Adriana Morante Lopez
Expediente 389/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adriana Morante Lopez
- ADRIANA MORANTE LOPEZ y Otros.
- Virginia del Carmen Freyre Pulido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el contenido del oficio JOPTEH/1347/2021, signado por el Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, téngasele acusando recibo del diverso comunicado 438 de este índice, mediante el cual se le devolvieron las documentales que remitió como justificación de su informe; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. No es obstáculo para lo determinado, que no obren en autos los acuses de recibo de los oficios por los cuales se ordenó la notificación de la referida resolución a las autoridades responsables 2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que carecen de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Lo anterior, tiene sustento en la tesis LIV/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO.". Por su parte, el artículo 87 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación." "Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional." De la porción legislativa reproducida, se evidencia que el legislador consagró una regulación sobre la facultad de las autoridades responsables para recurrir las resoluciones, tratándose de amparos indirectos, al disponer como regla general, que sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado, y que tratándose de amparos contra normas generales, como regla específica, los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación podrán interponer, en todo caso, tal recurso. Igualmente tratándose de autoridades judiciales o jurisdiccionales estas carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Así, las autoridades responsables, aun cuando en términos del numeral 5°, fracción II, de la legislación de la materia, son parte en el juicio de amparo, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, cuando la resolución que pretendan impugnar no afecte directamente el acto que de ellas se hubiere reclamado; pero, tratándose de amparos contra leyes, solo los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación, podrán interponer, en todo caso, tal recurso. Reglas de procedencia del recurso de revisión en amparo indirecto, que conllevan a la conclusión que cuando la sentencia impugnada no afecte directamente al acto determinado atribuible a las autoridades recurrentes, o bien, tratándose de amparos contra leyes no asista a estas últimas la facultad de promulgación o actúen en representación de éstas en los términos de ley, el medio de inconformidad intentado será improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/51, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo rubro dice: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA CUANDO SÓLO SE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS ORDENADORAS.". En el caso, en la sentencia recurrida se sobreseyó en el juicio, por los motivos que se expusieron en dicha resolución, respecto de los actos reclamados a la totalidad de las autoridades responsables. Por tanto, ningún agravio ocasiona a dichas autoridades responsables, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no podría producir agravio alguno a éstas. De ahí que, no se encuentran legitimadas para -eventualmente- interponer recurso de revisión, conforme lo disponen los artículos 81 y 87 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Por otra parte, al estar este expediente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la media cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de transcurridos tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable 1. Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, consistente en copia certificada deducida de la carpeta judicial administrativa 248/2020/TEHUACÁN (anexo I), así como los registros de audio y video generados con las audiencias celebradas en esa causa penal, contenidos en dos discos versátiles digitales (fojas 246 y 299), devuélvanse a la autoridad en cita previa desglose de los discos y foja de sustitución que se inserte en autos; y se le requiere para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por lista a la tercera interesada; y, mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, así como a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veinte. Intégrese a los autos únicamente para que obre como corresponda el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio H-13-2, mediante el cual se requirió al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en representación el Presidente de la República Mexicana, rindiera su informe con justificación en este asunto, sin que resulte necesario realizar mayor proveído, en razón de que en auto de nueve de noviembre de esta anualidad, se tuvo por recibido el informe respectivo, y el veintisiete de noviembre de esta anualidad se dictó sentencia en este asunto. Cúmplase.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 389/2020-H, promovido por Joseba Imanol Pujana Cano, asesor jurídico de Virginia del Carmen Freyre Pulido, en su carácter de víctima indirecta (madre del occiso Arturo Senftleben Freyre) en los términos y por las razones expuestas en los considerandos tercero, apartado I y cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por lista a la tercera interesada; y, mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, así como a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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