Adriana Osorio Merino
Expediente 724/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 27 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adriana Osorio Merino
- Juez de Control de la Región Judicial Oriente Con Sede En Ciudad Serdán, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Intégrese a los autos para que obre como corresponda el oficio JOPS/450/2022 signado por la jueza de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Liszet del Carmen Fuentes Trueba, visto su contenido, téngase a la autoridad oficiante acusando recibo del oficio 217 de este índice con el que entre otras cosas se ordenó devolver la documental, consistente en copia certificada de la carpeta judicial administrativa 13/2020/SERDAN, de su índice (con las que se ordenó formar los anexos II y III), así como el registro de audio y video generado con la audiencia celebrada el veintidós de mayo de dos mil veinte, contenida en un disco versátil digital (que obraba a foja 125), de lo que esta potestad federal queda enterada. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 266/2022 signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, devuelve el expediente de amparo 724/2021 en que se actúa, tres discos versátiles digitales y tres anexos; además, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el toca de revisión R-280/2021 de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto en el presente juicio de control constitucional, la cual en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo 724/2021 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la Superioridad; glósense las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó y concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieran las autoridades responsables 1. Octava Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: la documental, consistente en copia certificada del toca de apelación 10/2020, de su índice (con la que se ordenó formar anexo I), así como los registros de audio y video generados con las audiencias celebradas en la causa penal, contenidos en dos discos versátiles digitales (agregados a fojas 82); y, 2. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Liszet del Carmen Fuentes Trueba: la documental, consistente en copia certificada de la carpeta judicial administrativa 13/2020/SERDAN, de su índice (con las que se ordenó formar los anexos II y III), así como el registro de audio y video generado con la audiencia celebrada el veintidós de mayo de dos mil veinte, contenida en un disco versátil digital (foja 125), devuélvansele los mismos a las autoridades responsables en cita, previa constancia de desglose que se realice respecto del desglose de los discos digitales a los que se ha hecho referencia. Sin que sea necesario requerir el acuse de recibo respecto de las documentales devueltas a la autoridad responsable 1. Octava Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales referidas. Por cuanto hace a las documentales devueltas a la autoridad responsable 2. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Liszet del Carmen Fuentes Trueba, se le requiere para que el término de veinticuatro horas acuse el recibo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa por conducto de sus autorizados, por haberlo solicitado así en su demanda de garantías; por lista a los terceros interesados; por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas, al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en vía de acuse de recibo y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
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San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por Adriana Osorio Merino y, en atención a su contenido, se provee: Se tiene a la quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias del recurso entre las partes y previa constancia de esto último, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente integrado, remítase el presente expediente, así como el escrito de interposición del recurso y un tomo de prueba, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno para la sustanciación del medio de impugnación. Así mismo, con copia del escrito de cuenta y constancias conducentes, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese vía electrónica a la quejosa; por lista a los terceros interesados al no haber señalado domicilio para recibir notificaciones; mediante oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado...
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V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 724/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Adriana Osorio Merino, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de julio de dos mil veintiuno (fojas 2 a 22), mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, recibido en este juzgado el veintiséis siguiente, Adriana Osorio Merino, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades y actos que precisó en su demanda. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, prevención, desahogo, admisión y trámite del juicio. En acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintiuno (fojas 23 a 29), se radicó la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 724/2021 de este índice, y se previno a la quejosa para que manifestara; i) el domicilio del tercero interesado; y, ii) si era su deseo o no solicitar la apertura del incidente de suspensión. Por escrito recibido en este juzgado el tres de agosto de dos mil veintiuno (foja 31 y 32), la quejosa desahogó la prevención, por lo que previa ratificación de firma del ocurso de mérito (foja 45), en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno (fojas 46 a 50), se admitió a trámite la demanda, con incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se concedió la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 64). TERCERO. Cita para sentencia. En auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos), se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que Adriana Osorio Merino, reclama lo siguiente: -De la autoridad responsable 1. Octava Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: a) La resolución de doce de febrero de dos mil veintiuno, pronunciada en el toca 10/2020, que confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta judicial administrativa 13/2020/SERDAN; -De la autoridad responsable 2. Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla: b) La ejecución de la resolución antes indicada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados destacados a las autoridades responsables siguientes: Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 1. Octava Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Aceptó 81 2 2. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Liszet del Carmen Fuentes Trueba Aceptó 112 y 113 Existencia de los actos reclamados. Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables aceptaron los actos que se les reclaman, respectivamente, por lo que se tiene plena certeza de su existencia. Lo que se corrobora con las constancias que obran en autos, específicamente de las remitidas por la autoridad responsable 1. Octava Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en copia certificada del toca 10/2020 (anexo I), a la que se concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. De las que se advierte que el doce de febrero de dos mil veintiuno, se pronunció la resolución reclamada (fojas 606 a 631, folio rojo del anexo I). CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que esta autoridad de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Ahora, en relación con el acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en: a) La resolución de doce de febrero de dos mil veintiuno, pronunciada en el toca 10/2020, en la que se confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta judicial administrativa 13/2020/SERDAN. Esta autoridad advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general auto aplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia. Plazo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, en este caso debe computarse, a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación realizada a la quejosa, conforme a la ley que rige el acto reclamado. En la especie, la resolución reclamada, fue notificada a la defensora pública de la quejosa Adriana Osorio Merino, así como a ésta misma el quince de febrero de dos mil veintiuno (fojas 633 y 634, folio rojo del anexo I), las notificaciones surtieron efectos el dieciséis siguiente, de conformidad con el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, se estima que el plazo para promover el juicio de garantías contra ese acto transcurrió del dieciséis de febrero al nueve de marzo de dos mil veintiuno, previo descuento de los sábados y domingos que mediaron en ese lapso, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En ese tenor, como la demanda de amparo que dio lugar a este expediente, se presentó el veintitrés de julio de la presente anualidad, es evidente que se presentó fuera del plazo. Cabe señalar que esta autoridad no está facultada para realizar el análisis de la legalidad de las notificaciones practicadas a la quejosa y a su defensora pública respecto de la resolución reclamada, en virtud de que no fue señalada como acto reclamado en esta instancia, a pesar de habérsele requerido en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, para tal efecto. Se afirma lo anterior, porque la notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, solo puede darse a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Luego, no es procedente analizar las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis de la resolución de segunda instancia reclamada. Atento a lo anterior, es incuestionable que la promoción de la demanda respecto del acto reclamado consistente en la resolución de doce de febrero de dos mil veintiuno, pronunciada en el toca 10/2020, en la que se confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta judicial administrativa 13/2020/SERDAN fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo; de ahí que su presentación extemporánea trae la consecuencia de que el acto mencionado sean considerado consentido tácitamente por la quejosa. Por ello, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; y, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se sobresee en el presente juicio de garantías. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al 2. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, ya que no se reclamó por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución reclamada. Esta autoridad no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados, así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se desprende que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, en todo caso, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Por ello, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando el peticionario de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Atento a lo anterior, esta autoridad se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, por cuanto hace a tales actos de autoridad, no obstante ser existentes, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. QUINTO. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, en los términos indicados en el considerando Cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa por conducto de sus autorizados, por haberlo solicitado así en su demanda de garantías; por lista a los terceros interesados; por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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