Aida Alejandra Solorzano Aviña
Expediente 774/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Aida Alejandra Solorzano Aviña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 774/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su informe el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, consistente en copia autorizada de las principales constancias relativas al juicio especial oral familiar 299/2020. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Aída Alejandra Solórzano Aviña, por su propio derecho y en cuanto representante legal de su menor hija de iniciales I.S.T.S., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que la registró bajo el número de expediente 774/2020 y en auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, la admitió a trámite y requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; asimismo, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se reconoció carácter de tercero interesado a Guillermo Tafolla Maldonado, por ser la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el auto reclamado fue dictado por una autoridad que reside dentro del lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y las constancias que integran el juicio, de acuerdo al criterio antes mencionado, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, lo siguiente: El auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio especial oral familiar 299/2020, que sobre pago de alimentos promovió la quejosa contra el aquí tercero interesado. En dicho auto el juez responsable fijó como medida provisional de alimentos a favor de la menor de iniciales I.S.T.S. una pensión alimenticia provisional por la cantidad de $3,696.60 (tres mil seiscientos noventa y seis pesos 60/100 M.N.) mensuales, equivalente a un salario mínimo general nacional dentro de esta área geográfica. Tercera. Certeza de los actos reclamados. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe, consistentes en copia certificada de las principales constancias del expediente 299/2020, que en la vía especial oral familiar promovió Aída Alejandra Solórzano Aviña contra Guillermo Tafolla Maldonado. De igual forma, a efecto de resolver el presente asunto se tienen a la vista las diversas constancias que remitió la citada autoridad responsable dentro del diverso juicio de amparo 103/2021, del índice de este propio órgano jurisdiccional, mismas que se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las cuales consisten en las últimas actuaciones realizadas dentro del expediente de origen 299/2020. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." También es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este juzgador de manera oficiosa advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal y fracción disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" Como se advierte de la anterior transcripción, dicha fracción establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos donde se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Causal de improcedencia que se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo; c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. En tal virtud, la regla general consiste en que cuando se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo, el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y, por ello, se deben reputar consumadas de forma irreparable las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Dicha causa de improcedencia se actualiza en los procedimientos que sean formal o materialmente juicios, porque su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En la especie, como ya se estableció en líneas precedentes, la quejosa se duele del auto dictado por el juez responsable el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio especial oral familiar 299/2020, que sobre pago de alimentos promovió la quejosa contra el aquí tercero interesado, en el que se fijó como medida provisional de alimentos a favor de la menor de iniciales I.S.T.S. una pensión alimenticia provisional por la cantidad de $3,696.60 (tres mil seiscientos noventa y seis pesos 60/100 M.N.) mensuales. Lo cual la quejosa consideró insuficiente para sus gastos propios y los de su menor hija, al considerar que el monto de la pensión alimenticia provisional se debió fijar por un porcentaje de acuerdo a las percepciones del demandado. Ahora bien, en la especie se advierte que se actualiza la causa de improcedencia en estudio porque, del informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, dentro del diverso juicio de amparo 103/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, se advierte que dicha responsable allego copia certificada de las constancias que evidencian que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, emitió la sentencia definitiva correspondiente a la contienda de la que deriva el acto reclamado, donde resolvió aprobar en definitiva el citado acuerdo de voluntades celebrado entre Aída Alejandra Solórzano Aviña y Guillermo Tafolla Maldonado, ante la Facilitadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial del Estado de Michoacán, condenando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar. En ese acuerdo de voluntades, las partes acordaron, entre otras cuestiones, el pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de la aquí quejosa y su menor hija, por el equivalente a un 35% de las percepciones salariales totales del deudor alimentista. De igual forma, el pago a favor de la peticionaria de amparo de la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de pensiones alimenticias atrasadas; dichos pagos se realizarían en la forma y términos pactados en el propio convenio, como se advierte de la imagen que se inserta a continuación: Dicha resolución se declaró ejecutoriada el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno; asimismo, se ordenó girar los oficios respectivos a los centros de trabajo del demandado, para que se realicen los descuentos acordados. Documentales que de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, adquiere valor probatorio pleno. Por tanto, es claro que la emisión de la sentencia definitiva en el procedimiento jurisdiccional de origen, en la que se sancionó el convenio celebrado por las partes respecto al porcentaje relativo a la pensión definitiva para la quejosa y su menor hija y otros aspectos, actualizó una situación jurídica diversa a aquélla en que se encontraba la quejosa al momento de la presentación de la demanda, habida cuenta que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, pues ello implicaría desconocer la diversa que surgió a virtud de la sentencia definitiva; por tanto, las violaciones que se pudieron cometer en los actos reclamados se deben considerar consumadas de manera irreparable. Lo anterior es así, porque ya no se podría emprender el estudio de los conceptos de violación que la quejosa dirigió a atacar el auto que fijó la pensión provisional de alimentos a favor de la menor involucrada, al considerar dicho monto insuficiente para sus gastos propios y los de la menor, sin que necesariamente se afectara la nueva situación a la que las partes (actora y demandada) quedaron sujetas con motivo del convenio celebrado y sancionado en sentencia definitiva emitida en ese procedimiento jurisdiccional. Se cita como sustento de lo anterior, la tesis aislada 2a. CX/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Materia Común, Página 219, Novena Época, Registro 199807, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. OPERA SI SE RECLAMA LA MEDIDA PROVISIONAL DICTADA ANTES DEL EMPLAZAMIENTO EN EL INTERDICTO PARA RECUPERAR LA POSESION, Y SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA. Como todo procedimiento, el de interdicto constituye un conjunto de actos concatenados entre sí, para la resolución de una controversia, y la sentencia con que culmina puede ratificar o confirmar la medida de urgencia o provisional adoptada antes del emplazamiento a juicio de la demandada; por tanto, resulta que el vicio de inconstitucionalidad que pudiera contener esa primera medida no trasciende a la sentencia con que culmina el procedimiento, porque esta resolución se dicta después de oír a las partes y recibir las pruebas conducentes, al haber autonomía procesal que distingue una etapa de la otra y que la hace subsistir con independencia de la primera, no puede decidirse sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica creada por la sentencia, pues el efecto restitutorio del amparo que pueda pronunciarse no restituiría a la quejosa en el uso y goce de la garantía individual violada, porque su nueva situación jurídica se produce por actos distintos e independientes entre sí." Y la diversa Jurisprudencia 1a./J. 9/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, Registro 172714, Materia(s): Civil, Página 265, que dice: "PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 28/2003-PL, que dieron origen a la tesis P./J. 83/2003, sostuvo que la irreparabilidad del perjuicio al quejoso cuando reclama una determinación en la que se resolvió sobre la personalidad, se materializa sólo si se dicta la sentencia definitiva en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues en ese caso opera un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción X, primer párrafo del artículo 73 de la Ley de la materia. Por otra parte, el propio Tribunal en Pleno en la P./J. 110/2004 estableció que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución que dirime una cuestión de personalidad en el incidente respectivo, si antes del dictado de la resolución correspondiente en el juicio de amparo se emite el laudo, por actualizarse la hipótesis prevista en el referido artículo. En congruencia con dichos criterios y aplicándolos concretamente a la materia civil, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la interlocutoria que resuelve el incidente relativo a la falta de personalidad en el procedimiento civil de donde emana tal interlocutoria se dicta sentencia de primer grado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo indicado, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo indirecto, ya que no podría decidirse dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica." En este punto es preciso destacar que quien esto resuelve no desconoce el contenido de la siguiente jurisprudencia: "ALIMENTOS. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ SU MONTO PROVISIONALMENTE, SI ANTES DE RESOLVERSE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE DICTA LA SENTENCIA DEL JUICIO NATURAL EN QUE SE FIJA LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA (LEGISLACIONES PROCESALES CIVILES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y GUERRERO). Conforme a dichas legislaciones, ante la solicitud alimentaria del acreedor el Juez puede emitir por lo menos dos determinaciones que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión respectiva: una indiscutible, que es la que establece que el deudor debe cubrir alimentos provisionales, y otra cuestionable, relativa al monto de la pensión provisional, el cual debe respetar los principios de equidad, justicia y proporcionalidad; de manera que tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dicho monto en el juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos -previo agotamiento del recurso de apelación, en el caso del Estado de Guerrero-; el acreedor, por considerar que ésta resulta insuficiente para asegurar su subsistencia durante la tramitación del juicio de alimentos, y el deudor, por estimar que representa más de lo que puede dar o de lo que aquél requiere para su manutención durante ese tiempo; lo cual genera una afectación que no puede resarcirse con el mero dictado de la sentencia que fija el monto de la pensión definitiva, ya que ésta no incide en la etapa provisional de alimentos, en tanto que su objeto consiste únicamente en determinar el monto alimentario que habrá de regir desde la sentencia y hasta que la obligación alimentaria se extinga por alguna causa legal, además de que no tiene efectos restitutorios o indemnizatorios. En ese sentido, se concluye que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, por cambio de situación jurídica, respecto del amparo indirecto promovido contra la resolución dictada en un juicio de alimentos que determina su monto provisionalmente, si antes de resolverse el juicio de garantías se dicta la sentencia del juicio natural en que se fija la pensión alimenticia definitiva, pues si bien es cierto que esta sentencia hace cesar la pensión provisional y genera una situación jurídica que se traduce en el reconocimiento pleno del derecho del acreedor alimentario y en la determinación de una pensión sustentada en las pruebas ofrecidas por las partes, también lo es que no repercute en la situación jurídica creada con motivo de la pensión provisional que, como medida cautelar, es de naturaleza transitoria o temporal y, por tanto, subsiste exclusivamente hasta que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, y regula las necesidades alimentarias surgidas durante la tramitación del juicio de alimentos donde pueden afectarse derechos de los acreedores o deudores alimentarios, los cuales no disminuyen, incrementan o resarcen con el dictado de la sentencia, pues ésta no tiene por objeto modificar, confirmar o revocar la pensión provisional, ni corregir la insuficiencia o excesividad del monto provisional de alimentos y las consecuencias que tuvo en el patrimonio del acreedor o del deudor alimentario; de ahí que es posible analizar el acto reclamado sin afectar la situación creada por el nuevo que no se reclamó en el amparo solicitado." Sin embargo, en el caso en estudio no se actualiza dicho supuesto pues como quedó precisado en párrafos precedentes, en el convenio celebrado en el juicio de origen sí se ventilaron cuestiones relativas a la pensión provisional a favor de la parte quejosa, y en atención a ello las partes acordaron el pago de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) a favor de la quejosa por concepto de pensiones alimenticias provisionales atrasadas, esto es, las cuestiones relativas a la pensión provisional inicialmente fijada también se analizó en la sentencia que resolvió el juicio de origen, puesto que fue materia del convenio celebrado por la actora y demandado, de modo que en este caso ello impide analizar sobre la constitucionalidad de ese aspecto sin afectar la nueva situación jurídica, pues como también se dijo, ello implicaría desconocer la diversa que surgió a virtud de la sentencia definitiva. En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aída Alejandra Solórzano Aviña, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, y por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICACA LA PARTE TERCERO INTERESADA GUILLERMO TAFOLLA MALDONADO LA SENTENCIA DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, por el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho sin número, de fecha cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, acompañando para tal efecto las constancias que lo acreditan. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo en el mismo despacho que se enviará. Atento a lo anterior, se tiene por emplazada a este juicio de amparo al tercero interesado Guillermo Tafolla Maldonado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguense a los autos el oficio que remite el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, por medio del cual pretende devolver un despacho sin número, sin que haya lugar a realizar un pronunciamiento de fondo, en virtud de que el nueve de abril del año en curso, se tuvo por recibido y se proveyó al respecto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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