Adriana María Mingramm Siera
Expediente 621/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adriana María Mingramm Siera
- Secretario de Gobernación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente asunto, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 28 de marzo de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la quejosa reclama varias omisiones y presentó la demanda en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, en atención a la lectura integral de la demanda, los actos reclamados por la quejosa son: Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Salud: El "Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el Campo de la Salud", firmado el ocho de mayo de dos mil veintidós. Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Gobernación: La omisión de remitir, ordenar la publicación y publicar el "Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el Campo de la Salud". Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Gobernación y al Secretario de Salud: La omisión de remitir al Senado para su aprobación el "Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el Campo de la Salud". Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Trabajo y Previsión Social, al Secretario de Salud, al Secretario de Educación Pública y a la Dirección General de Profesiones: La contratación de quinientos médicos cubanos para brindar servicio público en México. Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Hacienda y Crédito Público: La asignación de dinero de una partida de presupuesto público para el pago por el traslado, pago de salario, ejecución y cumplimiento del "Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el Campo de la Salud". Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Educación Pública y a la Dirección General de Profesiones: La omisión de verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio profesional establecidos en la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México en relación con la calidad académica y la homologación de los estudios de medicina de los quinientos médicos de cuba a que se refiere el "Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el Campo de la Salud". Al Secretario de Salud: La autorización del ingreso a México de medicamentos y vacunas provenientes de la República de Cuba, sin el proceso de análisis de medicamentos y patente. Finalmente, debe precisarse que el quejoso, no atribuyó acto alguno al Instituto Nacional de Migración de manera destacada en el capítulo "IV. Actos reclamados"; sin embargo, de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso señaló "todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables actuado (sic) en franca complicidad con el Presidente de la República, todas y cada una de las Secretaría de Estado antes señalada como responsables participando con juntamente en la contratación de médicos cubanos extranjeros", por lo que se tiene como acto reclamado a dicha autoridad así como al Secretario de Hacienda y Crédito Público, el siguiente: La contratación de quinientos médicos cubanos para brindar servicio público en México. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados (foja 68). Aunado a lo anterior, la negativa del acto consistente en el "Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el Campo de la Salud" quedó corroborada con el informe del Secretario de Salud, quien adujo que fue el quien lo suscribió. El Secretario de Gobernación, negó los actos reclamados. Al respecto adujo que la publicación de leyes y decretos del Congreso es realizada por el Diario Oficial de la Federación. Por lo que ve a la omisión de remitir al Senado para su aprobación el "Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el Campo de la Salud" adujo que no era cierto, ya que no estaba dentro de sus facultades, contenidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5° del Reglamento interior de la Secretaría de Gobernación (foja 49). La Secretaría de Salud, al rendir su informe justificado, negó el acto consistente en la contratación de médicos cubanos y en la autorización del ingreso a México de medicamentos y vacunas provenientes de la República de Cuba, sin el proceso de análisis de medicamentos y patente (foja 182). El Secretario de Hacienda y Crédito Público, negó la existencia del acto consistente en la asignación de dinero de una partida de presupuesto público para el pago por el traslado, pago de salario, ejecución y cumplimiento del "Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el Campo de la Salud" (foja 16). Al respecto adujo que no se encuentra dentro de sus facultades y atribuciones, de conformidad con el artículo 6° del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Profesiones adscrita a ésta (fojas 29 y 24, respectivamente), también negaron los actos reclamados [La contratación de quinientos médicos cubanos para brindar servicio público en México y la omisión de verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio profesional establecidos en la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México en relación con la calidad académica y la homologación de los estudios de medicina de los quinientos médicos de cuba a que se refiere el "Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el Campo de la Salud"]. La primera de dichas autoridades manifestó de conformidad con los artículos 4° y 5° del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, no cuenta con las facultades para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar los actos u omisiones atribuidas. La segunda de ellas, los negó categóricamente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de dicha secretaría, negó el acto atribuido por la quejosa, esto es, la contratación de quinientos médicos cubanos para brindar servicio público en México (foja 45). Finalmente, el Instituto Nacional de Migración, al rendir su informe justificado, negó categóricamente los actos reclamados (foja 100). Derivado de dichas negativas, le correspondía a la parte quejosa la carga probatoria, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implican una actividad desplegada por las autoridades responsables, los cuales dejan huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara medio de convicción idóneo para desvirtuar tales negativas. Por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados a las autoridades precisadas en este considerando. Cuarto. Certeza de los actos reclamados. La Secretaría de Salud, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la suscripción del "Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el Campo de la Salud" (foja 182). Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe, consistente en copia certificada del citado acuerdo. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por un funcionario público en el desempeño de su encargo; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. La Secretaría de Salud, al rendir su informe justificado adujo que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que estima la quejosa no materializa de qué manera se ve afectada con el acuerdo reclamado, la cual es fundada. En efecto, este juzgador estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Como se advierte del último de los artículos transcritos, establece una distinción para la promoción del amparo indirecto, en la cual se mantuvo la exigencia de que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, a saber: a) El titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; o, b) El titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para promoverlo, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Por otra parte, el interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en forma colectiva), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. De lo anterior deviene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. De tal manera es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la ley de la materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya sea jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con el objetivo de obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. En primer término, es importante precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Ahora bien, en relación con el interés legítimo, dicho interés supone solo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. En relación con lo anterior, resulta oportuno invocar, la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2002812, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De ahí que, para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad, y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular sea personal, directo o indirecto; es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercerla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Como sustento a lo anterior, se cita jurisprudencia P./J.50/2014 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 111/2013 [Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación], registro digital 2007921, que a la letra establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Así, el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Ahora bien, previo a continuar, es necesario recordar que la parte quejosa reclama, esencialmente, el "Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el Campo de la Salud", el cual, según la quejosa le afecta porque tiene la finalidad de contratar personal del Sector Salud [médicos y enfermeras] de nacionalidad extranjera [cubana] para trabajar en las áreas e instalaciones de prestación del servicio público de salud en los Estados Unidos Mexicanos, sin verificar que se encuentren acreditados para ejercer tales profesiones; de ahí que dichas actuaciones atribuidas a las responsables resulten de realización incierta, tanto en su ejecución como en sus efectos; así, el estudio del presente asunto se ceñirá a determinar si la promovente cuenta con alguno de los tipos de interés que se ha señalado para promover el presente juicio de amparo. Luego, conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6°, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es evidente que podrá acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal quien alegue tener un interés. En esta hipótesis, debe señalarse que para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, se puede advertir que conforme al texto del artículo 107 constitucional, el interés permite constituir como quejoso al titular de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés para instar la acción de amparo se entiende como aquel derecho o interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen), así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Sobre el tópico del interés legítimo, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquel interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra. El interés legítimo permite reconocer como quejoso en el amparo a aquella persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.51/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2019456, la cual es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En el caso concreto, como se adelantó, el acto reclamado se hace consistir en el "Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el Campo de la Salud", el cual, según la tiene la finalidad de contratar personal del Sector Salud [médicos y enfermeras] de nacionalidad extranjera [cubana] para trabajar en las áreas e instalaciones de prestación del servicio público de salud en los Estados Unidos Mexicanos, sin verificar que se encuentren acreditados para ejercer tales profesiones; sin embargo, la solicitante del amparo no evidencia ni señala en forma alguna cómo ese hecho le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado. De suerte que, claramente aduce en su escrito de demanda un interés igual al de la generalidad de los gobernados; empero, no demuestra que tal actuación pudiera generar una afectación en algún derecho en relación con la autorización de contratación de dicho personal del sector de salud que atribuye a las autoridades responsables, ni refiere las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y que la legitime para promover el juicio de amparo. Por ende, no puede considerarse que tiene un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues el acto que reclama de las autoridades responsables no le agravia de manera directa ni diferenciada en relación con el resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, al considerar para ello que la parte quejosa emplea expresiones en su escrito de demanda que evidencian que no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación con el resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir entre otras cosas, que ".Al darles preferencia el presidente de México y prioridad a los extranjeros y a los supuestos médicos y personal médicos que contrató mediante convenio celebrado con el gobierno cubano, está violentando y transgrediendo gravemente los derechos de preferencia que tienen nuestros nacionales médicos enfermeras-os, y personal médico mexicanos."; ".Causan agravio los actos reclamados en virtud de tener interés legítimo sobre la situación que se plantea, por ser un ciudadano mexicano y tener el derecho de reclamar los actos que realizan nuestros mandatarios electos para servir al pueblo de México.". Esto es, la quejosa se ostenta como una ciudadana mexicana, no con la calidad de México, de beneficiario de los servicios objeto del acuerdo reclamado o en alguna otra situación similar, que en todo caso podría acreditar el interés legítimo. Asimismo, la calidad de mexicana únicamente le confiere un interés simples, como el de cualquier ciudadana o ciudadano en que los servicios de salud ofrecidos por el Estado Mexicano sean de la mejor calidad; máxime la quejosa no ofreció medio probatorio alguno. En esas condiciones, la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por la población en general. Sustenta lo antes expuesto la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2009201, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población". Por consiguiente, la parte quejosa no ostenta el interés legítimo necesario para acudir a esta instancia constitucional, pues, en su caso, lo que demuestra es un interés simple, el cual consiste en aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Criterio sustentado en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 233517 de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCIÓN JURÍDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado". En esas condiciones, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no se analizarán las diversas causas de improcedencia hechas valer por el Secretario de Salud, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia en estudio, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría el sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adriana María Minggramm Sierra, en contra de los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista, personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 621/2022. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental exhibida por la Consultora Jurídica General de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, en representación del Presidente de la República, así como del Subdirector de lo Contencioso, adscrito al abogado general, en representación del Secretario de Salud, con residencia en la Ciudad de México. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.
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