Agustina Ramírez Rico
Expediente 1949/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1949/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/01/2017
Partes del expediente
- Agustina Ramírez Rico
Actuaciones
- Principal
I. Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la quejosa ********************, dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el ocurso de cuenta suscrito por el quejoso Juan Carlos Camacho Contreras, a través del cual desahoga la vista ordenada en auto de veintinueve de noviembre y amplía su demanda de amparo por los actos ahí citados. Ahora bien, ante la incertidumbre de que si efectivamente Juan Carlos Camacho Contreras, en este asunto estampo la firma que calza el escrito de cuenta; se previene al promovente para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, comparezca debidamente identificado a ratificar el contenido y firma del mismo. Por tanto, se reserva acordar lo conducente respecto al contenido del ocurso de cuenta, hasta en tanto se de cumplimiento al requerimiento inserto en el párrafo que antecede; en el entendido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, del Tomo lll, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, de enero-junio de 1989, Octava Época, con número de registro 207437, que establece: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, en consecuencia se le notifica por medio de lista el auto de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, el cual es del tenor siguiente: "Toluca, Estado de México; veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Agustina Ramírez Rico, por derecho propio, contra actos del Primera Sala Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1949/2016-I. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que sustancialmente el acto reclamado a las autoridades responsables se hace consistir en la resolución de siete de diciembre de dos mil dieciséis dictada en el toca de apelación 685/2016, la cual confirma el proveído de siete de octubre del año en curso, emitido en el expediente 1/2016, por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el cual no admitió la prueba de inspección judicial; determinación que no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De conformidad con los numerales transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. Tal Jurisprudencia corresponde a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, y está localizable en la Gaceta de dicho Semanario, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Registro: 2006589, Instancia: Pleno, Página: 39, cuyo rubro y texto establecen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". De acuerdo a lo anterior, resulta incuestionable que el acto reclamado consistente en la dictada en el toca de apelación 685/2016, la cual confirma el proveído de siete de octubre del año en curso, emitido en el expediente 1/2016, por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el cual no admitió la prueba de inspección judicial; se trata de un acto emitido dentro de juicio que no tiene efectos de imposible reparación, debido a que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual a la quejosa, el ejercicio de un derecho, pues únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, dado que sus efectos pueden ser retrotraídos en caso que la afectada, aquí quejosa, obtenga una sentencia favorable al resolverse el juicio de origen; con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que le hubiese causado el acto que ahora reclama; y, de no ser así, el acto que aquí reclama, así como sus consecuencias, pueden ser impugnados mediante el juicio de amparo directo que en su caso, promueva contra la sentencia definitiva que decida dicho juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172 fracción III de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. [.].". "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]". Lo resaltado es propio. En efecto, de la cita que antecede, en la parte que interesa, se aprecia que en los asuntos tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas de l quejosa, trascendiendo al resultado del fallo, entre otras, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o bien, no se admitan; circunstancia que la quejosa, pretende combatir mediante este juicio. Sin embargo, de acuerdo a los preceptos transcritos, ello debe hacerse mediante el amparo directo que en su caso, llegara a promover contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, toda vez que es en dicha sede constitucional donde deberá hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Sirve como criterio orientador por las razones que contiene, la Tesis Aislada II.T.277 L, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, localizable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, Materia(s): Laboral, Página: 1513, Registro: 178364, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL APERCIBIMIENTO QUE REALICE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE AL ORDENAR LA PRÁCTICA DEL COTEJO O COMPULSA, CONSISTENTE EN DECRETAR LA DESERCIÓN DE LA PROBANZA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo dispone que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, enunciando algunos de ellos, entre los que destaca en su fracción II, la documental. A su vez, la sección tercera del capítulo XII, intitulado "De las pruebas", del título catorce de la citada legislación regula las documentales a través de los artículos 795 a 812, en los que se establece como medio de perfeccionamiento, de la prueba documental su cotejo y compulsa, pero no se advierte la existencia de apercibimiento alguno en el sentido de decretar la deserción de esa probanza, ante la imposibilidad de su perfeccionamiento por no encontrarse el documento a cotejar o cualquier razón similar. Consecuentemente, el apercibimiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje de tener por desierta la probanza por no encontrarse el documento a cotejar, carece de fundamento jurídico y, constituye una violación a las leyes del procedimiento, que amerita la protección constitucional si trasciende al resultado del laudo y afecta las defensas del quejoso.". [Lo resaltado no es de origen] En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Autorizados. Se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Gómez Arizmendi y Roberto Gómez Castro toda vez que se encuentren registrados en el Sistema de Registro de Profesionales de Derecho y a la persona restante solo para oír y recibir notificaciones. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la presente demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe."
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