Alberto Cortes Mendez

Expediente 20/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
20/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Alberto Cortes Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante proveído de siete de marzo del año en curso causó ejecutoria la sentencia por la que se sobreseyó el presente asunto, sin que se ordenara su archivo como asunto totalmente concluido. En esas condiciones, y a fin de finalizar la secuela procesal del juicio en que se actúa, por así permitirlo el estado procesal en que se encuentra, se ordena proveer lo conducente en los siguientes términos: Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. De igual manera, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el nueve de febrero de dos mil veintidós, en la que, por una parte, se sobreseyó y, por otra, que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alberto Cortes Méndez, contra el acto de la Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos, consistente en la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal --. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), del acuerdo general citado; por tanto, ambos son susceptibles de depuración. Transferencia del expediente. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 20/2021, promovido por ++++, por su propio derecho, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno (fojas 2 a 359) ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El diez de agosto de dos mil veintiuno, previo desahogo de la prevención (fojas 407 y 409). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados. El once de agosto de dos mil veintiuno, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 412). El uno de octubre de dos mil veintiuno, al agente del Ministerio Púbico que intervino en la causa penal +++ (foja 640). El veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno en carácter terceros interesados las CC. +++++ foja 660 y 663). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. Audiencia Constitucional. El trece de diciembre de dos mil veintiuno, fecha correcta de su desahogo, pues en el acta respectiva se asentó erróneamente que ocurrió el mismo día y año, pero en noviembre, por lo que debe tenerse por hecha esa precisión (foja 674), lo cual se corrobora con la fecha plasmada en el certificado de evidencia criptográfica. SEXTO. Remisión de autos para dictado de sentencia. En dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/668/2021, de ocho de diciembre del mismo año, signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos; y al Acuerdo 120/2021, envió a este juzgado de Distrito el juicio de amparo ++, de su índice, para el dictado de la sentencia correspondiente. SÉPTIMO. Recepción de autos. En ese orden, tal asunto fue remitido a través de la Oficina de Correspondencia Común, y por acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó bajo el expediente +++; se convalidaron las actuaciones efectuadas por el homólogo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal +++ misma que atribuye al Fiscal Regional Zona Oriente del Estado de Morelos y al Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos (en su denominación correcta); cuya ejecución adjudica al Director del Centro Penitenciario de Cuautla, Morelos (denominación correcta). TERCERO. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables Fiscal Regional Oriente y Encargado de Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de Cuautla, Morelos, negaron el acto reclamado sin que el quejoso desvirtuara esa negativa. En ese tenor, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por lo que a esos actos de esas autoridades se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. CUARTO. Certeza de actos. La autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos, por conducto del M. en D. J. Jesús Valencia Valencia, aceptó el acto reclamado, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado, agregando que el veinte de julio de dos mil veintiuno se emitió auto de apertura a juicio oral; lo que se corrobora con las constancias que anexó consistentes en la copia certificada de la causa penal +++ en la que obra el acto reclamado y el referido auto de apertura, documental a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Por tanto, se tiene por existente. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". QUINTO. Causales de improcedencia. Las partes no invocaron causa de improcedencia alguna, ni este órgano constitucional advierte que se surta ninguna. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos, toda vez que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad, porque este juzgador procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado. Es aplicable a la resolución anterior, la Jurisprudencia 2ª./J 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ochocientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, instancia de Segunda Sala, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Materia Común, con registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Determinación de este juzgado. Los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable y de la reproducción del disco versátil ofrecido como prueba por el quejoso, se constata lo siguiente: I. El tres de abril de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia inicial en la causa penal ++++ del índice del juez responsable, en la que dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso ++++, por los delitos de Homicidio Calificado y Robo de vehículo agravado, en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de ++++ autorizó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación; e impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva; II. El nueve de octubre de dos mil veinte, la Fiscalía formuló acusación contra el imputado ++++ y otro, por su participación en los delitos de Homicidio Calificado, previsto y sancionado por los artículos 106,108 y 126, fracción II, incisos b), c) y e) y Robo de Vehículo Agravado, descrito y sancionado en los numerales 176, inciso B y 176 Bis, todos del Código Penal Para el Estado de Morelos, cometidos en agravio de +++++ III. Previo diversos diferimientos, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia intermedia, en la que preliminarmente se dio cuenta con el escrito presentado el veinticuatro anterior por el imputado aquí amparista, que contiene los puntos petitorios siguientes: "PETITORIO PRIMERO. se dicte un acuerdo admisorio sobre la admisión (sic) de un INSTRUMENTO PROCESAL INNOMINADO del INCIDENTE INNOMINADO DE NULIDAD, por haber un CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA E INCIDENCIAS PROCESALES, que afectaran TRASCENDENTALMENTE EL RESULTADO DEL FALLO y pondrás (sic) la SITUACIÓN EN GRAVE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Como efecto del incidente se dicte la REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA POR UN PLAZO DE 01 UN MES MÁS y que SE DEJE SIN FECTO LEGAL ALGUNO o se dicte la NULIDAD PROCESAL de LA ACUSACIÓN PRESENTADA POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ASÍ COMO LA FECHA DE LA AUDIENCIA INTERMEDIA Y MÁS ACTUACIONES ILEGALES. PETITORIO SEGUNDO. se realice la interpretación a la luz del CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, pido la aplicación de los artículos 8, 14, 16 y 17; y en cumplimiento al PRINCIPIO DE PRIMACÍA Y JERARQUÍA LEGALES y el PRINCIPIO OBLIGATORIEDAD JURISDICCIONAL DE APLICACIÓN JERÁRQUICA DE LA NORMA SUPREMA DE TODA LA UNIÓN, contenido en el artículo 133 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PETITORIO TERCERO. Se valoren los medios probatorios, al efecto de COMPROBAR LA VERDAD MATERIAL HUMANA Y VIRTUAL (sic), en el sentido de comprobar los actos procesales y que traen grave violación a los derechos humanos. PETITORIO CUARTO.- Se acuerden favorables las CUATRO PETICIONES ACCESORIAS en el siguiente sentido: PETICIÓN ACCESORIA PRIMERA. Proceda a dejar sin efecto legal alguno o se dicte la NULIDAD PROCESAL, del ESCRITO DE ACUSACIÓN PRESENTADA POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. PETICIÓN ACCESORIA SEGUNDA. Proceda dejar sin efecto legal alguno o se dicte la NULIDAD PROCESAL del CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, por haber PRUEBAS PENDIENTES POR DESAHOGAR, QUE ES LA PRUEBA EN DACTILOSCOPÍA FORENSE. PETICIÓN ACCESORIA TERCERA. Proceda dejar sin efecto legal alguno o se dicte la NULIDAD PROCESAL la fecha de la audiencia intermedia, por haber pruebas pendientes por desahogar. PETICIÓN ACCESORIA CUARTA. Proceda a dictar la REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA POR UN PLAZO DE 01 UN MES MÁS, para que el suscrito PUEDA OFRECER MEDIOS PROBATORIOS, DICTÁMENES Y DOCUMENTALES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, para demostrar MI INOCENCIA. PETITORIO QUINTO. Se aplique el CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD EX OFICIO, para la declaración de la procedencia de este medio de defensa no específico." En tal diligencia, individualizadas las partes, inició el debate sobre la procedencia de la reapertura de la investigación, en el que ++++ en su carácter de defensor particular del imputado expuso sus argumentos, enseguida, a preguntas de la juzgadora, dijo que en resumen pide la reapertura de la investigación porque considera que no se recabó el informe en dactiloscopía y que los peritos intervinientes no reúnen los requisitos legales, por ende, se nulifique la acusación ministerial. Por su parte, la Fiscal solicitó se resolviera conforme a derecho y el asesor particular de las ofendidas dijo que era improcedente la reapertura de la investigación en términos del artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales y extemporánea la pretensión de nulidad. En ese estado de cosas, la jueza de control resolvió que es notoriamente improcedente la petición de la defensa del imputado ++++ en tanto la necesidad de la reapertura de la investigación surge cuando se ponen a consideración del juez datos que no hubiere conocido la defensa con antelación, o bien datos que vulneren de manera directa el derecho de defensa, caso en el que la audiencia intermedia puede aplazarse para efecto de que el defensor recabe esos datos y haga el descubrimiento probatorio a la contraparte, lo que dijo, no acontece en el presente caso, ni la defensa justificó qué actos de investigación va a realizar si se autorizase la reapertura. Agregó la jueza de control, que aunque ya se haya realizado la acusación podría ordenarse la reapertura, siempre y cuando se demuestre que es necesario recabar un dato que pueda ser ofertado en la etapa intermedia, lo que tampoco sucede en el asunto sometido a su consideración. Respecto a lo aducido por la defensa en el sentido que solicita la reapertura porque el Ministerio Público no recabó de manera correcta y completa el dictamen en materia de dactiloscopía, porque dice que esa institución solicitó y no lo obtuvo; asimismo que los peritos "no tienen sustento", es decir, su profesión, título y demás, la juez responsable consideró tal petición indicativa de que el imputado +++ no goza de una adecuada defensa, dado que actúa en perjuicio de su representado, pues está señalando a la fiscal cuáles son las omisiones en que incurrió desde este momento, aunado a que pide se nulifique la acusación ministerial, de manera que, dijo la juzgadora, de conceder la reapertura podría tener efecto de que se perfeccionaran pruebas y la propia acusación en perjuicio de su representado. Al tenor de esas consideraciones, resolvió improcedente la reapertura de la investigación solicitada por el aquí quejoso y en términos del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que en su concepto existía una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, previno al imputado para que designara otro en el término de tres días, al tratarse de un defensor privado y tuvo por retirados a los que lo asistieron en sede judicial, por lo que para dar oportunidad a esa designación difirió la audiencia intermedia. IV. En la continuación de esa audiencia, el veinte de julio de dos mil veintiuno, se dictó auto de apertura a juicio oral. Por otra parte, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa expresa como conceptos de violación dos puntos: 1. Que la jueza responsable se negó a tramitar el incidente innominado que promovió, lo que dijo, vulnera sus derechos fundamentales de presunción de inocencia, legalidad, audiencia, debido proceso, derecho a un recurso de defensa legal innominado y el derecho del libre desarrollo de la personalidad; y 2. La negativa a reabrir la investigación complementaria lo deja indefenso porque falta un dictamen pericial que ordenó pero no recabó el agente del Ministerio Público y las restantes periciales fueron emitidas por personas que no reúnen los requisitos legales. A tal negativa atribuye violaciones relativas a ataques a la libertad personal mediante el empleo de intimidación y tormento que "conlleva a poner en ataque una violación de derechos humanos en forma masiva y poner en una situación de una grave situación (sic) de daño irreparable de tipo físico y psicológico", por lo que pidió la aplicación de criterios internacionales que abordan la tortura como violación de derechos humanos. Agrega, que tiene miedo y temor de que se le declare culpable basado en la falta de pruebas científicas que acrediten su participación e intervención material en el ilícito que se le imputa, al no acreditarse que sus huellas dactilares corresponden con las evidencias y huellas encontradas, con vulneración a su libertad personal. En lo así expresado, este órgano de control constitucional advierte que el primero de los tópicos abordados por el quejoso en sus conceptos de violación es infundado, ya que la reseña de los antecedentes del acto reclamado hecha con anterioridad, evidencía que la autoridad judicial responsable admitió, tramitó y resolvió el incidente innominado promovido por la defensa del imputado +++ en términos del artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la Jueza responsable se ocupó previamente de las incidencias planteadas por las partes en la audiencia intermedia. En ese tenor, al no ser apegado a la verdad que la jueza responsable se negó admitir la incidencia referida, contrario a lo expresado por el quejoso en su demanda de amparo, no se vulneraron -por ese motivo en su perjuicio- el principio de presunción de inocencia, la garantías de legalidad, audiencia, debido proceso, los derechos a un recurso de defensa legal innominado y el derecho del libre desarrollo de la personalidad, que en esos términos mencionó y desarrolla profusamente en ese documento, en tanto, se reitera tal juzgadora admitió, tramitó y resolvió el incidente innominado promovido por la defensa del imputado ++++ Por otra parte, es infundado que la negativa a reabrir la investigación complementaria para que el Ministerio Público recabe un dictamen pericial que ordenó y no recabó y además subsanar la carencia de requisitos legales de diversos peritos que intervinieron en ésta, viola en perjuicio del impetrante derecho sustantivo alguno, pues de conformidad con el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal, de manera que es la institución ministerial la facultada para determinar la manera cómo cumple con esa carga. Sin que con ello este Juzgador Federal desatienda que durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, en el presente caso como correctamente ponderó la responsable, no está acreditado que eso haya sucedido en la averiguación y que el órgano de procuración haya negado esa solicitud al aquí quejoso o su defensa, para que de esa manera, como dijo la juez de control, procediera la reapertura de la investigación complementaria. Al respecto, asiste razón a la Jueza responsable al determinar que la petición de reabrir la investigación para que el Ministerio Público recabe de manera correcta y completa el dictamen en materia de dactiloscopía, asimismo porque los peritos no reúnen los requisitos legales, como indicativa de que el imputado ++++ no gozaba de una adecuada defensa en la audiencia intermedia, pues está señalando a la fiscal cuáles son las omisiones en que incurrió desde ese momento la institución ministerial en la integración de la carpeta respectiva, de manera que de conceder esa petición podría redundar en que se perfeccionaran pruebas y la propia acusación en perjuicio del imputado. En efecto, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, respecto de los cuales el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y no sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos que sean sobreabundantes, impertinentes o innecesarias; las que se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales, por haber sido declaradas nulas o por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en el código adjetivo de la materia, lo que evidencia que en la etapa de referencia el Juez de Control no valora pruebas sólo las depura y excluye las que sean ilegales o nulas, luego la defensa al soslayar esas técnicas de litigio y solicitar la reapertura de la investigación, pudo afectar la defensa del imputado aquí quejoso al pretender perfeccionar pruebas en su contra, además de que la valoración de pruebas atañe al Tribunal de Juicio Oral, en términos del artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante quien tendría que hacer valer las deficiencias de las probanzas que, en su caso, desahogue la representación social para que se les reste o niegue valor probatorio. De manera que con la negativa a abrir de nueva cuenta la investigación complementaria, la jueza responsable no vulnera los derechos fundamentales del imputado aquí quejoso, sino en términos del artículo 1 constitucional tuteló su observancia, en tanto respetó su derecho a gozar de una defensa adecuada. Así, tampoco tal negativa constituye un ataque a la libertad personal mediante el empleo de intimidación y tormento, por ello es infundado el concepto de violación relativo, pues esa negativa ninguna relación guarda ni rige la libertad personal del quejoso, que está restringida por la medida de prisión preventiva oficiosa que constitucionalmente está prevista para el delito de Homicidio doloso por el que fue vinculado a proceso, ni tal negativa implica intimidación o tormento, ni le ocasiona alteraciones físicas o psicológicas por sí misma, por lo que no se ajusta a los criterios internacionales relativos a tortura cuya aplicación solicitó. A mayor abundamiento, debe precisarse que los ataques a la libertad personal a que se refiere el artículo 22 constitucional, son a los cometidos fuera de procedimiento, de manera que los actos que restringen ese derecho fundamental dictados por los órganos jurisdiccionales no entran dentro de ese catálogo, sin que en el presente caso se advierta que la negativa a abrir de nueva cuenta la investigación tenga relación con la libertad personal de peticionario de amparo. Asimismo, esa negativa no surte la hipótesis de una violación masiva de derechos humanos, que la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado en el tiempo de las dictaduras y el terrorismo de Estado, en las que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha observado la situación de determinadas víctimas, la ejecución y la desaparición de personas, en función del contexto de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, lo que no tiene similitud en el caso del peticionario de amparo, que no está inmerso en patrones estructurales de discriminación y violencia contra grupos o sectores sociales determinados, enmarcados en el alcance de los derechos civiles y políticos establecidos en la Convención Americana. Respecto a lo aducido en el sentido que tiene miedo y temor de que se le declare culpable basado en la falta de pruebas científicas que acrediten su participación e intervención material en el ilícito que se le imputa, al no acreditarse que sus huellas dactilares corresponden con las evidencias y huellas encontradas, con vulneración a su libertad personal, como se dijo antes, no es en la etapa intermedia en la que se valoran pruebas por parte de la autoridad judicial para condenarlo o absolverlo, sino es en la etapa de juicio oral donde su defensa o el propio quejoso podrá expresar lo que a su derecho corresponda respecto de las pruebas que eventualmente se desahoguen, para controvertir el valor convictivo que la atribuya el órgano de acusación, de ahí lo infundado de ese concepto de violación. En ese orden de consideraciones lo que procede es negar al quejoso ++++ la protección constitucional solicitada contra la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal +++ por la Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos. Es pertinente señalar que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente ejecutoria, se aplican en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que el criterio imperante en ellas se sigue sustentando aun aplicando aquella legislación; así como en lo ordenado en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Febrero de 2016, consultable en el Libro 27, Tomo I, página 705, registro 2010982, de contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio por los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expresados en el tercero de ellos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a +++ contra el acto de la Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos, consistente en la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal +++. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERO INTERESADA: TERESA ALTAMIRANO MELENDEZ Y BLANCA CECILIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ COMO CAUSAHABIENTES DE ANTONIO DE JESÚS ARENAS ALTAMIRANO, el auto y/o resolución de NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente establece: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 20/2021, promovido por ++++, por su propio derecho, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno (fojas 2 a 359) ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El diez de agosto de dos mil veintiuno, previo desahogo de la prevención (fojas 407 y 409). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados. El once de agosto de dos mil veintiuno, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 412). El uno de octubre de dos mil veintiuno, al agente del Ministerio Púbico que intervino en la causa penal +++ (foja 640). El veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno en carácter terceros interesados las CC. +++++ foja 660 y 663). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. Audiencia Constitucional. El trece de diciembre de dos mil veintiuno, fecha correcta de su desahogo, pues en el acta respectiva se asentó erróneamente que ocurrió el mismo día y año, pero en noviembre, por lo que debe tenerse por hecha esa precisión (foja 674), lo cual se corrobora con la fecha plasmada en el certificado de evidencia criptográfica. SEXTO. Remisión de autos para dictado de sentencia. En dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/668/2021, de ocho de diciembre del mismo año, signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos; y al Acuerdo 120/2021, envió a este juzgado de Distrito el juicio de amparo ++, de su índice, para el dictado de la sentencia correspondiente. SÉPTIMO. Recepción de autos. En ese orden, tal asunto fue remitido a través de la Oficina de Correspondencia Común, y por acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó bajo el expediente +++; se convalidaron las actuaciones efectuadas por el homólogo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal +++ misma que atribuye al Fiscal Regional Zona Oriente del Estado de Morelos y al Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos (en su denominación correcta); cuya ejecución adjudica al Director del Centro Penitenciario de Cuautla, Morelos (denominación correcta). TERCERO. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables Fiscal Regional Oriente y Encargado de Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de Cuautla, Morelos, negaron el acto reclamado sin que el quejoso desvirtuara esa negativa. En ese tenor, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por lo que a esos actos de esas autoridades se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. CUARTO. Certeza de actos. La autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos, por conducto del M. en D. J. Jesús Valencia Valencia, aceptó el acto reclamado, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado, agregando que el veinte de julio de dos mil veintiuno se emitió auto de apertura a juicio oral; lo que se corrobora con las constancias que anexó consistentes en la copia certificada de la causa penal +++ en la que obra el acto reclamado y el referido auto de apertura, documental a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Por tanto, se tiene por existente. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". QUINTO. Causales de improcedencia. Las partes no invocaron causa de improcedencia alguna, ni este órgano constitucional advierte que se surta ninguna. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos, toda vez que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad, porque este juzgador procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado. Es aplicable a la resolución anterior, la Jurisprudencia 2ª./J 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ochocientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, instancia de Segunda Sala, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Materia Común, con registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Determinación de este juzgado. Los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable y de la reproducción del disco versátil ofrecido como prueba por el quejoso, se constata lo siguiente: I. El tres de abril de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia inicial en la causa penal ++++ del índice del juez responsable, en la que dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso ++++, por los delitos de Homicidio Calificado y Robo de vehículo agravado, en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de ++++ autorizó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación; e impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva; II. El nueve de octubre de dos mil veinte, la Fiscalía formuló acusación contra el imputado ++++ y otro, por su participación en los delitos de Homicidio Calificado, previsto y sancionado por los artículos 106,108 y 126, fracción II, incisos b), c) y e) y Robo de Vehículo Agravado, descrito y sancionado en los numerales 176, inciso B y 176 Bis, todos del Código Penal Para el Estado de Morelos, cometidos en agravio de +++++ III. Previo diversos diferimientos, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia intermedia, en la que preliminarmente se dio cuenta con el escrito presentado el veinticuatro anterior por el imputado aquí amparista, que contiene los puntos petitorios siguientes: "PETITORIO PRIMERO. se dicte un acuerdo admisorio sobre la admisión (sic) de un INSTRUMENTO PROCESAL INNOMINADO del INCIDENTE INNOMINADO DE NULIDAD, por haber un CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA E INCIDENCIAS PROCESALES, que afectaran TRASCENDENTALMENTE EL RESULTADO DEL FALLO y pondrás (sic) la SITUACIÓN EN GRAVE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Como efecto del incidente se dicte la REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA POR UN PLAZO DE 01 UN MES MÁS y que SE DEJE SIN FECTO LEGAL ALGUNO o se dicte la NULIDAD PROCESAL de LA ACUSACIÓN PRESENTADA POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ASÍ COMO LA FECHA DE LA AUDIENCIA INTERMEDIA Y MÁS ACTUACIONES ILEGALES. PETITORIO SEGUNDO. se realice la interpretación a la luz del CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, pido la aplicación de los artículos 8, 14, 16 y 17; y en cumplimiento al PRINCIPIO DE PRIMACÍA Y JERARQUÍA LEGALES y el PRINCIPIO OBLIGATORIEDAD JURISDICCIONAL DE APLICACIÓN JERÁRQUICA DE LA NORMA SUPREMA DE TODA LA UNIÓN, contenido en el artículo 133 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PETITORIO TERCERO. Se valoren los medios probatorios, al efecto de COMPROBAR LA VERDAD MATERIAL HUMANA Y VIRTUAL (sic), en el sentido de comprobar los actos procesales y que traen grave violación a los derechos humanos. PETITORIO CUARTO.- Se acuerden favorables las CUATRO PETICIONES ACCESORIAS en el siguiente sentido: PETICIÓN ACCESORIA PRIMERA. Proceda a dejar sin efecto legal alguno o se dicte la NULIDAD PROCESAL, del ESCRITO DE ACUSACIÓN PRESENTADA POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. PETICIÓN ACCESORIA SEGUNDA. Proceda dejar sin efecto legal alguno o se dicte la NULIDAD PROCESAL del CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, por haber PRUEBAS PENDIENTES POR DESAHOGAR, QUE ES LA PRUEBA EN DACTILOSCOPÍA FORENSE. PETICIÓN ACCESORIA TERCERA. Proceda dejar sin efecto legal alguno o se dicte la NULIDAD PROCESAL la fecha de la audiencia intermedia, por haber pruebas pendientes por desahogar. PETICIÓN ACCESORIA CUARTA. Proceda a dictar la REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA POR UN PLAZO DE 01 UN MES MÁS, para que el suscrito PUEDA OFRECER MEDIOS PROBATORIOS, DICTÁMENES Y DOCUMENTALES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, para demostrar MI INOCENCIA. PETITORIO QUINTO. Se aplique el CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD EX OFICIO, para la declaración de la procedencia de este medio de defensa no específico." En tal diligencia, individualizadas las partes, inició el debate sobre la procedencia de la reapertura de la investigación, en el que ++++ en su carácter de defensor particular del imputado expuso sus argumentos, enseguida, a preguntas de la juzgadora, dijo que en resumen pide la reapertura de la investigación porque considera que no se recabó el informe en dactiloscopía y que los peritos intervinientes no reúnen los requisitos legales, por ende, se nulifique la acusación ministerial. Por su parte, la Fiscal solicitó se resolviera conforme a derecho y el asesor particular de las ofendidas dijo que era improcedente la reapertura de la investigación en términos del artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales y extemporánea la pretensión de nulidad. En ese estado de cosas, la jueza de control resolvió que es notoriamente improcedente la petición de la defensa del imputado ++++ en tanto la necesidad de la reapertura de la investigación surge cuando se ponen a consideración del juez datos que no hubiere conocido la defensa con antelación, o bien datos que vulneren de manera directa el derecho de defensa, caso en el que la audiencia intermedia puede aplazarse para efecto de que el defensor recabe esos datos y haga el descubrimiento probatorio a la contraparte, lo que dijo, no acontece en el presente caso, ni la defensa justificó qué actos de investigación va a realizar si se autorizase la reapertura. Agregó la jueza de control, que aunque ya se haya realizado la acusación podría ordenarse la reapertura, siempre y cuando se demuestre que es necesario recabar un dato que pueda ser ofertado en la etapa intermedia, lo que tampoco sucede en el asunto sometido a su consideración. Respecto a lo aducido por la defensa en el sentido que solicita la reapertura porque el Ministerio Público no recabó de manera correcta y completa el dictamen en materia de dactiloscopía, porque dice que esa institución solicitó y no lo obtuvo; asimismo que los peritos "no tienen sustento", es decir, su profesión, título y demás, la juez responsable consideró tal petición indicativa de que el imputado +++ no goza de una adecuada defensa, dado que actúa en perjuicio de su representado, pues está señalando a la fiscal cuáles son las omisiones en que incurrió desde este momento, aunado a que pide se nulifique la acusación ministerial, de manera que, dijo la juzgadora, de conceder la reapertura podría tener efecto de que se perfeccionaran pruebas y la propia acusación en perjuicio de su representado. Al tenor de esas consideraciones, resolvió improcedente la reapertura de la investigación solicitada por el aquí quejoso y en términos del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que en su concepto existía una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, previno al imputado para que designara otro en el término de tres días, al tratarse de un defensor privado y tuvo por retirados a los que lo asistieron en sede judicial, por lo que para dar oportunidad a esa designación difirió la audiencia intermedia. IV. En la continuación de esa audiencia, el veinte de julio de dos mil veintiuno, se dictó auto de apertura a juicio oral. Por otra parte, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa expresa como conceptos de violación dos puntos: 1. Que la jueza responsable se negó a tramitar el incidente innominado que promovió, lo que dijo, vulnera sus derechos fundamentales de presunción de inocencia, legalidad, audiencia, debido proceso, derecho a un recurso de defensa legal innominado y el derecho del libre desarrollo de la personalidad; y 2. La negativa a reabrir la investigación complementaria lo deja indefenso porque falta un dictamen pericial que ordenó pero no recabó el agente del Ministerio Público y las restantes periciales fueron emitidas por personas que no reúnen los requisitos legales. A tal negativa atribuye violaciones relativas a ataques a la libertad personal mediante el empleo de intimidación y tormento que "conlleva a poner en ataque una violación de derechos humanos en forma masiva y poner en una situación de una grave situación (sic) de daño irreparable de tipo físico y psicológico", por lo que pidió la aplicación de criterios internacionales que abordan la tortura como violación de derechos humanos. Agrega, que tiene miedo y temor de que se le declare culpable basado en la falta de pruebas científicas que acrediten su participación e intervención material en el ilícito que se le imputa, al no acreditarse que sus huellas dactilares corresponden con las evidencias y huellas encontradas, con vulneración a su libertad personal. En lo así expresado, este órgano de control constitucional advierte que el primero de los tópicos abordados por el quejoso en sus conceptos de violación es infundado, ya que la reseña de los antecedentes del acto reclamado hecha con anterioridad, evidencía que la autoridad judicial responsable admitió, tramitó y resolvió el incidente innominado promovido por la defensa del imputado +++ en términos del artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la Jueza responsable se ocupó previamente de las incidencias planteadas por las partes en la audiencia intermedia. En ese tenor, al no ser apegado a la verdad que la jueza responsable se negó admitir la incidencia referida, contrario a lo expresado por el quejoso en su demanda de amparo, no se vulneraron -por ese motivo en su perjuicio- el principio de presunción de inocencia, la garantías de legalidad, audiencia, debido proceso, los derechos a un recurso de defensa legal innominado y el derecho del libre desarrollo de la personalidad, que en esos términos mencionó y desarrolla profusamente en ese documento, en tanto, se reitera tal juzgadora admitió, tramitó y resolvió el incidente innominado promovido por la defensa del imputado ++++ Por otra parte, es infundado que la negativa a reabrir la investigación complementaria para que el Ministerio Público recabe un dictamen pericial que ordenó y no recabó y además subsanar la carencia de requisitos legales de diversos peritos que intervinieron en ésta, viola en perjuicio del impetrante derecho sustantivo alguno, pues de conformidad con el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal, de manera que es la institución ministerial la facultada para determinar la manera cómo cumple con esa carga. Sin que con ello este Juzgador Federal desatienda que durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, en el presente caso como correctamente ponderó la responsable, no está acreditado que eso haya sucedido en la averiguación y que el órgano de procuración haya negado esa solicitud al aquí quejoso o su defensa, para que de esa manera, como dijo la juez de control, procediera la reapertura de la investigación complementaria. Al respecto, asiste razón a la Jueza responsable al determinar que la petición de reabrir la investigación para que el Ministerio Público recabe de manera correcta y completa el dictamen en materia de dactiloscopía, asimismo porque los peritos no reúnen los requisitos legales, como indicativa de que el imputado ++++ no gozaba de una adecuada defensa en la audiencia intermedia, pues está señalando a la fiscal cuáles son las omisiones en que incurrió desde ese momento la institución ministerial en la integración de la carpeta respectiva, de manera que de conceder esa petición podría redundar en que se perfeccionaran pruebas y la propia acusación en perjuicio del imputado. En efecto, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, respecto de los cuales el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y no sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos que sean sobreabundantes, impertinentes o innecesarias; las que se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales, por haber sido declaradas nulas o por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en el código adjetivo de la materia, lo que evidencia que en la etapa de referencia el Juez de Control no valora pruebas sólo las depura y excluye las que sean ilegales o nulas, luego la defensa al soslayar esas técnicas de litigio y solicitar la reapertura de la investigación, pudo afectar la defensa del imputado aquí quejoso al pretender perfeccionar pruebas en su contra, además de que la valoración de pruebas atañe al Tribunal de Juicio Oral, en términos del artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante quien tendría que hacer valer las deficiencias de las probanzas que, en su caso, desahogue la representación social para que se les reste o niegue valor probatorio. De manera que con la negativa a abrir de nueva cuenta la investigación complementaria, la jueza responsable no vulnera los derechos fundamentales del imputado aquí quejoso, sino en términos del artículo 1 constitucional tuteló su observancia, en tanto respetó su derecho a gozar de una defensa adecuada. Así, tampoco tal negativa constituye un ataque a la libertad personal mediante el empleo de intimidación y tormento, por ello es infundado el concepto de violación relativo, pues esa negativa ninguna relación guarda ni rige la libertad personal del quejoso, que está restringida por la medida de prisión preventiva oficiosa que constitucionalmente está prevista para el delito de Homicidio doloso por el que fue vinculado a proceso, ni tal negativa implica intimidación o tormento, ni le ocasiona alteraciones físicas o psicológicas por sí misma, por lo que no se ajusta a los criterios internacionales relativos a tortura cuya aplicación solicitó. A mayor abundamiento, debe precisarse que los ataques a la libertad personal a que se refiere el artículo 22 constitucional, son a los cometidos fuera de procedimiento, de manera que los actos que restringen ese derecho fundamental dictados por los órganos jurisdiccionales no entran dentro de ese catálogo, sin que en el presente caso se advierta que la negativa a abrir de nueva cuenta la investigación tenga relación con la libertad personal de peticionario de amparo. Asimismo, esa negativa no surte la hipótesis de una violación masiva de derechos humanos, que la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado en el tiempo de las dictaduras y el terrorismo de Estado, en las que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha observado la situación de determinadas víctimas, la ejecución y la desaparición de personas, en función del contexto de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, lo que no tiene similitud en el caso del peticionario de amparo, que no está inmerso en patrones estructurales de discriminación y violencia contra grupos o sectores sociales determinados, enmarcados en el alcance de los derechos civiles y políticos establecidos en la Convención Americana. Respecto a lo aducido en el sentido que tiene miedo y temor de que se le declare culpable basado en la falta de pruebas científicas que acrediten su participación e intervención material en el ilícito que se le imputa, al no acreditarse que sus huellas dactilares corresponden con las evidencias y huellas encontradas, con vulneración a su libertad personal, como se dijo antes, no es en la etapa intermedia en la que se valoran pruebas por parte de la autoridad judicial para condenarlo o absolverlo, sino es en la etapa de juicio oral donde su defensa o el propio quejoso podrá expresar lo que a su derecho corresponda respecto de las pruebas que eventualmente se desahoguen, para controvertir el valor convictivo que la atribuya el órgano de acusación, de ahí lo infundado de ese concepto de violación. En ese orden de consideraciones lo que procede es negar al quejoso ++++ la protección constitucional solicitada contra la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal +++ por la Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos. Es pertinente señalar que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente ejecutoria, se aplican en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que el criterio imperante en ellas se sigue sustentando aun aplicando aquella legislación; así como en lo ordenado en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Febrero de 2016, consultable en el Libro 27, Tomo I, página 705, registro 2010982, de contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio por los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expresados en el tercero de ellos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a +++ contra el acto de la Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos, consistente en la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal +++. Notifíquese personalmente.

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