Adriana León Vargas

Expediente 68/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 37 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
68/2022
Año
2022
Actuaciones
37
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Adriana León Vargas
  • Oficial del Registro Civil Número 8 Ocho
  • Ilse Alexia Navaro Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Se notifica a parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se negó la medida cautelar definitiva solicitada. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Ahora, como de autos se advierte que obran diversos documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibido que en caso de no hacerlo en dicho término, el documento correrá la misma suerte que tenga en presente expediente. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al Juez dentro del juicio de amparo 68/2022, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de veinticinco de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que haya hecho manifestación alguna. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia emitida en autos, se otorgó a la parte quejosa la protección federal, para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "Sexto. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77, fracción II, de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado implique una omisión, lo que aquí sucede respecto del acto tildado de inconstitucional y por el que se concede la protección federal, el efecto será obligar a la responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. 04/04/24 17:27:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 KARLA MARTINEZ ARENAS Consecuentemente, procede conceder el amparo, para el efecto de que las responsables realicen lo siguiente: Sustraigan en lo futuro a Adriana León Vargas e Ilse Alexia Navarro, de la aplicación del artículo 334 del Código Familiar del Estado, en específico, la parte que aduce: "Cuando se trate de matrimonio heterosexual, se presumen hijos de los cónyuges."; En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis aislada: 1a. CCCLXXXV/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Pag. 719, Décima Época, registro 2007923, que dice: IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD. La razonabilidad como principio aplicado al derecho, funge como herramienta: a) interpretativa, directiva o pragmática, en cuanto orienta la actividad de los creadores de las normas; b) integradora, en tanto proporciona criterios para la resolución de lagunas jurídicas; c) limitativa, ya que demarca el ejercicio de determinadas facultades; d) fundamentadora del ordenamiento, en cuanto legitima o reconoce la validez de otras fuentes del derecho; y, e) sistematizadora del orden jurídico. Además, dicho principio exige una relación lógica y proporcional entre los fines y los medios de una medida, por la cual pueda otorgársele legitimidad. Así, de dicha relación derivan las siguientes consecuencias: I) la razonabilidad reestructura la base de una serie de criterios de análisis que integran todos los juicios necesarios para comprender la validez de una medida; II) opera como pauta sustancial de validez y legitimidad en la creación normativa, en su aplicación e interpretación, y para esto, los juzgadores que tienen esta potestad deben analizar la norma de modo que ésta guarde una relación razonable entre los medios y los fines legítimos o constitucionales; además, para que la norma sea válida, es necesario que esté de acuerdo con las finalidades constitucionales o de derechos humanos y con sus principios. En este sentido, un completo control de razonabilidad debe incluir el examen acerca de la afectación a los derechos fundamentales y su contenido esencial; y, III) busca trascender la idea de que el control de razonabilidad es una mera ponderación o análisis de proporcionalidad, entre principios, ya que si bien ésta puede ser una propuesta plausible para la razonabilidad en la interpretación, en cuanto control material de constitucionalidad y derechos humanos, se trata más bien de una herramienta que pretende examinar la relación entre los medios y fines mediatos e inmediatos de una medida, que debe ser proporcionada, pero no se limita únicamente a esto; además, debe analizarse la legitimidad de la finalidad, pues no cualquier finalidad propuesta es compatible con la esencia y los fines de los derechos humanos de fuente nacional e internacional y el logro de sus objetivos. Luego, para un análisis acabado, resulta imprescindible examinar si el medio afecta, limita, restringe o altera el contenido esencial de otros derechos fundamentales, de acuerdo con la finalidad de máxima eficacia de la Constitución y lograr la armonización de los derechos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que se opone a entender que los derechos están en conflicto. En ningún caso puede postergarse un derecho, ya que quien tiene derecho merece protección" 04/04/24 17:27:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 KARLA MARTINEZ ARENAS ??????????????? Sin que las autoridades que participaron en el proceso legislativo del que emanó la norma impugnada queden vinculadas a cumplir con la concesión del amparo, porque el mismo únicamente se limita a proteger a las impetrantes, al no ser factible la declaratoria general de la inconstitucionalidad de la mima, tal como lo ilustra la tesis de la la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de contenido: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Mediante oficio recibido ante este juzgado el veintitrés de agosto del presente año, la oficial del Segundo del Registro Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informó que sustrajo a las aquí quejosas de la aplicación del artículo 334 del Código Familiar del Estado de Michoacán y realizó la anotación marginal en el acta matrimonio con número 96, libro 4, 04/04/24 17:27:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 KARLA MARTINEZ ARENAS tomo uno, con fecha de registro veinte de abril del dos mil veintiuno a nombre de las quejosas Ilse Alexia Navarro Trejo y Adriana León Vargas, por lo que en el futuro el registro de sus hijos se realizaran sin la aplicación de dicho artículo. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce del derecho humano vulnerado y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe. EDG Razón.- En esta fecha se giró (giraron) el (los) oficio (s) 17872 a la (s) autoridad (es) correspondiente (s); notificándole (s) el auto que antecede. Conste

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de ocho de septiembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo

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