Adriana Sarabia Miron
Expediente 207/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 23 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adriana Sarabia Miron
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** por propio derecho, contra actos de las autoridades responsables 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 207/2017-D. Así, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa ******************** reclama las órdenes de aprehensión, comparecencia y presentación decretadas en su contra, así como su ejecución, por parte de las autoridades responsables, entre las que se encuentran los Jueces Primero y Segundo, de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla; Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, motivo por el cual este órgano de control constitucional determina que carece de legal competencia para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se expresan. En primer lugar, resulta conveniente transcribir los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo que disponen: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. El primero de los artículos transcritos establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, pues precisa que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada cuando ésta no requiera ejecución material; última regla que también se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Y, el artículo 38, determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Circuito a que pertenezca dicho Juez. En ese sentido, atendiendo a este último artículo en comento que establece expresamente quién será competente si el juicio de garantías se promueve en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia o no especializado de un determinado ámbito territorial, ya sea de un Distrito o de un Circuito; supuesto que se actualiza en el caso a estudio, pues el promovente señaló a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla que integran el Sexto Circuito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 44/2001 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." La cual sustenta que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un Distrito o Circuito es el más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. Por tanto, si en el caso todos los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito fueron señalados como autoridades responsables, entre ellos, la suscrita Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de garantías el Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Tlaxcala, al ser el más próximo a la residencia de los Jueces de Distrito que integran el Sexto Circuito. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo y por la jurisprudencia que ha quedado trascrita, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Tlaxcala. Lo anterior, de conformidad con el Punto Cuarto fracción XXVIII del citado Acuerdo General 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito, que establece: XXVIII.- VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. Por otro lado, como los actos reclamados son las órdenes de aprehensión, comparecencia y presentación decretadas en su contra, así como su ejecución, las cuales en su caso se giraron dentro de un procedimiento penal, no se está en alguna de las hipótesis del artículo 48 de la Ley de Amparo, por lo que no es el caso de pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado; en tal virtud, en cumplimiento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo que dispone que en los casos de notoria incompetencia del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, la remitirá sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues aunque la quejosa los cita, lo cierto es que las órdenes de captura reclamadas no resultan ser actos de esa naturaleza. En esas condiciones, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa (integrado con la papeleta de turno, el escrito de demanda y el presente acuerdo que recayó a la demanda de amparo en comento), así como las treinta y ocho copias simples que de la misma exhibió la parte quejosa, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno. Se solicita al Juez de Distrito al que competa recibir la demanda de amparo y sus anexos, se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otro lado, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerla señalando domicilio en esta ciudad para oír notificaciones y, en esas condiciones, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley en cita, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis aislada número XXII.1°.22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. Téngase a la parte quejosa autorizado con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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