Aida Anegela Carbajal Hernandez
Expediente 1869/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1869/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2016
Partes del expediente
- Aida Anegela Carbajal Hernandez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues como quedó asentado anteriormente, en esta fecha causó estado el auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente al quejoso en términos del auto de doce de diciembre del presente año. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Téngase por recibida la razón de cuenta a través de la cual el actuario de este órgano de control constitucional manifiesta la imposibilidad de notificar a la quejosa Aida Ángela Carbajal Hernández el proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Es aplicable la jurisprudencia visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubor y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario" Atento a lo anterior, como lo prevé el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y en atención a las manifestaciones del fedatario judicial, procédase a realizar la notificación del acuerdo de siete de diciembre anterior, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal por medio de la lista que se fija en el local de este recinto judicial. Notifíquese, al quejoso el proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis, así como la presente determinación en los términos precisados. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe. acuerdo e 07/12/2016.- Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil dieciséis. RADIACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Aida Ángela Carbajal Hernández, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1869/2016-I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicho ordenamiento, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público e interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de referencia. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, de conformidad con lo previsto por el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo en comento. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así las cosas, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; por otro lado, lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En lo conducente tiene aplicación, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 1998, Tomo VII, con el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese orden, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de diez de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 17/2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, la cual fue emitida con motivo del recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintiuno de octubre del año en curso, en el cual no se dio trámite al recurso de queja hecho valer contra el diverso de catorce de octubre anterior, en el que el Juez responsable tuvo por no admitida la demanda incidental de nulidad de actuaciones (notificación de cuatro de octubre de dos mil dieciséis en el cuaderno de pruebas de la parte actora). Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, el cual refiere lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En virtud de ello, se precisa que la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107, fracción V, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; .". De lo transcrito se obtiene que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen tácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio y por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan tales valores. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, por regla general, entre otros supuestos, contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: 1. Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. 2. Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de un sentencia favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En lo conducente, es aplicable, la jurisprudencia 189 visible en la páginas 154, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Sobre lo expuesta, debe estimarse que la resolución interlocutoria de diez de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 17/2014, la cual fue emitida con motivo del recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintiuno de octubre del año en curso, en el cual no se dio trámite al recurso de queja hecho valer contra el diverso de catorce de octubre anterior, en el que el Juez responsable tuvo por no admitida la demanda incidental de nulidad de actuaciones (notificación de cuatro de octubre de dos mil dieciséis en el cuaderno de pruebas de la parte actora), no quebranta en perjuicio de la agraviada, de manera cierta e inmediata, alguno de sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano, es parte, porque el pronunciamiento de mérito, ningún perjuicio irreparable le irroga, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen en el supuesto de que se obtenga determinación favorable, pues tal acto podría constituir una violación a las leyes del procedimiento que, de tener trascendencia a la defensa de la quejosa, puede invocarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva respectiva. Al caso es aplicable, por haber interpretado disposición de contenido similar, la tesis 626, consultable en la página 569 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, registro 918160, con el rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2º.C J/2 (10a.) consultable en la página 1539 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').', sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.', en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, la jurisprudencia publicada con el número 1a./J.94/2008, en la página 256, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 167896, que establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Y la jurisprudencia publicada con el número VI.2o.C.J/11, en la página 1993, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, número de registro 2003448, cuyos rubro y texto son: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, 172, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), constitucional procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Aida Ángela Carbajal Hernández, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México y otras autoridades. DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el quejoso inserto en el proemio de la demanda de amparo. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta y por encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Nelson Reyes Hernández y a Javier Ruiz Robles, y por lo que respecta a Mario Flores Morales, Armando Cruz Cruz, términos restringidos del Sistema de referencia, el primero de éstos por no tener registrada la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema de referencia, lo anterior, hasta en tanto realicen el trámite respectivo ante este Juzgado a efecto de registrar sus cédulas en dicho Sistema y lo informe mediante nueva promoción dirigida a este juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese, y personalmente al quejoso.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual Manuel Muñíz Solórzano en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en cumplimiento al auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, exhibe las credenciales de elector de Marina Mendoza Salcedo y J. Guadalupe Palma Pascasio, a fin de que las firmas que obran en las mismas, se consideren como indubitables para el desahogo de la prueba pericial ofrecida de su parte; asimismo, solicita que una vez que se lleve a cabo el desahogo de dicha probanza, las mismas le sean devueltas por ser necesarias a sus titulares para su identificación. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º, ténganse por hechas sus manifestaciones para los efectos legales procedentes; asimismo, por exhibidas las credenciales de elector a que se ha hecho referencia; debiéndose poner a la vista del perito oficial para el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa. Asimismo, una vez que se lleve a cabo el desahogo de la prueba pericial referida, devuélvanse al promovente de las identificaciones señaladas, debiendo dejar en autos copia certificada de las mismas, así como constancia de su recepción. Por otra parte, visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Delegación Estatal Estado de México, de la Procuraduría General de la República remite la constancia de notificación efectuada al perito oficial Abraham Martínez Valdez de auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y téngase por notificado al perito oficial del auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, vista la comparecencia de mérito de la que se advierte que se recabaron las muestras de escritura necesarias para que el perito oficial Abraham Martínez Valdez estuviera en aptitud de emitir su dictamen pericial solicitado; se concede al experto señalado, el plazo de diez días, para el efecto de que presente el dictamen pericial en materia de documentos cuestionados (grafoscopía y documentoscopía) al tenor del cuestionario formulado en autos, plazo que comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. En el entendido de que para el caso de ser omiso al respecto, se hará efectivo el apercibimiento inserto en el auto de nueve de junio de dos mil dieciséis. En mérito de ello, por conducto del Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de México, hágase del conocimiento del perito oficial Abraham Martínez Valdez, lo determinado en párrafos precedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
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