Agustin de Jesus Montoro Hidalgo
Expediente 473/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Agustin de Jesus Montoro Hidalgo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al promovente Agustín de Jesús Montoro Hidalgo, para que dieran cumplimiento al auto preventivo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haberse dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante, por medio del cual, solicita se le informe si ya obra resolución definitiva en el presente sumario constitucional. Al respecto, dígasele que el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente sumario constitucional, la cual, fue recurrida por la autoridad responsable: Director General de Ejecución de Sanciones y Medidas de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla; por auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado Materia Penal del Sexto Circuito, informado que por ejecutoria pronunciada el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del toca penal 249/2019 de su índice, confirmó la sentencia dictada en el presente juicio. Asimismo, por auto de siete de enero de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la sentencia y en auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, quedó firme dicho auto y se ordenó el archivo del presente sumario constitucional. Notifíquese por oficio a la Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica].
- Principal
PUBLICACIÓN DE AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE, EL AUTO DE VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021. Que el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del uno de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda, con la que se dio cuenta, fue presentada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 473/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Ahora bien, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda, si en el caso procede o no, con apoyo en los artículos 112 y 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracciones III y V, todos de la Ley de Amparo y, en términos de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, a continuación se citan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Requiérase a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días siguiente a que quede notificada, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: PRIMERO.- Manifieste si es su voluntad o no señalar como responsable ejecutora a alguna autoridad con residencia en el Estado de Puebla. Lo anterior es así, pues de acuerdo a la jurisprudencia antes transcrita, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material y la parte promovente no realice el señalamiento expreso de que existen autoridades ejecutoras con residencia en el lugar en que se ubica su domicilio, el juzgador de amparo debe prevenirlo para que aclare su demanda y haga el señalamiento correspondiente; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario, el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. En tal sentido, el ocursante deberá señalar con claridad y precisión si es su voluntad o no señalar como autoridad responsable ejecutora a alguna con residencia en la jurisdicción de este órgano de amparo y el acto o actos que les atribuye, debiendo formular en su caso los conceptos de violación que estime convenientes. SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad, precise la fecha exacta en que tuvo conocimiento de las ordenes privativas de libertad que reclama. Lo anterior es así, pues del contenido integral de la demanda de amparo, se aprecia que el promovente de amparo, fue omiso al indicar la fecha exacta en que tuvo conocimiento de las ordenes privativas de libertad que combate en la presente contienda constitucional. En tales condiciones, deberá precisar la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto reclamado que combate en esta vía, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia; máxime que, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, se impondrá una pena de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días, para la quejosa, su abogado autorizado o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. La anterior cuestión, resulta indispensable aclarar para proveer conforme a derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Esto es así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, pues es obligación de la parte inconforme manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que subsane las irregularidades ya precisadas, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe al promovente que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el punto primero de la presente prevención y en el término indicado (cinco días), se entenderá que no hay ejecución en el Estado de Puebla y se determinará lo procedente respecto a la competencia legal del suscrito Juez Federal. Se apercibe al promovente que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el punto segundo de la presente prevención y en el término indicado (cinco días), se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. También signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Cesar Oscar Reyes Mora y Gilberto Pereda Zúñiga, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Y, se tienen por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Christian Rodríguez León y Roberto Campos Hernández, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMENTE.
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