Aida María Brito Valdez
Expediente 316/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Aida María Brito Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Demanda de amparo El veinte de enero de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por Aida María Brito Valdez, contra el acto y autoridad siguiente: Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad.- La omisión de otorgar el auxilio de la fuerza pública, solicitado por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente *** de su índice. II. Sentencia y efectos de la protección constitucional Luego, por sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, en su único punto resolutivo, otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa a fin de que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado, realizara lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional En las relatadas condiciones, al resultar la conducta omisiva de la responsable, violatoria de los derechos fundamentales contenidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República, LO PROCEDENTE ES CONCEDER a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que el Gobernador Constitucional del Estado, de inmediato autorice el auxilio de la fuerza pública solicitada, en términos del oficio 4923/2022, presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en autos del juicio ordinario civil 124/2017 del índice del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado.". III. Análisis del cumplimiento al fallo protector En proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia y posteriormente en acuerdo de veintiocho siguiente se tuvo por recibido el oficio signado por la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en el que informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y anexó la documentación para acreditarlo, otorgándose el término de tres días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho convenga. Ahora, del análisis del oficio en comento, y anexo que acompañó la autoridad antes citada, a los cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que en fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable giró el oficio DGOB/0110/2023 dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en el cual se le instruyó a fin de que proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo, en los términos solicitados; mismo oficio que fue recepcionado en la Oficialía de Partes de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado en fecha veintitrés de marzo pasado. En consecuencia, el suscrito considera que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia I.5o.C.7 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA."; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página 2596, registro 2007400. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, tómese nota que la sentencia de amparo quedó cumplida el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: SÉPTIMO. Sentido del fallo y efectos de la concesión. 18. En las relatadas condiciones, al resultar la conducta omisiva de la responsable, violatoria de los derechos fundamentales contenidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República, LO PROCEDENTE ES CONCEDER a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que el Gobernador Constitucional del Estado, de inmediato autorice el auxilio de la fuerza pública solicitada, en términos del oficio ********************, presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en autos del juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado." En tal virtud, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a las responsables, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se les conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(...) V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 316/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ***, contra el acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y; (...) SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es fundado lo que la parte quejosa aduce respecto a que la abstención u omisión de otorgar el auxilio de la fuerza pública solicitada por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, para llevar a cabo la orden de desalojo ordenada por éste, dentro del juicio ordinario civil 124/2017, del índice de la citada autoridad judicial, violenta sus derechos humanos y garantías plasmadas en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, ya que, efectivamente, este órgano jurisdiccional advierte que se transgrede en su contra el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia de todo gobernado, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos que establece, en lo conducente: (...) Del precepto constitucional transcrito, se advierte que garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional en la que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador secundario establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Esto es así, porque la garantía constitucional establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades administrativas de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los procedimientos ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas, lo que conlleva a entender que la obligación estatal que deriva de derecho fundamental es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales tienen el deber de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 1ª. LXX/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 177921, de rubro y texto, siguientes: (...) Ahora, como del informe rendido por el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, se advierte que por oficio 4923/2022, presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, girado en autos del juicio ordinario civil 124/2017 del índice del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; se solicitó al Gobernador Constitucional del Estado, el auxilio de la fuerza pública a fin de desalojar a ***, del predio *****, de la localidad y Municipio de Kanasín, Yucatán, sin que hasta la fecha se haya otorgado el auxilio solicitado. Por tanto, dado el tiempo transcurrido desde que el citado oficio fue presentado ante la responsable (diecisiete de noviembre mil veintidós) hasta la emisión de la presente resolución, es evidente que el proceder de la responsable se traduce en una franca violación a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Ello, ya que la omisión del Gobernador del Estado de tomar las medidas necesarias, así como proporcionar la fuerza pública no está sustentada en algún precepto legal que lo faculte a desatender la solicitud de mérito, obstaculizando con ello el debido cumplimiento de un mandato de una autoridad judicial; todo lo cual implica la denegación de justicia de que se duele la parte quejosa y, por ende, violatoria del citado precepto constitucional que prevé como garantía de todo individuo, el derecho a acudir a la jurisdicción del Estado, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, ante la prohibición constitucional de hacerlo por sí mismo. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con número de registro 193318, con rubro y texto siguientes: (...) SÉPTIMO. Sentido del fallo y efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, al resultar la conducta omisiva de la responsable, violatoria de los derechos fundamentales contenidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República, LO PROCEDENTE ES CONCEDER a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que el Gobernador Constitucional del Estado, de inmediato autorice el auxilio de la fuerza pública solicitada, en términos del oficio 4923/2022, presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en autos del juicio ordinario civil 124/2017 del índice del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. La presente resolución se emite a pesar de que se encuentra trascurriendo el plazo de ocho días que otorga el artículo 117 de la Ley Amparo a las partes, para imponerse del contenido del informe con justificación rendido por la responsable; sin embargo, retrasar el dictado de la sentencia por un aspecto formal permitirá la subsistencia de un acto que vulnera el derecho humano de impartición de justicia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos señalados en el último siguiente. NOTIFÍQUESE.
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