Alan Lorenzo Gómez Salas

Expediente 1038/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1038/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Alan Lorenzo Gómez Salas

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.Elaboró: slsg

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Alan Lorenzo Gómez Salas, quien promueve por derecho propio y en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1038/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que pretende controvertir el promovente del amparo no deben sujetarse al análisis constitucional en la forma propuesta y, por ende, se desecha la demanda en los siguientes términos: Autoridad responsable. 1. Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 2. Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado. Transcripción del acto reclamado. "La sentencia definitiva (sic) de ocho de julio de dos mil veintidós, emitida dentro del toca penal 33/2022-8-OP, por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado ., deducido de la causa penal radicada bajo el número JC/1285/2020, ante el Juez de Control del Único Distrito Judicial con sede en Xochitepec del Estado de Morelos, de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se emitió AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, a los imputados Rafael Quintín Durán Nava y Emanuel Durán Nava, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO ., cometido en agravio de J.G.V.G. y AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO que se realizó por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA., cometido en agravio de H.E.V.G., contra la cual se interpuso el recurso de APELACIÓN por parte de los imputados ., en la cual MODIFICARON la resolución de Vinculación a proceso." De la improcedencia. Atento a lo antes expuesto, quien provee advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo. Con el propósito de analizar la causa de improcedencia propuesta, debe tomarse en cuenta lo previsto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales mencionados en el párrafo que antecede, que establecen: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Una vez sentado lo anterior, debe decirse que en el caso concreto, los actos reclamados hechos valer por la parte quejosa, en obvio de repeticiones innecesarias, consisten básicamente en la resolución de segunda instancia que modificó en vía de apelación el auto de vinculación a proceso emitido por el juez de la causa en contra de los imputados, para ahora determinar la sala responsable la no vinculación a proceso únicamente por lo que respeta al delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, reprochado a Rafael Quintín Durán Nava y Emanuel Durán Nava. Sin embargo, se estima que el promovente del amparo carece de legitimación para comparecer por sí y en su calidad de Agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento relacionado con la causa penal de origen, a reclamar a esta instancia constitucional el aludido acto de molestia. Lo anterior es así, pues si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra el Estado, creó el juicio de amparo, queda al margen de toda discusión, que los órganos del Estado no gozan de derechos fundamentales y, por lo mismo no están legitimados para promover juicios de amparo. A esa regla general se ha opuesto una excepción, que se contempla en el artículo 7° de la Ley de Amparo, que dice: "La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares"; sin embargo, en el caso en estudio no se está ante una determinación que afecte el derecho patrimonial del quejoso por sí y en su calidad de fiscal social, por lo que, no opera la excepción indicada. Luego, al no ser titular de un derecho subjetivo como gobernado, pues en el proceso penal generador de los actos de molestia el promovente participa como representante social, es claro que le está vedada la posibilidad para promover el juicio constitucional que ahora intenta. En efecto, la condición para el ejercicio de la acción constitucional implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de un derecho y, que de acuerdo con la Ley de Amparo, se considere particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional en virtud de haber resentido en su persona, y no como autoridad, un perjuicio o afectación como lo refiere el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, resulta improcedente la demanda de que se trata, pues el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, que únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es necesario que quien lo interponga esté legitimado para ello, lo cual no ocurre por lo que hace al solicitante en su calidad de Agente del Ministerio Público. Asimismo, tampoco tiene legitimación por lo que respecta a su propio derecho, pues con ese carácter no se advierte que con el acto reclamado haya resentido una afectación en su esfera de derechos fundamentales, sobre todo porque en el proceso penal no interviene por sí mismo, sino encarnando la representación social señalada. En consecuencia, resulta incuestionable que la acción de amparo ejercida por el accionante de amparo en lo individual y en su calidad de representante social, es improcedente y se actualiza de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción I, dispositivo 6°, aplicados en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por no contar con legitimación para promover en esta instancia constitucional. Al respecto, se invoca el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada con el registro digital 164320, en la página 1949, Novena Época, Tesis III.2o.P.240 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, PROMOVIDO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra el Estado, creó el juicio de amparo, queda al margen de toda discusión, que los órganos del Estado no gozan de garantías individuales y, por lo mismo no están legitimados para promover juicios de amparo; regla general a la que se ha opuesto una excepción, que se contempla en el artículo 9o. de la Ley de Amparo. Esa excepción radica en que el Estado puede obrar con un doble carácter; como entidad pública y como persona moral de derecho privado. Dicha equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél, obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales, que están protegidas a través del juicio constitucional. Ahora bien, es correcto considerar que se actualiza la causal de improcedencia, a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1o. de la ley en cita y 103, fracción I, de la Constitución Federal, cuando el amparo sea promovido por el agente del Ministerio Público de la Federación, al tratar de defender la legalidad de actos de autoridad y no de intereses patrimoniales de derecho privado. Lo anterior, porque si el representante social presenta demanda de garantías, en la que aduce que lo hace como particular y no investido de su función pública, pero de sus conceptos de violación se advierte, que el acto que reclama es con la pretensión de defender la legalidad de actos de autoridad, se actualiza la falta de legitimación ad causam, para promover el juicio de garantías, por no ser titular de un derecho como gobernado. Esto es, la condición para el ejercicio de la acción constitucional implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de un derecho y, que de acuerdo con la Ley de Amparo, se considere particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional." No es óbice a lo anterior, que el promovente señale acudir en su calidad de fiscal social en términos del artículo 4 de Ley General de Víctimas, pues aún bajo esa circunstancia carece de legitimación para ejercitar la acción constitucional. Ello, porque dicho dispositivo legal solo define la calidad de víctima y a quienes podría colocarse en esa figura dentro de un proceso en el que el sujeto pasivo haya sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, por lo que, en modo alguno tal disposición le confiere legitimación para acudir a esta potestad federal a reclamar un acto en el que, se reitera, no ha resentido ninguna afectación en sus derechos como gobernado, resultando por consiguiente la actualización de la causal de improcedencia invocada. Sobre el particular, es aplicable en lo conducente la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia común penal, visible a página 2564, Tesis: II. 3o. P.61 P. (10ª.) Tomo III, Marzo de 2019, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE ALZADA EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS NO LO LEGITIMA PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO -CON EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE POR "DISPOSICIÓN DE LA LEY"- EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS, SALVO QUE ACREDITE LA CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO O, EN SU CASO, AFIRME TENER RECONOCIDA, MEDIANTE DETERMINACIÓN EXPRESA, SU REPRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Asimismo, apoya el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, registro 2014433, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Conclusión. En las narradas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia señalada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° fracción I y 6° de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 16:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades restringidas. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que señalan en la demanda, en virtud de no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA. CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE QUEJOSA, el auto y/o resolución de TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Alan Lorenzo Gómez Salas, quien promueve por derecho propio y en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1038/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que pretende controvertir el promovente del amparo no deben sujetarse al análisis constitucional en la forma propuesta y, por ende, se desecha la demanda en los siguientes términos: Autoridad responsable. 1. Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 2. Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado. Transcripción del acto reclamado. "La sentencia definitiva (sic) de ocho de julio de dos mil veintidós, emitida dentro del toca penal 33/2022-8-OP, por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado ., deducido de la causa penal radicada bajo el número JC/1285/2020, ante el Juez de Control del Único Distrito Judicial con sede en Xochitepec del Estado de Morelos, de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se emitió AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, a los imputados Rafael Quintín Durán Nava y Emanuel Durán Nava, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO ., cometido en agravio de J.G.V.G. y AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO que se realizó por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA., cometido en agravio de H.E.V.G., contra la cual se interpuso el recurso de APELACIÓN por parte de los imputados ., en la cual MODIFICARON la resolución de Vinculación a proceso." De la improcedencia. Atento a lo antes expuesto, quien provee advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo. Con el propósito de analizar la causa de improcedencia propuesta, debe tomarse en cuenta lo previsto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales mencionados en el párrafo que antecede, que establecen: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Una vez sentado lo anterior, debe decirse que en el caso concreto, los actos reclamados hechos valer por la parte quejosa, en obvio de repeticiones innecesarias, consisten básicamente en la resolución de segunda instancia que modificó en vía de apelación el auto de vinculación a proceso emitido por el juez de la causa en contra de los imputados, para ahora determinar la sala responsable la no vinculación a proceso únicamente por lo que respeta al delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, reprochado a Rafael Quintín Durán Nava y Emanuel Durán Nava. Sin embargo, se estima que el promovente del amparo carece de legitimación para comparecer por sí y en su calidad de Agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento relacionado con la causa penal de origen, a reclamar a esta instancia constitucional el aludido acto de molestia. Lo anterior es así, pues si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra el Estado, creó el juicio de amparo, queda al margen de toda discusión, que los órganos del Estado no gozan de derechos fundamentales y, por lo mismo no están legitimados para promover juicios de amparo. A esa regla general se ha opuesto una excepción, que se contempla en el artículo 7° de la Ley de Amparo, que dice: "La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares"; sin embargo, en el caso en estudio no se está ante una determinación que afecte el derecho patrimonial del quejoso por sí y en su calidad de fiscal social, por lo que, no opera la excepción indicada. Luego, al no ser titular de un derecho subjetivo como gobernado, pues en el proceso penal generador de los actos de molestia el promovente participa como representante social, es claro que le está vedada la posibilidad para promover el juicio constitucional que ahora intenta. En efecto, la condición para el ejercicio de la acción constitucional implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de un derecho y, que de acuerdo con la Ley de Amparo, se considere particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional en virtud de haber resentido en su persona, y no como autoridad, un perjuicio o afectación como lo refiere el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, resulta improcedente la demanda de que se trata, pues el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, que únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es necesario que quien lo interponga esté legitimado para ello, lo cual no ocurre por lo que hace al solicitante en su calidad de Agente del Ministerio Público. Asimismo, tampoco tiene legitimación por lo que respecta a su propio derecho, pues con ese carácter no se advierte que con el acto reclamado haya resentido una afectación en su esfera de derechos fundamentales, sobre todo porque en el proceso penal no interviene por sí mismo, sino encarnando la representación social señalada. En consecuencia, resulta incuestionable que la acción de amparo ejercida por el accionante de amparo en lo individual y en su calidad de representante social, es improcedente y se actualiza de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción I, dispositivo 6°, aplicados en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por no contar con legitimación para promover en esta instancia constitucional. Al respecto, se invoca el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada con el registro digital 164320, en la página 1949, Novena Época, Tesis III.2o.P.240 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, PROMOVIDO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra el Estado, creó el juicio de amparo, queda al margen de toda discusión, que los órganos del Estado no gozan de garantías individuales y, por lo mismo no están legitimados para promover juicios de amparo; regla general a la que se ha opuesto una excepción, que se contempla en el artículo 9o. de la Ley de Amparo. Esa excepción radica en que el Estado puede obrar con un doble carácter; como entidad pública y como persona moral de derecho privado. Dicha equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél, obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales, que están protegidas a través del juicio constitucional. Ahora bien, es correcto considerar que se actualiza la causal de improcedencia, a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1o. de la ley en cita y 103, fracción I, de la Constitución Federal, cuando el amparo sea promovido por el agente del Ministerio Público de la Federación, al tratar de defender la legalidad de actos de autoridad y no de intereses patrimoniales de derecho privado. Lo anterior, porque si el representante social presenta demanda de garantías, en la que aduce que lo hace como particular y no investido de su función pública, pero de sus conceptos de violación se advierte, que el acto que reclama es con la pretensión de defender la legalidad de actos de autoridad, se actualiza la falta de legitimación ad causam, para promover el juicio de garantías, por no ser titular de un derecho como gobernado. Esto es, la condición para el ejercicio de la acción constitucional implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de un derecho y, que de acuerdo con la Ley de Amparo, se considere particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional." No es óbice a lo anterior, que el promovente señale acudir en su calidad de fiscal social en términos del artículo 4 de Ley General de Víctimas, pues aún bajo esa circunstancia carece de legitimación para ejercitar la acción constitucional. Ello, porque dicho dispositivo legal solo define la calidad de víctima y a quienes podría colocarse en esa figura dentro de un proceso en el que el sujeto pasivo haya sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, por lo que, en modo alguno tal disposición le confiere legitimación para acudir a esta potestad federal a reclamar un acto en el que, se reitera, no ha resentido ninguna afectación en sus derechos como gobernado, resultando por consiguiente la actualización de la causal de improcedencia invocada. Sobre el particular, es aplicable en lo conducente la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia común penal, visible a página 2564, Tesis: II. 3o. P.61 P. (10ª.) Tomo III, Marzo de 2019, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE ALZADA EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS NO LO LEGITIMA PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO -CON EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE POR "DISPOSICIÓN DE LA LEY"- EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS, SALVO QUE ACREDITE LA CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO O, EN SU CASO, AFIRME TENER RECONOCIDA, MEDIANTE DETERMINACIÓN EXPRESA, SU REPRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Asimismo, apoya el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, registro 2014433, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Conclusión. En las narradas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia señalada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° fracción I y 6° de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 16:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades restringidas. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que señalan en la demanda, en virtud de no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · 2,949 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano