Alberto Cortes Mendoza

Expediente 761/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
761/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Alberto Cortes Mendoza
  • Juez de Ejecución del Circuito Judicial de la Sierra Sur en miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 761/2023, promovido por ***, en contra del Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar si se actualiza la violación a los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES En su demanda de amparo, el quejoso refiere bajo protesta de decir verdad, que por medio de Correos de México, el veinticinco de abril del año en curso, envió diversos escritos al Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en los cuales solicitó en modo de incidente no especificado que [1] se declarara prescrita la reparación del daño a causa del delito que se le imputa y [2] se descontara el tiempo que estuvo en prisión preventiva; lo anterior, sin que dicha autoridad haya dado contestación a sus peticiones. Ante ello decidió acudir a la presente instancia constitucional. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se formuló mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en la cual Alberto Cortés Mendoza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisan. Por cuestión de turno, se remitió al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, donde se registró con el número 558/2023 y se admitió por auto de uno de junio de dos mil veintitrés, en la cual se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los autos del juicio de amparo 558/2023, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, ello en razón de que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del mismo, ello en razón del conocimiento previó que se actualizó a favor de este juzgado de Distrito. Asimismo, en dicho proveído se aceptó la competencia y se señaló fecha para la audiencia constitucional, misma que se celebró en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, como lo explica la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable por analogía: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la intención del quejoso es reclamar del Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a sus escritos en los cuales solicitó en modo de incidente no especificado que [1] se declarara prescrita la reparación del daño a causa del delito que se le imputa y [2] se descontara el tiempo que estuvo en prisión preventiva. VI. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado manifestó que era parcialmente cierto el acto que se le reclamó, pues refirió que en proveído de treinta de mayo del año en curso, acordó tres escritos del quejoso, mediante los cuales promovió incidente de multa, reparación del daño, cómputo de la pena y descuento de la prisión preventiva. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada que adjuntó a su informe de ley, a la cual se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. El suscrito advierte que respecto de la omisión reclamada que se atribuye a la responsable, consistente en la omisión de acordar sus escritos en los cuales promovió incidentes no especificados en relación a que se declarara prescrita la reparación del daño y se descontara el tiempo que estuvo en prisión preventiva; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Resulta pertinente destacar que de las constancias que envió la autoridad responsable contenidas en el disco versátil digital [DVD], se advierte que en acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó los escritos presentados por el quejoso, en los cuales promovió incidente no especificado para efecto de que se declare la prescripción de la multa y reparación del daño, así como que se descuente el tiempo que estuvo privado de su libertad en razón de la prisión preventiva, pues determinó que no era posible dar trámite a dichas incidencias, ello atendiendo que el cuaderno de ejecución 1737/2020 de su índice, se originó en razón de un conflicto competencial penal 19/2019, entre el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en funciones de Juez de Ejecución y el Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Nuevo León, para determinar quién debía conocer la controversia por cuestiones de internamiento contenida en el cuaderno 30/2018. Por lo anterior, estableció que dichas solicitudes debía de realizarlas ante el juez que conozca de su procedimiento ordinario de ejecución penal respectivo; asimismo, determinó que era necesario hacer del conocimiento la respuesta que emitió a las solicitudes del quejoso a su defensa, para que, de así considerarlo, promoviera lo conducente a quien correspondiera. Por ende, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado. Pues, resulta evidente que la inactividad procesal reclamada, traducida en la conducta omisiva que el quejoso atribuye a la autoridad responsable, ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad dictó un acuerdo [treinta de mayo de dos mil veintitrés] en el que se acordó sus escritos en los cuales promovió incidentes no especificados en relación a que se declarara prescrita la reparación del daño y se descontara el tiempo que estuvo en prisión preventiva, lo cual le hizo del conocimiento al defensor público del quejoso el uno de junio del mismo año. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado como si no hubiera existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, según se aprecia de la papeleta de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en tanto que la determinación a que se hace alusión se dictó el treinta de mayo de dos mil veintitrés [por el que se acordó sus escritos en los cuales promovió incidentes no especificados en relación a que se declarara prescrita la reparación del daño y se descontara el tiempo que estuvo en prisión preventiva] y notificó dicha determinación a su defensor el uno de junio del año en curso; debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado relatado, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, por lo que respecta a dicho acto de disenso. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de la conducta que atribuye a la responsable, la cual cesó y, por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción V, de la Ley de Amparo ante la cesación de los efectos de los actos reclamados a la referida autoridad responsable. VIII. DECISIÓN En consecuencia, ante la cesación de los efectos del acto reclamado, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, respecto del acto reclamado que atribuye a la autoridad señalada como responsable, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VII de este fallo.NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, a través del cual, en atención a lo solicitado por este órgano jurisdiccional informa que se instruyó al personal encargado para que habilite los permisos correspondientes para la vinculación del juicio de amparo 558/2023 de su índice con el presente expediente; de lo que este juzgado de Distrito toma conocimiento. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano