Ahtziri Michelle Tacuba Gonzalez
Expediente 612/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Ahtziri Michelle Tacuba Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de junio de dos mil veintidós. Estado procesal que guarda. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ha fenecido el término de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Firmeza del auto. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada y, además, no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente y Tercer Arbitro y Secretario General, ambas del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio procesal. Además, con apoyo en el ordinal 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que designa y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Pruebas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 de la legislación de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que ofrece, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación dentro de la presente determinación. Clasificación de la información remitida. En lo relativo al presente rubro, la autoridad responsable manifiesta que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, no advierte que dentro de las constancias relativas al juicio laboral de origen remitidas exista información que pueda ser clasificada como reservada, por el contrario, estima que contiene información confidencial, ya que se tratan de datos personales concernientes a una persona identificada e identificable; sin embargo, no acompaña acta de clasificación alguna en relación a las documentales ofertadas o, en su defecto, su versión pública. En ese sentido, dado que no se cuenta con acta de clasificación expedida por autoridad competente, se hace efectivo el apercibimiento previsto en auto admisorio y se ordena glosar las constancias ofertadas de manera normal al presente sumario, al estimarse de acceso público. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza a la responsable el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Causa de improcedencia y sobreseimiento. En ese mismo orden de ideas, ténganse por invocadas las causas de improcedencia y sobreseimiento que refiere, las cuales serán analizadas en párrafos que preceden. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en mérito de lo anterior y visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se precisa: Autoridad responsable. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Omisión de dictar el auto de admisión o desechamiento dentro del expedienta laboral de origen ***. Información y documentales aportadas por la autoridad responsable. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, adjuntas a su informe justificado, se aprecia que el tres de mayo de dos mil veintidós, el tribunal responsable admitió la demanda promovida por la parte quejosa (actora en el juicio laboral de origen), determinación en la que, entre diversas cuestiones, señaló las nueve horas del veintinueve de junio del presente año, para la celebración de la audiencia contemplada en el numeral 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, asimismo, ordenó el emplazamiento de la parte demandada, determinación que le fue notificada al apoderado de la parte actora -aquí quejosa-, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Actualización de causales. De lo anterior, se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa consistente en la omisión de dictar el auto de admisión o desechamiento dentro del expediente laboral 01/480/22, ha cesado, en virtud de que la responsable ya se pronunció en relación a la misma, señaló fecha para que tenga verificativo la audiencia de ley en el juicio laboral de origen, ordenó el emplazamiento de la demanda. Lo cual fue notificado a la ahora quejosa el veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Atento a lo expuesto, resulta evidente que en el caso, con el actuar de la autoridad responsable se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Justificación. Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Conclusión. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas del nueve de junio de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: AAHTZIRI MICHELLE TACUBA GONZÁLEZ, el auto y/o resolución de SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente y Tercer Arbitro y Secretario General, ambas del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio procesal. Además, con apoyo en el ordinal 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que designa y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Pruebas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 de la legislación de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que ofrece, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación dentro de la presente determinación. Clasificación de la información remitida. En lo relativo al presente rubro, la autoridad responsable manifiesta que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, no advierte que dentro de las constancias relativas al juicio laboral de origen remitidas exista información que pueda ser clasificada como reservada, por el contrario, estima que contiene información confidencial, ya que se tratan de datos personales concernientes a una persona identificada e identificable; sin embargo, no acompaña acta de clasificación alguna en relación a las documentales ofertadas o, en su defecto, su versión pública. En ese sentido, dado que no se cuenta con acta de clasificación expedida por autoridad competente, se hace efectivo el apercibimiento previsto en auto admisorio y se ordena glosar las constancias ofertadas de manera normal al presente sumario, al estimarse de acceso público. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza a la responsable el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Causa de improcedencia y sobreseimiento. En ese mismo orden de ideas, ténganse por invocadas las causas de improcedencia y sobreseimiento que refiere, las cuales serán analizadas en párrafos que preceden. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en mérito de lo anterior y visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se precisa: Autoridad responsable. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Omisión de dictar el auto de admisión o desechamiento dentro del expedienta laboral de origen ***. Información y documentales aportadas por la autoridad responsable. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, adjuntas a su informe justificado, se aprecia que el tres de mayo de dos mil veintidós, el tribunal responsable admitió la demanda promovida por la parte quejosa (actora en el juicio laboral de origen), determinación en la que, entre diversas cuestiones, señaló las nueve horas del veintinueve de junio del presente año, para la celebración de la audiencia contemplada en el numeral 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, asimismo, ordenó el emplazamiento de la parte demandada, determinación que le fue notificada al apoderado de la parte actora -aquí quejosa-, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Actualización de causales. De lo anterior, se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa consistente en la omisión de dictar el auto de admisión o desechamiento dentro del expediente laboral 01/480/22, ha cesado, en virtud de que la responsable ya se pronunció en relación a la misma, señaló fecha para que tenga verificativo la audiencia de ley en el juicio laboral de origen, ordenó el emplazamiento de la demanda. Lo cual fue notificado a la ahora quejosa el veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Atento a lo expuesto, resulta evidente que en el caso, con el actuar de la autoridad responsable se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Justificación. Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Conclusión. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas del nueve de junio de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa Ahtziri Muchelle Tacuba, a través del cual refiere que la autoridad responsable le notificó el auto de admisión dictado en el juicio laboral de origen 01/480/22, y al efecto, exhibe copias simples de dichas constancias, manifestando la actualización de una causa de improcedencia en el presente asunto. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos que haya lugar, y una vez que se cuente con el informe justificado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, acuérdese lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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