Aida Villa Aguirre
Expediente 413/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Aida Villa Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción lll, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de ser conservable dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción Ill, inciso b), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión es susceptible de ser conservable, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los treinta días naturales siguientes, transfiérase el juicio, así como el incidente de suspensión. Finalmente, devuélvase al Magistrado responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 413/2023, promovido por Luis Jonathan Guerrero Flores, en su carácter de defensor particular de Aida Villa Aguirre, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, Aida Villa Aguirre, por conducto de su defensor particular, compareció a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 3, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado de dicha demanda, quien la registró en su índice con el número 413/2023 y mediante proveído de doce de abril del año en curso (foja 54) la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y le dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Asimismo, en el propio auto admisorio (foja 58) se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; posteriormente, en auto de diecinueve de abril del año en curso (foja 81), se reconoció también ese carácter a: *Antonio Jaimes Gervacio, Agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia en la que se dictó el auto de vinculación en contra de la quejosa; y, *American Montessori Santa María, Asociación Civil, en su calidad de víctima del delito. De la misma forma, durante la secuela de este juicio de amparo se corroboró que la cédula profesional 11777899 de Jonathan Guerrero Flores, defensor particular de la quejosa, si está validada en la página web oficial de la Secretaría de Educación Pública; por ende, dicho profesionista sí se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Finalmente, el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés (foja 112) se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado por la quejosa Aida Villa Aguirre, consiste en: La resolución de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés pronunciada en el toca de apelación XI-28/2023, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, dentro del proceso penal 1225/2022, que se instruye a la quejosa por el delito de abuso de confianza, en agravio de American Montessori Santa María, Asociación Civil. Acto que atribuyó a las autoridades siguientes: Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Ato Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 69 y 70). Lo que se corrobora con las constancias que se acompañaron como soporte del informe justificado, consistentes en el toca de apelación XI-28/2023, en un tomo y disco que contiene la carpeta digital certificada, así como la videograbación de la audiencia donde se emitió el auto de vinculación respectivo. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. El accionante de amparo expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en los conceptos de violación que formuló en su demanda, la quejosa señala lo siguiente: a. Respecto de la ausencia del poder original de Rafael Luna Beltrán en cuanto querellante: Que es ilegal que el magistrado responsable haya determinado en la resolución reclamada, que los tópicos de disenso se sintetizan en controvertir la ausencia del requisito de procedibilidad de la querella y que determinara que el mismo se encuentra acreditado, conforme a lo previamente resuelto por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal De Justicia en el Estado de Michoacán y que por ende, dicha cuestión ya no está sujeta a nueva oportunidad de debate. Lo que a su parecer es incorrecto, porque en todo caso, lo único que se sintetizó fue la legitimación de América Cárdenas Torres, empero, no se colma a cabalidad la legitimación del representante legal de la moral ofendida y por lo mismo, no era procedente la querella; principalmente, porque dice, lo que fue materia del pronunciamiento al resolver el toca de apelación XI-119/2022, fue la legitimación de América Cárdenas Torres, para representar a la moral ofendida y a su vez para otorgar poderes a terceras personas, pero de ninguna manera se estableció que debería quedar acreditada la personalidad y representación de Rafael Luna Beltrán, en cuanto representante de la parte ofendida, ya que en ese aspecto, el Magistrado de la Cuarta Sala, jamás analizó que el poder notarial con el que este último presentó la querella que generó la causa penal de origen, se exhibió en copia simple. Por lo mismo, afirma el promovente del amparo, el magistrado responsable desatendió que al dotarse de plenitud de jurisdicción a la juez de control, podía ocuparse de resolver lo que en derecho correspondiera respecto del fondo del asunto, lo que incluía ocuparse de resolver si al haberse exhibido en copia simple el poder notarial a Rafael Luna Beltrán, resultaba legalmente válido tener por acreditado el requisito de procedibilidad de la querella. Sobre el mismo aspecto, el promovente del amparo también afirma que en la parte final de la querella, específicamente en donde se hacen constar los documentos glosados a la misma, se asentó que se incorporaba un poder en copia simple y con todo y ello, la juez responsable no se ocupó de dar respuesta a dicha inconformidad; por ello, dice, si existía inconformidad expresa en el sentido que dicho poder fue exhibido en copia simple, tal y como se anotó en la querella y si además, ni la parte ofendida ni el Ministerio Público controvirtieron ese aspecto, lo correcto era que la juez tomara certeza a dicha alegación y que se ocupara de resolver si en la especie se actualizaba la ausencia de personalidad y legitimación que fueron alegadas por la defensa. Respecto de este tópico la accionante del amparo también aduce que la resolución reclamada es ilegal, por violación al principio de igualdad procesal, conforme al que las partes intervinientes en el proceso penal deben recibir el mismo trato y tener las mismas oportunidades, ya que si al resolver la primera impugnación de la legitimación de América Cárdenas Torres, el Magistrado de la Cuarta Sala Penal, estimó que ante la falta de confrontación de la asesoría victimal y del Ministerio Público respecto de la impugnación en la legitimación, debería tenerse cierta la aludida impugnación; entonces, al encontrarnos frente al mismo supuesto, debió también declararse no acreditada la representación que ostentó Rafael Luna Beltrán. Sobre todo, afirma, porque no basta la simple manifestación que ante el cuestionamiento de la juez responsable, realizó el Agente del Ministerio Público en el sentido que dentro de la carpeta de investigación obra en original el poder notarial cuestionado; además que dice, la juez ni siquiera debió llevar a cabo dicho cuestionamiento, porque en la ejecutoria que pronunció el Magistrado de la Cuarta Sala Penal, dentro del toca XI-119/2022 se le vinculó a resolver la situación jurídica de acuerdo a lo expuesto por las partes en la audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, sin considerar aspectos adicionales. Lo que dice, tiene especial trascendencia para la resolución del fondo del asunto porque precisamente con esa manifestación del Agente del Ministerio Público (de confirmación del poder original en la carpeta de investigación) que incorporó la juez responsable tomó certeza y credibilidad y a partir de esa afirmación unipersonal, tuvo por acreditado el aludido requisito de procedibilidad, sin justificar las razones por las que estimaba conceder mayor veracidad al dicho de la fiscalía, que a las argumentaciones vertidas por las partes. Lo que además señala, constituye una franca discriminación a la quejosa por pertenecer al género femenino frente al ente acusador que corresponde al género masculino; aunado a que, al considerar que se debe privilegiar esa manifestación del fiscal acusador, con base en el deber de lealtad consignado en el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pone de manifiesto que el magistrado responsable considera que de todas las partes que participan en el proceso, sólo el fiscal investigador puede conducirse con lealtad. Adicionalmente, afirma que la posibilidad otorgada al Ministerio Público para aclarar que el poder original está glosado en la carpeta de investigación, constituye una nueva oportunidad para sustentar la pretensión punitiva en contra de la quejosa, con violación al equilibrio procesal; de la misma forma, que esa nueva posibilidad originó un defectuoso cumplimiento a la ejecutoria de amparo, porque en la misma se le vinculó a que resolviera tomando en cuenta únicamente los argumentos hechos valer en la primera audiencia de dieciséis de noviembre del año pasado y opuestamente, al considerar esa manifestación de que el poder original si está glosado en la carpeta de investigación, implicó resolver con elementos ajenos a los considerados en la audiencia de dieciséis de noviembre. Aunado a ello, que después de que concedió el uso de la voz al fiscal para que realizara esa precisión, no otorgó a la quejosa ni a su defensa la oportunidad de hacer uso también de la voz, incumpliendo con ello con la obligación prevista en el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b. Con relación a la configuración de la prueba circunstancial para el dictado de la vinculación a proceso en contra de la quejosa: En el segundo concepto de violación, el accionante de la tutela de amparo dice que la resolución es ilegal, porque para emitirla se empleó el uso de la prueba circunstancial y con ello, se quebranta el principio de presunción de inocencia de la quejosa. Refiere que es ilegal que aun cuando en el dictado de la vinculación a proceso la juez responsable no haya manifestado expresamente que empleó como técnica la prueba circunstancial, el magistrado responsable hubiere suplido su deficiente motivación señalando que debería entenderse así, aunque la juez responsable no lo hubiera referido expresamente, porque no es permisible que el magistrado lo suponga, ya que al hacerlo tácitamente suple o complementa la deficiente argumentación de la juez de la causa, en contravención de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este aspecto, la quejosa refiere que el análisis que realizó el magistrado es ilegal, porque debió realizarlo a partir de los motivos y fundamentos expuestos por la juez responsable; sin embargo, que al efectuarlo se apartó de ese estudio y de forma independiente, integró la prueba circunstancial. c. Con relación a la acreditación de los hechos con apariencia de delito: Sobre el tópico, la peticionaria del amparo señala que es ilegal que el magistrado responsable haya establecido la inexistencia de datos de prueba que acrediten la existencia de la hipótesis fáctica defensiva de la quejosa, pues contrariamente, existen datos de prueba ofertados por su parte que así lo acreditan. Al respecto, la quejosa señala que el magistrado responsable no atendió los agravios que formuló en instancia de apelación con relación a los datos de prueba que acreditaban la hipótesis defensiva. Además, que es ilegal que el magistrado hubiere referido en la resolución reclamada que atendiendo a la etapa procesal del asunto, no se debe atender a la idoneidad y pertinencia de las pruebas sino a la probabilidad que el indiciado cometió el delito. Que atendiendo al contrato individual de trabajo de la quejosa, no es idóneo ni razonable considerar que una persona que fue contratada para labores de enseñanza, pueda ser sujeta a labores totalmente divergentes de su labor principal, esto es, para llevar a cabo trámites administrativos de la institución educativa, recibir cantidades en efectivo, porque el considerarlo así, implicaría considerar que el patrón podría emplear una persona para desempeñar todas las labores de un centro de trabajo, que resulten disconformes a su contrato inicial, tales como fungir como albañil, personal de limpieza, persona de seguridad personal, plomero o incluso, realizar actividades domésticas al interior del domicilio del patrón, al establecerse en el contrato la leyenda "que realizara las actividades que le sean asignadas por el patrón". Que además de las entrevistas de Leidy Ann Armenta Cisneros y Jaqueline Cárdenas Torres, se advierte que la quejosa fue contratada para ocupar el cargo de maestra dentro de la institución educativa respectiva; lo que incluso se corroboró por la defensa, con el diploma sobre certificación profesional que se exhibió. Con ello se demostró que la quejosa en realidad se encargaba de impartir clases, no así de recibir cantidades de dinero en efectivo ni de llevar a cabo trámites oficiales a nombre de la moral ofendida. Que aunque ese cierto que como lo refiere el magistrado responsable, a las testigos Jaqueline Cárdenas Torres y Leidy Ann Armenta Cisneros, les constó la entrega del dinero a la quejosa, las mismas no les consta la cantidad exacta ni tampoco de quien era ese numerario; de tal suerte, que ni siquiera está acreditado que la cantidad entregada formara parte del patrimonio de la moral ofendida. Lo que en el caso es trascendente, dice, porque la querella sólo puede llevarse a cabo por quien legalmente se encuentre facultado para ello, esto es, quien sea el titular del peculio cuya entrega se reputa a la quejosa. De la misma forma, que el recibo de entrega de dinero con folio 3237 fechado el cinco de marzo de dos mil veinte, no permite establecer que el dinero entregado constituya parte del patrimonio de la moral ofendida, a más que, tampoco puede tener valor probatorio porque constituye un medio confeccionado unilateralmente por personal de la moral ofendida y además, porque fue exhibido en copia cotejada por notario público, sin que se precisara respecto de que documento se cotejó. Que es ilegal que la juez responsable argumentara que existe un fondo de operatividad, integrado con las cuotas que cubren los padres de familia, ya que de la videograbación de la audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, no se aprecia que alguna de las partes hubieran expresado que el peculio que supuestamente se entregó a la quejosa, perteneciera a la institución educativa ofendida; por ende, que al no haberse expresado en la audiencia, no fueron sujetas a contradicción y no se otorgó a la quejosa la oportunidad de controvertirlas o refutarlas. Por lo mismo, aduce es ilegal que la juez responsable hubiera inferido que la institución educativa cuenta con dicho fondo de operatividad, porque en la audiencia inicial no se expuso ningún argumento en ese sentido; sin que en este aspecto dice, se le pueda imponer que la defensa tuvo acceso a la carpeta de investigación y estuvo presente en la audiencia de imputación, ya que la justificación a vinculación a proceso depende no de lo que obre en la carpeta de investigación, sino de lo que se exponga oralmente en la audiencia; consecuentemente, si ninguna de las partes, esto es, la parte ofendida o el fiscal hizo alusión a la existencia de ese fondo operativo, del que derive que el peculio objeto del ilícito, constituye patrimonio de la ofendida, entonces, las autoridades responsables se encontraban impedidas para suponer y/o inferir la existencia de esas circunstancias. Finalmente, que es ilegal que el magistrado responsable no le hubiera atendido el agravio en el que puso de manifiesto la imprecisión incurrida por la Representación Social, al aducir que la consumación del ilícito fue inmediata, y contradictoriamente, indicar cuatro momentos y circunstancias totalmente diversas entre sí, motivando al respecto, que dicha imprecisión técnica no fue aducida en la audiencia de dieciséis de noviembre del año pasado y que por ende, como la juez de la causa no se pronunció al respecto, constituye una cuestión novedosa. Conceptos de violación que resultan todos infundados como a continuación se demostrará, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar a la quejosa, le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida consideración que la resolución reclamada, no transgrede los derechos fundamentales de la amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y porque lejos de beneficiarla, la perjudica y no le reporta utilidad alguna. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Antes de efectuar el análisis correspondiente de los conceptos de violación, de oficio, el suscrito realizara el estudio oficioso del auto de vinculación dictado en contra de la quejosa; para hacerlo, es preciso señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones y hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. En ese contexto, respecto del artículo 19 constitucional, se cambió el nombre tradicional de auto de formal prisión para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso, lo cual de acuerdo con lo expuesto en el proceso legislativo del decreto aludido, obedeció a que lo primero denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos, en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para el efecto que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación, y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental, de modo que con ello se activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva, siendo además la vinculación una garantía porque fija la materia de la investigación y del eventual juicio. Asimismo, se modificó de fondo la noción de "cuerpo de delito", a que alude el texto constitucional en los artículos 16 y 19, ya que según lo señalado en la exposición de motivos de la citada reforma, entre otras cuestiones, la noción de cuerpo de delito constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos, y que ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas, ciertamente excesivas. Además, se añadió que ese excesivo estándar probatorio que hasta ahora se ha utilizado, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria, lo cual debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación. Por todo lo anterior, se modificó el estándar de prueba para el libramiento de un auto de vinculación a proceso, a fin de establecer un nivel de prueba más razonable, que corresponda al contexto de un sistema procesal penal acusatorio, de corte garantista, en donde se limita el empleo de la prisión preventiva, y se construyen mecanismos que reducen significativamente los alcances de la averiguación previa, pues dicho sistema se caracteriza porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en esa fase de averiguación previa, y es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por ellas con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, pero ya no en la fase preliminar de investigación. De modo que, se estimó adecuado racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público, para plantear los hechos ante el juez y solicitar la vinculación a proceso del imputado, de manera que, para el libramiento del auto de vinculación a proceso baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; elementos que se dijo, resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea vinculado a proceso penal por el delito que se le imputa, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio como el que se plantea. Se agrega, que bajo ese nuevo esquema, no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía para solicitar la vinculación a proceso, porque el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que, en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio. Igualmente, se consideró procedente mitigar el cúmulo probatorio actual que el juez debe recibir del Ministerio Público, para emitir un auto de vinculación a proceso, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable participación -en amplio sentido- del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. En tal virtud, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 19 constitucional, pues como se ha mencionado, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así, a efecto de dar sustento a la calificación de los conceptos de violación arriba señalados, se procederá como ya se dijo, en primer término a verificar, de acuerdo al análisis de los elementos previstos en el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de término constitucional, los cuales, en su orden, a la letra dicen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De lo transcrito, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: Haberse formulado la imputación. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa. Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es ilustrativa, la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos". Como se aprecia de lo anterior, la trascendencia que tiene el auto de plazo constitucional en el sistema penal nuevo es palmaria, porque somete al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (judicializa la investigación) o bien, porque lo libera de esa sujeción, si en ese momento no existen datos de prueba suficientes para permitir la sujeción al procedimiento, pero sobre todo, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación. Ahora bien, cabe señalar que la quejosa comparece al amparo como imputada, quien en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales es aquel que es señalada por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. De las constancias que obran en autos se aprecia que dentro de la causa penal de origen, el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se dictó auto de no vinculación en contra de la quejosa, por el delito de abuso de confianza, al estimar en esencia que no estaba satisfecho un requisito de procedibilidad, en virtud que del poder general para pleitos y cobranzas otorgado por América Cárdenas Torres, en cuanto representante legal de la institución educativa ofendida, a favor de Rafael Luna Beltrán y de José María Yáñez, no se advertía la facultad de la otorgante para conferir o revocar poder generales o especiales para presentar denuncias y querellas a nombre de la institución educativa ofendida. Inconforme con ello, la parte ofendida interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer al Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, en donde quedó registrado con el número XI-119/2022 y el cual fue resuelto mediante ejecutoria de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en la que se revocó el auto de no vinculación, bajo el argumento que los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, el cercioramiento de que existe querella o cualquier requisito equivalente, deben encontrarse satisfechos previo al inicio del proceso. Por ello, resolvió el Magistrado de la Cuarta Sala Penal, que en el caso que nos ocupa se encontraba satisfecho dicho requisito de procedibilidad, primero, dijo, porque no existía prueba en contrario; segundo, porque ese tema no fue controvertido por la imputada o su defensa; y tercero, porque la jueza ya se había allegado desde el once de noviembre de dos mil veintidós, del poder general para pleitos y cobranzas otorgado por América Cárdenas Torres, en cuanto representante legal de la institución educativa ofendida, a favor de Rafael Luna Beltrán y de José María Yáñez, y de ese instrumento notarial se advertía la cláusula vigésima que contiene inserta la facultad de conferir o revocar poder generales o especiales para presentar denuncias y querellas. Por ello, ordenó a la juez responsable que considerara acreditado el requisito de procedibilidad a que alude el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que convocara a las partes a la continuación de la audiencia inicial, en la que con plenitud de jurisdicción, debería resolver sobre la vinculación a proceso de la quejosa, pero tomando en cuenta lo que fue expuesto por la fiscalía y la defensa en la audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. En cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del toca penal XI-119/2022, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, a las diez horas con treinta y siete minutos del uno de febrero de dos mil veintitrés, se vinculó a proceso a la quejosa Aida Villa Aguirre, por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 214, fracción V, en relación con el 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal del Estado, en agravio de la institución American Montessori Santa María, Asociación Civil, los cuales disponen: "Artículo 214. Abuso de confianza A quien con perjuicio de una persona disponga para sí o para otro de una cosa ajena mueble, de la cual se le haya transmitido la tenencia, pero no el dominio, se le impondrá: I. De cuarenta a noventa días multa, cuando el valor de lo dispuesto no exceda de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, o no sea posible determinar su valor; II. Prisión de seis meses a dos años o de doscientas a trescientas días multa, cuando el valor de lo dispuesto exceda de cien pero no de trescientas veces el dicho valor; III. Prisión de dos a cuatro años y de doscientas cincuenta a seiscientas días de multa, cuando el valor de lo dispuesto exceda de trescientas pero no de seiscientas veces dicho valor; IV. Prisión de cuatro a diez años y de quinientas a ochocientas días multa, si el valor de los (sic) dispuesto excede de seiscientas veces pero no de mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; y, V. Prisión de seis a once años y de setecientas a mil trescientas días multa, si el valor de lo dispuesto excede de mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Artículo 19. Delito instantáneo, permanente y continuado Atendiendo al momento de la consumación del resultado típico, el delito puede ser: I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos del tipo penal; (.) Artículo 20. Principio de imputación subjetiva Las acciones u omisiones delictivas únicamente pueden cometerse dolosa o culposamente, así: I. Actúa dolosamente quien, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta su realización o este es consecuencia necesaria de la conducta realizada; y, (.) Artículo 24. Autores o participes del delito Son autores o partícipes del delito: I. Los que acuerden o preparen su realización; II. Los que lo realicen por sí; (.)" Asimismo, se advierte que en la audiencia de vinculación que comenzó a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del uno de febrero del año en curso, se determinó que se resolvería únicamente lo relativo a la vinculación a proceso, considerando la imputación y solicitud de vinculación a proceso expuesta por la fiscalía y la defensa en la audiencia de data dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; audiencia inicial celebrada el dieciséis de noviembre del año pasado, en la que la quejosa hizo uso del derecho constitucional que le confiere la posibilidad de guardar silencio y no declarar respecto de los hechos que se le imputaron. De la misma forma, en la audiencia de uno de febrero de dos mil veintitrés, después de que se vinculó a proceso a la quejosa, se determinó que como la fiscalía no solicitó imposición de medida cautelar y dado que no se evidenciaba riesgo de sustracción, porque la peticionaria del amparo asistió a todas las citas que se le han realizado dentro de la causa penal de origen, entonces, no era necesario la imposición de medida cautelar alguna; igualmente, en esa audiencia se fijó como plazo para cierre de investigación dos meses, por lo que su conclusión sería el uno de abril de dos mil veintitrés. Conforme a lo expuesto, se advierte que fue legal el auto de vinculación a proceso, pues en la continuación de la audiencia inicial celebrada el uno de febrero de dos mil veintitrés, se determinó que los hechos imputados a la aquí quejosa eran por el delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 214, fracción V, en relación con el 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal del Estado, en agravio de la institución American Montessori Santa María, Asociación Civil. Ello, conforme al cuadro fáctico que el juez responsable estableció de acuerdo a la mecánica de los hechos y a los datos de prueba allegados por el ministerio público, en los siguientes términos: "Que la imputada Aida Villa Aguirre, por la mañana del 5 de marzo de 2020, en el inmueble habilitado como oficinas con razón social "American Montessori Santa María", ubicado en la Avenida Juan Pablo Segundo, número 1620, colonia Santa María de Guido de Morelia, Michoacán, recibió de América Cárdenas Torres, en cuanto representante de American Montessori Santa María A.C., mediante recibo 3237, la suma de $266,500.00 pesos, para que realizara los trámites correspondientes en el Instituto Montessori para Guías de Taller, ubicado en Alborada, número 447, 14010, en la Ciudad de México, para la certificación profesional académica Montessori, para cumplir los requisitos de docencia en la institución, relativo a la docente Leidy Ann Armenta Cisneros. Llegada la fecha de impartición del curso de certificación, y al no llevarse a cabo este, la presidenta del consejo directivo, la cuestionó y la imputada argumentó, que le notificaron un retaso del mismo, por la aparición del COVID 19, y que el mismo se impartiría vía remota; en junio de 2020, nuevamente se cuestionó a la imputada, argumentando el mismo motivo, y que estaban haciendo las adecuaciones a los sistemas para que resultara satisfactorio y que le confirmarían el inicio del curso. Como se venció su contrato, por conducto de la presidenta del consejo directivo, se le ubicó para que informara el trámite del curso de certificación, y al no atender el tema, fue que la presidenta del consejo directivo, indagó sobre la contratación del curso de certificación en la institución que dijo la imputada lo impartiría, donde le indicaron que "no existe trámite alguno para tal curso que haya hecho la imputada para la docente Lady Ann Armenta Cisneros", en consecuencia, no existe pago alguno para ello. Por lo anterior, la presidenta del consejo directivo la cuestionó de por qué no realizó los trámites para contratar el curso, le solicitó que le devolviera el numerario que se le entregó para realizar s trámite y que no utilizó para tal fin, diciendo que acudiría a la escuela para aclarar tal cuestión, y que no tenía el dinero en su poder." Así, de acuerdo al cuadro fáctico que se desprende de la narración antes inserta, quien resuelve estima correcta la vinculación a proceso de la quejosa Aida Villa Aguirre, por su probable intervención en el ilícito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 214, fracción V, en relación con el 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal del Estado, ya que como correctamente lo resolvió la juez de la causa, los datos de prueba permiten establecer de manera razonable que existe la probabilidad que la imputada Aida Villa Aguirre, cometió ese delito, datos que fueron relacionados por la fiscalía en la audiencia inicial celebrada en la parte en la que se formuló la imputación el dieciséis de noviembre del año pasado, los cuales consisten en: *Minuto 15:54 audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 1. Querella presentada el diez de febrero de dos mil veintiuno, por Rafael Luna Beltrán, apoderado de la moral ofendida American Montessori Santa María A.C.; 2. Escritura pública 5885 levantada ante la fe de Jorge Mendoza Álvarez, Notario Público Número 15, con ejercicio y residencia en esta ciudad, en la que consta el acta constitutiva de la moral American Montessori Santa María A.C.; 3. Acta de registro e inspección del lugar del hecho, levantada el diez de febrero de dos mil veintiuno por un agente de investigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado; 4. Dictamen pericial de inspección del lugar del hecho, realizado el diez de febrero de dos mil veintiuno por una perito criminalista de campo de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado; 5. Recibo 3237 fechado el cinco de marzo de dos mil veinte, expedido en esta ciudad de Morelia, por American Montessori Santa María A.C. a nombre de la quejosa Aida Villa Aguirre, en el que consta la entrega del importe de $266,500.00 (doscientos sesenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N) como pago para realizar certificación académica profesional Montessori, para Lady Ann Armenta Cisneros; 6. Copia cotejada ante la fe del Notario Público 165, con ejercicio y residencia en esta ciudad, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que consta que Aida Villa Aguirre, recibió de América Cárdenas Torres, en cuanto representante American Montessori Santa María A.C., la cantidad de $266,500.00 (doscientos sesenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N) para realizar el pago de la certificación Montessori, que corresponde a Lady Ann Armenta Cisneros, mediante depósito bancario, para guías de taller, el cual se impartiría en el mes de abril de dos mil veinte; en el que obra además el nombre de la propia Aida Villa Aguirre y su firma; 7. Entrevista de veintiséis de abril de dos mil veintiuno realizada a Jaqueline Cárdenas Torres, en la que precisó que conoce a la quejosa, que era maestra en la institución educativa aludida, que le consta que en la primera semana de marzo de dos mil veinte, su hermana América contrató a Aida para obtener la certificación correspondiente a Lady Ann Armenta Cisneros para que pudiera dar clases, que su hermana el cinco de marzo de dos mil veinte entregó a Aida, la cantidad en mención para que realizara el pago del curso, que Aida tomó el pago y firmó un recibo y se retiró a sus labores. Que en abril de dos mil veinte preguntó a América de la fecha del inicio del curso y Aida dijo que se retrasó por el Covid. En agosto de dos mil veinte al no presentarse Aida a laborar y al no informar el tema del curso, su hermana América se comunicó con la institución que impartiría el curso de acreditación, en donde fue informada que no existía pago alguno correspondiente a la acreditación académica de Lady Ann Armenta Cisneros. Por ello, se comunicó con Aida, quien le informó que asistiría a la escuela para todo eso y poder devolver el dinero, pero hasta la fecha no acudió a la escuela y tampoco devolvió el dinero. 8. Entrevista de veintiséis de abril de dos mil veintiuno realizada a Lady Ann Armenta Cisneros, en la que precisó que conoce a América desde dos mil diecinueve y que para poder impartir clases en esa institución, se necesita contar con una certificación llamada certificación profesional académica Montessori y que se obtiene mediante curso en la ciudad de México, en el Instituto Montessori para guías de taller. Que para contar con esa certificación América Cárdenas Torres encargó a Aida Villa Aguirre, realizara los trámites para poder obtener esa certificación, pero la primera semana de marzo de dos mil veinte, estando en la escuela con América Cárdenas Torres, Jaqueline Cárdenas Torres y Aida Villa Aguirre, América dijo a Aida que viera lo del curso, y que el cinco de marzo de dos mil veinte, América entregó a Aida, la suma en efectivo de la cantidad ya referida para que hiciera el pago del curso para Lady a la escuela de México, es decir, al Instituto Montessori para guías de taller, ya que Aida dijo ese era el costo del curso y que habría de pagarse para obtener un lugar en el mismo antes de su inicio, es decir, en abril de dos mil veinte. Que Aida firmó el recibo del dinero, lo tomó y se retiró para seguir con su labor. Que en abril de dos mil veinte, Aida dijo a América y a Jaqueline que con motivo de la pandemia se retasaría ese curso, por lo que América al comunicarse al instituto en donde se impartiría ese curso, fue informada que no se había pagado nada y que no se había hecho ningún trámite para obtener esa certificación. 9. Dictamen pericial contable de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitido por Laura Martínez Camarena, perito en contabilidad de la Fiscalía General en el Estado, realizado en el recibo fechado el cinco de marzo de dos mil veinte, expedido en esta ciudad de Morelia, por American Montessori Santa María A.C. a nombre de la quejosa Aida Villa Aguirre, en el que consta la entrega del importe de $266,500.00 (doscientos sesenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N). De tal suerte que, respecto del ilícito que nos ocupa no existe controversia probatoria en cuanto su actualización, pues los datos de prueba son suficientes en esta etapa procesal, para considerar razonablemente que la quejosa es probablemente responsable del hecho con apariencia del delito que se le imputa, en la medida que es verosímil que se le entregó una cantidad de dinero en efectivo, y que esa entrega de dinero tenía una finalidad, la cual era la obtención de la certificación profesional académica Montessori para la maestra Lady Ann Armenta Cisneros y que esa finalidad no se obtuvo, en la medida que no se realizó ningún trámite ni pago por ese concepto; tenencia del numerario, que como correctamente lo señaló la juez de la causa, no era precaria, sino derivada, por virtud de la relación laboral específica que tenía con la institución educativa en la que trabajaba. Lo que se considera así, primeramente, porque no obra hasta este momento datos de prueba a través del que se acredite que la firma que obra a nombre de la quejosa tanto en la constancia notarial como en el recibo de la cantidad de dinero, no es de es autoría, ya que como lo refirió la resolutora natural, la quejosa al ejercer su derecho a guardar silencio, no refutó que la firma consignada en esos documentos no fueran de su autoría y menos aún, ofreció una prueba pericial para acreditar ese aspecto. Además, como lo motivó la juez responsable, hasta este momento procesal no existen elementos objetivos que soporten la hipótesis defensiva sustentada por la defensa, ya que todos sus argumentos se limitaron a tratar de establecer que en términos de lo estipulado en el contrato de trabajo de la quejosa, no estaba dentro de sus facultades realizar ese trámite administrativo para la obtención de las guías académicas; sin embargo, no logró demostrar con elementos razonables, el motivo del porqué obra su firma en la constancia notarial y en el recibo de dinero que aportó la fiscalía como datos objetivos base de la acusación. Por esas razones, el suscrito considera que, a la luz del esquema probatorio impuesto en el sistema acusatorio penal, conforme al cual, como ya se dijo en párrafos precedentes, ya no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía, para solicitar la vinculación a proceso y en el que Ministerio Público no está obligado a presentar pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, están satisfechos los requisitos legales establecidos para el dictado del auto de vinculación en los términos dictados. Ello, porque se reitera, hasta este momento está razonablemente acreditada la entrega a la quejosa de una cantidad de dinero en efectivo, la cual tenía la finalidad específica relativa a la obtención de la certificación profesional académica Montessori para la maestra Lady Ann Armenta Cisneros y está igualmente acreditado, que esa finalidad no se obtuvo, en la medida que no se realizó ningún trámite ni pago por ese concepto; así a través de los datos de prueba generados se configura la presunción que se exige en esta etapa procesal para el dictado de la vinculación a proceso. Aspectos que correctamente se encuentran convalidados en la resolución que constituye el acto reclamado, en la medida que en ella, el magistrado responsable señaló que los datos de prueba referenciados por la fiscalía en la audiencia inicial de formulación de imputación de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se obtiene la inferencia lógica razonable que la institución educativa denominada American Montessori Santa María, A.C., por medio de su represente legal, América Cárdenas Torres, transmitió a la imputada Aida Villa Aguirre, la tenencia -y no el dominio- de la cantidad de $266,500.00 doscientos sesenta y seis mil quinientos pesos, para un fin específico, en el caso concreto, para que tramitara en el Instituto Montessori para Guías de Taller, ubicado en la Ciudad de México, la certificación profesional académica Montessori, de la docente Lady Ann Armenta Cisneros, sin que la imputada Aida Villa Aguirre cumpliera con ese objetivo, aunado a que no devolvió el numerario como era su obligación, disponiendo del mismo en perjuicio de la institución educativa señalada. Asimismo, motivó el magistrado responsable para refutar los argumentos defensivos planteados por la quejosa, que aun aceptando que en la institución educativa exista personal administrativo, ello no excluye su probable intervención como imputada en la comisión del hecho delictivo que se le atribuye, pues existen datos objetivos que permiten establecer que se le entregó peculio, para una finalidad, la cual no realizó y, además, de que no devolvió el dinero. Por tanto, debe concluirse que los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto, porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación de la imputada, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgaron dos meses en la audiencia inicial- e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Se invoca como sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2014800, Décima Época, Materias(s): Penal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por lo mismo, fue legal la determinación del juez responsable en el sentido de dictar auto de vinculación y por ende, la confirmación de dicha resolución pronunciada por el magistrado responsable. Rebasado el aspecto anterior, en este apartado corresponde que el suscrito juzgador establezca las razones por las que calificó de infundados, los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa. Primeramente, son infundados, los conceptos de violación establecidos por la parte quejosa con relación a la ausencia del poder original de Rafael Luna Beltrán en cuanto querellante, en los que aduce lo siguiente: Que es ilegal que el magistrado responsable haya determinado en la resolución reclamada, que los tópicos de disenso se sintetizan en controvertir la ausencia del requisito de procedibilidad de la querella y que determinara que el mismo se encuentra acreditado, conforme a lo previamente resuelto por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal De Justicia en el Estado de Michoacán y que por ende, dicha cuestión ya no está sujeta a nueva oportunidad de debate. Lo que a su parecer es incorrecto, porque en todo caso, lo único que se sintetizó fue la legitimación de América Cárdenas Torres, empero, no se colma a cabalidad la legitimación del representante legal de la moral ofendida y por lo mismo, no era procedente la querella; principalmente, porque dice, lo que fue materia del pronunciamiento al resolver el toca de apelación XI-119/2022, fue la legitimación de América Cárdenas Torres, para representar a la moral ofendida y a su vez para otorgar poderes a terceras personas, pero de ninguna manera se estableció que debería quedar acreditada la personalidad y representación de Rafael Luna Beltrán, en cuanto representante de la parte ofendida, ya que en ese aspecto, el Magistrado de la Cuarta Sala, jamás analizó que el poder notarial con el que este último presentó la querella que generó la causa penal de origen, se exhibió en copia simple. Por lo mismo, afirma el promovente del amparo, el magistrado responsable desatendió que al dotarse de plenitud de jurisdicción a la juez de control, podía ocuparse de resolver lo que en derecho correspondiera respecto del fondo del asunto, lo que incluía ocuparse de resolver si al haberse exhibido en copia simple el poder notarial a Rafael Luna Beltrán, resultaba legalmente válido tener por acreditado el requisito de procedibilidad de la querella. Sobre el mismo aspecto, el promovente del amparo también afirma que se puntualizó que en la parte final de la querella, específicamente en donde se hacen constar los documentos glosados a la misma, se asentó que se incorporaba un poder en copia simple y con todo y ello, la juez responsable no se ocupó de dar respuesta a dicha inconformidad; por ello, dice, si existía inconformidad expresa en el sentido que dicho poder fue exhibido en copia simple, tal y como se anotó en la querella y si además, ni la parte ofendida ni el Ministerio Público controvirtieron ese aspecto, lo correcto era que la juez tomara certeza a dicha alegación y que se ocupara de resolver si en la especie se actualizaba la ausencia de personalidad y legitimación que fueron alegadas por la defensa. Respecto de este tópico la accionante del amparo también aduce que la resolución reclamada es ilegal, por violación al principio de igualdad procesal, conforme al que las partes intervinientes en el proceso penal deben recibir el mismo trato y tener las mismas oportunidades, ya que si al resolver la primera impugnación de la legitimación de América Cárdenas Torres, el Magistrado de la Cuarta Sala Penal, estimó que ante la falta de confrontación de la asesoría victimal y del Ministerio Público respecto de la impugnación en la legitimación, debería tenerse cierta la aludida impugnación; entonces, al encontrarnos frente al mismo supuesto, debió también declararse no acreditada la representación que ostentó Rafael Luna Beltrán. Sobre todo, afirma, porque no basta la simple manifestación que ante el cuestionamiento de la juez responsable, realizó el Agente del Ministerio Público en el sentido que dentro de la carpeta de investigación obra en original el poder notarial cuestionado; además que dice, la juez ni siquiera debió llevar a cabo dicho cuestionamiento, porque en la ejecutoria que pronunció el Magistrado de la Cuarta Sala Penal, dentro del toca XI-119/2022 se le vinculó a resolver la situación jurídica de acuerdo a lo expuesto por las partes en la audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, sin considerar aspectos adicionales. Lo que dice, tiene especial trascendencia para la resolución del fondo del asunto porque precisamente con esa manifestación del Agente del Ministerio Público (de confirmación del poder original en la carpeta de investigación) que incorporó la juez responsable tomó certeza y credibilidad y a partir de esa afirmación unipersonal, tuvo por acreditado el aludido requisito de procedibilidad, sin justificar las razones por las que estimaba conceder mayor veracidad al dicho de la fiscalía, que a las argumentaciones vertidas por las partes. Lo que además señala, constituye una franca discriminación a la quejosa por pertenecer al género femenino frente al ente acusador que corresponde al género masculino; aunado a que, al considerar que se debe privilegiar esa manifestación del fiscal acusador, con base en el deber de lealtad consignado en el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pone de manifiesto que el magistrado responsable considera que, de todas las partes que participan en el proceso, sólo el fiscal investigador puede conducirse con lealtad. Adicionalmente, afirma que la posibilidad otorgada al Ministerio Público para aclarar que el poder original está glosado en la carpeta de investigación, constituye una nueva oportunidad para sustentar la pretensión punitiva en contra de la quejosa, con violación al equilibrio procesal; de la misma forma, que esa nueva posibilidad originó un defectuoso cumplimiento a la ejecutoria de amparo, porque en la misma se le vinculó a que resolviera tomando en cuenta únicamente los argumentos hechos valer en la primera audiencia de dieciséis de noviembre del año pasado y opuestamente, al considerar esa manifestación de que el poder original si está glosado en la carpeta de investigación, implicó resolver con elementos ajenos a los considerados en la audiencia de dieciséis de noviembre. Aunado a ello, que después de que concedió el uso de la voz al fiscal para que realizara esa precisión, no otorgó a la quejosa ni a su defensa la oportunidad de hacer uso también de la voz, incumpliendo con ello con la obligación prevista en el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que resulta de ese modo, primeramente, porque no es cierto que la juez responsable hubiera dejado de ocuparse de la inconformidad con relación al poder de Rafael Luna Beltrán, que supuestamente fue exhibido en copia simple, ya que a partir del minuto 07:50 de la audiencia celebrada el uno de febrero del año en curso, se pronunció sobre ese tópico señalando en esencia, por un lado, que debería atenderse a que el licenciado Rafael Luna Beltrán desde la audiencia de dieciséis de noviembre del año pasado, ya había señalado expresamente que el poder obraba en original en la carpeta de investigación y por otro, porque en ese momento requirió al Fiscal que informara si el poder original obra o no en la carpeta de investigación; y al responder ese cuestionamiento, éste señaló que efectivamente así obraba. Por lo anterior, la juez resolvió que era improcedente la objeción a la personería del apoderado de la moral víctima, porque aunque a la defensa de la quejosa solo se le había corrido traslado con copia simple de la carpeta de investigación, tenía la obligación de comparecer ante el Ministerio Público, para cotejar no solamente la integridad de las constancias que conformaban la carpeta de investigación, sino incluso de verificar la autenticidad de los documentos que en el caso concreto justificaban entre otros aspectos, la representación legal de quien compareció a querellarse; por ello, argumentó, si la defensa no hizo valer ese argumento oportunamente, era procedente tener acreditada la existencia del poder en original a partir de la manifestación del Agente del Ministerio Público. De ahí que, opuesto a lo afirmado por la quejosa en sus conceptos de violación, la juez si atendió la inconformidad que argumentó con relación al poder simple de Rafael Luna Beltrán. Con relación a que la juez responsable no atendió el argumento en el que le señaló que en la parte final de la querella, específicamente en donde se hacen constar los documentos glosados a la misma, se asentó que incorporaba un poder en copia simple y con todo y ello, no se ocupó de dar respuesta a dicha inconformidad; se tiene que es igualmente incorrecta su apreciación, pues a ese respecto, la juez responsable señaló que ya no estaba en condiciones de analizar esos argumentos, porque en todo caso, desde que se le corrió traslado con la carpeta de investigación, era obligación de la defensa de la quejosa comparecer ante el Ministerio Público, para cotejar no solamente la integridad de las constancias que conformaban la carpeta de investigación sino la autenticidad de los documentos que en el caso concreto justificaban entre otros aspectos, la representación legal de quien compareció a querellarse. Al establecer ese argumento, la juez responsable implícitamente declaró precluido el derecho de la defensa para impugnar ese aspecto, al considerar que esa objeción debió ser formulada desde que se corrió traslado con la copia de la carpeta de investigación. Tampoco asiste razón a la quejosa al aducir que la resolución reclamada es ilegal, por violación al principio de igualdad procesal, conforme al que las partes intervinientes en el proceso penal deben recibir el mismo trato y tener las mismas oportunidades, ya que si al resolver la primera impugnación de la legitimación de América Cárdenas Torres, el Magistrado de la Cuarta Sala Penal, estimó que ante la falta de confrontación de la asesoría victimal y del Ministerio Público respecto de la objeción en la legitimación, debería tenerse cierta la aludida impugnación, entonces, al encontrarnos frente al mismo supuesto, debió también declararse no acreditada la representación que ostentó Rafael Luna Beltrán. Primeramente, porque lo que resolvió el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, dentro de la ejecutoria emitida en el toca de apelación XI-119/2022, es que los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, el cercioramiento de que existe querella o cualquier requisito equivalente, deben encontrarse satisfechos previo al inicio del proceso; lo que en el caso que nos ocupa consideró se encontraba satisfecho, primero, dijo, porque no existía prueba en contrario; segundo, porque ese tema no fue controvertido por la imputada o su defensa; y tercero, porque la jueza ya se había allegado desde el once de noviembre de dos mil veintidós, del poder general para pleitos y cobranzas otorgado por América Cárdenas Torres, en cuanto representante legal de la institución educativa ofendida, a favor de Rafael Luna Beltrán y de José María Yáñez, y de ese instrumento notarial se advertía la cláusula vigésima que contiene inserta la facultad de conferir o revocar poder generales o especiales para presentar denuncias y querellas. Información, que determinó el Magistrado de la Cuarta Sala Penal, ya tenía la juez de la causa, pues en caso contrario, como lo hizo en auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, hubiera formulado prevención al Ministerio Público para que aclarara o subsanara ese requisito de procedibilidad, que ahora al dictar el auto de no vinculación a proceso el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, estimó insatisfecho. De ahí que, opuestamente a lo manifestado por la quejosa, lo resuelto por el Magistrado de la Cuarta Sala no fue en el sentido de que, ante la falta de confrontación de la asesoría victimal y del Ministerio Público respecto de la objeción en la legitimación, debería tenerse cierta la aludida impugnación; pues como se aprecia, adicionalmente consideró que los requisitos de procedibilidad, entendidos como las condiciones mínimas para el inicio del proceso, deben satisfacerse previamente al inicio de éste; además que dijo, en el caso no existía prueba que refutara la facultad de América Cárdenas Torres, en cuanto representante legal de la institución educativa ofendida, de conferir o revocar poder generales o especiales para presentar denuncias y querellas y más importante aún, señaló, porque la jueza ya se había allegado desde el once de noviembre de dos mil veintidós, del poder general para pleitos y cobranzas otorgado por América Cárdenas Torres, en cuanto representante legal de la institución educativa ofendida, a favor de Rafael Luna Beltrán y de José María Yáñez. Bajo ese contexto, es incorrecta la apreciación de la quejosa, respecto de lo que en ese aspecto resolvió el Magistrado de la Cuarta Sala, pues es falso que haya considerado únicamente que, ante la falta de confrontación de la asesoría victimal y del Ministerio Público respecto de la objeción en la legitimación, debería tenerse cierta la aludida impugnación en la misma. De la misma forma, debe decirse que, incluso aunque el Magistrado de la Cuarta Sala Penal, hubiere resuelto del modo que lo plantea la quejosa, ello de ninguna manera vincularía o sujetaría al Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, a resolver del mismo modo con relación al tópico de la impugnación de la legitimación, en la medida que se trata de criterios legales o formas de resolver los conflictos judiciales, que de acuerdo al principio de independencia judicial, se puede o no convergir en su percepción jurídica; de ahí, lo carente de sustento de esas argumentaciones. Del mismo modo, es infundado el argumento en el que señala que no basta la simple manifestación que ante el cuestionamiento de la juez responsable, realizó el Agente del Ministerio Público en el sentido que dentro de la carpeta de investigación obra en original el poder notarial cuestionado; calificación que resulta de ese modo, en la medida que con dicho argumento, no se ataca la diversa consideración sostenida por la juez responsable para no atender esa inconformidad, la cual se resume en que el derecho de la defensa para impugnar ese aspecto está precluido, porque esa impugnación debió ser formulada desde que se le corrió traslado con la copia de la carpeta de investigación, esto es, desde el veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Tampoco asiste razón a la parte accionante del amparo, al referir que la juez no debió llevar a cabo dicho cuestionamiento, porque en la ejecutoria que pronunció el Magistrado de la Cuarta Sala Penal, dentro del toca XI-119/2022, se le vinculó a resolver la situación jurídica de acuerdo a lo expuesto por las partes en la audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, sin considerar aspectos adicionales; lo que resulta así, porque la vinculación en ese sentido, fue para que la juez responsable considerara acreditado el requisito de procedibilidad a que alude el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales; convocara a las partes a la continuación de la audiencia inicial, en la que con plenitud de jurisdicción, debería resolver sobre la vinculación a proceso de la quejosa, pero tomando en cuenta lo que fue expuesto por la fiscalía y la defensa en la audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Sin embargo, contrario a lo argumentado por la quejosa, no se le vetó la posibilidad de realizar el aludido cuestionamiento al Fiscal (en el sentido de si obraba el poder en original), porque en la ejecutoria que pronunció el Magistrado de la Cuarta Sala Penal, dentro del toca XI-119/2022, señaló que los requisitos de procedibilidad, esto es, las condiciones mínimas que deben satisfacerse para que el ministerio público ejerza la acción penal, deben analizarse en cualquier etapa procesal por ser un presupuesto de la acción; por lo mismo, como la personería y legitimación constituyen presupuestos procesales, es claro que no existía el impedimento aducido por la quejosa para que al resolver sobre la impugnación del poder en copia simple, la juez considerara aspectos adicionales a la audiencia de dieciséis de noviembre pasado. Igualmente, no asiste razón a la quejosa al referir que el resolver de ese modo, resulta una franca discriminación por pertenecer al género femenino frente al ente acusador que corresponde al género masculino; lo que el suscrito considera de ese modo, pues cuando se aduce violación al principio de igualdad, en su vertiente de no discriminación, es necesario acreditar la situación de discriminación y las circunstancias fácticas que rodean al caso. Por ello, al aducir aspectos de discriminación deben aportarse elementos que permitan al juzgador advertir la discriminación específica sobre la quejosa o la actuación/omisión sistemática y estructural de la autoridad que afecte a su grupo social en determinada situación; de ahí que, debe estar respaldada con elementos objetivos que permitan al Juez realizar el respectivo juicio de ponderación. En ese sentido, a juicio del suscrito es insuficiente considerar que por resolver en contra de sus pretensiones, el magistrado responsable haya actualizado en perjuicio de la peticionaria del amparo, una discriminación material o de hecho; preponderantemente, porque no obran datos objetivos que revelen la misma. Se invoca como sustento de lo anterior, con aplicación en lo conducente, la tesis aislada 1a. XLV/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005534, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 663, que dice: "IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. LA NEGATIVA DE APLICAR EN FORMA DIFERENCIADA UNA SANCIÓN PENAL A UNA INCULPADA POR LA MERA CIRCUNSTANCIA DE SER MUJER, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto especial énfasis en la necesidad de que los jueces realicen su tarea jurisdiccional con perspectiva de género. Lo anterior tiene lugar cuando el juzgador resuelve un caso concreto valorando el fenómeno objetivo de la desigualdad entre hombres y mujeres y tomando en consideración la diversidad de los modos en que se presentan las relaciones de género en la sociedad. La perspectiva de género se configura entonces como un método de análisis jurídico que permite al Juez identificar y fallar el caso respectivo con miras a corregir la discriminación que generan las prácticas institucionales o las normas sobre las mujeres, para así salvaguardar tanto el debido proceso como el principio de igualdad sustantiva. Muchas de las herramientas y mecanismos por los que se podrá realizar esta función jurisdiccional con perspectiva de género pueden asignarse conceptualmente dentro de las categorías de acciones positivas concretas o de igualación positiva que buscan evitar la discriminación en contra de la mujer o erradicar los estereotipos de género. Ahora bien, dicho lo anterior, no es violatorio del principio de igualdad jurídica en su faceta sustantiva que se niegue la aplicación de manera diferenciada de una sanción por la comisión de un delito, por la mera razón de que la inculpada sea una mujer y haya sido detenida con su cónyuge. Si bien las mujeres han sufrido históricamente de una discriminación sistemática en nuestra sociedad, lo cierto es que la aplicación diferenciada de una norma jurídica no entra en todos los casos bajo la categoría de una medida tendente a evitar la discriminación en contra de la mujer y a alcanzar la igualdad de hecho entre ambos sexos. En principio, es necesario acreditar la situación de discriminación, pues la excepcionalidad al principio de legalidad dependerá del contexto y de las circunstancias fácticas que rodean al caso. Por lo tanto, para que en efecto se pueda reclamar jurisdiccionalmente la omisión de un juzgador en tomar en cuenta la particular situación de una mujer y su supuesta desigualdad de hecho como parte de un grupo social, tuvieron que haberse aportado elementos que permitieran al juzgador advertir la discriminación específica sobre la quejosa o la actuación/omisión sistemática y estructural de la autoridad que afecte a su grupo social en determinada situación. No se trata de una mera cuestión de prueba; la aplicación de la ley a todas las personas es un principio básico del ordenamiento jurídico, por lo que su excepcional inaplicación o diferenciada aplicación como consecuencia de su confrontación con un principio constitucional (igualdad y debido proceso) debe estar respaldada con elementos objetivos que permitan al Juez realizar el respectivo juicio de ponderación." Lo resaltado es propio. Continuando con el análisis, no asiste razón a la quejosa al considerar que fue ilegal que se privilegiara la manifestación del fiscal acusador, con base en el deber de lealtad consignado en el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ello pone de manifiesto que el magistrado responsable considera que, de todas las partes que participan en el proceso, sólo el fiscal investigador puede conducirse con lealtad. Ello, porque como ya quedó establecido, para resolver del modo en que se hizo, la juez responsable no sólo consideró la manifestación del Ministerio Público, que en la resolución reclamada, el magistrado responsable convalidó a la luz del aludido principio de lealtad; sino que, el motivo principal fue que estimó precluido el derecho de la defensa para impugnar el aspecto del poder en copia simple en la audiencia de uno de febrero de dos mil veintitrés, ya que motivó que ello estuvo en posibilidad de controvertirlo desde que se le corrió traslado con la copia de la carpeta de investigación, esto es, desde el veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Con relación a que la posibilidad otorgada al Ministerio Público para aclarar que el poder original está glosado en la carpeta de investigación, constituye una nueva oportunidad para sustentar su pretensión punitiva en contra de la quejosa, con violación al equilibrio procesal; debe reiterase que este aspecto se vincula con la legitimación procesal para la formulación de la querella, y no con la formulación de la imputación o la pretensión punitiva, la cual dicho sea de paso, quedó sustentada desde que el Magistrado de la Cuarta Sala, ordenó que se resolviera nuevamente considerando la imputación realizada el dieciséis de noviembre pasado. Por lo mismo, no puede ser apreciada como una nueva oportunidad para la formulación de la imputación, porque de cualquier modo la juez responsable ya estaba vinculada a resolver, conforme a lo ordenado por el Magistrado de la Cuarta Sala, considerando la imputación formulada en la audiencia inicial de dieciséis de noviembre pasado; en todo caso, debe asumirse como una impugnación en un requisito de procedibilidad, que quedó pendiente de dilucidar en la audiencia celebrada en aquella data y que dicho sea de paso, el propio Magistrado de la Cuarta Sala Penal dijo, puede resolverse en cualquier etapa procesal por ser un presupuesto procesal. En otro aspecto, es infundado el argumento en el que se afirma que el no otorgar el uso de la voz a la quejosa, después de que concedió intervención al fiscal para que realizara esa precisión (de que el poder obraba en original en la carpeta de investigación), incumple con la obligación prevista en el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales; calificación que tiene sustento en que, como ha quedado establecido a lo largo de esta sentencia, el motivo para no otorgarle esa intervención fue porque la juez responsable ya no atendió la inconformidad expresada con relación a la copia simple del poder, al señalar que ya no estaba en posibilidad hacerlo, debido a que el derecho de la defensa para impugnar ese aspecto estaba precluido, porque esa impugnación debió ser formulada desde que se le corrió traslado con la copia de la carpeta de investigación. Por ello, lógico resulta que si resolvió de ese modo, ya no otorgara posterior intervención en la audiencia a la quejosa, al haber declarado implícitamente, improcedente esa impugnación. Del mismo, son infundados, los conceptos de violación establecidos por la parte quejosa con relación a la configuración de la prueba circunstancial para el dictado de la vinculación a proceso en contra de la quejosa, en los que en esencia adujo que: La resolución es ilegal porque para emitirla se empleó el uso de la prueba circunstancial y con ello, se quebranta el principio de presunción de inocencia de la quejosa. Refiere que es ilegal que aun cuando en el dictado de la vinculación a proceso la juez responsable no haya manifestado expresamente que empleó como técnica la prueba circunstancial, el magistrado responsable hubiere suplido su deficiente motivación señalando que debería entenderse así, aunque la juez responsable no lo hubiera referido expresamente, porque no es permisible que el magistrado lo suponga, ya que al hacerlo tácitamente suple o complementa la deficiente argumentación de la juez de la causa, en contravención de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este aspecto, la quejosa refiere que el análisis que realizó el magistrado es ilegal, porque debió realizarlo a partir de los motivos y fundamentos expuestos por la juez responsable; sin embargo, que al efectuarlo se apartó de ese estudio y de forma independiente, integró la prueba circunstancial. Con relación a que la resolución del magistrado responsable es ilegal porque para emitirla se empleó el uso de la prueba circunstancial y con ello, se quebranta el principio de presunción de inocencia de la quejosa, debe decirse que dicho argumento es incorrecto, en la medida que como se estableció en párrafos precedentes, en la etapa probatoria en la que nos encontramos, la exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público, para plantear los hechos ante el juez y solicitar la vinculación a proceso del imputado, descansa en datos probatorios que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De tal forma, que en el estado procesal en el que se encuentra la causa penal de origen, resulta técnicamente incorrecto hablar de pruebas porque lo se tiene son datos de prueba que establecen la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable participación -en amplio sentido- del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. Al margen de dicha imprecisión terminológica, lo cierto es que lo que el magistrado responsable utilizó en la resolución reclamada, fue la acreditación de un hecho desconocido a través de otros conocidos, mediante la aplicación de la metodología de la prueba circunstancial o indiciaria, que propiamente está configurada para el sistema penal de corte inquisitivo. Así, aunque a la fecha la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado con relación a la compatibilidad de esa metodología con relación al actual sistema penal, lo cierto es que a juicio del suscrito, en la resolución reclamada el magistrado responsable no configuró esa prueba, sino que motivó que a partir de esa metodología, podía apreciar conjuntamente los datos de prueba existentes en la causa penal de origen e inferir que son suficientes y razonables para considerar que la quejosa había cometido el hecho con apariencia de delito que se le atribuye. Lo que correctamente motivó, no le estaba prohibido porque conforme a los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le permitía establecer un sistema de apreciación valorativa, libre y lógica, con base en la tasación conjunta, integral y armónica de todos los datos de prueba, siempre que no fueran contrarios a la moral o a las buenas costumbres. De este modo, se insiste, lo que la quejosa dice, constituye una configuración de la prueba indiciaria o circunstancial, es en realidad, una metodología de apreciación y valoración probatoria conjunta que no le está vedada, porque como lo razonó, al apreciar simultáneamente los datos de prueba adquieren una valoración lógica, que forma convicción en su juicio para determinar acertada la hipótesis propuesta por el fiscal. Al respecto, se cita como criterio orientativo, la tesis aislada I.1o.P.15 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con registro digital 2024855, Undécima Época, Materias(s): Penal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo VII, página 6363, que dice: "PRUEBA PRESUNCIONAL. ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE LIBERTAD PROBATORIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL. Hechos: La parte quejosa alegó en su demanda de amparo directo que la autoridad responsable acudió indebidamente a la prueba presuncional en la sentencia de apelación reclamada, derivada de un proceso penal seguido conforme a los principios y reglas del sistema penal acusatorio, ya que esa prueba dejó de estar en vigor con la incorporación de dicho sistema en el ordenamiento jurídico mexicano. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la prueba presuncional -también llamada circunstancial o indiciaria- es compatible con el sistema de libertad probatoria del proceso penal acusatorio adversarial y, en ese entendido, se estima que sigue vigente para fortalecer las conclusiones demostrativas obtenidas con los elementos directos de prueba o para llegar a ellas ante la falta de dicho tipo de pruebas. Justificación: El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé diversos medios de prueba, como son la testimonial, la pericial, la declaración del acusado, la documental y la material; sin embargo, también precisa que ese listado no es limitativo, dado que es posible aportar otros elementos de prueba sin que estén explícitamente regulados en esa legislación procesal, siempre que no violen derechos fundamentales y se cumplan requisitos mínimos de legalidad, conforme a los artículos 356, 357 y 388 de dicho código. Lo que guarda congruencia con la voluntad legislativa manifestada en la exposición de motivos de una de las iniciativas que dieron origen al código en comento. Ante ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en el amparo directo 78/2012, que la prueba presuncional no transgredía los derechos de legalidad, al debido proceso, ni a la presunción de inocencia. En tal entendido, se considera que dicho mecanismo de prueba es compatible con el sistema de libertad probatoria del sistema acusatorio penal." Sin que la aplicación de esa metodología de apreciación probatoria, configure en modo alguno la suplencia o complementación a la motivación de la juez responsable, ya que en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cada órgano jurisdiccional está facultado para asignar libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor; de modo que, si el magistrado responsable decidió en uso de esa libertad, apreciar conjuntamente los datos de prueba para considerar verosímil la propuesta hipotética del fiscal, no estaba impedido legalmente para hacerlo de ese modo, porque dicha apreciación conjunta no es contraria a la moral o a las buenas costumbres. Aunado a ello, tampoco se considera que haya existido una suplencia o complemento a la motivación de la juez responsable, sencillamente, porque no reforzó sus argumentaciones, sino que empleó una metodología de apreciación probatoria diferente, que lo condujo a convergir en la apreciación jurídica de la juez responsable, en el sentido que los datos de prueba objetivamente permiten establecer que se le entregó el peculio a la quejosa para una finalidad específica, la cual no realizó y que además, pese a que se le requirió la devolución de ese dinero, no lo devolvió. Por último, son también infundados, los conceptos de violación establecidos por la parte quejosa con relación a la acreditación de los hechos con apariencia de delito, en los que adujo que: Es ilegal que el magistrado responsable haya establecido la inexistencia de datos de prueba que acrediten la existencia de la hipótesis fáctica defensiva de la quejosa, pues contrariamente, existen datos de prueba ofertadas por la quejosa que así lo acreditan. Al respecto, la quejosa señala que el magistrado responsable no atendió los agravios que formuló en instancia de apelación con relación a los datos de prueba que acreditaban la hipótesis defensiva. Además, que es ilegal que el magistrado hubiere referido en la resolución reclamada que atendiendo a la etapa procesal del asunto, no se debe atender a la idoneidad y pertinencia de las pruebas sino a la probabilidad que el indiciado cometió el delito. Que atendiendo al contrato individual de trabajo de la quejosa, no es idóneo ni razonable considerar que una persona que fue contratada para labores de enseñanza, pueda ser sujeta a labores totalmente divergentes de su labor principal, esto es, para llevar a cabo trámites administrativos de la institución educativa, recibir cantidades en efectivo, porque el considerarlo así, implicaría considerar que el patrón podría emplear una persona para desempeñar todas las labores de un centro de trabajo, que resulten disconformes a su contrato inicial, tales como fungir como albañil, personal de limpieza, persona de seguridad personal, plomero o incluso, realizar actividades domésticas al interior del domicilio del patrón, al establecerse en el contrato la leyenda "que realizara las actividades que le sean asignadas por el patrón". Que además de las entrevistas de Leidy Ann Armenta Cisneros y Jaqueline Cárdenas Torres, se advierte que la quejosa fue contratada para ocupar el cargo de maestra dentro de la institución educativa respectiva; lo que incluso se corroboró por la defensa, con el diploma sobre certificación profesional que se exhibió. Con ello se demostró que la quejosa en realidad se encargaba de impartir clases, no así de recibir cantidades de dinero en efectivo ni de llevar a cabo trámites oficiales a nombre de la moral ofendida. Que aunque ese cierto que como lo refiere el magistrado responsable, a las testigos Jaqueline Cárdenas Torres y Leidy Ann Armenta Cisneros, les constó la entrega del dinero a la quejosa, las mismas no les consta la cantidad exacta ni tampoco de quien era ese numerario; de tal suerte, que ni siquiera está acreditado que la cantidad entregada formara parte del patrimonio de la moral ofendida. Lo que en el caso es trascendente, dice, porque la querella sólo puede llevarse a cabo por quien legalmente se encuentre facultado para ello, esto es, quien sea el titular del peculio cuya entrega se reputa a la quejosa. De la misma forma, que el recibo de entrega de dinero con folio 3237 fechado el cinco de marzo de dos mil veinte, no permite establecer que el dinero entregado constituya parte del patrimonio de la moral ofendida, a más que, tampoco puede tener valor probatorio porque constituye un medio confeccionado unilateralmente por personal de la moral ofendida y además, porque fue exhibido en copia cotejada por notario público, sin que se precisara respecto de que documento se cotejó. Que es ilegal que la juez responsable argumentara que existe un fondo de operatividad, integrado con las cuotas que cubren los padres de familia, ya que de la videograbación de la audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, no se aprecia que alguna de las partes hubieran expresado que el peculio que supuestamente se entregó a la quejosa, perteneciera a la institución educativa ofendida; por ende, que al no haberse expresado en la audiencia, no fueron sujetas a contradicción y no se otorgó a la quejosa la oportunidad de controvertirlas o refutarlas. Por lo mismo, aduce es ilegal que la juez responsable hubiera inferido que la institución educativa cuenta con dicho fondo de operatividad, porque en la audiencia inicial no se expuso ningún argumento en ese sentido; sin que en este aspecto dice, se le pueda imponer que la defensa tuvo acceso a la carpeta de investigación y estuvo presente en la audiencia de imputación, ya que la justificación a vinculación a proceso depende no de lo que obre en la carpeta de investigación, sino de lo que se exponga oralmente en la audiencia; consecuentemente, si ninguna de las partes, esto es, la parte ofendida o el fiscal hizo alusión a la existencia de ese fondo operativo, del que derive que el peculio objeto del ilícito, constituye patrimonio de la ofendida, entonces, las autoridades responsables se encontraban impedidas para suponer y/o inferir la existencia de esas circunstancias. Finalmente, que es ilegal que el magistrado responsable no le hubiera atendido el agravio en el que puso de manifiesto la imprecisión incurrida por la Representación Social, al aducir que la consumación del ilícito fue inmediata, y contradictoriamente, indicar cuatro momentos y circunstancias totalmente diversas entre sí, motivando al respecto, que dicha imprecisión técnica no fue aducida en la audiencia de dieciséis de noviembre del año pasado y que por ende, como la juez de la causa no se pronunció al respecto, constituye una cuestión novedosa. Primeramente, no asiste razón a la quejosa al aducir que el magistrado responsable no atendió los agravios que formuló en instancia de apelación con relación a los datos de prueba que acreditaban la hipótesis defensiva. Lo que tiene razón de ser, porque de la resolución reclamada se aprecia que ese aspecto fue atendido en la parte en la que expresamente señaló: "(.) No pasa desapercibido que el inconforme hizo referencia a los siguientes datos de prueba: Las conversaciones de 16 de diciembre, 30 de octubre, 20 de octubre, 19 de noviembre, 14 de noviembre, 14 de diciembre, 8 de diciembre, 27 de noviembre, todos del año 2020 y la diversa de 5 de enero de 2021, que mediante correo electrónico eran sostenidas entre la imputada y América Cárdenas Torres, Presidenta de la Institución Jurídica ofendida, con relación a las actividades de enseñanza que desempeñara la imputada en el plantel educativo. Los horarios laborales que Cárdenas Torres allegara a la imputada, mediante correo electrónico, para la impartición de las clases que tenía asignadas dentro de la institución educativa, advirtiéndose el alumnado asignado a la imputada para la impartición de clases, los "ID" y contraseñas para impartir las clases de manera remota, con motivo del virus SARS-Cov2. El comprobante fiscal digital de 1 de agosto de 2018, expedido por "Instituto para Guías de Taller S.C.", a favor de "American Montessori Santa María A.C.", por el concepto de "pago de curso (Aida Villa Aguirre)", el cual le fuera enviado a la imputada mediante correo electrónico, por el personal administrativo de la mora ofendida. El diploma oficial de 15 de junio de 2019, expedido a favor de la imputada, por parte de "Instituto Montessori para Guías de Taller", con domicilio en Ciudad de México, extendido a la imputada al haber cursado de manera satisfactoria el curso indicado, de 17 de septiembre de 2018 al 14 de junio de 2019. El correo electrónico allegado a la imputada, por el personal administrativo de la institución educativa ofendida, con el asunto "Pago Renta Noviembre de 2018", del cual se advierte el pago realizado por América Cárdenas Torres, en cantidad de $3,500.00 tres mil quinientos pesos, con motivo del pago del arrendamiento que se encargaba de realizar la institución ofendida, en virtud de la estadía de la imputada en la Ciudad de México, durante la época en que realizara el curso de guías de Taller Montessori. La documental denominada "reporte informativo de relaciones laborales", expedido a la imputada el 12 de septiembre del año anterior, por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de donde se desprende la vigencia de la relación laboral entre la imputada y la institución ofendida, la cual se mantuvo vigente del 10 de julio de 2019 al 4 de enero de 2021, y con antelación a esa data, se mantuvo vigente la relación laboral del día 6 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2018. El correo electrónico de 21 de septiembre de 2020, enviado a la imputada por parte de América Cárdenas Torres, donde hiciera llegar a la imputada, 2 dos archivos en formato Word (igualmente allegados a la carpeta de investigación de origen), titulados "recomendaciones", así como el diverso correo electrónico de 14 de septiembre de 2020, en los términos antes indicados, donde América Cárdenas Torres allegara a la imputada un archivo en formato Word, titulado "recomendaciones" (igualmente allegados a la carpeta de investigación de origen); así como las diversas documentales que se hicieron a la imputada, en los términos antelativamente indicados, de fechas 11, 15 y 21 de septiembre, todas del año 2021, titulados "recomendaciones", de los que se desprende, en lo medular, las recomendaciones que la primera de las mencionadas realizara a la ahora imputada, sobre el desempeño de las actividades de enseñanza que llevara a cabo, respecto del alumnado de la institución educativa de mérito. Datos de prueba que, refiere la defensa de la imputada de que se trata, acreditan: Que el trámite administrativo para guías de talleres Montessori, cuyo trámite y realización se atribuyen a la imputada, era realizado por personal administrativo de la moral ofendida, en virtud a que la misma realizó ese curso, que era llevado a cabo en la Ciudad de México, del 17 de septiembre de 2018 al 14 de junio de 2019, habiéndose encargado del trámite y de cubrir el pago total de éste, mediante transferencia bancaria, el personal administrativo de la institución educativa ahora ofendida. Y que la imputada únicamente desempeñaba labores de enseñanza al alumnado de dicha institución, de la cual, durante su vigencia laboral, y posterior al día 5 cinco de marzo de 2021, siempre se encargó de realizar actividades de docencia. Sin embargo, contrario a lo argumentado por el apelante, en la audiencia de formulación de imputación de 16 dieciséis de noviembre de 2022 dos mil veintidós, no hizo referencia a dichos datos de prueba, como ahora los describe en su pliego de agravios, pues sólo se concretó en señalar que exhibió ante la fiscalía diversas constancias de las conversaciones sostenidas entre América Cárdenas Torres y la imputada, vía correos electrónicos; que se exhibió ante la Fiscalía el Diploma que obtuvo su representada por haber realizado el curso; que se exhibieron también facturas donde, refiere el apelante, se acredita que la persona moral, en este caso Jaqueline Cárdenas, en calidad de Tesorera, llevó a cabo el pago ante la institución de México, encargada de la impartición del curso, precisamente porque ella (la imputada) tomó ese curso; es decir, refirió el defensor particular, quien se encargaba de ese trámite era la propia tesorera, el personal administrativo de la persona moral, no así su representada (consúltese el lapso 9:51:15 - 10.09:27, de la audiencia de 16 dieciséis de noviembre de 2022 dos mil veintidós). Es decir, los argumentos realizados por la defensa, con los cuales debatió para que no se vinculara a proceso a la imputada y que ahora alude como motivos de agravio, tal y como lo determinó la a quo, no se encuentran corroborados objetivamente con datos de prueba que los justifiquen. (.)" Como se ve, el magistrado responsable sí se pronunció con relación a los agravios que se formularon respecto de los datos de prueba que acreditaban la hipótesis defensiva, motivando en esencia, que no estaban corroborados objetivamente con datos de prueba que los justificaran; de ahí, lo infundado de esa alegación. Igualmente, es infundado el argumento en el que la parte quejosa señala que es ilegal que el magistrado hubiere referido en la resolución reclamada que atendiendo a la etapa procesal del asunto, no se debe atender a la idoneidad y pertinencia de las pruebas sino a la probabilidad que el indiciado cometió el delito; lo que es así, porque como se dijo en las líneas que anteceden, en esta etapa procesal es técnicamente incorrecto hablar de pruebas, ya que se insiste, lo que existen son datos de prueba idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. También es infundado el argumento en el que en esencia se aduce que atendiendo al contrato individual de trabajo de la quejosa, no es idóneo ni razonable considerar que una persona que fue contratada para labores de enseñanza, pueda ser sujeta a labores totalmente divergentes de su labor principal, esto es, para llevar a cabo trámites administrativos de la institución educativa, recibir cantidades en efectivo, porque el considerarlo así, implicaría considerar que el patrón podría emplear una persona para desempeñar todas las labores de un centro de trabajo, que resulten disconformes a su contrato inicial, tales como fungir como albañil, personal de limpieza, persona de seguridad personal, plomero o incluso, realizar actividades domésticas al interior del domicilio del patrón, al establecerse en el contrato la leyenda "que realizara las actividades que le sean asignadas por el patrón". Calificación que tiene sustento en que, porque como dijo el magistrado responsable, aun considerando que bajo las máximas de la experiencia, las instituciones educativas cuentan con personal administrativo, ello no excluye la posibilidad de la intervención de la quejosa en el hecho que se le atribuye, porque existen datos de prueba objetivos que denotan la entrega del peculio a su persona, para una finalidad específica que no realizó y además, que también denotan que no devolvió el dinero. Igualmente es infundado el argumento relativo a que no está acreditado que la cantidad entregada formara parte del patrimonio de la moral ofendida; lo que en el caso es trascendente, porque la querella sólo puede llevarse a cabo por quien legalmente se encuentre facultado para ello, esto es, quien sea el titular del peculio cuya entrega se reputa a la quejosa. Y el relativo a que el recibo de entrega de dinero con folio 3237 fechado el cinco de marzo de dos mil veinte, no permite establecer que el dinero entregado constituya parte del patrimonio de la moral ofendida, a más que, tampoco puede tener valor probatorio porque constituye un medio confeccionado unilateralmente por personal de la moral ofendida y además, porque fue exhibido en copia cotejada por notario público, sin que se precisara respecto de que documento se cotejó. Lo que es así, porque como contestó el magistrado responsable, la titularidad del peculio se encuentra acreditada desde el momento en el que América Cárdenas Torres, entregó ese dinero en cuanto representante de la moral víctima, pues en caso contrario, no hubiera mencionado a la aludida institución educativa. En tanto que, por lo que hace a que debe negársele mérito probatorio, porque el recibo constituye un medio confeccionado unilateralmente por personal de la moral ofendida y además, porque fue exhibido en copia cotejada por notario público, sin que se precisara respecto de que documento se cotejó; debe insistirse que en la etapa procesal en la que nos encontramos, se trata de datos de prueba que en este momento se advierten idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo que se atribuye a la quejosa, porque como lo dijo el magistrado responsable, no hay datos objetivos que demuestren la hipótesis defensiva de la quejosa. En otro aspecto, es infundado el argumento en el que la quejosa afirma que es ilegal que la juez responsable argumentara que existe un fondo de operatividad, integrado con las cuotas que cubren los padres de familia, ya que de la videograbación de la audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, no se aprecia que alguna de las partes hubieran expresado que el peculio que supuestamente se entregó a la quejosa, perteneciera a la institución educativa ofendida; por ende, que al no haberse expresado en la audiencia, no fueron sujetas a contradicción y no se otorgó a la quejosa la oportunidad de controvertirlas o refutarlas. Y que por lo mismo, es ilegal que la juez responsable hubiera inferido que la institución educativa cuenta con dicho fondo de operatividad, porque en la audiencia inicial no se expuso ningún argumento en ese sentido; sin que en este aspecto dice, se le pueda imponer que la defensa tuvo acceso a la carpeta de investigación y estuvo presente en la audiencia de imputación, ya que la justificación a vinculación a proceso depende no de lo que obre en la carpeta de investigación, sino de lo que se exponga oralmente en la audiencia; consecuentemente, si ninguna de las partes, esto es, la parte ofendida o el fiscal hizo alusión a la existencia de ese fondo operativo, del que derive que el peculio objeto del ilícito, constituye patrimonio de la ofendida, entonces, las autoridades responsables se encontraban impedidas para suponer y/o inferir la existencia de esas circunstancias. Lo que resulta de ese modo, porque lo que en ese aspecto dijo la juez responsable (minuto 12:35 de la audiencia de uno de febrero) no fue una afirmación, sino una suposición, que estableció como parte de su motivación judicial, en el sentido que ella entendía que como en toda institución educativa, hay un fondo de operatividad, integrado por las cuotas que se obtienen de los padres de los alumnos; de ahí, lo equivocado de su apreciación. Finalmente, es también infundado el argumento en el que aduce que es ilegal que el magistrado responsable no le hubiera atendido el agravio en el que puso de manifiesto la imprecisión incurrida por la Representación Social, al aducir que la consumación del ilícito fue inmediata, y contradictoriamente, indicar cuatro momentos y circunstancias totalmente diversas entre sí, motivando al respecto, que dicha imprecisión técnica no fue aducida en la audiencia de dieciséis de noviembre del año pasado y que por ende, como la juez de la causa no se pronunció al respecto, constituye una cuestión novedosa. Calificación que tiene sustento en que en la etapa procesal en la que se encuentra la causa penal de origen, dicha imprecisión técnica en la clasificación jurídica del ilícito que se atribuye a la quejosa, no tiene mayor impacto procesal, pues para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Además, porque la clasificación jurídica legal que corresponda será determinada en el escrito de acusación, en la etapa de juicio; de ahí, lo infundado de su argumento. Se cita como sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2014800, Décima Época, Materias(s): Penal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En tales condiciones, al considerarse infundados los conceptos de violación expresados por la promovente del amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados por la quejosa Aida Villa Aguirre, respecto de los actos que reclamó del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por las razones expuestas en el considerando quinto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Aida Villa Aguirre, contra la resolución pronunciada en el toca de apelación XI-28/2023, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, dentro del proceso penal 1225/2022, que se instruye a la quejosa por el delito de abuso de confianza, en agravio de American Montessori Santa María, Asociación Civil. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy catorce de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 14 de julio de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de Rafael Luna Beltrán en cuanto representante legal de la moral American Montessori Santa María A.C. en términos del artículo 11° de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte que tiene reconocido dicho carácter ante la autoridad responsable, por lo que en atención a su contenido con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose en el presente juicio de amparo. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizada para tal efecto a la persona que designa, quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promueva con dicho carácter, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos. En consecuencia, se comisiona al actuario adscrito a que tome nota de lo anterior, para que realice las subsecuentes notificaciones personales a la moral tercera interesada en cita en el domicilio que indica en el ocurso de cuenta. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida al titular de este órgano jurisdiccional, por la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, informada mediante oficio 1646/2023, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en términos del artículo 183, fracción I, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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