Las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros. Para la participación de las personas privadas de la libertad en cualquiera de las modalidades del trabajo, la Autoridad Penitenciaria determinará lo conducente con base en la normatividad vigente y el régimen disciplinario del Centro Penitenciario. Conforme a las modalidades a que se refiere esta Ley, las personas privadas de la libertad tendrán acceso a seguros, prestaciones y servicios de seguridad social, con base en la legislación en la materia, cuyo ejercicio sea compatible con su situación jurídica. En ningún caso la Autoridad Penitenciaria podrá ser considerada como patrón, ni tampoco como patrón solidario, subsidiario o sustituto." En ese orden de ideas, se advierte que por un lado existe la previsión en la norma en abstracto que reconoce en específico el derecho fundamental a la dignidad y, por otro lado, se encuentra descrito con mayor amplitud en los preceptos citados, de ahí que la circunstancia de que en la demanda de amparo se citen diversos preceptos constitucionales, no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar presuntas violaciones a preceptos de la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establece. Así, el hecho de que los quejosos sostengan su pretensión citando como derechos violados los contenidos en los artículos 1º, 4, 16, 18 y 19 de nuestra Carta Magna entre otros, no implica que deba considerarse actualizada la excepción contenida en el párrafo segundo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, referente a violaciones directas a la Constitución. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 119, del Volumen 175-180, Tercera Parte, identificable con el registro "IUS" 237480, materia común, correspondiente a la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, publicada con el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Sin que lo anterior implique desatender la obligación contenida en el párrafo segundo del normativo 1° Constitucional, que obliga a todas las autoridades del país a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, por dos razones fundamentales. La primera, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, que resulta ser la norma que rige el acto reclamado, cumple con la previsión constitucional de favorecer a los destinatarios de la misma la protección más amplia y, la segunda, porque la observancia del principio pro persona, no implica que la autoridad soslaye los requisitos previstos en la ley para hacer procedente lo improcedente. Sobre el particular, son aplicables los criterios jurídicos que enseguida se transcriben: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." (Época: Décima Época Registro: 2005717 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.) Página: 487) "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas. (Época: Décima Época Registro: 2002861 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: VI.3o.A. J/2 (10a.) Página: 1241" Aunado a lo anterior, la propia normativa de ejecución penal, es clara en su descripción del juez de ejecución como un garante constitucional, al describir sus competencias específicas de la siguiente manera: Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley;" Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; . Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa;". De los artículos en análisis se advierte que las peticiones de las personas privadas de su libertad -como en el caso de los hoy quejosos-, se encuentran garantizadas mediante el sistema normativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución en concordancia con el marco constitucional y de acuerdo a la entrada en vigor el 19 de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de dos mil ocho, ya que prevén mecanismos cercanos y eficaces para dirimir las controversias tanto en el internamiento como en la ejecución penal, y configuran al juez de ejecución de penas como el responsable de que ello se materialice, lo que indudablemente permite considerar que la Ley que rige el acto reclamado es la que aquí se menciona. Sobre el particular, es aplicable la tesis III.2o.P.135 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible la página 3318, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Penal, con registro "IUS" 2017822, de rubro y contenido siguientes: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." Al respecto se invoca la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicación: viernes 07 de septiembre de 2018 10:16 h, Décima Época, Materia Penal, con registro IUS 2017822, que dice: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad". Así las cosas, es dable concluir que en el caso se surte la causal de improcedencia referida, sin que se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad en estudio, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, respecto de la omisión o negativa de las autoridades señaladas como responsables en proveer respecto de su petición de proporcionarles asignación de un trabajo remunerado, sin agotar previamente el recurso previsto en el artículo 114, párrafo tercero de la citada ley, previamente citado, ya que a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a la petición ya descrita, situación de la que se duelen en esta vía constitucional. Dicho de otro modo, el interesado debe agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario, tendente a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. Sobre el particular es aplicable la Jurisprudencia 79/2018 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes siete de diciembre del año en curso, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro "IUS" 2018548, con rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". De igual forma, se invoca la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número registro IUS 319898, consultable en la página mil ochocientos treinta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIII, Quinta Época, publicada en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL. Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella." Así, como el diverso criterio jurídico sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número registro IUS 286468, consultable en la página cuatrocientos treinta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Quinta Época, publicado con rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no interponer los que la ley conceda contra el acto que se reclama en amparo, hace improcedente éste". Aunado a lo anterior, cabe destacar que el procedimiento es más expedito, en la Ley Nacional de Ejecución Penal para atender la petición de atención médica, básicamente, porque las personas privadas de su libertad obtendrán una determinación de manera directa, dentro de los cinco días siguientes a su petición por parte de la autoridad penitenciaria, bajo la cual se encuentran materialmente privados de su libertad, ya sea por prisión preventiva, o en cumplimento de una sanción o medida de seguridad. VIII. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
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