Adriana Huitzil Mani

Expediente 277/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
277/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • Adriana Huitzil Mani

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días concedido a la promovente Adriana Huitzil Mani, para que cumpliera con el requerimiento preventivo que se le formuló el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a la parte promovente en dicho acuerdo y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días concedido a la promovente Adriana Huitzil Mani, para que cumpliera con el requerimiento preventivo que se le formuló el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a la parte promovente en dicho acuerdo y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

  3. Principal

    PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. -Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 20/2021; -Que el Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al uno de mayo de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria; Que la demanda, con la que se dio cuenta, fue presentada el quince de marzo de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 277/2022, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Precise de forma concisa y sucinta el(los) acto(s) que reclama en el presente controvertido constitucional; lo anterior es así, pues en el capítulo de acto reclamado manifiesta lo siguiente: "(.) ACTOS RECLAMADOS DE LA AUTORIDAD MENCIONADA RECLAMO: La dilación en la impartición de la justicia." Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, la aquí promovente, manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "Hago de su conocimiento que la quejosa está sujeta a un proceso penal, mismo que se radico en el Juzgado Municipal de lo penal de San Andrés Cholula, lo anterior por el delito de lesiones a título de culpa, bajo el número de proceso 98/2008, así mismo manifiesto que me encuentro llevando a cabo el proceso en libertad, firmando de manera periódica en juzgado de primera instancia, lo anterior para garantizar que no me voy a Sustraer de la acción de la justicia. Es el caso que en el proceso mencionado con anterioridad el Juez de primera instancia dicto sentencia en donde absolvió a la suscrita del delito que se me acusa en dicho proceso, sin embargo, dicha resolución no favoreció del todo a la suscrita, motivo por el cual sin recordar la fecha exacta en el año dos mil trece promoví recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Juzgador de primera instancia, apelación que se radico en el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Cholula, bajo el número de toca 7/2013, toca de apelación que de igual manera ya fue resuelto, sin embargo, La autoridades señaladas como responsables han sido omisas, ya que el proceso al que me encuentro sujeta aún sigue vigente, ya que a la fecha aún tengo la obligación de ir a estar firmando de manera periódica al juzgado de primera instancia, pese a qué dicho proceso penal ya fue resuelto. Es el caso que la suscrita he ido en diversas ocasiones al juzgado de primera instancia y la autoridad responsable me dice que tengo que seguir yendo a firmar, ya que la sentencia de primera instancia aun rió queda firme y si dejo de ir a firmar se librara una orden de aprehensión en mi contra, así mismo he acudido al juzgado de segunda instancia y la autoridad responsable de dicho juzgado me hace mención de que ya le remitió a la autoridad de primera instancia la resolución que esta emitió para los efectos legales a los que haya lugar, sin embargo la autoridad de segunda instancia no cuenta con constancia que acredite lo antes mencionado, razón por la cual las autoridades responsables me hacen estar yendo constantemente a sus instalaciones sin que estas resuelvan algo." De las anteriores transcripciones, se desprende que la promovente es ambigua en precisar de forma concisa y sucinta el(los) acto(s) reclamado(s) que combate en el presente sumario constitucional, lo anterior es así, pues en el apartado de antecedentes del acto reclamado refiere medularmente lo siguiente: - Que el Juez Municipal Penal de San Andrés Cholula, Puebla, dictó sentencia en el proceso penal 98/2008, mismo que se sigue en contra de la aquí promovente por el delito de lesiones a título de culpa. - Inconforme con dicha resolución, la peticionaria de amparo interpuso recurso de apelación, quien conoció el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, radicando dicho recurso bajo el número de toca penal 7/2013, en el cual dicha autoridad ya resolvió el medio de impugnación propuesto. Por lo que, la aquí amparista es ambigua en precisar de forma clara y sucinta las omisiones en las que incurrieron las autoridades señaladas como responsables. La prevención destacada obedece de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el (los) acto(s) reclamado(s) a la autoridad, debe señalarse con claridad y precisión, ya que este órgano de amparo no puede presumirlo, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales. En efecto, es necesario tener plenamente identificado el acto reclamado y sus antecedentes para la debida integración de la litis constitucional, pues constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También es de destacarse que la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones IV y V (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame y narrarse los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados y su antecedentes, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. SEGUNDO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, si reclama del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, la resolución dictada en el toca penal 7/2013. De ser afirmativo lo anterior, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución dictada por dicho Juez, así como deberá trascribir los puntos resolutivos de la misma. Lo anterior es así, pues de las transcripciones realizadas en párrafos precedentes se advierte que la quejosa interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Juez Municipal Penal de San Andrés Cholula, Puebla, dictada en el proceso penal 98/2008, quien conoció el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, radicando dicho recurso bajo el número de toca penal 7/2013, Por tanto, ya que esta autoridad no puede presumir tal tópico, por lo que procede realizar la aclaración correspondiente, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la parte quejosa en su demanda de amparo, debe precisar el acto u omisión que de cada autoridad se reclame; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deberá requerir a la parte promovente que aclare la demanda de amparo, cuando hubiere alguna irregularidad. Aunado a que de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción III, en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o los actos reclamados, lo anterior a fin de que queden definidos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADO. Se tiene(n) como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a José Víctor Morales Rodríguez, designado(s), atento a que del dato proporcionado acredita(n) encontrarse legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado(s). Y, se tiene por autorizado con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere en su libelo de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE

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