Aida Alejandra Solorzano Aviña
Expediente 103/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Aida Alejandra Solorzano Aviña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de doce de mayo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del doce de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 103/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su informe el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, consistente en copia autorizada de las principales constancias relativas al juicio especial oral familiar 299/2020. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Aída Alejandra Solórzano Aviña, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 4º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que la registró bajo el número de expediente 103/2021 y en auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la admitió a trámite y requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; asimismo, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Asimismo, en el propio auto se reconoció carácter de tercero interesado a Guillermo Tafolla Maldonado, por ser la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el auto reclamado fue dictado por una autoridad que reside dentro del lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y las constancias que integran el juicio, de acuerdo al criterio antes mencionado, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, lo siguiente: El auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio especial oral familiar 299/2020, que sobre pago de alimentos promovió la quejosa contra el aquí tercero interesado. En dicho auto el juez responsable en atención a la petición de la quejosa para que se giraran los oficios a la fuente de trabajo del demandado y se le hicieran los descuentos acordados mediante convenio celebrado con su contrario el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, le dijo que se estuviera a lo acordado en el diverso auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el que atento a la misma solicitud, se le dijo que una vez que se emitiera la sentencia y se sancionara el convenio celebrado, se ordenaría el envío de los oficios respectivos. Tercera. Certeza de los actos reclamados. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe, consistentes en copia certificada de las principales constancias del expediente 299/2020, que en la vía especial oral familiar promovió Aída Alejandra Solórzano Aviña contra Guillermo Tafolla Maldonado. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." También es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este juzgador de manera oficiosa advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal y fracción disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Como se advierte de la anterior transcripción, dicha fracción establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En la especie, como ya se estableció en líneas precedentes, la quejosa se duele del auto dictado por el juez responsable dentro del juicio de origen el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en el que en atención a la petición de la quejosa para que se giraran los oficios a la fuente de trabajo del demandado y se le hicieran los descuentos acordados mediante convenio celebrado con su contrario el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, le dijo que se estuviera a lo acordado en el diverso auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el que atento a la misma solicitud, se le dijo que una vez que se emitiera la sentencia y se sancionara el convenio celebrado, se ordenaría el envío de los oficios respectivos. Luego, al rendir su informe justificado, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, manifestó que es cierto el acto reclamado; sin embargo, también informó que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, emitió la sentencia definitiva correspondiente a la contienda de la que deriva el acto reclamado, donde resolvió aprobar en definitiva el citado acuerdo de voluntades celebrado entre Aída Alejandra Solórzano Aviña y Guillermo Tafolla Maldonado, ante la Facilitadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en los términos que quedaron ahí pactados, condenando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar. Por lo anterior, también ordenó girar los oficios respectivos a la fuente laboral para que realice los descuentos acordados en el referido acuerdo de voluntades. Dicha resolución se declaró ejecutoriada el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Documentales que de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, adquiere valor probatorio pleno. Por tanto, resulta claro que con las anteriores determinaciones, en las que la autoridad responsable sancionó el convenio celebrado por las partes y ordenó girar los oficios a la fuente laboral para que efectuara los descuentos acordados por las partes en el citado acuerdo, trajo como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues con lo anterior se destruye la determinación que dio origen al presente amparo en el sentido de que no procedía girar los oficios para el efecto antes indicado y con ello se repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter negativo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, registro 196820, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aída Alejandra Solórzano Aviña, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, y por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que en proveído de veintitrés de los actuales, se dio vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán. Por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con veinte minutos del doce de mayo de dos mil veintiuno, para su verificativo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF*DENISSE
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe justificado que rinde el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que remiten en apoyo de su informe justificado y hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF***DENISSE
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