Adriana Laguna Becerril

Expediente 651/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
651/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • Adriana Laguna Becerril
  • Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema DIF Michoacán (representada por el C. Juan Carlos Rodríguez Mendoza)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, atento a su contenido y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, remítasele copia certificada de la totalidad de constancias que integran el expediente en que se actúa. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, la documental que anexó dentro del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 651/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable y hace constar que no existen más pendientes por admitir o desahogar. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente la autoridad responsable y el representante especial del menor los expresaron. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por expresados los alegatos de la responsable y del representante especial del menor, sin perjuicio de tomarlos en consideración al emitir la sentencia correspondiente a este juicio; asimismo, se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Adriana Laguna Becerril, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 103, fracción I, 107 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 651/2020, se admitió mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte (foja 17), se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Seguido el trámite de este juicio, en auto de trece de noviembre de dos mil veinte (foja 60), este órgano jurisdiccional declinó la competencia de este asunto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al estimar actualizada la hipótesis establecida en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, publicado el quince de enero de dos mil quince. Lo anterior, ya que en la demanda que generó el juicio en que se actúa se reclama el auto de cuatro de febrero de dos mil veinte emitido en el expediente administrativo PPNNA/76/2017, mediante el cual se le revocó a la quejosa la guarda física y provisional del menor Fernando Rosales Rosales, concedida el nueve de enero de dos mil diecinueve, en cuanto red de apoyo y vínculo afectivo y se ordenó el reingreso del menor al Sistema DIF Michoacán, bajo la modalidad de Acogimiento Residencial; y en dicho juicio se 1064/2018-II-2, se reclamó la omisión de realizar los trámites para que el menor tuviera acta de nacimiento; la omisión de declararlo en estado de abandono; la retención del menor en el Centro de Asistencia Social "Vivan los niños" y la negativa de reingresar al menor con la pareja de acogida integrada por la aquí quejosa y su extinto esposo Rufino Fernández Martínez García. Por ello, este juzgado estimó actualizada la hipótesis del referido acuerdo que prevé el conocimiento previo; sin embargo, mediante auto de diez de diciembre del año pasado (foja 75), el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, no aceptó la competencia administrativa planteada, al considerar que los actos reclamados en aquel juicio no derivaban del expediente administrativo PPNNA/76/2017. En atención a lo anterior, en auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno (foja 91) este juzgado no insistió en declinar la competencia y fijó nuevamente fecha para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, en el mismo proveído (foja 92) se solicitó al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designara a un asesor jurídico que pudiera fungir dentro del presente juicio, como representante especial del menor Fernando Rosales Rosales. Por lo anterior, en proveído de dos de febrero del año en curso (foja 101) se tuvo a Alejandro León Cortés, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública adscrito a la Delegación Michoacán, aceptando y protestando el cargo precisado en el párrafo que antecede. Posteriormente, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno (foja 131) al considerar que los actos reclamados en esta instancia de amparo, derivaron precisamente del cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio 1064/2018, el índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, este órgano jurisdiccional insistió en plantear returno por conocimiento previo al citado homólogo, razón por la que planteó consulta al Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. Por lo anterior, mediante resolución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno (foja 162), la Secretaria Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, determinó improcedente el returno, considerando esencialmente que, si este juzgado en su oportunidad no insistió en la declinación del juicio inmediatamente después de que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, informó la negativa de aceptación de competencia y tampoco formuló de inmediato la consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, entonces, implícitamente aceptó la competencia del asunto y por ende, este juzgado debería de continuar con el conocimiento del juicio en que se actúa. Finalmente, seguido el juicio por su cauce legal, el diez de agosto del año en curso (foja 172) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, al cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad judicial que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa: El auto de cuatro de febrero de dos mil veinte emitido en el expediente administrativo PPNNA/76/2017 mediante el cual se le revocó a la quejosa la guarda física y provisional del menor Fernando Rosales Rosales, concedida el nueve de enero de dos mil diecinueve, en cuanto red de apoyo y vínculo afectivo y se ordenó el reingreso del menor al Sistema DIF Michoacán, bajo la modalidad de Acogimiento Residencial. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 29). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente administrativo PPNNA/76/2017, el cual obra por separado en un tomo de pruebas. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, este juzgador de manera oficiosa advierte que respecto del acto reclamado consistente en el auto de cuatro de febrero de dos mil veinte emitido en el expediente administrativo PPNNA/76/2017 mediante el cual se le revocó a la quejosa la guarda física y provisional del menor Fernando Rosales Rosales, concedida el nueve de enero de dos mil diecinueve, en cuanto red de apoyo y vínculo afectivo y se ordenó el reingreso del menor al Sistema DIF Michoacán, bajo la modalidad de Acogimiento Residencial; se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;[.]". Como se advierte de la transcripción, dicha fracción establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos donde se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Causal de improcedencia que se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo; c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. En tal virtud, la regla general consiste en que cuando se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo, el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y, por ello, se deben reputar consumadas de forma irreparable las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Dicha causa de improcedencia se actualiza en los procedimientos que sean formal o materialmente juicios, porque su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En la especie, como ya se estableció en líneas precedentes, la quejosa se duele del auto de cuatro de febrero de dos mil veinte emitido en el expediente administrativo PPNNA/76/2017 mediante el cual se le revocó la guarda física y provisional del menor Fernando Rosales Rosales, concedida el nueve de enero de dos mil diecinueve, en cuanto red de apoyo y vínculo afectivo y se ordenó el reingreso del menor al Sistema DIF Michoacán, bajo la modalidad de Acogimiento Residencial. Sin embargo, mediante oficio PPNNA/242/2021 de uno de marzo de dos mil veintiuno (foja 112), el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, con residencia en esta ciudad, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio 1064/2018 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, el menor Fernando Rangel Rangel fue liberado jurídicamente, en atención a que la quejosa no cumplió con los requisitos que establece la Ley de Adopción del Estado de Michoacán, para obtener el certificado de idoneidad y concluir el proceso de adopción el citado menor. Aunado a ello, porque en entrevistas con personal de psicología, el referido menor solicitó ser adoptado por personas distintas que ya contaran con el certificado de idoneidad; razón por la que el tres de febrero de dos mil veintiuno, el niño fue entregado bajo la figura de hogar provisional, mientras que sus padres adoptivos concluyen el trámite jurisdiccional y en tanto se decreta la adopción plena. Asimismo, de las constancias que integran el expediente administrativo PPNNA/242/2021 se aprecia que se otorgó a los solicitantes de la adopción, el término de treinta días, a partir de la entrega física del menor, para que iniciaran el procedimiento judicial de adopción. Por tanto, es claro que la entrega formal y material efectuada el tres de febrero de dos mil veintiuno en el procedimiento administrativo de origen, actualizó una situación jurídica diversa a aquélla en que se encontraba el menor sujeto a adopción al momento de la presentación de la demanda, habida cuenta que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, pues ello implicaría desconocer la diversa que surgió a virtud de la actuación de tres de febrero de dos mil veintiuno, esto es, la entrega del menor a la pareja que solicitó adoptarlo. En efecto, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, ya que la tutela que ejerce el Sistema de Defensa Integral para la Familia, se configura como una medida provisional o transitoria, cuya finalidad es integrar a menores que sufren de abandono, maltrato, abuso u orfandad, en algún núcleo familiar idóneo. Sin embargo, este acogimiento transitorio pretende garantizar la atención del menor, sólo hasta que éste vuelva al seno de su propia familia o bien hasta que se determine una medida de protección que revista un carácter más estable, como puede ser la constitución de la adopción; lo que en el caso sujeto a estudio se encuentra actualizado, pues la entrega formal y material del menor a sus futuros adoptantes, generó una situación jurídica diversa de tutela, aquélla a la que se encontraba sujeta el menor, al momento de la presentación de la demanda. Se cita como sustento de este último argumento, la tesis aislada 1a. LVI/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2002918, Décima Época, materia civil, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 844, que dice: "SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO. LA TUTELA QUE EJERCE ES UNA MEDIDA PROVISIONAL Y TRANSITORIA QUE RESPONDE AL PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN FAMILIAR. De acuerdo con el Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, dicha institución se encarga de albergar a los menores que sufren de abandono, maltrato, abuso u orfandad, así como de proveer los servicios de asistencia jurídica que sean necesarios para el desarrollo de los mismos. En tales casos, la tutela que ejerce la institución pública se configura como una medida provisional o transitoria, ya que su finalidad es integrarlos en algún núcleo familiar idóneo. Este acogimiento transitorio pretende garantizar la atención del menor, bien hasta que éste vuelva al seno de su propia familia o bien hasta que se determine una medida de protección que revista un carácter más estable, como puede ser la constitución de la adopción. Por tanto, la intervención del Estado en estas circunstancias responde al principio de integración familiar, pues se busca que el menor sea protegido por los poderes públicos, mientras la institución correspondiente encuentra un ambiente familiar que sea idóneo para su normal desarrollo." Por esas razones, en el caso ya no se podría emprender el estudio de los conceptos de violación que la quejosa dirigió a atacar el auto de cuatro de febrero de dos mil veinte emitido en el expediente administrativo PPNNA/76/2017 mediante el cual se le revocó la guarda física y provisional del menor Fernando Rosales Rosales, sin que necesariamente se afecte la nueva situación a la que las partes en ese procedimiento de adopción quedaron sujetas con motivo de la entrega formal y física del menor a quienes solicitaron adoptarlo; razón por la cual, las posibles violaciones acontecidas con motivo del acto reclamado, deben considerarse consumadas irreparablemente. Para concluir, resta señalar que lo aquí resuelto no prejuzga sobre la legalidad de la determinación adoptada por la autoridad responsable, en el sentido de realizar la entrega del menor a los solicitantes para su adopción, razón por la cual, la quejosa tiene expedito su derecho para impugnarla o reclamar su oposición al trámite de adopción en la vía que estime conducente. En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Adriana Laguna Becerril, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, actuando en suplencia por ausencia de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa la fecha en que remitió las constancias que integran el presente expediente así como los tomos de prueba, lo anterior, debido a que el dieciséis de agosto actual se tuvieron por recibidas las constancias antes descritas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano