Agustin Garista Bueno

Expediente 440/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
440/2017
Año
2017
Actuaciones
23
Última actuación
03/05/2019

Partes del expediente

  • Agustin Garista Bueno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 440/2017, promovido por Agustín Garista Bueno, de lo que se advierte, que a la fecha de este proveído, transcurrió el término de dos años, que se le otorgó al aludido quejoso, en la audiencia incidental de veintiuno de abril de dos mil diecisiete [fojas 34 a 38, incidente de suspensión], para que compareciera ante esta potestad, a solicitar la entrega del billete de depósito N 795975, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por la suma de $900.00 (novecientos pesos 00/100 moneda nacional); exhibido en su oportunidad, para que surtiera efectos la suspensión provisional que se le concedió al peticionario de amparo; sin que a la fecha de este proveído, se haya presentado en este Juzgado Federal, a realizar tal solicitud. Ante tal circunstancia, se hace efectivo el apercibimiento que se le realizó al quejoso, en la audiencia incidental de veintiuno de abril de dos mil diecisiete y, se decreta la prescripción del citado billete de depósito, a favor del Fisco Federal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; por ende, mediante oficio que al efecto se envíe, remítase dicho documento bancario a la Tesorería de la Federación, a fin que lo haga efectivo a favor del Erario Federal. En ese orden, se requiere al Tesorero General de la Federación, para que en el término de diez días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, acuse recibo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que feneció el plazo cinco días para interponer el recurso de reclamación previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, en contra del auto de presidencia de siete de septiembre de dos mil diecisiete en el que se declaró sin materia el recurso de queja hecho valer por el quejoso, por lo tanto el referido auto de presidencia HA CAUSA ESTADO, de lo que esta autoridad ha quedado enterada para los efectos legales a que haya lugar. En esa tesitura, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que este órgano jurisdiccional concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Así mismo, devuélvase a la autoridad responsable 3. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa I-RO de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Oriente perteneciente a la Delegación en la Ciudad de México de la Procuraduría General de la República las constancias que en copia certificada remitió como justificación de su informe rendido en este asunto, y con las que se ordenó formar anexo I; requiriéndole para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el que transcribe el proveído de Presidencia de siete de septiembre de dos mil diecisiete, del que aparece que quedó sin materia el recurso de queja interpuesto por Agustín Garista Bueno, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 26 DE JULIO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el término de quince días que por auto de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (fojas 65 a 67) se otorgó a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa I-RO de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Oriente perteneciente a la Delegación en la Ciudad de México de la Procuraduría General de la República y como acto que le imputa la orden de presentación, cita o comparecencia dictada en su contra, dentro de la averiguación previa AP/PGR/DF/SZS-IV/831/2012. Lo anterior, en virtud de que dicho auto se le notificó por lista el treinta de junio del presente año, surtiendo sus efectos el tres de julio siguiente y, transcurrió del cuatro al veinticuatro de julio del año en curso, descontándose los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de julio actual al ser inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso haya dado cumplimiento con tal requerimiento. En tal sentido, hágase efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintitrés de junio del año en curso, en el sentido de que se tienen únicamente como autoridades responsables a las señaladas en el escrito inicial de demanda y que no se tuvieron por inexistentes, así como actos reclamados los destacados en la referida demanda inicial y, sobre esa base se tramitará y resolverá el presente sumario constitucional. En diverso aspecto, intégrese a los autos el escrito signado por el quejoso Agustín Garista Bueno, mediante el cual señala como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta; y, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alfredo García Ortiz, y para que en su nombre reciba las notificaciones, a Jonathan Vicente Rivas Castro. En tales condiciones, téngase por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Jonathan Vicente Rivas Castro por así haberlo solicitado expresamente; y por lo que respecta a autorizar en términos del citado numeral al licenciado Alfredo García Ortiz, dígasele que debe estarse a lo acordado en proveído de once de abril de dos mil diecisiete (fojas 7 a 10). Así mismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia téngasele ofreciendo como prueba la documental pública consistente en todo lo actuado dentro de la averiguación previa AP/PGR/DF/SZS-IV/831/2012, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. En cuanto a su solicitud en el sentido de autorizar hacer uso de los medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente la misma, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, en cuanto a su manifestación en cumplimiento a la vista otorgada en proveído de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (fojas 65 a 67) relativas a ampliar su demanda de amparo, resérvese de acordar lo que en derecho corresponda, hasta llegada la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional

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