Alan Zamora Sanchez

Expediente 317/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
317/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Alan Zamora Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Juzgado solicita acceso al expediente electrónico. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual transcribe la literalidad del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, del que se advierte que solicita la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Instrucción especial al oficial judicial "A". En ese sentido, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/202 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes, para que ponga a disposición de la autoridad oficiante, el expediente electrónico formado con motivo del juicio en que se actúa, en el que obran la totalidad de constancias que lo integran, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En audiencia incidental del quince de marzo de dos mil veintidós, se le concedió la suspensión definitiva para el efecto que, en caso de ser detenido, Alan Zamora Sánchez quedara a disposición de este juzgado sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición del juez responsable que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento penal seguido en su contra, hasta tanto la responsable reciba el oficio en el que se le informe que causó ejecutoria la sentencia dictada en este sumario principal. En ese sentido, notifíquese por oficio a las autoridades señaladas como responsables y, una vez recibidos los acuses, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), del acuerdo general citado; por tanto, ambos son susceptibles de depuración. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 317/2022, promovido por Alan Zamora Sánchez, por su propio derecho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El cuatro de marzo de dos mil veintidós (fojas 2 a 8). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El ocho de marzo de dos mil veintidós (fojas 15 a 22). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados. El nueve de marzo de dos mil veintidós, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 28). El veinticinco de ese mes y año, a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de Estado de Morelos, que intervino en la causa penal JC/1477/2021 (foja 40). Asimismo, el diez de marzo de tal anualidad, a la víctima de iniciales L. A. R. B. (foja 31). CUARTO. Precepto constitucional que la parte quejosa considera vulnerado. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. Audiencia Constitucional. El nueve de mayo de dos mil veintidós (foja 53); y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el quejoso solicitó por propio derecho el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el once de febrero de dos mil veintidós, en la causa penal JC/1477/2021, por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que anexó consistentes en copias certificadas de la causa penal JC/1477/2021, de su índice, en la que obra la resolución reclamada. Así como el disco versátil digital que contiene las videograbaciones de la audiencia inicial en la que consta el acto reclamado, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". De igual manera, es aplicable a la determinación anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, instancia de Primera Sala, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Materias Común-Penal, con registro 2004362, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no invocaron causa de improcedencia alguna, ni este órgano constitucional advierte que se surta ninguna. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mayor comprensión de la litis constitucional, es pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado, mismos que derivan de las constancias de autos y del contenido del disco versátil remitido con el informe justificado por el juez responsable, a saber: 1. Audiencia inicial. El ocho de febrero de dos mil veintidós, se desahogó la audiencia inicial de formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares, en la que el agente del Ministerio Público imputó a Alan Zamora Sánchez, el delito de Violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 202 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de a la víctima de iniciales L. A. R. B., y se le impusieron las medidas cautelares consistentes en la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima y no molestarla, acorde a lo estipulado en el artículo 155, fracciones VII y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, diligencia en la que el quejoso asesorado por su defensa rindió declaración. 2. El once de febrero posterior, se decretó contra el imputado Alan Zamora Sánchez, auto de vinculación a proceso por ese hecho que la ley señala como delito. La resolución anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos toda vez que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad, porque este juzgador procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado. Es aplicable a la resolución anterior, la Jurisprudencia 2ª./J 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, con registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. Determinación de este juzgado. Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, sin que haya materia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En efecto, contra lo expresado por el impetrante, del estudio del asunto debe destacarse que de conformidad con los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se vulneró en su perjuicio derecho fundamental alguno, pues para la emisión del auto de vinculación a proceso, se verificó la existencia de los requisitos siguientes: a). Que se hubiere formulado la imputación; b). Que se otorgue al imputado la oportunidad para declarar; y, c). Que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En efecto, en el caso sometido a la jurisdicción de este órgano de control constitucional, se advierte que se cumplieron tales requisitos pues en audiencia de ocho de febrero de dos mil veintidós, se formuló imputación contra el quejoso por el hecho que la ley señala como delito de Violencia familiar; diligencia en la que se le otorgó la oportunidad de declarar y optó por hacerlo, una vez solicitada la vinculación a proceso por la institución ministerial, el imputado y su defensa solicitaron se resolviera su situación jurídica en el plazo constitucional ampliado, por lo que el juez natural el once de ese mes y año, emitió en su contra auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito materia de la imputación. Así, este resolutor de amparo advierte que se cumplieron en el caso del quejoso las formalidades esenciales del procedimiento pues es evidente que tuvo conocimiento del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que fincara su defensa; la oportunidad de declarar; y se dictó una resolución que dirimió su situación jurídica, la que tuvo oportunidad de impugnar, pero optó por ejercer la acción constitucional de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 200234, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Además, se respetaron cabalmente los principios rectores del proceso penal de corte acusatorio, que son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previstos en el artículo 20, párrafo primero, constitucional, y cuyo contenido se desprende en los preceptos 4, 5, 6, 8, 7 y 9, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, la sentencia reclamada fue emitida de manera oral y escrita, se ajustó a lo establecido en el artículo 16 constitucional, que constriñe a toda autoridad a emitir sus actos en forma fundada y motivada. Ello es así, pues se observa que antes de emitir el auto reclamado citó los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen los requisitos de forma y fondo que debe contener una resolución de esa naturaleza y el diverso 202 Bis, del Código Penal para el Estado de Morelos, que contiene la descripción típica del delito de Violencia Familiar, como los diversos 15 y 18, fracción I, de ese cuerpo normativo, que prevé la comisión dolosa del delito y la autoría como forma de intervención; asimismo, hizo alusión a las pruebas que tomó en cuenta para tener por acreditado los hechos materia de la imputación y la probable participación del imputado en su comisión; señalando las razones que tuvo para ello. Asimismo, citó los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen los principios reguladores de la valoración de la prueba. De manera que la autoridad responsable expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y señaló además, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto que ahora se le reclama. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 176546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Consecuentemente, se satisfacen las exigencias de los artículos 14 y 16, párrafo primero y 19 constitucionales. Por otra parte, el quejoso sostiene que no está acreditado el hecho delictivo por el que se le vinculó a proceso, ni su posible participación en éstos, lo que es igualmente infundado, ya que este órgano de control constitucional advierte que el juez responsable no violó los derechos fundamentales de los quejosos al declarar, con la facultad que le otorga el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que los hechos materia de la imputación encuadran en la conducta desplegada en la hipótesis normativa descrita en el artículo 202 Bis, del Código Penal para el Estado de Morelos, que describe la figuras típica de Violencia familiar, que dice: "ARTICULO 202 BIS.- Comete el delito de violencia familiar el miembro de la familia que realice un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, con quien tenga parentesco consanguíneo, por afinidad, por vínculo de matrimonio o concubinato y que tiene por efecto causar daño o sufrimiento. Al que cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de dos a seis años de prisión, doscientos a quinientos días multa, perdida de los derechos que tenga con respecto al ofendido, inclusive los de carácter sucesorio, patria potestad o tutela, así como la obligación de recibir tratamiento psicológico específico para su rehabilitación. Este delito se perseguirá de oficio." Cuyos elementos son: Que alguien realice un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica; Que el acto de poder u omisión se infiera a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, con quien tenga parentesco consanguíneo, por afinidad, por vínculo de matrimonio o concubinato; y, Que tenga por efecto causar daño o sufrimiento. Para acreditar lo anterior el Juez de Control responsable ponderó los antecedentes de investigación y registros que como datos de prueba le aportó la institución ministerial, primordialmente la declaración de la víctima de iniciales L. A. R. B. y lo despuesto por el aquí quejoso Alan Zamora Sánchez, pruebas que el juez responsable valoró legalmente en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la referida paciente del delito fue quien resintió personal y directamente los hechos delictivos y narró las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que fue agredida y amedrentada por el activo el que efectivamente se situó en tales circunstancias y si bien no admitió haber proferido las palabras que citó la pasivo, fue correcto que se diera valor a lo expuesto por la ofendida dada la situación de vulnerabilidad en que se encuentra, como fue aducido por la fiscalía derivado del dictamen de psicología que refirió como dato de investigación y que citó el juez de los autos en su determinación. Justipreciación que este Juzgador Federal estima es acorde a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que parte del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, de la que deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Ciertamente, en los últimos años México ha firmado y ratificado diferentes tratados internacionales que son base para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia; estos compromisos asumidos ante la comunidad internacional han favorecido que en el ámbito nacional se haya dado una paulatina reforma legislativa, a fin de establecer un marco jurídico de protección de los derechos humanos de las mujeres y de los niños. A partir de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), son varios los instrumentos internacionales que hacen referencia a este fenómeno: la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual señala que la violencia es una violación de derechos humanos; la Convención sobre los Derechos del Niño, que proscribe todas las formas de abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual contra los niños y, en el ámbito regional latinoamericano, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El reconocimiento de que el fenómeno de la violencia contra la mujer atenta contra sus derechos humanos y el reconocimiento de que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, han quedado plasmados en normas internacionales que establecen la obligación para los Estados Parte de establecer los mecanismos de protección para las personas, respecto de prácticas violatorias de sus derechos, que se dan no sólo en el ámbito público, sino también y particularmente en la familia, que es donde se ejerce mayor violencia en contra de mujeres, niños y niñas, en las relaciones familiares disfuncionales. Como parte de lo anterior, México firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas CEDAW, durante la Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en la Ciudad de México en 1975, en la cual, como parte de las recomendaciones, se advierte la inscripción de la violencia familiar, la cual pone en grave riesgo la salud física y mental de las mujeres, imposibilitándolas para tener una vida familiar pública basada en la equidad; se señala que en las relaciones familiares se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo; en la recomendación se considera que la atención de la violencia en la familia requiere de leyes en las que se contemplen las sanciones penales en los casos necesarios, así como recursos civiles eficientes y accesibles a las víctimas de violencia que les brinden protección y apoyo. De igual forma, México firmó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas; en esta declaración se incluye en la categoría de actos de violencia contra la mujer, entre otros, la violencia psicológica que se produzca en familia. La declaración reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones desiguales de poder que históricamente se han dado entre el hombre y la mujer; asimismo, afirma que la violencia contra ésta constituye una violación a sus derechos humanos y sus libertades fundamentales que le impide, total o parcialmente, disfrutar de esos derechos y libertades. La importancia de la declaración radica en el hecho de considerar como actos de violencia contra la mujer, no solamente los perpetrados por los agentes del Estado, sino también aquellos actos de violencia física, sexual y psicológica que ocurren dentro de la familia y la comunidad, cometidos por alguno de sus propios miembros. A partir de la promulgación de la declaración se inició en nuestro país, como en muchos otros, un proceso de visibilización de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia doméstica, lo que llevó a una adecuación del marco jurídico hasta entonces vigente. De igual forma, en el ámbito regional latinoamericano, es el de la Organización de los Estados Americanos, y el documento más representativo de la lucha contra la violencia, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención de Belém do Pará, creada el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, y que México ratificó hasta noviembre de mil novecientos noventa y ocho. Esta convención entiende por violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, aun la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. La convención ratifica que la violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones de desigualdad entre varones y mujeres, y constituye una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales de éstas, y les limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. El instrumento establece para los Estados Parte, obligaciones específicas, como la adopción de medidas legislativas, administrativas y programas que tengan por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; entre las medidas legislativas se puntualiza la necesidad de incluir en la legislación interna de los Estados Parte, normas penales, civiles y administrativas, o de otra naturaleza, así como la forzosa modificación o abolición de las leyes o reglamentos vigentes que permiten la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer. Asimismo, se señala la necesidad de que se establezcan los mecanismos judiciales y administrativos eficaces, basados en procedimientos legales justos, para que la mujer que haya sido sometida a la violencia se valga de ellos y tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación de los daños u otros medios de compensación justos y eficaces. Por otra parte, con la finalidad de acatar y actuar de conformidad con los precitados tratados, el Estado Mexicano ha establecido diversas metodologías para juzgar con perspectiva de género. Como se adelantó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de la perspectiva de género ha considerado que constituye una categoría analítica -concepto- que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales, entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género, puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres -pero que no necesariamente está presente en cada caso- como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. Así, del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que, por cuestiones de género, den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria, de acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de género; v) Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas; y, vi) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente, con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Argumentos los anteriores que se encuentran contenidos en la jurisprudencia y tesis, respectivamente, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO." y "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN." Así, tratándose de delitos en que exista la posibilidad de discriminaciones que de derecho o hecho puedan sufrir hombres o mujeres, debe abordarse el tema con perspectiva de género, sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja de las víctimas, en su mayoría mujeres, donde regularmente son partícipes de un ciclo en el que intervienen fenómenos, como son la codependencia y el temor que propician la denuncia del delito. En el caso concreto, se trata de un delito de violencia intrafamiliar cometido por parte del cónyuge masculino a su cónyuge femenina, la cual señala que tiene conflictos con el aquí quejoso Alan Zamora Sánchez, quien en las circunstancias que narró le dijo: "tú tienes a alguien aquí, te voy a quitar a los niños, eres una puta, estás haciendo cosas inmorales, te voy a quitar a los niños y me va a costar tres mil pesos saber lo que estás haciendo", lo que hasta el momento es un dato que fue víctima de actos de control, como lo determinó el juez responsable, porque derivado de los conflictos que tiene con su agresor, los que incluso los llevaron al divorcio, éste la amenaza con quitarle a su hijos para que la pasivo se comporte según los requerimientos del activo, conductas que atentan contra el equilibrio emocional de la madre y su hijos, pues alteran sus condiciones afectivas, sociales y culturales, lo que se traduce en una situación vejatoria y que genera desventaja por cuestiones de género, por lo que, se insiste, implícitamente se realizó el estudio con perspectiva de género. Apoya el anterior criterio la tesis XVII.2o.P.A.30 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "VIOLENCIA FAMILIAR. LA DECLARACIÓN DE LA CÓNYUGE OFENDIDA TIENE VALOR PREPONDERANTE, POR LO QUE DICHO ILÍCITO SE ACREDITA CON LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, ADMINICULANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).-Para acreditar el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 190 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, la declaración de la cónyuge ofendida tiene valor preponderante, en virtud de que, por lo regular, se realiza principalmente en el domicilio de los cónyuges, generalmente ante la ausencia de testigos presenciales, por lo que este delito se acredita con la prueba circunstancial, adminiculando todos y cada uno de los hechos que van ocurriendo en determinado tiempo en la vida de los cónyuges." Asimismo, como bien lo determinó el juez de los autos, quedó acreditado con ambas declaraciones que el acto de poder se infirió a un miembro de la familia fuera del domicilio familiar, con quien el activo tiene vínculo de matrimonio o concubinato, pues se acredita que el aquí quejoso Alan Zamora Sánchez contrajo matrimonio con la víctima de iniciales L. A. R. B., con quien procreó dos hijos, a quien ocasionó zozobra de que se los quite. Debe decirse, por parte de este órgano de control constitucional, que una de las maneras de causar el más grave daño psicológico a la mujer, es dirigir la acción violenta hacia las personas estrechamente unidas a ella (hijos, padre, madre, pareja actual,). Sonia Vaccaro, utiliza para mencionar estos supuestos de instrumentalización la expresión "violencia vicaria". El adjetivo vicario responde al sentido en que se toma el lugar de otra persona o cosa, como un sustituto; o como castigo vicario, que ha sido sufrido o realizado por una persona en lugar de otra. Este tipo de violencia puede llegar incluso a dar la muerte a los hijos con tal de hacer daño a la pareja. Es un término todavía no demasiado extendido. En este tipo de violencia el agresor busca hacer daño a la víctima mediante los hijos u otras personas y objetos a los que esta le tiene apego y cariño. Es un tipo de violencia familiar que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente para generar un daño a otra persona, ejerciéndose de forma secundaria a la principal. Es también, un tipo de maltrato infantil, también empleado como mecanismo de coacción y control hacia la víctima adulta, descripción que a criterio de este resolutor de amparo se adecua a la conducta, que hasta este estadio procesal, encuadró el juez responsable, en el hecho delictivo señalado por la ley como Violencia familiar. No aportan beneficio a los intereses del quejoso las documentales consistentes en copias certificadas de: (i) la carpeta de investigación SC01/1458/2021; (ii) del juicio de divorcio incausado tramitado bajo el expediente 16/2021 promovido por Alan Zamora Sánchez contra la víctima de iniciales L. A. R. B.; y, (iii) del incidente de convivencias tramitado en ese juicio de divorcio Incausado, con las que dice se acredita que los hechos derivan de problemas de índole familiar, no del delito que se le imputa, pues con ellas se varían las circunstancias o los hechos en los que la responsable se basó para apreciar el acto reclamado, lo que no es factible en el juicio de amparo indirecto. En efecto, el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, como regla general, que en las sentencias dictadas en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquella; sin embargo, su párrafo segundo prevé una excepción, consistente en que, tratándose del amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas, siempre y cuando no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, lo que no sucede en la especie, pues el defensor particular del imputado en la audiencia inicial dijo que no tenía pruebas que ofrecer. Asimismo, en la reforma a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se estableció que, adicionalmente, en materia penal, el Juez de Distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento probatorio en el amparo no conlleve una violación a la oralidad o a los principios de contradicción o inmediación que rigen en el proceso penal acusatorio, pues no hacerlo implicaría, en términos de las reglas de ofrecimiento y desahogo de pruebas que prevé la Ley de Amparo, analizar elementos formalizados, esto es, no constituirían datos de prueba, sino una prueba como tal; lo que no es legalmente factible, ya que ingresarlos de esa manera (como prueba formalizada), violentaría las reglas de incorporación de pruebas del procedimiento penal acusatorio, hipótesis que se actualizaría de analizar las pruebas ofrecidas por el quejoso como documentales públicas, sin su legal incorporación en la audiencia inicial y sin dar oportunidad a la parte ofendida de pronunciarse respecto a tales pruebas, además variando las circunstancias o los hechos en los que la responsable se basó para apreciar el acto reclamado. Sustenta este criterio, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 1/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2022840, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, marzo de 2021, Tomo II, página 1210, que establece: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA BAJO EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. DEBEN DESECHARSE SI PRETENDEN DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, VARIANDO LAS CIRCUNSTANCIAS O LOS HECHOS EN LOS QUE EL JUEZ DE CONTROL SE BASÓ PARA EMITIRLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al analizar si era factible admitir pruebas en el amparo indirecto promovido por el probable responsable contra una orden de aprehensión dictada bajo el sistema procesal penal acusatorio, para acreditar su inconstitucionalidad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el principio de limitación probatoria contenido en el artículo 75, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, no permite que se admitan pruebas en amparo indirecto cuando se reclama una orden de aprehensión dictada bajo el sistema procesal penal acusatorio, tendentes a demostrar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, variando las circunstancias o los hechos en los que la responsable se basó para apreciar el acto reclamado. Justificación: El artículo 75 de la Ley de Amparo establece que el acto reclamado será apreciado como haya aparecido probado ante la autoridad responsable y consagra como excepción, en amparo indirecto, la posibilidad de ofrecer pruebas cuando el quejoso no haya podido hacerlo ante la responsable. Sin embargo, el párrafo segundo, in fine, del propio precepto, establece una limitante en materia penal relativa a que ese ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En ese sentido, el desahogo de pruebas destinadas a variar las circunstancias que tuvo apreciadas el Juez de Control al dictar la orden de aprehensión vulnera tales principios. Ello, en tanto implicaría indefectiblemente que éstas no fuesen rendidas y examinadas oralmente (principio de oralidad); no permitiría que el juez penal apreciase personalmente su desahogo (principio de inmediación) y requerirían ser desahogadas ante un juez diverso, como el de amparo, bajo un proceso distinto, adquiriendo el carácter de pruebas formalizadas y no el de datos de prueba que les correspondería en la respectiva fase del proceso penal acusatorio." Por otra parte, en cuanto hace a la comprobación de la responsabilidad penal de Alan Zamora Sánchez, también se estima por este órgano de control constitucional que el juez responsable no vulnera los derechos fundamentales de éste, al determinar que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público y la declaración del imputado, se desprendan datos de prueba que existe la probabilidad de que éste lo cometió. Para ello, correctamente otorgó valor preponderante, por lo expresado anteriormente y en términos del artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los señalamientos hechos en por la víctima de iniciales L. A. R. B., quien resintió directamente la conducta delictiva desplegada por el activo pues fue a quien le dijo "tú tienes a alguien aquí, te voy a quitar a los niños, eres una puta, estás haciendo cosas inmorales, te voy a quitar a los niños y me va a costar tres mil pesos saber lo que estás haciendo", el veinte de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio ubicado en calle Comonfort 14, interior 202, centro de Cuernavaca, Morelos. Por todo lo anterior, al no advertir el Juez de Control responsable, la existencia de alguna excluyente de incriminación de las previstas por el artículo 23 del Código Penal para el Estado de Morelos, así como tampoco alguna causa extintiva de la pretensión punitiva de las señaladas en el numeral 81 del mismo ordenamiento legal, actuó legal y correctamente al dictar contra Alan Zamora Sánchez, auto de vinculación a proceso por la posible comisión del hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR previsto y sancionado en el artículo 202 BIS, del Código Penal para el Estado de Morelos. De lo anterior se constata que la resolución reclamada cumple con los requisitos de forma y fondo que del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal y por ende, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, pues para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable y la posibilidad de que el imputado haya intervenido o participado en su comisión; toda vez que, la finalidad de tales elementos es justificar que se someta al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª. J/ 35/2017 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos sesenta de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima época, instancia de Primera Sala, Libro cuarenta y cinco, agosto de dos mil diecisiete, Tomo I, Materia Penal, con registro 2014800, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Es así, porque con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio; por tanto, se reitera, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, como sucedió en el presente caso, no se transgrede el principio de presunción de inocencia. Apoya lo así resuelto la tesis XVIII.2o.P.A.5 P (10a.), con Registro digital 2023151, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2558, de rubro y texto siguientes: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia." Es pertinente señalar que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente ejecutoria, se aplican en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que el criterio imperante en ellas se sigue sustentando aun aplicando aquella legislación; así como en lo ordenado en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Febrero de 2016, consultable en el Libro 27, Tomo I, página 705, registro 2010982, de contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". En tal orden de ideas, al resultar infundados los conceptos de violación analizados y en virtud de que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia qué suplir a favor del quejoso, es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alan Zamora Sánchez contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos y consideraciones expresadas en el último de ellos. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Teodoro Quintín Galindo Sánchez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que mediante acuerdo de diez de mayo del año en curso, se tuvo por recibido el escrito del autorizado de la parte quejosa ofreciendo como pruebas diversas documentales, las cuales se dijo que no ha lugar a tomarlas en consideración por haberse ofertado de manera extemporánea y, por ello, se ordenó la devolución de tales constancias. Posteriormente, a través del libelo presentado el doce de los corrientes, la parte interesada planteó recurso de revocación, adjuntando el acuse de recibo del escrito narrado en el párrafo que antecede y del cual se advierte que el ocurso de ofrecimiento de las referidas documentales, se exhibió ante la Oficina de Correspondencia de este Juzgado de Distrito, a las diez horas con treinta y dos minutos del nueve de mayo de dos mil veintiuno, lo cual implica que sí se presentó con antelación a la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo en la misma data pero a las once horas con diez minutos. Consecuentemente, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin revocar las anteriores determinaciones emitidas y, menos aún, la celebración de la audiencia constitucional, se regulariza el procedimiento en esta instancia constitucional. Lo anterior, para el solo efecto de que, en ejercicio de las facultades conferidas al suscrito en el numeral 79 de la codificación mencionada, se tomen en consideración como legalmente correspondan las documentales anunciadas por el autorizado de la parte quejosa al pronunciarse la sentencia en este juicio de amparo, máxime que no se ocasiona agravio alguno a las partes y el error humano cometido por el servidor público al registrar de manera extemporánea la promoción que se quedó en este órgano jurisdiccional no puede repercutir en la esfera jurídica de la parte quejosa. Bajo ese tenor, practíquese el cotejo y compulsa que se solicitó en el escrito de ofrecimiento, a efecto de que las copias que se vayan a certificar queden en este Juzgado de Distrito para los efectos indicados y las copias certificadas exhibidas sean devueltas a la parte interesada, previa firma que por su recibo quede en autos para constancia legal. En tal virtud, a continuación se explica de manera detallada las instrucciones que debe seguir para que se lleve a la entrega de las constancias devueltas. Instrucciones para su obtención. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de copias. Día de entrega de copias: martes y jueves. En el presente asunto, las copias solamente se entregaran en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado. b) Generación de cita y código QR. Para recoger las copias certificadas solicitadas en asuntos no urgentes siempre deberán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el capítulo respectivo del cuerpo del presente acuerdo. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger copias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Finalmente, de los hechos expuestos se ordena proveer lo conducente en el expediente personal del servidor público que incurrió en la conducta señalada. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

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