Aide Villegas Pérez
Expediente 237/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 5 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 05/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Aide Villegas Pérez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo que por vía electrónica promueve********************por sí y en cuanto representante de la menor ******************** contra actos del Juez Primero Familiar con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 237/2019. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado se analizarán de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Por su parte el artículo 107, fracción I, Constitucional, dice: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (...)" En tanto que el artículo 5°, fracción I, párrafo segundo y tercero, de la Ley de Amparo expresan: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. (.)" Asimismo, el artículo 6°, de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Los preceptos constitucionales y legales transcritos, permiten establecer que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5° y 6°, de la Ley de Amparo, estos últimos numerales aplicados en sentido contrario, por las consideraciones legales que enseguida serán expuestas. Interpretadas en sentido contrario dichas disposiciones, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando se advierta que la norma, acto u omisión reclamados no violan los derechos previstos en el artículo 1° de la citada ley y con ello no se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, o cualquier otro acto que se reclame no perjudique a la parte que lo promueve (indirecta); de ahí que al no corroborarse el agravio personal y directo o indirecto, el juicio de amparo sería improcedente. Asimismo, tomando en consideración que la fracción I del artículo 107 Constitucional, y la fracción I, del artículo 5° de la Ley de Amparo exigen que el juicio de amparo se siga siempre a instancia de parte agraviada. Al emplear la expresión "agraviada", alude a que, quien promueve un amparo, lo haga porque ha resentido un agravio, ya sea directo o indirecto. Es importante señalar, que los preceptos invocados, amplían el carácter de parte agraviada, ya que se otorga a: a) Quien aduce ser titular de un derecho; b) Quien aduce tener un interés legítimo individual; o, c) Quien aduce tener un interés colectivo. Ello siempre y cuando el promovente alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por nuestra Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico que reclama (indirecto). Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito XXVII.1o.(VIII Región) J/4, consultable en la página 1807, Libro XIX, tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil trece, materia común, décima época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número II. 2o. 214 K de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 259, Tomo XIV, Septiembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "AMPARO. PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CASO EN QUE NO SE CUMPLE. De acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Luego, si la reclamación del quejoso consiste en que no se citó a juicio a una persona que figuró también como parte demandada; ello no le produce ninguna lesión directa a sus intereses jurídicos, pues obviamente es aquel otro individuo quien debe acudir ante las autoridades jurisdiccionales en defensa de sus derechos y no el quejoso". Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. En ese tenor, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la misma no cuenta con firma, lo que indica una falta de voluntad para promover dicho juicio de amparo por parte de ********************, ello atendiendo al principio de instancia de parte agraviada, con el cual en el presente caso no cumple la quejosa, pues al no haber firmado su escrito de demanda, no puede considerarse que es su voluntad instar ante este Órgano Jurisdiccional para que conozca del juicio de amparo que pretendía promover. Lo que además se corrobora con la anotación realizada por el encargado de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, en la primer hoja del libelo constitucional misma que a la letra dice: "No obra firma". De lo relatado anteriormente, es evidente que el escrito de demanda, es notoriamente improcedente atendiendo a que no cumple con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 5° y 6º, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa ********************, no firma su demanda, lo que evidencia la falta de voluntad de la promovente de amparo, no siendo posible subsanar dicha deficiencia, ni presumir lo contrario. En las anotadas condiciones se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, y 6°de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, estos últimos numerales aplicados a contrario sensu, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Encuentra aplicación al caso, el contenido de la Jurisprudencia Común de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 242775, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que reza: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Asimismo, resulta aplicable, la Tesis visible en la página 314, del Tomo X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso sea señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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