Aide Araceli Solorio Miranda

Expediente 479/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
479/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
20/06/2016

Partes del expediente

  • Aide Araceli Solorio Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    VIII) Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicio Federales en el Estado de México, acusa recibo del oficio 28307, por el cual se remitieron las constancias descritas en el auto de catorce de los actuales (fojas 58 y 59); por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento inserto en el proveído de referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VIII) Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que la quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra la sentencia de veinticinco de mayo pasado (fojas 36 a 47), en el cual se sobreseyó el presente juicio; por tanto, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la legislación citada por disposición expresa de su artículo 2º, para todos los efectos procedentes, se declara que la misma ha causado estado. En otro orden de ideas, devuélvase al Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 55/2012, enviado al momento de rendir su informe justificado. Se le solicita el acuse de recibo correspondiente. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III), pues se sobreseyó en el presente asunto. 2. El original del incidente suspensión susceptible de depuración (punto vigésimo, inciso II). 3. El duplicado del incidente suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VIII) Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 479/2016-VIII, promovido por Aidé Araceli Solorio Miranda, contra actos del Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Aidé Araceli Solorio Miranda, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el actos que se mencionan a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México." ACTO RECLAMADO "La Sentencia interlocutoria de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que resuelve el recurso de revocación planteado por la suscrita, y que lo resuelve infundado respecto del auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis." SEGUNDO. Derechos humanos invocados. El quejoso señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, se registró con el número 479/2016-VIII, por auto de trece de abril de dos mil dieciséis se admitió a trámite el escrito inicial; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 17 a 20). Cumplido lo anterior, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional respectiva en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito; al reclamarse un acto dictado por un tribunal del orden civil cuya residencia se localiza dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se obtiene que el quejoso reclama la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 55/2012, donde se declara infundado el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa, en contra del proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, a través del cual se requirió a la parte actora para que informara la Notaría Pública que habrá de llevar la escrituración del bien inmueble adjudicado en interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil quince. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 23). A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con el legajo de copias certificadas que la autoridad responsable remitió, consistente en la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 55/2012, el cual obra como anexo; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, de las constancias de autos, valoradas anteriormente, destacan por su importancia los antecedentes siguientes: 1) Fernando López García, por conducto de su endosatario en procuración, demandó a la hoy quejosa Aide Araceli Solorio Miranda, en la vía ejecutiva mercantil, el pago de $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, entre otras prestaciones (fojas 2 a la 8 de las copias certificadas del expediente 55/2012). 2) Por razón de turno, el asunto le correspondió conocerlo al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien en auto de seis de agosto de dos mil doce admitió a trámite el asunto con el número 55/2012 (Ídem). 3) Seguido el juicio en todas sus etapas, en sentencia de veintidós de mayo de dos mil trece se condenó a la demandada al pago de la suerte principal, de intereses moratorios, así como al pago de gastos y costas (fojas 295 a 318 Ídem). 4) En desacuerdo con ese fallo, la demandada promovió el recurso de apelación, mismo que conoció el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuido y, en sentencia de dos de agosto de dos mil trece confirmó la sentencia recurrida (fojas 399 a 434 Ídem). 5) De nuevo, en contra de esa determinación, la demandada interpuso amparo directo, que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual fue sobreseído, como se señaló en el auto de veintisiete de junio de dos mil catorce (foja 491 Ídem). 6) En proveído de veintiséis de junio de dos mil catorce se declaró que la sentencia había causado ejecutoria (foja 513 Ídem). 7) En la etapa de ejecución de sentencia, mediante resolución de dieciséis de febrero de dos mil quince se aprobó la adjudicación directa del bien inmueble embargado dentro de dicho expediente (fojas 616 a 626 Ídem). 8) Por escrito recibido el quince de febrero de dos mil dieciséis, la parte actora solicitó turnar los autos al actuario respectivo a efecto de que se adjudicara el inmueble embargado en el auto de exequendo, y de la misma forma se turnaran los autos para que se emitiera la escritura correspondiente (foja 822 Ídem). 9) En atención a dicha solicitud, en proveído de dieciséis de febrero de este año, se requirió al actor para que dentro del plazo de tres días, informara la Notaría Pública que habría de llevar a cabo la escrituración del bien inmueble adjudicado mediante interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil quince (fojas 883 Ídem). 10) Inconforme con ese auto, la demandada (aquí quejosa), promovió recurso de revocación, el cual se resolvió el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis en los términos siguientes: "ÚNICO. Resulta INFUNDADO el recurso de revocación interpuesto por Aidé Araceli Solorio Miranda, en contra del proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis a través del cual se le requirió a la parte actora informara la Notaría Pública que habrá de llevar la escrituración del bien inmueble adjudicado mediante interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil quince." La determinación anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Conviene establecer que para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. En el caso concreto, en términos de lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107 fracción IV, de la Ley de Amparo vigente aplicado este último en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este Ley." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" En principio, es de puntualizar que la fracción XXIII del artículo 61 de la legislación en cita establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, las cuales pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la Jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Esto es, implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, como la derivada de los criterios jurisprudenciales. Por otra parte, la fracción IV, del artículo 107 de la ley de la materia, establece como presupuesto de procedencia en la vía indirecta, que al impugnarse actos dictados en ejecución de una sentencia, éstos deben tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esta etapa sea reclamable en juicio constitucional. Así, el juicio biinstancial procede únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, es decir, aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente de origen. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 32/2001 consultable en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En esa tesitura, la fracción IV del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal y pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, la intención del legislador es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De tal manera, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan, al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido en la sentencia en que se desapruebe o apruebe, lo que aún no acontece. No se pasa inadvertida la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, de la Novena Época, con registro 162152, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." Del criterio trascrito se advierte, que el juicio de amparo indirecto es excepcionalmente procedente en tratándose de actos de imposible reparación, es decir, que su afectación es de un grado predominante sobre los derechos sustantivos del agraviado y por tal motivo se debe atender de manera inmediata en el juicio de amparo biinstancial. Tal ha sido el criterio mantenido por Nuestro Máximo Tribunal respecto de los actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia, en el sentido que, excepcionalmente procede el juicio de amparo indirecto en dos supuestos, el primero, que se trate de actos autónomos a la ejecución de la sentencia y además que dicha autonomía sea destacada, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; y, el segundo, los actos en ejecución de sentencia, respecto de los cuales procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución, o bien, como ya se expuso anteriormente, cuando la afectación a los derechos del promovente derivada de dichos actos sea directa y de grado predominante. Así las cosas, en el caso a estudio se advierte que lo que el quejoso reclama en la presente instancia no se trata de un acto en ejecución de sentencia ni de un acto tendiente a preparar la ejecución de la misma; por lo tanto, se trata de un acto autónomo. En efecto, se debe analizar si dicha autonomía es de carácter destacado, o bien sólo se trata de una acto autónomo dictado en la etapa de ejecución de sentencia. A criterio de quien aquí resuelve, el acto consistente en la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 55/2012, donde se declara infundado el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa, en contra del proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, no goza de una autonomía destacada que haga procedente el juicio de amparo, pues no se trata de una determinación que se encuentre encaminada a preparar la ejecución de la sentencia ejecutoriada o sea necesaria para lograr la misma, tampoco se trata de una excepción o medio de defensa por el que se pretenda suspender o detener la ejecución en cuestión, pues va encaminado a declarar la nulidad del auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, a través del cual se requirió a la parte actora para que informara la Notaría Pública que habrá de llevar la escrituración del bien inmueble adjudicado en interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil quince, por lo que es dable establecer que únicamente se trata de un acto emitido en la etapa de ejecución de sentencia; asimismo, no se advierte que importe una afectación directa y de grado predominante a los derechos sustantivos del impetrante del amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 53/2009, publicada en la página 198, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, de la Novena Época, con registro 166962, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LA EXCEPCIÓN SUSTANCIAL Y PERENTORIA QUE OPONE EL EJECUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEBE HACERSE VALER EN EL AMPARO QUE SE INTENTE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: 1) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y 2) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), por ser en ésta en la que se materializará el agravio. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria opuesta por el ejecutado en la fase de ejecución de sentencia (como la de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución) es impugnable en el amparo que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, puesto que será hasta dicho momento que se actualice en agravio, si es que el sentido de dicha resolución final es adverso al ejecutado." Así como, la tesis I.3o.C.116 K, publicada en la página 1287 del Tomo XXXIV, correspondiente a agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con registro 161390, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SU PROCEDENCIA TRATÁNDOSE DE ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, AUTÓNOMOS A LA COSA JUZGADA. De conformidad con la tesis P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que por excepción, en tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución, puede admitirse la vía indirecta para actos que de manera directa afecten derechos sustantivos dictados en esa etapa ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Asimismo, de las consideraciones que sustentan la ejecutoria que da origen a ese criterio, se observa que la aplicación, por analogía, que dicha jurisprudencia autoriza, no implica la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, autónomos a la cosa juzgada, la regla general la constituye que el juicio de amparo sólo procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y sólo por excepción se admite la procedencia del amparo biinstancial, cuando se trate de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; entendiéndose como tales de conformidad con la tesis P. LVII/2004, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", que sustenta el mismo órgano, aquellos cuyas consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. Asimismo, procederá amparo indirecto contra las resoluciones que tengan autonomía de la ejecución." Sobre la base expuesta, debe estimarse que la resolución reclamada, no es la última determinación dictada en el procedimiento de ejecución, de acuerdo con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que por última resolución se entiende la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente de origen, y con las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, el acto tildado de inconstitucional no le reviste la característica de ser la última actuación dentro de ese procedimiento (ejecución), pues se encuentra dentro de la fase de cumplimiento de la sentencia, y en todo caso únicamente constituye una violación procesal en la etapa de ejecución; por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones que le hayan dejado sin defensa durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Corolario a lo expuesto, la razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio contenida en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; por ello, también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Aunado, la procedencia o improcedencia del amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Lo anterior expuesto se sustenta en la jurisprudencia por contradicción 28/2010, consultable en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s) Civil, Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 164639, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Y por analogía, la diversa jurisprudencia IX.1o.J.11, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, Agosto de 1993, visible en la página 85, con registro 215193, que al tenor literal establece: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada se la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe que con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." Así como, por identidad de criterio, la jurisprudencia VI.2o.C. J/11 (10a.), publicada en la página 1993 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, de la Décima Época, con registro 2003448, que establece: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley." Y, de igual forma por analogía, la tesis VI.1o.C.51 C (10a.), publicada en la página 1728 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Décima Época, con registro 2006630, que establece: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE. EL AUTO QUE LO DESECHA, NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con el principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, o en ejecución de la sentencia, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales. En esa virtud, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por tanto, el auto que desecha un incidente de nulidad de actuaciones no es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella en la que en forma definitiva se ordenan el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de bienes rematados, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia P.J./108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, del Tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de 2011, Novena Época con número de registro 163152, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Lo anterior no implica una denegación de la justicia o una afectación a los derechos humanos de la impetrante del amparo, pues no es la obligación de este tribunal de amparo tramitar y resolver en el fondo el asunto sometido a su consideración en forma favorable a los intereses de la solicitante, sino que se circunscribe a que a su demanda debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento, a las cuales debe apegarse el accionante de amparo y entre las que se encuentran las causas de improcedencia advertidas en el presente fallo. Es aplicable, la jurisprudencia VII.2o.C.J/23, publicada en la página 921, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2006, Novena Época, con número de registro 174737, que establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, con número de registro 2002537, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Atento al razonamiento vertido en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, conforme al criterio sustentado en la Jurisprudencia 509, publicada en la página 335 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con número de registro 226555, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73 al 76, 123, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Aidé Araceli Solorio Miranda, contra el acto reclamado a las autoridades responsables que quedaron precisadas en el considerando segundo, en términos del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; quien actúa con el Secretario de Juzgado Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VIII) Toluca, Estado de México; seis de mayo de dos mil dieciséis. De la certificación precedente, se evidencia que la quejosa citada, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en el auto de referencia; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense al tercero interesado Fernando López García, la notificación del presente auto y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en este Juzgado Federal, hasta en tanto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad de Toluca, Estado de México. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano