Agustin Hernandez Alvarez

Expediente 351/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
351/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Agustin Hernandez Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Agustín Hernández Álvarez, a través del cual manifiesta dar cumplimiento a la prevención de cinco de abril del año en curso; al respecto, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo al actualizarse una causal de improcedencia, por lo que deberá estarse a lo acordado en auto de veinte del mes y año en curso. Notifíquese electrónicamente al quejoso, por conducto de sus autorizados procesales en el usuario proporcionado...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Agustín Hernández Álvarez, por medio del cual en cumplimiento a la prevención formulada en auto de cinco de abril de dos mil veintidós, desahoga la prevención que le fue formulada en términos de los artículos 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se provee: Téngase a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento preventivo formulado el cinco de abril de dos mil veintidós, y manifestando, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Como se indicó, de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que el promovente Agustín Hernández Álvarez reclama a la autoridad responsable 1. Gabriel Pérez Rocha Pérez, Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, y otra autoridad: - El acuerdo dictado el primero de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 399/2021, en el cual la responsable ordenadora acordó que no favorable la petición de persistencia de nombramiento de la defensa particular, licenciado Fredy Odilón de los Santos, que el nueve de enero de dos mil veintidós se declaró el abandono de la defensa, al no presentarse a la audiencia pese a estar debidamente notificado, sin embargo, que tenía derecho a nombrar otro abogado de su elección. De lo anterior, se traduce que la parte quejosa reclama actos llevados dentro de un procedimiento penal. En efecto, respecto del citado acto reclamado, este Juzgador Federal advierte que en la especie se actualiza el motivo de improcedencia contenido en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" De la interpretación del precepto transcrito, se desprende que de acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, para estar en aptitud de ocurrir a promover el juicio de amparo, los particulares deben agotar primero el medio de defensa que prevé la ley ordinaria a efecto de lograr con ello modificar, revocar o nulificar el acto tildado de ilegal. Ello tiene como sustento el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y que sólo puede ser accionado cuando el particular haya sufrido un agravio personal y directo en sus garantías individuales, con lo que se logra evitar que cualquier apreciación subjetiva sea considerada violación de garantías. Es decir, del texto de la fracción transcrita se llega al conocimiento que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. En ese contexto, los medios ordinarios de defensa se encuentran instituidos en la legislación ordinaria para que el afectado los haga valer conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, ya que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito suplantaría las facultades de aquélla. Resulta aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia P./J. 17/2003 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad." En efecto, contra dicha determinación resulta procedente el recurso de revocación a que se refiere en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales; dispositivo legal que establece lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." El precepto legal transcrito, por una parte establece las fases procesales en las cuales procede el recurso de revocación (en cualquier etapa del procedimiento en donde interviene la autoridad judicial), y por otro lado, precisa las características que deben revestir las resoluciones susceptibles de ser recurridas mediante dicho medio de impugnación (de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación). Por lo que hace a las fases procesales de procedencia del recurso vertical de mérito, debe decirse que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indica que el procedimiento penal inicia con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación; en cambio, el proceso penal da inicio con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme. Respecto a la intervención de la autoridad judicial, cabe destacar que conforme al artículo 3°, fracción VII, del código adjetivo de la materia, el juez de control es el órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio. En cuanto a las características que deben revestir las resoluciones revocables, debe tenerse presente que por cuestiones de mero trámite deben entenderse todas aquellas determinaciones en las que no se puedan esbozar consideraciones que impliquen analizar cuestiones de fondo del asunto o su estudio concienzudo, propio de una resolución y no de un acuerdo. Mientras que la expresión "sin sustanciación" se refiere aquellas resoluciones emitidas de plano; es decir, sin agotar una tramitación especial. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." En consecuencia, las resoluciones a las que hace referencia el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aparte de constituir cuestiones de mero trámite (ajenas al fondo), deben ser emitidas de plano, sin agotar previamente un procedimiento específico. Bajo ese contexto, una vez analizada la determinación impugnada, resulta evidente que ésta cuenta con los requisitos enlistados con antelación para que en su contra proceda el recurso de revocación. Así, se aprecia que la resolución que en esta vía se combate es de aquellas consideradas como de mero trámite, pues, no analizó cuestiones del fondo del asunto ni realizó un estudio respecto del fondo del asunto. De ahí que, es posible afirmar que se emitió sin sustanciación, dado que el Juez responsable en el acuerdo dictado el primero de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 399/2021, en el cual la responsable ordenadora proveyó que era no favorable la petición de persistencia de nombramiento de la defensa particular, licenciado Fredy Odilón de los Santos, que el nueve de enero de dos mil veintidós se declaró el abandono de la defensa, al no presentarse a la audiencia pese a estar debidamente notificado, sin embargo, que tenía derecho a nombrar otro abogado de su elección. En ese contexto, si del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa no interpuso el recurso de revocación que prevé el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de la determinación reclamada, resulta incuestionable que el presente juicio constitucional deviene improcedente. Este juzgador destaca que en el caso, no se actualiza ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, resulta evidente que la determinación reclamada no constituye un auto de vinculación a proceso, una orden de aprehensión o reaprehensión, un auto que establezca providencias precautorias o que imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Máxime que dicho auto, no causa de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva que no afecta de manera material ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría reclamarla con motivo del dictado de otros actos en los que se analice su trascendencia. Por tanto, sólo mediante su revisión en alzada, o bien, en el amparo directo, puede realmente determinarse de manera cierta si la actuación del juzgador amerita la reposición procedimental, pues la circunstancia que no acuerde favorable la petición del nombramiento del defensor particular, constituye una violación a las normas del procedimiento penal prevista en el artículo 173, aparado B, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que afecta el derecho de defensa, ya que conforme a éste, es obligación del Estado garantizar que toda persona sujeta a un proceso penal pueda enterarse, por sí o por su defensor, de cada una de las actuaciones en las que interviene como parte, la naturaleza, el alcance de su participación y su finalidad, para que, con previo y pleno conocimiento de su actuación, se conduzca de la manera que crea adecuada en defensa de sus intereses y no esté ante una desigualdad procesal por carecer del asesoramiento legal necesario y le pueda crear incertidumbre sobre su situación jurídica; además, el derecho constitucional de referencia, no constituye una mera formalidad sino la verdadera actuación diligente del Estado con el fin de proteger las garantías procesales del inculpado y evitar que sus derechos se vean lesionados. Sirve de apoyo a lo anterior, lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 669/2015, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL." En la cual se estableció, como regla general, que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, consiste exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Así como, la diversa tesis aislada 1a. CII/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes: "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. PARA DETERMINAR SI HUBO VIOLACIÓN A ESTE DERECHO, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE VALORAR SI LAS FALLAS O DEFICIENCIAS DE LA DEFENSA AFECTARON DIRECTAMENTE EL SENTIDO DEL FALLO RECLAMADO. El órgano jurisdiccional correspondiente, pero sobre todo el que conoce del juicio de amparo directo, debe evaluar si la falta de defensa en su aspecto material impactó o no en el sentido del fallo reclamado, al ser posible que, a pesar de la existencia de fallas u omisiones evidentes y graves en la defensa, se absolviera al acusado del delito imputado. Lo anterior permite sostener que el criterio para definir si existió o no violación al derecho a contar con una defensa adecuada en su vertiente material, debe analizarse y evaluarse tomando en consideración caso por caso, pues el ámbito de protección de ese derecho no consiste en examinar de forma aislada una actuación o el contenido de una diligencia en particular, sino el juicio en su conjunto, tal como sucede cuando se evalúa de manera general si se vulneró el derecho del imputado a tener un juicio justo, por lo que ha de estudiarse el caso entendido como un todo. Así, la vulneración al derecho mencionado sólo es determinable a partir de la evaluación de un conjunto de circunstancias que rodean al caso concreto, siendo ésta la única forma de medir las verdaderas consecuencias jurídicas de una afectación de esta magnitud, con la limitante de evitar que la evaluación del caso vulnere otros derechos, como son el de pronta y oportuna impartición de justicia, o bien, la afectación indiscriminada a los derechos de la contraria." Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SU IMPROCEDENCIA. Notifíquese electrónicamente al quejoso, por conducto de sus autorizados procesales en el usuario proporcionado.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito electrónico signado Fredy Odilón Rivera de los Santos, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, visto su contenido, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha su promoción por notoriamente improcedente. Lo anterior es así, pues del análisis del escrito de cuenta se advierte que el mismo carece de firma electrónica del quejoso Agustín Hernández Álvarez, por lo que resulta inconcuso que dicha persona no expresó su voluntad para desahogar la prevención de demanda (pese que al parecer plasmó su firma autógrafa en el ocurso de cuenta; sin embargo, el mismo fue presentado de manera electrónica, por lo que la firma original autógrafa, no obra en el escrito de cuenta); pues en su lugar, contiene la de una de diversa persona (autorizado en términos amplios), por lo que no se satisface el requisito de instancia de parte agraviada, pues la identidad de la persona que signó el escrito de desahogo de la prevención, no corresponde a la del quejoso. Atendiendo a lo anterior, el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que el quejoso podrá autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para imponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero ni mucho menos promover la demanda o ampliarla, pues dicho numeral efectivamente les confiere autorización para que realicen cualquier acto que sea necesario para la defensa del quejoso, pero tal actuación debe ser congruente con el principio de instancia de parte agraviada. Por lo que, tomando en consideración que el escrito de cuenta, con el cual pretendió desahogar la prevención que se le hizo mediante proveído de cinco de abril pasado, fue presentado "en línea", el trece de abril de dos mil veintidós (día inhábil), por lo que se tiene como presentado ante este órgano jurisdiccional el dieciocho de los corrientes (último día para desahogar la prevención formulada), toda vez que el referido auto de cinco de abril, se le notificó electrónicamente el seis de abril pasado, surtiendo efectos en la misma fecha en que se practicó, por lo que debe decirse que del plazo concedido en auto de cinco de abril pasado, aún cuenta con un día para desahogar la prevención de mérito, a partir de la notificación de este auto. En la inteligencia que de no desahogar íntegramente la prevención, se hará efectivo el apercibimiento con el que se le previno en auto de cinco de abril del año en curso. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese electrónicamente al quejoso, por conducto de sus autorizados procesales en el usuario proporcionado.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2022. Que el Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al uno de mayo de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. También se aprecia que la demanda, con la que se dio cuenta, fue presentada el uno de abril de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 351/2022 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Agustín Hernández Álvarez, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Bajo protesta de decir verdad, precise la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Ello es así, pues del contenido integral de la demanda de amparo, se aprecia que el promovente de amparo, fue omiso en indicar desde qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, pues únicamente refirió que reclama el acuerdo dictado en auto de primero de marzo del año en curso; sin embargo, omitió la fecha en que el referido auto se le notificó, lo que hace que el escrito de demanda sea obscuro e impreciso. En consecuencia, el quejoso deberá precisar la fecha en que le fue notificado el acuerdo reclamado; resultando indispensable aclarar para proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." SEGUNDO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, de qué trató la audiencia señalada para el uno de marzo de dos mil veintidós, en la cual la autoridad responsable emitió el acuerdo que reclama en esta instancia constitucional. Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa fue omisa en especificar de qué trataba la audiencia de uno de marzo del año en curso, pues no pasa inadvertido para el suscrito juzgador, que el impetrante indicó que la declaración de abandono de su defensa particular se llevó a cabo el nueve de enero de dos mil veintidós, fecha en que tendría verificativo la audiencia de formulación de imputación; sin embargo, el nueve de febrero siguiente se señaló audiencia para formulación de imputación, y por cuestiones de salud su defensor particular le comunicó que no podría acudir a la audiencia y que presentaría una solicitud de diferimiento; siendo que en la misma data se aperturó audiencia, y la autoridad aquí responsable declaró no viable la solicitud de la parte quejosa en el sentido de nombrar a su defensor particular. Esto es así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, pues es obligación de la parte inconforme manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia. Hágase del conocimiento del promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones electrónicas el Portal del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico que proporciona como medio para recibir notificaciones, al no encontrarse previsto en la Ley de Amparo; sin embargo, téngase el correo electrónico, únicamente para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por ese medio y solo en casos excepcionales. AUTORIZADOS. Se tiene(n) como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Fredy Odilón Rivera de los Santos, designado(s), atento a que de los datos proporcionados acredita(n) encontrarse legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciado(s) en derecho o abogado(s). Y, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las restantes personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que Fredy Odilón Rivera de los Santos, es titular del usuario "fredyrivera47", el cual se encuentra vigente; se concede a la antes mencionada, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de dicho usuario, por así haberlo solicitado expresamente, y se ordena que se le realicen las notificaciones vía electrónica a través del mismo usuario. Signifíquese a la parte autorizada para consultar el expediente electrónico que, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un Expediente electrónico o carpeta digital, deberá informar a la Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal (DGTI) a través del vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas". En caso de que no resulte posible por esta vía, se dará el aviso respectivo a través de los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal, para los efectos precisados en dicho artículo. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique electrónicamente al quejoso, por conducto de su autorizado, el presente auto, para lo cual, el funcionario deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 2, fracción III, y 23 del Acuerdo General 21/2020. No ha lugar a ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro de Reinserción Social de la ciudad de Tehuacán, Puebla-, pues si bien en el proemio de la demanda de amparo no se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto -Centro de Reinserción Social de la ciudad de Tehuacán, Puebla-, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que el personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986)." DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese electrónicamente al quejoso, por conducto de sus autorizados procesales en el usuario proporcionado; y, por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" de la adscripción.

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