Agustina Montarño Gonzalez
Expediente 1776/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1776/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Agustina Montarño Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.****************************************La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés (foja 120); en consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo este Juzgado Federal procede a realizar el estudio de las constancias que integran el presente juicio para verificar el cumplimiento dado al fallo protector. ... En tales consideraciones, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues tal actuar cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo Notifíquese
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por recibido el oficio de cuenta signado por la apoderada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio suscrito por la autoridad oficiante y con el anexo que adjunta, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibidas que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual remite el juicio de amparo 1776/2022-VII y testimonio de la ejecutoria de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el amparo en revisión 52/2023, en la cual resolvió: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Es infundado el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el director general, el presidente del Comité de Pensiones y el jefe del Departamento de Pensiones, todos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo en contra de la omisión de pago de pensión atribuida al presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando décimo de esta ejecutoria. CUARTO. La justicia de la unión ampara y protege a Agustina Montaño González, en contra de la omisión de pago de la pensión reconocida en el dictamen CP/73541/2021, reclamada al director general y jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos decimoprimero y decimosegundo del presente fallo." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio y testimonio de cuenta para los efectos legales procedentes; realícese el acuse recibo de estilo. Asimismo, glósense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes al presente expediente, toda vez que aquél se encuentra formado, en su mayoría, por copia de las actuaciones originales que fueron devueltas mediante el oficio de cuenta. Ahora, toda vez que en la ejecutoria de amparo el Tribunal Colegiado modificó, sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: "DECIMOSEGUNDO. Efectos. A fin de restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental inobservado, ante el otorgamiento de la protección federal, de conformidad con lo previsto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena a las autoridades responsables director general y jefe del Departamento de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que: I. Dentro del plazo de tres días hábiles acrediten haber efectuado el pago a Agustina Montaño González de las pensiones que la parte quejosa debió recibir desde el momento en que se reconoció su derecho a gozar de dicha prestación, a través del dictamen CP/73541/2021, de quince de octubre de dos mil veintiuno; y, II. Continúen realizando el pago de dicha pensión, de manera oportuna y por el monto reconocido en favor de la quejosa, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. III. En el entendido de que esta ejecutoria se tendrá por cumplida, cuando las autoridades responsables acrediten haber efectuado el pago de las pensiones no cubiertas hasta la fecha en que esto se resuelve y la subsecuente, que de manera ordinaria y periódica debe enterarse en favor de la pensionada quejosa...". En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las autoridades responsables Director General y Jefe del Departamento de Pensiones ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que den cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciban la notificación del presente proveído, lo cual deberá informar dentro del mismo plazo y acompañar las constancias que así lo acrediten. Apercibidas que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se les impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), con número de registro 2007911, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Se precisa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime a las autoridades de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), con número de registro 2007918, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.
- Incidental
Toluca, Estado de México; diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el apoderado legal de las autoridades responsables Director General, Presidente del Comité de Pensiones y Jefe del Departamento de Pensiones todos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a través del cual, comunica la forma en que dieron cumplimiento a la suspensión definitiva concedida y para tal efecto adjunta el comprobante de pago a nombre de la quejosa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y con el informe y constancias anexas dése vista a la parte quejosa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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