Agustin Lopez Romero
Expediente 957/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Agustin Lopez Romero
Actuaciones
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y las constancias que obran en autos, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Agustín López Romero, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III. NOMBRE Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se constituye así en carácter de autoridad omisa el CIUDADANO JUEZ DEL JUZGADO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, con domicilio ubicado en Catorce Poniente, Mil Trescientos Dieciocho, esquina Quince Norte, Col. Centro San Pedro Cholula, Puebla. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. Le reclamo al ciudadano JUEZ DEL JUZGADO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, la OMISIÓN de respuesta ante mi ocurso presentado ante dicha autoridad desde el día veinte de Junio del año dos mil diecisiete." En ese sentido, la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, al rendir su informe justificado (foja 22), negó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso el veinte de junio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 408/2011 de su índice (en el cual tiene el carácter de agraviado), mediante el que le solicitó copias certificadas del mencionado expediente; pues refirió que el veintiuno de junio del año en curso acordó la petición controvertida, y el veintisiete de junio siguiente le notificó el acuerdo de mérito. Lo anterior, se corrobora con copias certificadas de diversas constancias que obran en el proceso 408/2011 del índice de la responsable (fojas 23 a 33), que tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se advierte lo siguiente: 1. Por auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, el juez responsable acordó la petición controvertida en este juicio, en los términos siguientes: "(.) Agréguese a sus autos lo de cuenta para que surta sus efectos legales procedentes, visto el contenido del escrito del agraviado AGUSTÍN LÓPEZ ROMERO con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que los autos originales fueron remitidos a la autoridad federal." (foja 24). 2. El veintisiete de junio de dos mil diecisiete, se notificó mediante instructivo al demandante constitucional el acuerdo indicado en el punto que antecede (foja 24 vuelta). En tales condiciones, se evidencia la inexistencia del acto reclamado, ya que la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, con posterioridad a la notificación del acuerdo de mérito, esto es, hasta el veintidós de agosto de dos mil diecisiete; por tanto, en esa fecha ya no existía la omisión reclamada. En consecuencia, se impone sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De igual forma, tiene aplicación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cabe indicar que la causal sobreseimiento invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se soslaya la existencia de la tesis jurisprudencial 49/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, pendiente de publicación, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Sin embargo, en el caso no se estima aplicable, dado que el hecho de que medie el plazo de ocho días entre la fecha en que se puso a la vista el informe justificado y la diversa señalada para la celebración de la audiencia que antecede, en nada cambiaría el sentido del fallo, pues como ya se dijo, el motivo de sobreseimiento en el presente juicio (inexistencia de la omisión reclamada a la fecha de la presentación de la demanda de amparo), de ninguna manera podría ser desvirtuado con prueba alguna que pudieran rendir las partes, incluso celebrando la audiencia constitucional. Esto es, el quejoso no podría demostrar que el acto reclamado en esta instancia sí existe, pues con las documentales que exhibió la responsable quedó acreditado que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada ya no existía. Finalmente, no pasa inadvertido para la suscrita jueza Federal que no se ordenó el emplazamiento de los sentenciados en la causa penal de origen, en su carácter de terceros interesados; sin embargo, tomando en consideración el sentido de este auto, no resulta necesario que obre en el expediente la mencionada constancia de emplazamiento, por no irrogarle algún perjuicio a dicha parte procesal; además, de esperar su llamamiento a juicio, en nada cambiaría el sentido de la sentencia, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos rubro y texto, son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y las constancias que obran en autos, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Agustín López Romero, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III. NOMBRE Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se constituye así en carácter de autoridad omisa el CIUDADANO JUEZ DEL JUZGADO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, con domicilio ubicado en Catorce Poniente, Mil Trescientos Dieciocho, esquina Quince Norte, Col. Centro San Pedro Cholula, Puebla. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. Le reclamo al ciudadano JUEZ DEL JUZGADO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, la OMISIÓN de respuesta ante mi ocurso presentado ante dicha autoridad desde el día veinte de Junio del año dos mil diecisiete." En ese sentido, la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, al rendir su informe justificado (foja 22), negó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso el veinte de junio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 408/2011 de su índice (en el cual tiene el carácter de agraviado), mediante el que le solicitó copias certificadas del mencionado expediente; pues refirió que el veintiuno de junio del año en curso acordó la petición controvertida, y el veintisiete de junio siguiente le notificó el acuerdo de mérito. Lo anterior, se corrobora con copias certificadas de diversas constancias que obran en el proceso 408/2011 del índice de la responsable (fojas 23 a 33), que tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se advierte lo siguiente: 1. Por auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, el juez responsable acordó la petición controvertida en este juicio, en los términos siguientes: "(.) Agréguese a sus autos lo de cuenta para que surta sus efectos legales procedentes, visto el contenido del escrito del agraviado AGUSTÍN LÓPEZ ROMERO con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que los autos originales fueron remitidos a la autoridad federal." (foja 24). 2. El veintisiete de junio de dos mil diecisiete, se notificó mediante instructivo al demandante constitucional el acuerdo indicado en el punto que antecede (foja 24 vuelta). En tales condiciones, se evidencia la inexistencia del acto reclamado, ya que la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, con posterioridad a la notificación del acuerdo de mérito, esto es, hasta el veintidós de agosto de dos mil diecisiete; por tanto, en esa fecha ya no existía la omisión reclamada. En consecuencia, se impone sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De igual forma, tiene aplicación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cabe indicar que la causal sobreseimiento invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se soslaya la existencia de la tesis jurisprudencial 49/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, pendiente de publicación, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Sin embargo, en el caso no se estima aplicable, dado que el hecho de que medie el plazo de ocho días entre la fecha en que se puso a la vista el informe justificado y la diversa señalada para la celebración de la audiencia que antecede, en nada cambiaría el sentido del fallo, pues como ya se dijo, el motivo de sobreseimiento en el presente juicio (inexistencia de la omisión reclamada a la fecha de la presentación de la demanda de amparo), de ninguna manera podría ser desvirtuado con prueba alguna que pudieran rendir las partes, incluso celebrando la audiencia constitucional. Esto es, el quejoso no podría demostrar que el acto reclamado en esta instancia sí existe, pues con las documentales que exhibió la responsable quedó acreditado que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada ya no existía. Finalmente, no pasa inadvertido para la suscrita jueza Federal que no se ordenó el emplazamiento de los sentenciados en la causa penal de origen, en su carácter de terceros interesados; sin embargo, tomando en consideración el sentido de este auto, no resulta necesario que obre en el expediente la mencionada constancia de emplazamiento, por no irrogarle algún perjuicio a dicha parte procesal; además, de esperar su llamamiento a juicio, en nada cambiaría el sentido de la sentencia, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos rubro y texto, son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el citado numeral 117 de la indicada Ley, en relación directa con el diverso 119 de la misma legislación, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como prueba la documental que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Resérvese acordar lo conducente respecto al emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto, se resuelva el juicio de amparo en que se actúa.
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